“No solamente están buscando tener el poder, sino evitar ir a la cárcel”, dice José Alejandro Godoy sobre los protagonistas de la actual crisis política que atraviesa el país, que ha generado un debilitamiento de la democracia evidenciado en indicadores internacionales —como Freedom House, The Economist— y también nacionales. 

Para el politólogo, magíster en Ciencia Política y Gobierno por la Pontificia Universidad Católica del Perú, entidades como el Tribunal Constitucional están jugando en pared con el Congreso. En esta entrevista, indica que el máximo ente interpretativo de la Constitución está “sentando pasos para que cualquier institución pueda avasallar a la siguiente”. Además, analiza el accionar de la presidenta Dina Boluarte, de quien señala que busca “sobrevivir” en el poder.

En esta entrevista se realizó antes de la detención preliminar del hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte; su abogado, Mateo Castañeda y otros seis investigados por presunta organización criminal y tráfico de influencias. Pueden acceder a la entrevista completa en nuestro canal de Youtube.

A raíz de los últimos sucesos que han acrecentado el debilitamiento de la democracia, algunos sectores y expertos están instando a activar la Carta Democrática. ¿Considera que es lo que corresponde en este escenario? 

La idea de activar la Carta Democrática Interamericana es que la Organización de Estados Americanos pueda tener una mayor observación del caso peruano y, probablemente, llegado a un caso mucho más extremo, enviar misiones no solo de observación, sino también de diálogo, como lo que ocurrió en el Perú en el 2000. 

Es momento de presentarla [la Carta Democrática]. El caso peruano necesita ser mucho más visibilizado a nivel internacional"

¿Estamos en esa situación? Muy probablemente sí, estamos muy cerca de un copamiento total de la democracia. El problema con este tipo de soluciones es que dependemos mucho de la voluntad de los otros estados. Si ellos están de acuerdo con invocar la Carta Democrática Interamericana, procederán los recursos. Pero si no, por ahora habremos agotado esa instancia.

Pero ahí también va a depender mucho de cómo el Gobierno se mueva con sus pares. Y creo que es un poco lo que han buscado hacer en los últimos tiempos: rebajar las tensiones con el resto de países para evitar llegar a una instancia como esta, pero, por otro lado, también es muy evidente que este es un Gobierno que está muy aislado internacionalmente.

¿Pero está a favor de esta medida? 

Diría que creo que es el momento de presentarla. Es un momento en que el caso peruano necesita ser mucho más visibilizado a nivel internacional, hay mucha discusión académica, están todos estos indicadores como Freedom House, The Economist y otras instituciones extranjeras que están en la misma línea de [expresar que] hay problemas con la institucionalidad. Pero creo que se requiere un esfuerzo un poco mayor. 

El Congreso es un actor débil [...] pero cuando se tiene actores débiles con mucho poder, igual pueden generar daño" 

Uno de los protagonistas de esta crisis es el Congreso, que está acumulando un poder excesivo. ¿Cuáles son los riesgos a futuro para el país?

Los riesgos inmediatos son los que ya hemos comenzando a ver. Sacar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia y el ingreso de un miembro adicional por parte del Tribunal Constitucional —nombrado por este Congreso— genera lo que ocurrió con el jefe de la ONPE [que no fue ratificado]. 

También, al tener instituciones que dependen demasiado del beneplácito de este Congreso, juegan en pared con el bloque mayoritario o terminan queriendo no hacerse muchos problemas y simplemente acatan sus decisiones, no buscan contrapesarlas o ver algún tipo de salida. Es un Congreso que busca operar entregando favores en temas que pueden ser muy populares para ciertos tipos de público, pero que no necesariamente tienen un sustento técnico. 

El Congreso mismo es un actor débil, que tiene poca popularidad, pero cuando se tiene actores débiles con mucho poder, igual pueden generar daño. Y el gran problema que está ocurriendo hoy es que el Congreso está generando mucho daño no solamente a la institucionalidad o a la economía, sino a la convivencia social en general. 

También hemos visto en los últimos días la intención del Congreso para elegir a las autoridades electorales, pese a ser el poder del Estado en el que se concentran representantes de partidos políticos. 

Esto no viene solamente de este Congreso, sino del 2016: la idea de no reconocer y no aceptar que se perdió [las elecciones]. Todos estos síntomas de avasallamiento, que vimos primero en el Congreso 2016-2019 y que estamos repitiendo ahora, vienen de la idea de "nos robaron la elección", que no tiene ningún sustento, ni en el 2016 ni el 2021. No hay pruebas, no hay evidencia.

Ahora vemos también una intención de mantenerse en el poder.

Porque muchos de estos actores tienen problemas judiciales. No solamente están buscando tener el poder, sino evitar ir a la cárcel. 

El Tribunal Constitucional, elegido por este Congreso, también ha tenido decisiones cuestionables como la excarcelación de Alberto Fujimori y la restitución de la inhabilitación de dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Cómo afectan al país sus acciones?

