Durante las últimas semanas, Ecuador ha estado bajo el ataque sistemático del crimen organizado. Los violentos motines en las cárceles –que desde inicios del 2021 y lo que va del 2022 han ocasionado la muerte de 419 presos– son solo un síntoma de esta compleja situación. 

La explosión en una zona populosa de Guayaquil, conocida como Cristo del Consuelo, dejó a mediados de agosto cinco personas muertas y casi una veintena de heridos. Una de las hipótesis de la policía es que se trató de una represalia por un decomiso masivo de droga realizado días antes en la zona.

Los analistas en seguridad coinciden en que este país se ha convertido en un centro de operaciones regional para el circuito de la cocaína. “Dejó de ser una zona solo de tránsito, para convertirse en un lugar estratégico para el acopio, la refinación y distribución”, sostiene el exdirector de Inteligencia Militar, coronel Mario Pazmiño. 

Consultado por OjoPúblico, Pazmiño alertó que “El país se transformó en un santuario del crimen organizado transnacional, que es básicamente como definen a Ecuador en el contexto internacional”.

Colombia produce alrededor de 1.200 toneladas de droga por año, sostiene el exjefe de Antinarcóticos, Gilberto Giovanni Ponce Parra. Y alrededor de 500 toneladas provienen de los departamentos de Nariño y Putumayo. La policía ecuatoriana estima que la mitad de esta producción llegaría al territorio ecuatoriano para ser exportada. Los departamentos colombianos limitan con las provincias ecuatorianas de Esmeraldas (con salida al Pacífico); Carchi (andina) y Sucumbíos, ubicada en la Amazonía. 

ALERTA EN LOS PUERTOS. Incautación de droga en un contenedor capturado en agosto 2022 por la policía antinarcóticos de Ecuador.

Foto: Policía Nacional de Ecuador

Tras la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, entre las FARC y el gobierno de ese país, en 2016, un grupo de actores armados se negó al proceso y continuó con el negocio del tráfico de drogas. 

Uno de los grupos que surgió tras esta atomización de mafias locales fue el Frente Oliver Sinisterra, integrado por disidentes de las FARC. Esta organización –cuyo líder fue el ya fallecido Walter Patricio Arizala Vernaza– fue la responsable del secuestro y asesinato de los periodistas del diario El Comercio, a mediados de 2018. 

Durante la investigación fiscal, revisada para este reportaje, se determinó que este grupo se dedica al envío de cocaína a través de unidades semisumergibles, desde las costas de Esmeraldas por el Pacífico.

La expresión del avance de esta actividad ilegal es el incremento de la violencia en las ciudades asociadas al narcotráfico. El 2019 se incautaron alrededor de 82 toneladas de cocaína y la cifra de muertes violentas en Ecuador fue de siete por cada cien mil habitantes. 

Y el año pasado, las incautaciones se triplicaron. Solo entre enero y mayo de 2022, el volumen de cocaína decomisado superó al de todo el 2019, según el informe de labores que presentó el jefe de Antinarcóticos Gilberto Govanni Ponce, cuando entregó su cargo para asumir nuevas funciones.

Al mismo tiempo, la tasa de muertes violentas también se duplicó: subió a 15 por cada cien mil habitantes, como promedio nacional. Sin embargo, en zonas críticas como Esmeraldas, se registran 49 muertes por cada 100 mil habitantes, de acuerdo a las cifras de la Policía Nacional de Ecuador. 

En la ciudad portuaria de Guayaquil, la policía local, estima extraoficialmente que el 75% de los hechos de violencia en las calles tiene relación con drogas, en muchos casos por represalias, ajuste de cuentas o por disputa de bandas rivales que buscan controlar nuevos territorios.

Muertes en las cárceles 

Las cárceles ecuatorianas se han convertido en espacios de violencia. Desde su interior se ordenan crímenes y se coordinan las actividades delictivas, confirman los documentos clasificados del Ministerio del Interior del Ecuador a los que accedió OjoPúblico.

