Un reciente estudio de la ONG Agencia de Investigación Ambiental (EIA, por sus siglas en inglés) advierte los altos riesgos de contrabando y lavado de dinero generados por la importación de madera peruana en la frontera con Colombia. El informe hace énfasis en Leticia, municipio colombiano ubicado en la frontera con Perú, donde opera un puerto fluvial con un “régimen especial aduanero”. 

El reporte alerta sobre cómo en el puerto de Leticia las importaciones se encuentran libres de impuestos si la mercancía tiene un valor inferior a US$1.000. Para el caso de importación de madera solo es necesario una factura y un certificado fitosanitario del Instituto Agropecuario Colombiano (ICA). 

De acuerdo al análisis de EIA, los importadores de madera peruana emplean la modalidad conocida como el “hormigueo”. Es decir, fraccionan los cargamentos para no exceder el tope de los US$1.000 para ingresar la mercadería a tierras colombianas y evitar requisitos adicionales en la frontera.  

Un funcionario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), que mantuvo en reserva su nombre para la publicación del informe, señaló que esta modalidad era usada como “estrategia para entrar dentro del marco del régimen especial aduanero”.  Esta misma institución indicó que,  entre 2015 y el primer trimestre de 2019, más de 9.500 metros cúbicos de madera en tablas aserradas fueron importadas bajo el “régimen especial aduanero”. Las fuentes consultadas para el informe señalaron que la "mayoría de esta madera proviene del Perú".

El informe recuerda que antes de importar especies maderables no listadas en CITES (convención internacional que protege especies en peligro de extinción como cedro o caoba) los importadores deben obtener la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y demostrar el origen legal de la madera. Esta legislación ambiental colombiana debería ser aplicada por las autoridades, pero no siempre ocurre.

Al ser consultados por la falta de supervisión en la zona de Leticia, funcionarios del gobierno colombiano señalaron a EIA que la supervisión era facultad de "otras entidades gubernamentales" o que faltaba "claridad en su mandato para hacerlo". 

Asimismo, la investigación de EIA detectó que tampoco se está realizando control alguno sobre el cumplimiento del marco normativo ambiental para la importación de madera que ingresa a Colombia a través del puerto de Leticia. En el documento consideran como “agravante” que la madera que está ingresando proveniente del Perú, que representa la mayor parte de las importaciones a Leticia, debería ser considerada como “contrabando por las autoridades peruanas”. 

La falta de control sobre la legalidad de la madera proveniente del Perú, según el informe, está generando impactos negativos en los productores colombianos de madera legal, debido a que no pueden competir con los precios de la madera ilegal peruana. 

Otro problema es la débil supervisión del territorio. Entre 10 y 20 funcionarios deben patrullar más de 170 kilómetros de ríos fronterizos y bosques. En ese escenario, los traficantes de madera se mueven a ambos lados de la frontera, entre Perú y Colombia para evadir a las autoridades.

Para César Ipenza, abogado especializado en temas ambientales y exasesor de la Alta Dirección del Ministerio del Ambiente, el trabajo de las autoridades peruanas debe estar articulado al de su par colombiano en acciones como el patrullaje conjunto de las fuerzas armadas. "Se puede abordar el Plan de Trabajo Binacional Perú - Colombia para analizar la situación ya que se requiere un mecanismo de colaboración en estos dos países", agregó.   

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del sur de la Amazonía (CorpoAmazonía) también entregó a EIA, a través de un pedido de acceso a la información, cifras del período 2008-2017 sobre las sanciones impuestas a los actores involucrados en el comercio de madera. La mayor parte de los infractores se concentraron en conductores de diferentes  compañías transportadoras terrestres o de bote (94) , propietarios de aprovechamientos maderables (90)  y tan solo dos apoderados (ver cuadro).

CIFRAS. Sanciones por tipo de actor involucrado en el comercio de madera. 

Elaboración: EIA. 

Pese a la información obtenida desde Colombia, en Perú, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) respondió a un pedido de información de EIA que no existía registro de ningún cargamento de madera exportado a Colombia en el periodo entre 2015-2019, a lo largo de la frontera entre Loreto y Amazonas.

En el informe también se menciona que por lo menos dos proyectos de infraestructura se encuentran en “riesgo de comprar y utilizar” la madera de contrabando. Se trata del nuevo aeropuerto internacional de Leticia y un complejo de vivienda para más de 200 familias en la zona de Puerto Nariño.

Rolando Navarro, exjefe del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales (Osinfor), explicó que shila frontera entre Perú y Colombia es desde hace varios años una zona de alto riesgo para el tránsito de madera de origen ilegal. Recuerda que el 2014 se impulsó un convenio de cooperación entre ambos gobiernos, que dio como resultado una serie de recomendaciones para enfrentar el tráfico y lavado de madera, pero que al final no fueron implementadas.  

En la serie investigativa #MaderaSucia -coordinanda por Ojo-Publico.com en alianza con Mongabay Latam y reporteros de cinco países de América Latina- se revela el mecanismo que utiliza el tráfico global para saquear y lavar la madera amazónica. Los tablones de origen ilegal de Perú, Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia son incorporados en el mercado internacional con documentos oficiales que casi nunca son verificados.


Conoce en este mapa el comercio global de madera amazónica.