Víctor Cubas Villanueva ha sido fiscal supremo, tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público y es docente universitario en derecho penal. Como Fiscal Provincial de Lima, ha tenido a su cargo la investigación de casos emblemáticos para el Perú por la violación de derechos humanos durante el gobierno de Alberto Fujimori, como el múltiple asesinato de Barrios Altos, y el secuestro y posterior asesinato de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad La Cantuta. 

Conoce la historia reciente del Ministerio Público, sus crisis internas y capturas. Ha sido secretario técnico de la Oficina de Implementación del Código Procesal Penal y asesor de la fiscalía de la nación durante la gestión de Pablo Sánchez. 

En esta entrevista cuestiona duramente la propuesta del congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, que plantea reestructurar el Ministerio Público y destituir a todos los fiscales supremos: "ese es un proyecto descabellado hecho con el mayor apresuramiento, pero al mismo tiempo, con un desconocimiento absoluto de la realidad nacional y del orden jurídico". Y cuestiona los impulsos del Congreso y el gobierno por afectar la independencia del sector a través de propuestas de reformas: "esas no van a surgir de parte de un gobierno corrupto involucrado en graves violaciones de derechos humanos y menos de un Congreso que está actuando desde hace tiempo con muchísimo autoritarismo", enfatiza.

Hace unos días el expresidente Fujimori llamó errores a los delitos de Montesinos, cuando éste ha sido condenado por corrupción. Usted investigó Montesinos y lo conoce bien. ¿Cómo describe el poder corruptor del asesor presidencial y su relación con Fujimori?

Montesinos empezó asesorando a Fujimori desde los primeros momentos de su gobierno en el año 1990, aunque al inicio lo hizo clandestinamente. En ese contexto, lo primero que hicieron es cambiar la Ley del Sistema de Inteligencia Nacional, para incorporar lo que se denomina la inteligencia operativa, y llevar a cabo una guerra de baja intensidad que consistía en eliminar físicamente a sus potenciales enemigos. Y es en el marco de este régimen que se llevan a cabo graves violaciones de derechos humanos. En el año 91, el atentado de Barrios Altos con el saldo de 15 muertos, entre ellos un menor de edad. 

El año siguiente, 1992, es el año en el que se realiza el mayor número de violaciones de derechos humanos, tenemos en enero el caso Pativilca por el cual ha sido condenado Montesinos y continúa el proceso Fujimori. Montesinos se acogió a la figura denominada conformidad y ha admitido todos cargos que le han formulado y ha aceptado ser responsable del pago de la reparación civil.

La figura de los jueces sin rostro, que ahora se quiere repetir, fue una experiencia nefasta para el Perú. Todos los procesos fueron declarados nulos.

Durante el gobierno de Fujimori y Montesinos se secuestraron varios poderes e instituciones del Estado, entre ellos el Ministerio Público. ¿Cómo era esa fiscalía capturada por un poder casi absoluto desde Palacio con Fujimori – Montesinos?

Hay que ubicar el hecho que da lugar a esta intervención directa del poder político en las funciones del Ministerio Público y luego del Poder Judicial. El 5 de abril del año 1992 se produce la ruptura del orden constitucional, cuando Fujimori anuncia la disolución del Congreso, de los órganos constitucionales, de los órganos autónomos, pero además se produce la intervención del Ministerio Público y del Poder Judicial. Como consecuencia de ello, durante 15 días no funciona ni uno ni otro organismo. Ese es el primer acto directo de intervención, luego se declaran en reorganización a las instituciones y se comienza un proceso de destitución masiva de magistrados, ese es el problema que hasta ahora no se soluciona, que generó la provisionalidad. 

Luego de esto, el gobierno promulga la ley, el decreto ley 25475, denominada ley contra el terrorismo, y contiene un conjunto de normas de carácter procesal. Esta es la ley que crea la famosa figura de los jueces sin rostro, y ahora se quiere repetir, pero que fue una experiencia nefasta para el Perú. Todos los procesos llevados a cabo por jueces sin rostro fueron declarados nulos y tuvieron que volverse a hacer bajo las normas del debido proceso.

Cuando empiezan las investigaciones contra Blanca Nélida Colán, el Congreso, con mayoría fujimorista, la exculpa. ¿Usted encuentra similitudes entre los pactos durante el gobierno de Fujimori con lo que ocurre ahora? Porque el actual Congreso también libera de responsabilidades a algunos fiscales y persigue a otros.