En febrero de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó su informe sobre la Situación de Personas Privadas de la Libertad en Ecuador. Uno de los hallazgos señala los “conflictos entre bandas criminales por el control de pabellones y centros penitenciarios, motivados principalmente por ganancias económicas que pudieran obtener a través de negocios ilícitos”.

El reporte confirma que los hechos de violencia en las cárceles ocurren en un marco más amplio de lucha por el control y poder de las cárceles. Al mismo tiempo, expone que la falta de control “facilitaría el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios”.

ATENTADO. La explosión en una zona de Guayaquil dejó cinco personas muertas. Una de las hipótesis detrás del crimen está una supuesta represalia por la incautación de droga,

Foto: Policía nacional de Ecuador

Uno de los hechos de violencia más recientes ocurrió el lunes 3 de octubre en la cárcel de Cotopaxi, ubicada en la zona andina de este país. Ese día un motín dejó 43 presos heridos y 16 personas muertas. Uno de los fallecidos durante el motín, según el reporte de las autoridades, habría sido  Leandro Moreno, un interno procesado por narcotráfico y lavado de activos, detenido a fines de mayo de este año.

El nombre de Leandro Antonio Moreno Tigua no es desconocido en Perú. El 5 de febrero de 2020, mediante resolución suprema 019-2020-JUS, fue requerido por la justicia peruana para procesarlo por el presunto delito de tráfico de drogas agravado. Sus abogados presentaron un certificado de defunción por Covid-19 y fotografías del deceso. Con esto, las autoridades judiciales pusieron fin a las causas judiciales en este país. Pero todo era falso. Norero fingió su muerte para conseguir impunidad y viajó a Ecuador.

Su nombre y su imagen se hicieron públicos cuando fue capturado a fines de mayo de 2022, luego de un allanamiento en el que la policía decomisó 24 lingotes de oro y varios millones de dólares en efectivo.

Fue detenido y trasladado a la cárcel de Cotopaxi, dos horas al sur de Quito. Norero enfrentaba cargos por haber construido un supuesto conglomerado con siete empresas en tres provincias. Las ganancias financiaban la operación de las bandas criminales Los Lobos y los Chone Killers. Estos grupos delictivos eran parte de la estructura logística del narcotráfico, sobre todo estaban vinculados a la operación del cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, de acuerdo con documentos de Inteligencia revisados por OjoPúblico. 

Estas dos bandas disputan con la organización criminal Los Choneros – brazo logístico del cartel mexicano de Sinaloa, según la policía– la hegemonía de las rutas del narcotráfico en Ecuador. 

La rivalidad surgió a fines de 2020, cuando el líder de este grupo, Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, fue asesinado luego de haber sido liberado de la cárcel. Las investigaciones policiales señalan que Zambrano continuó manejando las actividades criminales desde la cárcel. Sin embargo, tras su muerte, la organización se atomizó y empezó una ola de asesinatos dentro y fuera de las cárceles del Ecuador. 

Los informes de inteligencia policial revisados por OjoPúblico apuntan a que Leandro Antonio Moreno Tigua intentó acercarse a Los Choneros tras la muerte de Zambrano, con el fin de asumir el liderazgo, pero no lo logró. Luego apoyó financieramente a la banda Los Lobos, vinculada al cartel mexicano Jalisco Nueva Generación.

El violento motín en la cárcel de Cotopaxi tuvo secuelas. Dos días más tarde, en represalia, se desató otra matanza carcelaria, esta vez en la penitenciaría del Litoral, que dejó 13 muertos. 

Las conexiones políticas 

La detención de Norero se realizó en una zona exclusiva de Guayaquil, conocida como Samborondón, en una vivienda valorada en dos millones de dólares. El propietario de esa mansión es otro ecuatoriano, Xavier Jordán, identificado como uno de los integrantes en un esquema de corrupción durante el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021). 

Según las investigaciones fiscales, Xavier Jordán presuntamente se favoreció con sobornos en contratos públicos durante la emergencia sanitaria por la pandemia. Actualmente está prófugo en Estados Unidos.