Para mí, el problema con el Tribunal Constitucional, más allá de la dirección que tengan sus medidas, es la pobre o poca o nula fundamentación de las mismas. El señor Fujimori podría haber salido con algún tipo de interpretación sobre la capacidad del indulto, pero la fundamentación es inexistente. 

En el caso de la Junta Nacional de Justicia, tampoco hay fundamentación. Para mí, el problema, más que el sentido de los fallos, es que hay cosas que se hacen en contra de la legalidad. No había ningún fundamento. [...] Creo que el problema con el Tribunal Constitucional es que está sentando pasos para que cualquier institución pueda avasallar a la siguiente. Los equilibrios de poderes son temas delicados y el TC tiene una grave cuota de responsabilidad.

El problema con el TC es que está sentando pasos para que cualquier institución pueda avasallar a la siguiente"

Desde el Congreso, se viene insistiendo con la destitución de los miembros de la JNJ y ahora, incluso, con su desaparición. ¿Considera que la suerte de esta institución ya está decidida? 

Creo que el Congreso está decidido a no tener un sistema de control jurídico. [...] La otra intención es quitarle a la JNJ la capacidad de elegir al jefe de la ONPE y del Reniec, en este entendido absurdo de que el jefe de la ONPE pueda manipular los votos en este país. Lo que quisieran es un jefe de la ONPE absolutamente obsecuente con sus intereses. [...] En ningún país del mundo el jefe del organismo electoral es alguien que dependa de los movimientos políticos. La idea es que tengan un nivel de independencia muy alto precisamente para no prestarse a ningún tipo de cuestión partidaria que pueda ser contraproducente. 

Y esta insistente intención de controlar la Junta Nacional de Justicia, ¿cree que se va a lograr? ¿Se va a consumar el objetivo? 

Creo que lo van a buscar consumar hasta el final. No sé si lo logren, pero lo van a buscar por los juicios que vienen contra políticos. La idea que ellos tienen es que, con un organismo como la Escuela de la Magistratura, con solamente tres personas, copan el organismo y puedan quitar de ahí a jueces incómodos.

A propósito de la liberación del expresidente Alberto Fujimori, él ha solicitado al Congreso su pensión vitalicia y otros beneficios. ¿Cómo interpretamos esto? ¿Cree que podría involucrarse directamente en la política? 

Él no puede postular. Tiene un impedimento legal por una sentencia por corrupción. [...] Pero sí quiere tener un rol mucho más activo en política y eso es muy evidente. 

Y ahí hay, de alguna u otra manera también, una negociación dentro de Fuerza Popular, donde las cosas no están del todo parejas, porque definitivamente, para mucha gente, que Alberto Fujimori tenga poder es algo que —precisamente— le quita poder a Keiko Fujimori y a su círculo más cercano. Entonces, padre e hija deben estar negociando también y eso es algo que no estamos viendo, pero sí está la idea de hacerle creer a Fujimori de que el indulto lo limpia, y no. El indulto no lo limpia. 

En ningún país del mundo el jefe del organismo electoral es alguien que dependa de los movimientos políticos"

Otro protagonista de la crisis es el Poder Ejecutivo. El señor Fredy Hinojosa —quien ha sido militante del Apra— es el nuevo vocero del despacho presidencial. ¿Cree que funcionará su designación? 

No va a funcionar, y por varios motivos. El señor Hinojosa podrá haber tenido toda la formación aprista que tenga, pero orador no es. Segundo, achacarle problemas de comunicación a lo que es algo más grave, que son problemas políticos y de ligazón con la verdad, es algo que no se va a resolver con un vocero. La presidenta está metida en los problemas que está por acción o por omisión de ella misma. Y es ella misma la única que podría salir a aclarar, por ejemplo, si se ha hecho una cirugía plástica y nos pasamos 12 días con el despacho de la Presidencia acéfalo en la práctica, lo cual además es una infracción a la Constitución. Los problemas que haya tenido con los Rolex y las denuncias conexas sobre su patrimonio es algo que ella solamente va a terminar explicando ante un tribunal, porque a esta altura la gente ha decidido que no le va a creer. La credibilidad de la palabra de la presidenta es igual a cero.

Dina Boluarte demoró mucho en dar su mensaje y finalmente cambió de versión.

Más allá de demorarse, el problema es cuál es la verdad del asunto. Si tiene una predilección por comprarse joyas, que las trasparente y ella se atendrá a las consecuencias de eso. Si además estas joyas vinieron de alguien que era funcionario público, ahí hay un problema adicional. Pero ella tiene que asumir las consecuencias y creo que el problema es que no ha querido asumir las consecuencias de nada. No ha querido asumir las consecuencias de 50 muertos ni de esto. Cree que es una monarca absoluta y eso no es posible en un país como el Perú. 