Sí, existen muchas similitudes, pero hay que hacer una precisión, luego del golpe el Congreso Constituyente Democrático está integrado por gente afín al fujimorismo, que cumplió los mandatos de Fujimori en todo el tiempo que permaneció en el poder hasta su caída. Entonces, las acciones que realizaban en ese momento les daban una apariencia de legalidad. Los encargados de legalizar los actos del gobierno eran los miembros del Congreso. En la actualidad existe efectivamente un ánimo de imitar estos hechos, pero los integrantes de este Congreso son advenedizos, ignoran totalmente el funcionamiento del Poder Legislativo y no conocen la historia del Perú, entonces entre el gobierno de Fujimori y lo que hace este Parlamento hay una distancia significativa.

Porque durante el gobierno de Fujimori había un poder rígido y único desde Palacio de Gobierno y lo que tenemos ahora es una coalición de intereses que tienen el mismo fin.

Tienen el mismo fin pero actúan con prepotencia, con un desconocimiento absoluto de la realidad nacional, con una altísima dosis de prepotencia, a tal extremo, que sus integrantes, por ejemplo, del grupo parlamentario Renovación, que han sido integrantes de la Marina de Guerra, consideran que el poder legislativo es el primer poder del Estado y que eso les da la facultad para hacer lo que quieren, y eso es un profundo error. En el Perú no hay ni primer poder ni segundo poder ni tercer poder, los poderes del Estado están en una relación horizontal. Esa doctrina trasnochada de que el Congreso es el primer poder del Estado no es cierta. 

En el Perú no hay ni primer poder ni segundo poder ni tercer poder, los poderes del Estado están en una relación horizontal.

Precisamente una de las propuestas de Renovación Popular, presentada por el congresista y almirante en retiro Jorge Montoya, plantea la reestructuración del Ministerio Público y la destitución de todos los Fiscales Supremos. Habla de una reestructuración, como lo hizo Fujimori, y como intentó hacerlo Pedro Castillo en su fallido golpe.

Ese es un proyecto descabellado hecho con el mayor apresuramiento, pero al mismo tiempo, con un desconocimiento absoluto de la realidad nacional y del orden jurídico. He leído el proyecto de ley, he visto la exposición de motivos y se dicen una cantidad de cosas que nada tendrían que ver con la reestructuración del Ministerio Público. Hablan del gobierno del presidente Castillo, de la crisis de la Policía, de la corrupción en el Perú y concluyen diciendo que el Ministerio Público debe ser reorganizado. Esa exposición de motivos es un cajón de sastre. El Ministerio Público está atravesando por una situación crítica generada por la suspendida Fiscal de la Nación, que ha sido protegida por el poder político que ahora pretende intervenir el Ministerio Público. 

¿Pero usted cree que esta crisis la ha generado solo la suspendida fiscal Benavides? La institucionalidad del Ministerio Público ya venía deteriorándose al mismo tiempo que la democracia peruana. En la última década tres fiscales de la Nación dejaron el cargo sin haber concluido su mandato, Ramos Heredia, Pedro Chavarri y ahora Patricia Benavides, y en ese mismo periodo, cuatro fiscales supremos fueron destituidos e inhabilitados por el Congreso.

Lo que usted dice es cierto, pero hay que hacer la aclaración correspondiente. El Ministerio Público ha tenido un periodo de crisis generado por el gobierno de Fujimori, pero después de su caída, el Ministerio Público empieza a regularizar su funcionamiento. Asume el cargo institucional la doctora Nelly Calderón, le sucede la doctora Adelaida Bolívar, a ella le sucede la doctora Gladys Echaíz y luego el doctor Peláez Bardales. Ha habido un periodo de funcionamiento con normalidad en el Ministerio Público. Los orígenes de la crisis se dan con el nombramiento de Carlos Ramos Heredia, que es elegido con un conjunto de irregularidades. Él viene con un ánimo de atropellar la institucionalidad del Ministerio Público y lo logra, porque él maniobra para ser elegido Fiscal de la Nación dejando de lado el principio de antigüedad que regía el nombramiento en la institución. 

