El comportamiento de la presidenta Dina Boluarte y del Congreso en el poder ya no es democrático, señala Omar Coronel Cuadros, sociólogo por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y doctor en Ciencia Política de la Universidad de Notre Dame, quien investiga la dinámica de las protestas sociales y la acción colectiva. En sus palabras, el país ya no representa un estado derecho y, más bien, atraviesa un proceso de autocratización.

Para el investigador, una evidencia es la respuesta a la demandas ciudadanas en las calles, donde a fines de 2022 e inicios de 2023 fallecieron cerca de 50 civiles durante la represión a las protestas sociales. “En un país donde el Estado es muy débil, lo lógico es que la gente tenga que protestar para echarlo a andar (...). Lo que vemos ahora es una radicalización muy importante de la criminalización y también de la respuesta violenta a manifestantes”, dice.

En entrevista con OjoPúblico, el también docente de la PUCP analiza las protestas y movimientos sociales —la falta de esperanza y de liderazgos, así como la represión que los amenaza—, las brechas entre Lima y otras regiones, el antifujimorismo, las acciones ciudadanas en Venezuela y el impacto de lo que denomina la “fragmentación de los odios”. 

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En su ensayo La fragmentación de los odios: la torre de Babel de las identidades políticas (negativas) en el Perú señala que "el país que tenemos en 2023 es uno repleto de desconfianza y envenenado de resentimientos" ¿Quiénes son los responsables de esto que somos ahora y cuáles son las consecuencias?

Yo creo que para hablar de responsabilidades hay que referirnos, sobre todo, a los liderazgos políticos y de algunos liderazgos sociales. En general, en Perú post-Fujimori, del 2000 en adelante, hubo ciertas ideas que ayudaron a ordenar la política, a pesar de que no había un sistema de partidos institucionalizado.

Uno de estos grupos era el antifujimorismo, que para algunos era considerado el movimiento más grande del Perú, y que; sin embargo, nunca llegó a agarrar forma en un movimiento social o institucionalizarse en un partido o una coalición partidaria. Y en parte, eso se debía a que había tensiones internas, pero que siempre tendían a ser resueltas por el “anti”, por el rechazo al fujimorismo, y se mantenía una coalición antifujimorista que se supone también en general una coalición antiautoritaria. 

Sin embargo, —no solamente desde 2016— es un proceso que viene de antes. Pero, sobre todo, desde 2016, empieza a fragmentarse, a debilitarse en parte por distintos liderazgos que toman otras posiciones (...). La coyuntura de la presidencia de Pedro Castillo creo que es lo que termina a hacer implosionar todo. La campaña del 2021 termina dividiendo mucho a los sectores antifujimoristas (...).

Cuando cae Castillo luego del autogolpe, tenemos un escenario con izquierdas muy peleadas, un centro-derecha que antes era parte de esa coalición antifujimorista y que está muy distante de esas izquierdas. Y no solamente, entonces, orientaciones o programas distintos, sino también emocionalmente, emotivamente, unos resentimientos, unas tensiones, unas rabias, unos odios muy fuertes, porque a algunos se les ve como apañadores de tiranías, otros como cómplices del fascismo que asesinó a 50 peruanos y otros como distantes que no están involucrados con luchas tan importantes. 

COALICIÓN. El antifujimorismo convocó grandes movilizaciones; sin embargo, ahora se encuentra debilitado y fragmentado, refiere Coronel Cuadros.

Foto: Andina

En este ensayo también señala que el Perú tiene muchos más odios políticos que hace dos décadas, cuando se publicó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). Es decir, ¿tenemos más odios políticos que la etapa posterior al conflicto armado interno?

El contexto justamente posterior al conflicto armado interno, por la forma en que cae el régimen de [Alberto] Fujimori, en general con los vladivideos, abre una ventana de oportunidades bien importantes para que se dé justamente un proceso de justicia transicional increíble. Realmente pocas veces ha pasado en América Latina y en el mundo. 

El caso de la justicia transicional en Perú, por más que no se llegó a todos los objetivos, comparativamente era un caso bien importante, y generó una cierta coalición, sobre todo, vinculada a la columna vertebral de los derechos humanos (...).

Si uno ve encuestas sobre qué porcentaje de gente aprueba la CVR o aprueba la condena a Fujimori, era más del 50%. Había ciertas tendencias muy importantes, mayoritarias, frente a estos temas. Y sin embargo, dos décadas después, esos mínimos comunes se han empezado a disolver. Hay sectores que ya no reconocen estos puntos particulares como los derechos humanos o la defensa de la democracia versus el autoritarismo.

O, por ejemplo, la lucha por la justicia social en términos económicos que, inclusive, hasta algún punto, algunos sectores de centro derecha empezaron a reconocer y habían programas sociales, una agenda de equidad. En el contexto actual, eso se ha empezado a disolver. Esos nudos que unían esa coalición débil se han desatado. Y creo que ahora es mucho más complicado volver a reunirla. 

