El empresario y exmilitante de Solidaridad Nacional, Fredy Pinto Pazos, envió una carta notarial a la redacción de OjoPúblico, luego de nuestra publicación “Empresario inmobiliario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico”, del pasado cinco de febrero y basada en información oficial del Poder Judicial, Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas del Ministerio del Interior. 

En su carta, Pinto –quien ejerció como regidor del alcalde Luis Bueno en Lurigancho por la Alianza Electoral Unidad Nacional– dice que nuestro reportaje incurre en “falsedades”. Esto a pesar de que la información consigna la posición de la Fiscalía de Extinción de Pérdida de Dominio a cargo de Hamilton Castro y de la procuradora antidrogas Sonia Medina, en el marco de un proceso actual de extinción de dominio.

La misiva hace referencia a un artículo que revela que ambas entidades consideran como irregular la compra que Pinto hizo de un edificio ubicado en Surquillo, que fue incautado a una compañía integrante de la organización del peruano holandés Ment Floor Dijkhuizen. Éste último purga condena de 25 años por lavado de dinero del narcotráfico y fue sentenciado a nueve años de prisión en Holanda por el Caso Espárragos Blancos, a raíz de la incautación de cerca de dos toneladas de droga en dicho país en 2005.

CONCORDE. El edificio donde funcionó un conocido hotel tiene una orden de incautación confirmada en segunda instancia por el Poder Judicial, en el marco de un proceso de extinción de dominio.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral

El fiscal Castro y la procuradora Medina pidieron al Poder Judicial que dicho edificio (en donde funcionó el famoso Hotel Concorde por años) pase a poder del Estado de manera definitiva, debido a que fue adquirido con dinero de actividades delictivas. Según la denuncia del caso, la empresa Negocios Generales Concorde recibió dinero de la sociedad española Code Consultores, que centralizaba “el dinero ilícitamente obtenido” por Dijkhuizen.

“Jamás he efectuado transacciones de carácter ‘irregular’ como ustedes me lo achacan, menos he comprado, adquirido, transferido o efectuado algún tipo de operación inmobiliaria o no con personas ligadas directa o indirectamente a cualquier actividad delictiva y menos al narcotráfico o lavado de activos”, dice Pinto en la carta notarial que llegó a nuestras oficinas el pasado viernes.

El expediente judicial de este caso dice que Pinto Pazos compró el edificio de Miraflores a Negocios Generales Concorde a pesar de que conocía que sobre el edificio pesaba una medida cautelar de incautación, que fue ordenada por el Séptimo Juzgado Penal del Callao en 2006, en el marco del proceso contra Dijkhuizen. Sin embargo, la empresa vinculada al condenado por lavado pidió al Poder Judicial que dicha medida fuera levantada.

“La sala nacional [...] ha ordenado que al no existir responsabilidad penal de los imputados accionistas del proceso de lavado de activos se levante la medida de incautación preventiva [...]. Si ustedes, como dicen, han leído el expediente y están enterados de la situación procesal del mismo, no se entiende, salvo mala fe y deseo de calumniar, que digan medias verdades e inexactitudes absolutas en contra de mi persona”, dice Pinto.

“El inmueble [...] sería ganancia proveniente del tráfico ilícito de drogas", concluyó el Poder Judicial.

Efectivamente, el 2019 los jueces René Martínez Castro, Edhin Campos Barranzuela y Hans Contreras Cuzcano ordenaron el levantamiento de la incautación de nueve pisos del llamado edificio Concorde y que sean devueltos “a su propietario Negocios Generales Concorde”. Sin embargo, OjoPúblico conoció que ese fallo fue impugnado por la Fiscalía y la Procuraduría Antidrogas. Por si fuera poco, sobre el inmueble además recae una segunda orden de incautación.

También el año pasado, el Juzgado de Extinción de Dominio del Poder Judicial ordenó que el antiguo Hotel Concorde sea incautado y administrado por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi), luego de que esta medida fuera solicitada por el fiscal Hamilton Castro. Este último fallo además fue ratificado en segunda instancia en agosto de 2019 por la Sala de Apelaciones. Hoy, el edificio ha sido asignado en uso temporal al Ministerio de Justicia.

En su resolución de incautación del exhotel Concorde, los jueces Clotilde Cavero, David Quispe y María Vásquez concluyen que “el inmueble objeto de la presente causa sería ganancia proveniente del tráfico ilícito de drogas, toda vez que fue comprado [...] con dinero obtenido por Ment Dijkhuizen [...] y que habría sido canalizado a través de sucesivas transferencias, entre las que destaca una [...] a la empresa Negocios Generales Concorde”. 

SALA DE APELACIONES. Poder Judicial asegura que la transferencia del antiguo Hotel Concorde al exmilitante de Solidaridad Nacional, Fredy Pinto, tuvo como objetivo "defraudar al sistema de justicia".

Documento: Poder Judicial

En su carta, Pinto dice que los representantes de Negocios Generales Concorde, Eduardo Gallardo Arciniega y Pedro de la Cruz Pizarro, fueron eximidos en última instancia “de toda responsabilidad penal”. Cabe indicar que la Corte Suprema cesó acciones penales contra Gallardo pues este falleció, y absolvió al segundo en el proceso de lavado de dinero del narcotráfico. Sin embargo, la Sala de Apelaciones de este caso califica los alegatos de Pinto de "irrelevantes".

El Poder Judicial asegura que “existen medios de convicción que verosímilmente permiten [...] establecer un vínculo entre dicha adquisición [del edificio por Negocios Generales Concorde] y la procedencia ilícita de los fondos [...] provenientes del lavado”. Además, el colegiado recuerda que Dijkhuizen aseguró durante su juicio que la empresa representada por Gallardo fue creada “para comprar un bien que era originalmente un hotel”. 

Finalmente, los jueces Cavero, Quispe y Vásquez –que ordenaron la incautación del viejo Hotel Concorde– señalan que “existen suficientes elementos de convicción” para concluir que Negocios Generales Concorde pretende “defraudar al sistema de justicia, mediante la transferencia de propiedad [...] a Fredy Pinto”. En su carta a OjoPúblico, el empresario inmobiliario no adjuntó ni mencionó esta sentencia de mediados del año pasado.

Pinto tampoco quiso brindar una entrevista a OjoPúblico cuando le pedimos sus descargos antes de nuestra publicación. También pedimos directamente a uno de sus abogados que nos brindará su versión ante la imputación de la Fiscalía y de la Procuraduría Antidrogas, pero fue en vano. Lo único que llegó a nuestra redacción fue esta carta notarial que hoy publicamos.

Actualización: 1:04 p.m.