Entonces, el [desaparecido] Consejo de la Magistratura investiga a Ramos Heredia, determina que ha cometido un conjunto de actos ilícitos que lindan con la comisión de delito, y lo destituye. Después de ese corto periodo de crisis, viene nuevamente un período de institucionalidad, Pablo Sánchez asume el Ministerio Público y funciona, pese a todos los obstáculos derivados de la acción política de Fuerza Popular y el enfrentamiento que había con Pedro Pablo Kuczynski. En esas circunstancias, cuando Pablo Sánchez va a dejar el cargo, surge el escándalo de Los Cuellos Blancos del Puerto, que tenían injerencia en todo el ámbito de administración de justicia. Esto da lugar a una nueva crisis, asume el cargo Pedro Chávarry Vallejo, pero él tenía un serio compromiso con Fuerza Popular, al punto que los asesores del gabinete de la Fiscalía de la Nación no fueron juristas, fiscales o exfiscales, sino que fueron los exasesores de Fuerza Popular en el Congreso.

EXFISCAL SUPREMO. Víctor Cubas denuncia que los partidos que tienen a sus líderes investigados quieren aprovecharse de la crisis en la fiscalía para controlar la institución.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

¿Por qué considera que hay periodos de estabilidad y otros de crisis? Porque uno diría que en el Ministerio Público siempre han habido pactos para votar por alguien, ¿cuándo se convierten estas negociaciones en tráfico de influencias y otros ilícitos?

La pregunta es sumamente pertinente y nos trae a la mesa los problemas de la Junta Nacional de Justicia. Los problemas se producen cuando quien ejerce el cargo es permeable a la influencia política que quiere congraciarse con el poder político. Eso lo aceptó Pedro Chávarry, y luego tuvo que renunciar. Superado ese momento de la crisis generada por Chávarry, le corresponde ejercer el cargo a la doctora Zoraida Ávalos. Después de que concluye su mandato, se produce un fenómeno derivado del afán de las agrupaciones políticas de controlar, de tener injerencia en los órganos que administran justicia y especialmente en el Ministerio Público, y es allí donde empieza nuevamente la crisis.

Y todo esto va paralelo al avance de los procesos de investigación del caso Lava Jato y Odebrecht …

Exactamente, y es esa la razón por la que quieren controlar a la institución. Conocen perfectamente que el Ministerio Público está en una situación especial, tiene varios fiscales subtitulares suspendidos o destituidos, entonces se aprovechan de eso y de que solamente quedan dos fiscales titulares en ejercicio, uno es el doctor Sánchez y otra la doctora Zoraida Ávalos. Saben perfectamente que el doctor Sánchez ha declarado públicamente que no va a volver a ejercer el cargo de Fiscal de la Nación, entonces existe la posibilidad de que la doctora Zoraida Ávalos sea reelegida para un período complementario de dos años. 

Y para evitar eso la llenan de denuncias constitucionales, hay muchas sin ningún asidero, pero lo que querían era precisamente inhabilitarla, ¿y para qué? para facilitar que en el nombramiento de fiscal supremo que tenía que hacer la Junta Nacional de Justicia, surja una persona con la que puedan trabajar, que les facilite la intervención política, y es allí donde surge Patricia Benavides y con ella tienen la puerta abierta para la injerencia política.

El proyecto del congresista Montoya revela un desconocimiento absoluto de la realidad nacional y del orden jurídico.

Para usted, entonces, el tema de fondo en esta presión por tomar el Ministerio Público está asociada a las investigaciones que hay por corrupción de Odebrecht en los diferentes partidos políticos.

Totalmente. Los grupos políticos que tienen representación en el Congreso han realizado un conjunto de acciones abiertas y encubiertas para lograr impunidad. Durante la gestión de Pedro Chávarry, él intentó anular los procesos por lavado de activos y la reacción ciudadana lo impidió. Luego ha ocurrido con Patricia Benavides. Ella entra dentro de un plan muy bien concebido y dice que va a perseguir la corrupción, pero solamente mira [la corrupción] del presidente Castillo, cuando la corrupción es generalizada. En esas circunstancias, presenté mi carta de renuncia y le digo que espero que con el mismo énfasis se persiga a los otros casos. 

Pero ¿qué hizo la señora Benavides?, desmontó la fiscalía que hacía la investigación de Los Cuellos Blancos, dejó sin efecto el nombramiento de la fiscal que investigaba a su hermana, quiso desactivar la Fiscalía que investiga la corrupción en el poder y adoptó un conjunto de acciones para impulsar la suspensión del fiscal coordinador de lavado de activos. En general, lo que quería es traerse abajo todos los procesos de corrupción de lavado de activos y lograr impunidad. ¿Para quiénes? para los dirigentes de estas agrupaciones políticas que están comprendidos en esos procesos de investigación.