No hay esperanza (...). Las protestas necesitan un insumo que es la esperanza de que algo va a cambiar".

¿El Perú está en el momento más crítico, en la cúspide, o todavía puede empeorar la situación?

Por supuesto que puede empeorar.

¿Hasta qué punto puede escalar? 

Es difícil saberlo. Y eso es importante pensarlo en política. Eso es un problema que, a veces, han tenido amigos y colegas de izquierda en el sentido de pensar que la situación en la que estamos ya es la peor posible y solo cabe mejorar, y actuar políticamente en función a eso. Yo creo que eso no es así y sobre todo si uno ve las coordenadas sociológicas del país, más allá de la política. 

Una cosa son las instituciones, los partidos, las leyes, y otra cosa es el Perú real que está moviéndose, y una de las cosas más importantes del Perú contemporáneo es la fortaleza de las organizaciones vinculadas al crimen organizado y a las economías ilegales, las economías informales, y eso cada vez está teniendo más presencia en la política. Están ocupando ese lugar que había quedado vacío estos años. Creo que por eso es que todo puede ir a peor. 

(...) En perspectiva comparada, nuestros niveles de violencia no son nada parecidos a los de Brasil, Colombia, México o a la mayoría de países de Centroamérica. Pero estamos en camino a eso. Perú todavía puede estar muchísimo peor si estas organizaciones empiezan a tener más presencia en términos políticos, se pueden generar oportunidades para construir lo que en el Perú no existía, algunos tipos de carteles (...). La política está tan diluida, que ese espacio de poder está quedando vacío para que otros actores empiecen a capturarlo (...). 

LAZOS. Para Omar Coronel, Dina Boluarte será mucho más vulnerable una vez que ya no tenga la posibilidad de disolver el Congreso.

Foto: Congreso

¿Considera que la molestia y la poca legitimidad que se ven en las cifras contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso se está reflejando en las calles? ¿Por qué no se percibe ahora mismo esa amplia respuesta en las calles?

Porque no hay esperanza sería la respuesta más sencilla. La acción colectiva contenciosa, llámese protesta, conflictos, movimientos sociales, sobre todo en términos políticos necesita un insumo bien importante que es la esperanza de que algo va a cambiar. Que va a cambiar para bien.

(...) En un país donde las instituciones no funcionan, el Estado es muy débil, lo lógico y racional es que la gente tenga que protestar para echar a andar al Estado. En todas partes del país lo sabían, tanto en temas sociales como en temas políticos: El Baguazo, Conga, Tía María, Ley Pulpín, Ley Universitaria, el tema de los fiscales, repartijas en el Congreso y todo tenía un efecto. Y tenía un efecto porque los actores políticos eran —son todavía— débiles. Y tenían que responder a esa demanda ciudadana, porque eso es lo que ocurre en democracia. Uno tiene que responder a la ciudadanía de una u otra manera, porque hay muchos actores institucionales que pueden presionar y la calle también importa. 

En el contexto actual eso es más complicado, porque ya no estamos necesariamente en una democracia. Sobreviven instituciones y un espacio para poder redemocratizar el país. No estamos en un autoritarismo cerrado, pero, ya no estamos en una democracia débil. Estamos en un proceso de autocratización. 

Eso implica que haya muy pocas posibilidades y espacios para fiscalizar el poder, sea del Gobierno o del Parlamento. Y eso lleva a que la gente diga y vea que si protesta ya no le hacen caso, que si protesta la pueden asesinar, que si protesta le pueden dar siete, ocho, nueve años de cárcel, sin que haya mucha evidencia, sin que haya una discusión. Entonces, este es un escenario que yo creo que ha cambiado cualitativamente.

Mucha gente que ha seguido los conflictos entre 2000 y 2021 me dirá: “Eso pasaba en el Perú. No es que sea una novedad. Ya había criminalización de la protesta antes, en muchos espacios”. Yo creo que sí, pero lo que vemos ahora es una radicalización muy importante de la criminalización y también de la respuesta violenta, del asesinato a manifestantes.

(...) Hay ciertamente, una división en la oposición que inhibe la participación, porque uno dice: ¿Con quién marcho? Y eso lleva al otro punto, que es la falta de esperanza, la sensación de que esto no necesariamente va a mejorar, porque no hay un liderazgo. No hay un liderazgo que aglutine y no hay un plan hacia futuro, como un horizonte de a esto vamos.

No hay un liderazgo que aglutine y no hay un plan hacia futuro".

Hay discursos contradictorios. El Congreso publica comunicados sobre el respeto a derechos humanos, pero aprueba la prescripción de delitos de lesa humanidad. El Ministerio de Justicia se pronuncia por lo ocurrido con la legisladora Patricia Chirinos, mientras defensores ambientales son asesinados por la débil protección en la Amazonía. Hay otros ejemplos. ¿Cómo describe este comportamiento en un sistema “democrático”?

