Los hermanos Manuel y Erika Márquez San Román junto a los ciudadanos Enrique Portaro Pancorvo y José Navarro Tantaleán enviaron una carta notarial a OjoPúblico, el 27 de octubre, en referencia a la publicación “Dueños de juegos de azar y tragamonedas destacan entre financistas de apelaciones de Keiko Fujimori”. Este artículo, del 11 de julio de este año, reveló información pública, que obra en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), sobre las personas que financiaron el pago de los recursos legales presentados por el partido Fuerza Popular para sostener su hipótesis de “fraude electoral”.

En julio, en base a los comprobantes de pago alojados en la web del JNE, OjoPúblico identificó a 17 financistas de las más de 300 apelaciones presentadas por Fuerza Popular, para intentar revertir su derrota en la contienda electoral frente al candidato Pedro Castillo. Los recursos legales tenían como objetivo justificar la hipótesis del “fraude electoral”, aunque la totalidad de estos pedidos fueron rechazados por el Pleno del JNE. Según la ley electoral, cada recurso implicaba el pago de una tasa individual de S/660.

Portales de ONPE y JNE alojan documentos con la identidad de financistas de Fuerza Popular,

El reportaje identificó, en primer lugar, a un grupo de empresarios del sector de juegos de azar y tragamonedas como financistas de dichas tasas. Estos negocios son considerados de riesgo por autoridades como el Ministerio Público y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Además, se informó sobre otro grupo de empresarios (entre ellos los remitentes de la presente misiva notarial) que también habían pagado las tasas para que, luego, Fuerza Popular pudiera presentar dichos recursos.

Según el último reporte de Fuerza Popular, los firmantes de la carta notarial aportaron más de S/42.000. En dicho reporte público, entregado a la ONPE, Manuel Márquez San Román (54) figura con un aporte de S/10.560. El empresario es ingeniero industrial por la Universidad de Lima, y gerente general de Linings, compañía que ofrece servicios al sector minero. Además, fue presidente de Calmina Environment, que está suspendida por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

Su hermana, Erika Márquez San Román (56), también figura con un aporte de S/10.560, según el reporte entregado por Fuerza Popular. Dicha empresaria es administradora por la Universidad de Lima y directora comercial de Linings, la empresa antes citada que gerencia su hermano. De acuerdo con la base de datos de la Sunat, Erika Márquez también es gerente general de Innova Soluciones y Locaciones, dedicada a la consultoría de informática, y de Innova Soluciones y Servicios, que brinda diferentes servicios de venta al por mayor.

Los otros dos remitentes de la carta, Navarro Tantaleán (56) y Portaro Pancorvo (51), figuran con aportes de S/10.560 a Fuerza Popular. El primero es gerente de planta de Linings, manejada por los Márquez San Román, según el sitio web de la compañía. En tanto, Portaro Pancorvo fue gerente de Rotter Consulting, dedicada al alquiler de maquinaria (de baja en la Sunat); y apoderado de las sociedades Rotapel y BP Servindustrias. Solo la primera de estas continúa activa ante la autoridad tributaria.

ESTRATEGIA. Keiko Fujimori y otros dirigentes de Fuerza Popular impulsaron la teoría del fraude durante la segunda vuelta de este año.

Foto: OjoPúblico / Keiko Fujimori

“De forma inexplicable y descontextualizada se han incluido nuestros nombres, generando una indebida asociación entre los aportes individuales que cada uno de nosotros realizó al partido Fuerza Popular [...] y los aportes que habrían realizado diversos empresarios de la industria de los juegos de azar”, escribieron los cuatro firmantes en la carta. Ellos dijeron, además, que no pertenecen a Fuerza Popular.

OjoPúblico rechaza que el reportaje tuviera como objetivo generar “asociaciones indebidas” o dañar el “relacionamiento empresarial” de los remitentes. La publicación publicada se basó en información pública entregada por Fuerza Popular al JNE y a la ONPE, en cumplimiento de la ley electoral y en el marco del hecho político más importante del último lustro: la segunda vuelta de los comicios presidenciales.

Cabe indicar, además, que dicho partido y su lideresa, Keiko Fujimori, están procesados actualmente por el Caso Lava Jato y el financiamiento irregular de sus campañas del 2011 y 2016, utilizando en algunos caso falsos aportantes. Esta investigación judicial era de conocimiento público cuando los remitentes de la carta notarial decidieron pagar las tasas para los recursos de Fuerza Popular ante el JNE, luego de finalizar la reciente segunda vuelta entre los candidatos Fujimori y Castillo.

Adicionalmente, el fiscal José Domingo Pérez abrió investigación preliminar contra Fujimori y Fuerza Popular por presunto lavado de dinero, originado por el financiamiento de la campaña electoral de este 2021 y por las recientes apelaciones presentadas ante el JNE, con el objetivo de determinar si existieron o no irregularidades. En el marco de dichas pesquisas, la fiscalía citó a los hermanos Márquez, Navarro Tantaleán y Portaro Pancorvo para que brinden sus declaraciones en calidad de testigos, entre el 20 de agosto y el 9 de septiembre pasado, respecto de su participación en el pago de las tasas.

OjoPúblico ha cumplido con su labor de informar libremente, y con el mayor detalle posible, sobre un hecho de interés público y relevancia ciudadana en el Perú; en base a fuentes oficiales como el JNE y la ONPE. A pesar de ello, publicamos la carta enviada por los remitentes.