Los grupos con representación en el Congreso han realizado acciones abiertas y encubiertas para lograr impunidad.

¿Cuál es la responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia, porque finalmente, son ellos los que terminan eligiendo a Patricia Benavides a pesar de todos sus antecedentes? Eso es responsabilidad de la Junta.

Es una responsabilidad de la Junta Nacional de Justicia, pero recordemos que la Junta se constituyó dentro de un proceso también plagado de irregularidades. Y la Junta no ha cumplido cabalmente las funciones que la ley orgánica y la ley de reforma establece. La ley de reforma constitucional dispone que la Junta, durante 180 días debe dedicarse a revisar los nombramientos y las ratificaciones hechas por el destituido Consejo de la Magistratura, y eso no lo ha hecho la Junta. Si la Junta hubiese cumplido su función, la señora Benavides no hubiese podido postular al cargo de Fiscal Suprema porque ya hubiese estado destituida, porque ella tiene comunicaciones con gente de Los Cuellos Blancos del Puerto, como lo tienen muchas personas que aún siguen trabajando. Luego, la Junta ha actuado con una espantosa morosidad para cubrir los cargos titulares de jueces y de fiscales; y ha actuado de igual manera, dentro de un conjunto de irregularidades para nombrar a las autoridades nacionales de control. Y terminó nombrando a una persona ampliamente cuestionada. Entonces, la Junta Nacional de Justicia es víctima de sus propios errores actualmente.

Una de las propuestas del Congreso busca destituir a todos los miembros de la Junta.

El Congreso indudablemente los quiere destituir, pero no por lo que le acabo de decir, sino para evitar que la JNJ sancione a la fiscal Patricia Benavides. El Perú se encuentra en un círculo vicioso, porque si destituyen a los miembros y se constituye una nueva Junta Nacional de Justicia, esta indudablemente estaría controlada por el Gobierno y el Congreso y no haría lo que debe hacer respecto a la sanción que le corresponde a Patricia Benavides. La suspendida Fiscal de la Nación ha cometido no solamente infracciones administrativas, sino delitos, pero para ser procesada tiene que haber una autorización del Congreso, y este congreso no lo va a autorizar, así como no ha autorizado el procesamiento del excontralor general de la República, del excongresista Becerril, etc.

Si la Junta Nacional de Justicia hubiese cumplido su función, la señora Benavides no hubiese podido postular al cargo de Fiscal Suprema.

Los testimonios de Jaime Villanueva alcanzan a la JNJ, e involucran al magistrado José Ávila, que ha tenido que renunciar, y también a Guillermo Thornberry. ¿Qué ocurrirá con la Junta si otro miembro renuncia?

La Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia prevé que cuando se nombra a un titular, se tiene que nombrar también a un suplente. Si se llegara a destituir todos los miembros, tendría que constituirse la Junta con los suplentes que han quedado del concurso anterior para que completen el periodo de este organismo, que es hasta fines de este año.

En los últimos 10 años hay un problema porque la Junta de Fiscales Supremos siempre se ha quedado con puestos vacantes por casos de corrupción o destituciones o suspensiones.

En este momento la Junta está integrada por tres fiscales, el doctor Villena, que ejerce la Fiscalía de la Nación, la doctora Espinoza, que ejerce una Fiscalía Suprema en lo penal y está encargada de procesos de investigación por corrupción, y el doctor Pablo Sánchez, que ejerce una Fiscalía Suprema. El hecho de que la Junta haya abierto una investigación al doctor Sánchez por los dichos de Jaime Villanueva, no lo inhabilita para continuar ejerciendo el cargo. Y no lo inhabilita simple y llanamente porque los cargos atribuidos al doctor Sánchez no tienen la gravedad de los cargos atribuidos a la fiscal suspendida [Patricia Benavides]. Los cargos atribuidos a Benavides son de suma gravedad, y la suspensión se le aplica porque en el ejercicio del cargo puede ejercer actos de obstrucción a las investigaciones y al cumplimiento de las funciones del Ministerio Público.

El proyecto de ley del congresista Montoya plantea destituir a todos los fiscales supremos. 