Es que no es democrático. Y porque no hay forma de hacerle accountability, de que haya fiscalización de estos actores. Eso les ha permitido tener niveles creo que no vistos desde la década de los noventas de conchudez, hipocresía, muy cínica (...). [Es] una farsa, una charada, donde obviamente la presidenta [Dina Boluarte], el 28 de julio, sabe que lo que está diciendo no se va a cumplir. (...) Pero, ¿qué vas a hacer? Lo que dice el Congreso o lo que está pensando es “¿Qué va a pasar?”. Si no hay consecuencias, ¿por qué no ir por más? Ya sacamos a [Alberto] Fujimori, ¿por qué no darle una pensión? ¿Por qué no candidatearlo? ¿Por qué no ponerlo de senador? ¿Qué va a pasar? Ya han tentado a la sociedad civil. 

La sociedad civil antes, pues, se movilizaban. Pero ahora ya no puede, en esta coyuntura, por los factores que hemos señalado. Entonces, yo creo que eso es algo que debilita mucho.

IMPACTO. La represión es uno de los factores que frena las movilizaciones; sin embargo, los errores de las autoridades aún pueden desencadenar nuevas acciones.

Foto: OjoPúblico / Aldair Mejía

En 2023, usted comentaba que las disputas en el Congreso estaban entre dos bloques de la coalición autoritaria. Ahora, que hay una nueva Mesa Directiva, ¿cómo se reconfiguraría el escenario?

Un tema justamente que ayuda a desmovilizar, no a los activistas, sino a la masa, a los sectores más amplios es el horizonte del 2026. O sea, que los actores políticos ya tienen en mente el 2026. Y eso es simbólicamente muy fuerte. Porque en 2022 y 2023 todavía había la expectativa de que este gobierno es absolutamente legítimo, por cómo ha llegado. Llegó al poder de manera legítima. Pero las democracias no solo implican la forma en que uno llega al poder, sino cómo se comporta en el poder. Y el comportamiento de Boluarte y del Congreso en el poder no es, pues, democrático. Entonces, yo creo que eso ha dificultado mucho la presencia de estos actores. 

La presidenta Boluarte ha ratificado que va a permanecer hasta el 2026 y que va a convocar a elecciones el próximo año. ¿Hacia el 2025 puede cambiar esta relación entre Boluarte y el Congreso? ¿Boluarte va a seguir siendo “cómoda” para esos sectores o quizá puedan variar su postura?

Sí, podría ser. Boluarte, digamos, no le suma, ahorita simplemente es un pararrayos. Desde el 2022 es un pararrayos de todo. Es un pararrayos del malestar ciudadano. Pero ella no tiene ningún poder en sí, no tiene un capital social ni un capital político. Entonces, creo que cuando ya no haya la bala de plata de la posible disolución del Congreso, Boluarte va a estar mucho más vulnerable. Yo imagino que ella ha intentado, y la gente de su gobierno ha intentado hacer algún tipo de acuerdo con el fujimorismo, particularmente, para ver cuál es su situación post-gobierno, cuando va a estar perseguida por todo el mundo. Pero yo creo que sí, Boluarte es una mochila muy pesada para todo aquel político que quiera competir en el 2026 (...).

Las economías ilegales tienen más presencia en la política. Ocupan ese lugar que había quedado vacío".

¿Cómo se puede contrarrestar ese retroceso democrático que se vive en el país?

Si uno ve datos estructurales, uno dice “este país no tiene mucha esperanza”. Ahí es por eso que me gusta a veces más que sociólogo ser politólogo, porque la ciencia política se piensa mucho en la agencia, en la capacidad de actores de transformar lo que parece que todo está perdido. 

Y yo creo que eso tiene que ver con liderazgos que no pueden centrarse en grupos chiquitos. Mi problema con algunos sectores, tanto de centros derechas como de izquierdas o centros izquierdas, es la percepción, la ilusión de mayoría (...). Hay una fantasía de mayoría en todos estos pequeños enanos. Entonces, si no se llega a la claridad de que eso es una fantasía, no va a poder lucharse políticamente.

La lucha política es una lucha electoral. Yo sé que una lucha social en las calles es bien importante, pero eso tiene que estar acompañado de un proceso político, en elecciones, la campaña particularmente es un proceso muy importante de aglomeración de fuerzas. Pero para ese momento, sea en el 25 o en el 26, la oposición tiene que estar preparada (...). 

Como decíamos, esto puede ir a mucho peor. Nada nos garantiza que vamos a salir de este impasse. Podría durar 10 años, podría durar 20 años. O sea, es bien importante que la gente tome conciencia de que si no se hace algo ahora, se está empezando a dibujar una trayectoria muy oscura para el país por mucho tiempo.