La relación de Norero y Jordán expone los vínculos entre el tráfico de drogas y la corrupción. Pero una fotografía difundida este año por el asambleísta Fernando Villavicencio apunta a un tercer personaje. Se trata de Ronny Aleaga, asambleísta en el período legislativo previo (2017-2021) y que logró la reelección para el período que se extiende hasta 2024, siempre en las filas de la organización política del expresidente Rafael Correa.

En la imagen. Aleaga, de 38 años, aparece junto con su hermano en la piscina de la residencia de Xavier Jordán en Miami.

Tras la difusión de la fotografía, Ronny Aleaga dijo que era víctima de un “linchamiento mediático” y afirmó que la foto en la piscina se trató de un evento social privado y que no lo implica en actos ilegales.

Las sospechas de la influencia del narcotráfico en la política ecuatoriana alcanzan también a otras instituciones armadas. 

El mayor número de casos detectados de droga corresponde a contenedores refrigerados que escondían la cocaína en sus estructuras.

A mediados de diciembre de 2021, el embajador estadounidense Michael J. Fitzpatrick sacudió la opinión pública cuando anunció que su país decidió retirar la visa a “narcogenerales” y expresó la preocupación por la supuesta penetración del narcotráfico en las fuerzas de seguridad.

Al menos cinco altos oficiales de policía fueron notificados de la revocatoria de su visa de ingreso a los Estados Unidos. Entre ellos, un general que había cumplido las funciones a cargo de la Unidad Antinarcóticos: Marco Villegas, quien admitió que le retiraron su visa en un contexto de desacuerdos con la entonces comandante general de la Policía, general Tannya Villegas.

El oficial que lo reemplazó en el cargo fue Gilberto Govanni Ponce. En su gestión se  incautó entre enero y mayo de 2022 , 61 toneladas de droga en los puertos. Este volumen representa 12 veces más la cantidad de cocaína decomisada durante el año 2019 en los puertos ecuatorianos, según los registros de la Policía.

Precisamente, la disputa de las mafias del narcotráfico en Ecuador son por el control de rutas y puertos.

Las organizaciones criminales con presencia en Ecuador no solo tienen vínculos con las mafias mexicanas sino también –asegura la policía– con grupos de la región de los Balcanes. 

Las cifras analizadas por OjoPúblico revelan que, durante este año, el mayor número de casos detectados corresponde a contenedores refrigerados que escondían la droga en sus estructuras.

VIOLENCIA. Armas decomisadas después del motín en la cárcel de Cotopaxi. 

Foto: Fiscalía de Ecuador

La respuesta estatal para apoyar el control empieza a mostrar también su efecto. El subdirector general de operaciones del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, Senae, Felipe Ochoa, explicó a OjoPúblico que la instalación de escáneres para analizar el contenido de los contenedores estará completa hasta fines de este año 2022. 

Explicó que desde un centro de mando, agentes especializados verifican el cargamento, sin saber ni el puerto ni el contenedor específico que están analizando. Así, se evita que sean amenazados por el crimen organizado.

El 2020 la justicia ecuatoriana documentó el caso de un traficante albanés que dirigía una estructura criminal desde una celda de la misma cárcel de Cotopaxi, donde asesinaron a Leandro Norero. 

El próximo febrero de 2023 se realizarán elecciones en Ecuador para elegir a las autoridades subnacionales (municipios, prefecturas y provincias y miembros de juntas parroquiales). 

Algunos académicos como Santiago Basabe, han alertado que el crimen organizado buscará penetrar al Estado a través de estos puestos de poder. 

A su juicio, “los partidos y movimientos representados en la Asamblea Nacional no tienen interés alguno en modificar el status quo”.

Para el investigador de Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Fernando Carrión, Ecuador tiene un problema de fondo: la débil institucionalidad que se refleja en el cambio constante de autoridades penitenciarias y ministeriales.

Y, además, carece de una política integral sobre el tema de drogas. "Esto es importante de analizar, sobre todo cuando Estados Unidos empieza a dar señales de flexibilización con los presos por tenencia de marihuana", dijo, entrevistado por OjoPúblico.