Pero la destitución de un fiscal se da por una sanción, y las sanciones solamente pueden adoptarse por la comisión de faltas graves, ¿qué falta grave le puede atribuir el señor Montoya al Fiscal de la Nación que está ejerciendo el cargo interinamente, o a la señora Delia Espinoza, que está ejerciendo el cargo de Fiscal Suprema para que él postule su destitución?. Los fiscales solo pueden ser removidos del cargo como consecuencia de un proceso disciplinario o como consecuencia de un proceso penal, eso está establecido en el orden jurídico.

En el Perú hay un gobierno autoritario, en el fondo dictatorial, que no respeta los marcos de ejercicio de las funciones establecidas en la Constitución.

Pero este Congreso ya ha impulsado medidas que van en contra del orden jurídico.

Sí, pero eso es abuso de poder. Lo que pasa es que los congresistas consideran que el Congreso es el primer poder del Estado, y no es así. El Perú se rige por una constitución y esta impone límites al ejercicio del poder. De tal manera que si lo hacen [destituir a los fiscales supremos], es un acto abusivo, un acto de prepotencia, que constituye una grave afectación a las garantías constitucionales, a la autonomía de los órganos constitucionales, a la situación de inamovilidad de los magistrados que es una garantía que la Constitución le brinda a todos.

 MEMORIA. Víctor Cubas recuerda que fue la autonomía institucional la que permitió investigar, juzgar y condenar a Fujimori.

Foto: OjoPúblico / Giuseppe Vicente

El Tribunal Constitucional, supuestamente, debería observar ese tipo de medidas si es que fueran aprobadas por el Congreso, ¿pero cree usted que este Tribunal, que ya le ha otorgado más poderes al actual Congreso, lo haga?

Evidentemente lo que usted dice es cierto, el Tribunal Constitucional con la conformación actual que tiene va a legalizar los actos del gobierno. ¿Por qué? Porque está constituido para eso, porque lo que viene dándose en nuestro país, desde hace ya unos años, es un proceso de gobierno autoritario, en el fondo dictatorial, que no respeta los marcos de ejercicio de las funciones establecidas en la Constitución. Entonces lo que hay por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo es un ánimo de controlar todo, para eso tienen el Tribunal Constitucional, su defensor del pueblo, han traído abajo la reforma universitaria y pretenden controlar ahora al Ministerio Público.

Una de las cosas que exponen las declaraciones de Jaime Villanueva y antes los audios de Los Cuellos Blancos es que existe un sistema de pago de favores inescrupuloso en el Ministerio Público y el Poder Judicial para transar votos, y también pugnas de poder internas.

Una de las cosas que afirma el congresista Montoya en su famoso proyecto de ley es que hay pugnas entre los Fiscales Supremos y yo no veo que haya pugnas en los fiscales supremos. El doctor Villena Campana no tiene pugnas con el doctor Pablo Sánchez, ni con la doctora Delia Espinoza. Quien ha tenido pugnas es la fiscal suspendida, la que ha creado enfrentamientos es Patricia Benavides, y para evitar ser investigada por los actos ilícitos, tanto administrativos como penales, se ha enfrentado a la Junta Nacional de Justicia.

Hay un sistema en el Ministerio Público que ha permitido que exista Jaime Villanueva.

Indudablemente, Jaime Villanueva está ligado al Ministerio Público desde enero del 2015 hasta julio del 2018, en que es destituido por cometer un acto de deslealtad. En ese lapso, él ha ocupado el cargo, primero de Secretario General y luego de Director de la Escuela del Ministerio Público. En ninguno de los dos cargos él tiene injerencia para el nombramiento de fiscales y sin embargo, él quiere aparecer como que él planteó el nombramiento de José Domingo Pérez como fiscal para que investigue a Fuerza Popular. Y no ha tenido ninguna injerencia en eso, ese planteamiento lo ha hecho el gabinete de asesores. Se lo digo porque yo he estado en el Ministerio Público en ese momento.

¿No es cierto que él puso el nombre de José Domingo Pérez para que integre el Equipo Especial Lava Jato?

No es cierto. Él quiere emular a Montesinos y quiere presentarse como un personaje que ha tenido un poder absoluto en el Ministerio Público, y no ha sido así. Si bien es cierto que él ha tenido una intervención durante el gobierno del doctor Pablo Sánchez del 2015 al 2018, seguramente ha realizado un conjunto de actividades, pero luego ha tenido una intervención con la señora Benavides, desde el primero de julio hasta el 27 de noviembre del año 2023. Pero tampoco todo lo que él dice es una santa palabra. Sus declaraciones tienen que ser sometidas a corroboración. En el caso en el que es colaborador tiene que proporcionar información que va a ser corroborada, y en los casos en los que es testigo, él tiene que decir la verdad, está obligado, porque de lo contrario a él se le puede abrir un proceso por falso testimonio.