El entorno de la mandataria está marcado por el apoyo implícito del Congreso, pero también se ha visto el respaldo al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. ¿Hacia qué se arrima la presidenta? ¿Quiénes están gobernando?

[Se arrima] a darle gusto básicamente a ese sector del Congreso. [...] Creo que lo que hay es una señora que tiene miedo de perder esa coalición, que es su único sostén en el poder, y que, por tanto, [ella] está dispuesta a darles todo lo que quieran. Si esa es su idea, tenemos a una persona que lo único que está haciendo es ser una mesa de parte del Congreso de la República. 

El único programa de Gobierno de Boluarte es sobrevivir. Políticas públicas no le interesa, dirección de gobierno no le interesa"

¿Qué nos dice de ella estos pactos que van más allá de lo ideológico? 

Que está dispuesta a todo por quedarse en el poder, y ese es el gran problema. El único programa de Gobierno de Boluarte es sobrevivir. Políticas públicas no le interesa, dirección de gobierno no le interesa, y creo que a estas alturas popularidad tampoco. Lo que quiere es sobrevivir, porque sabe que el día que salga de Palacio de Gobierno inmediatamente se activará la acción de la justicia. 

¿Considera que logrará terminar su mandato en el 2026? 

Un problema para ella es que hay gente que ha sido sumamente transparente con sus intenciones. Hace unas semanas, la congresista Norma Yarrow dijo que están esperando a julio para ver quién es el nuevo presidente del Congreso y que ahí se verá. Si la señora Boluarte no sabe leer perfectamente ese mensaje, no se ha dado cuenta de su propia precariedad como presidenta. 

ANÁLISIS. José Alejandro Godoy publicó recientemente El experimento García, un libro que relata pormenores del primer gobierno del expresidente Alan García.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

En el caso Odebrecht, recientemente, Miguel Atala, exdirector de Petroperú, ratificó que entregó más de un millón de dólares al expresidente Alan García. ¿Cómo ve el avance e impacto de este caso? 

Yo creo que justamente una de las grandes cosas que le preocupa a buena parte de la clase política es el caso Odebrecht. La acción penal para el señor García se ha extinguido, pero omiten una cosa: sobre los bienes del señor García, hay una petición de pérdida de dominio. Creo que esa es precisamente una de las batallas que están dando. 

Luego, hay tres partidos que han sido involucrados directamente en el caso: Fuerza Popular, el APRA y Renovación Popular [antes Solidaridad Nacional], que son los partidos que más batalla han dado contra los fiscales Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez. Creo también que el Ministerio Público ha actuado dentro de lo que ha podido lo más rápido posible. Estamos ya acercándonos al inicio de juicios orales, fechas de control de acusación, que era algo que estábamos pidiendo hace tiempo, pero va a ser muy importante que se pueda sostener en un juicio. 

 Y muchos de los temas que hemos conversado ahora, y que tiene que ver con el copamiento de la Junta Nacional de Justicia, el copamiento del sistema electoral y esta trama en general de copamiento institucional, tiene que ver también con la búsqueda de impunidad, o sea, no ir a la cárcel.

¿Por qué ya no vemos una respuesta ciudadana frente a hechos tan graves? ¿Hay una suerte de resignación?

Hay que verlo de manera mucho más fría y probablemente no exigiendo a la ciudadanía aquello que en este momento no puede hacer. Después de 50 muertos, ¿alguien puede fiarse que va a ir una marcha sin salir herido? Segundo, si hay una idea de que viene uno y hace lo mismo, viene otro y hace lo mismo, y todo es un loop [ciclo] perpetuo desde hace ocho años, la gente se cansa, las movilizaciones no se pueden sostener tan alto siempre. 

Tercero, tejido social debilitado por la pandemia. Quizás el caso más clamoroso es lo que ocurre con los movimientos estudiantiles de las universidades. Son chicos que han estado dos o tres años recibiendo clases virtuales, que recién se están conociendo probablemente y que sus inquietudes no son necesariamente meterse en política. Cuarto, la oferta electoral no es buena. Y quinto, el tema económico. En una población que está muy preocupada del sostenimiento económico, de cómo llegar a fin de mes, las movilizaciones bajan. 

Las movilizaciones no se pueden sostener tan alto siempre"

Además, en un país de alta desconfianza interpersonal como este, moverse por otro que no sea un familiar tuyo, tiene una inclinación mucho más baja de la que podríamos ver en otros países. Todo eso explica por qué no hay la reacción que muchos esperan, una marcha como las de noviembre del 2020. 

Y en la situación en que se encuentra el país, ¿qué es lo que nos queda para elegir? 

Pues no elegir a los partidos que están en el Congreso. Creo que el mensaje del ciudadano tendría que ser: con estos, no, porque están armando un plan para ellos ser los únicos que se queden ahí. El problema está en que el resto de la oferta, la que no está en el Congreso, no sabemos cuánto está tejiendo vínculos con la ciudadanía.