¿Un proceso por falso testimonio en los casos que es testigo podría afectar su proceso de colaboración eficaz?

Indudablemente, un colaborador eficaz está obligado a decir la verdad, porque de lo contrario el proceso no prosperaría.

¿Cómo afecta la legitimidad de las investigaciones esta crisis en el Ministerio Público?

Efectivamente en los últimos años y como consecuencia de la autonomía institucional del Ministerio Público se ha podido realizar procesos de investigación en los que están comprendidos no solamente dirigentes políticos, sino personas que han ocupado altísimos cargos dentro de la administración pública, empezando por presidentes de la República. La autonomía institucional es la que permitió investigar, juzgar y condenar a Fujimori, eso es un caso importantísimo en la historia del Perú y de América, un presidente que ha sido condenado después de un debido proceso por ladrón y por asesino. Y él está condenado, no puede decir que se le está injuriando. 

Pero así como él hay otros procesados, y por esa misma razón es que se quiere controlar al Ministerio Público, porque se han avanzado los procesos de investigación, están comprendidos muchos dirigentes de Renovación popular, de Podemos, de Fuerza Popular, etc. Y lo que quieren es paralizar esos procesos de investigación, esa es la razón por la cual se desarrollan tantísimas actividades y con tanta vehemencia para controlar al Ministerio Público. 

Pero no es un gobierno autoritario que tiene el 5% de respaldo ciudadano el que va a hacer la reforma de estas instituciones.

Ahora, precisamente, otra de las normas del Congreso buscan reducir el poder de la Fiscalía en las investigaciones empoderando a la policía. ¿Cuán grave es esto?

Esto es muy grave porque es un atentado directo contra las funciones constitucionales del Ministerio Público. El Ministerio Público es un órgano constitucional autónomo encargado de la persecución del delito, así como hay otros órganos constitucionales, el Tribunal Constitucional es un órgano autónomo encargado del control de la Constitución, el Jurado Nacional de Elecciones es un órgano constitucional autónomo encargado de administrar justicia electoral. Y allí se vio la necesidad de crear, de ubicar al ministerio público como un órgano constitucional autónomo para que pueda investigar los delitos, robos, homicidios, violaciones, pero también los delitos que se comenten en el Estado, corrupción, violación de derechos humanos. Esa investigación no la puede hacer la policía, porque la policía es un órgano dependiente del Poder Ejecutivo, y específicamente, dependiente del ministro del Interior. La investigación tiene que estar a cargo de un órgano autónomo, ese órgano es el Ministerio Público. 

¿Cuál cree que puede ser la salida a esta crisis en el Ministerio Público? 

La crisis que hay en el Ministerio Público yo considero que es más una crisis generada intencionalmente por estos sectores interesados de controlar a la institución.

Cree entonces que corresponde más a personas que a un problema estructural. 

Exactamente, quieren aprovecharse de esta situación para sacar la ventaja mediante el control institucional. Hemos visto que en diferentes momentos, el Ministerio Público ha atravesado por situaciones de crisis, pero que las ha superado. Ahora está empezando a normalizarse la situación con las acciones del fiscal interino. Esta crisis [ha sido] generada intencionalmente por estos sectores interesados que quieren aprovecharse del momento para controlar la institución con fines de lograr impunidad. Yo no niego que hay deficiencias en el sistema de administración de justicia en el Ministerio Público, en la policía, en el Poder Judicial, eso es un hecho evidente, sufren la situación crítica que está viviendo el país en general.

Cuando un cuerpo está enfermo todo está enfermo, no hay partes sanas, entonces en la situación general de crisis del país, no pueden estar funcionando eficientemente los órganos de administración de justicia. Pero no es un gobierno autoritario que tiene el 5% de respaldo ciudadano el que va a hacer la reforma de estas instituciones, esa reforma requiere la intervención de la ciudadanía, la intervención de los representantes de las mismas instituciones, de repente de la necesidad de asesoramiento internacional, para que se hagan las propuestas de reforma. Pero esas no van a surgir, repito, de un gobierno corrupto como el que tenemos, que está involucrado en graves violaciones de derechos humanos y menos de un Congreso que está actuando desde hace tiempo con muchísimo autoritarismo.