El empresario y exmilitante del partido Solidaridad Nacional (hoy Renovación Popular), Fredy Pinto Pazos, envió una segunda carta notarial a la redacción de OjoPúblico, el lunes 12 de abril, en relación a la publicación “Empresario inmobiliario bajo sospecha por comprar hotel incautado al narcotráfico”, que fue publicada hace más de un año, el cinco de febrero del 2020; y que recogió información oficial de la Procuraduría Antidrogas, el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Dicho reportaje relató que Pinto Pazos adquirió, en el 2018, un inmueble en Surquillo donde funcionaba el Hotel Concorde, y que había sido incautado al peruano holandés Ment Floor Dijkhuizen Cáceres, quien cumple una condena de 25 años por lavado de dinero del tráfico ilícito de drogas. Al momento de la publicación, la Primera Fiscalía de Extinción de Dominio y la Procuraduría Antidrogas pedían al Poder Judicial que el edificio de nueve pisos sea transferido de manera definitiva al Estado Peruano. 

“[El artículo contiene] una serie de infundios y falsedades, [por lo cual] tengo a bien exigirles se retire dicha información o cualquier otra relacionada con mi persona en el plazo de 48 horas”, dice Pinto Pazos en su segunda carta notarial referida a información obra que obra en el Ministerio Público, la Procuraduría Antidrogas y el Poder Judicial. El empresario agrega en su misiva que, si nuestro medio no retira de su web el reportaje antes señalado, "los hago personalmente responsables en la vía civil y penal a la cual acudiré".

DECISIÓN. En primera instancia, el Poder Judicial ordenó la extinción de dominio sobre el antiguo Hotel Concorde en Surquillo. 

Documento: Poder Judicial

A raíz de esta última carta notarial, OjoPúblico buscó información actualizada de dicho caso. En base al expediente conocimos que el pedido de la Fiscalía de Extinción de Dominio, de decomiso definitivo del inmueble en Surquillo, acabó siendo confirmado en dos instancias del Poder Judicial. La sentencia de la Sala de Apelaciones, que fue emitida en febrero de este año, incluso dice que el remitente de la carta “pretendió encubrir la naturaleza ilícita del Hotel Concorde”, según detalla el expediente judicial al que tuvo acceso OjoPúblico. 

La sentencia de la Sala de Apelaciones –integrada por los jueces Clotilde Cavero Nalvarte, Luz Vásquez Vargas y Antonino Huerta Saénz– confirmó el traslado definitivo del edificio de Surquillo al Estado Peruano, luego de concluir que el dueño anterior del Hotel Concorde fue la empresa Negocios Generales Concorde, y que esta compañía adquirió dicho inmueble “con dinero proveniente del delito de lavado de activos [...] realizado por el condenado Ment Floor Dijkhuizen”.

El fiscal Hamilton Castro y la procuradora antidrogas Sonia Medina, que impulsaron el decomiso de dicho inmueble, probaron que Negocios Generales Concorde compró el inmueble en Surquillo con un préstamo de una offshore en Panamá, que a su vez recibió financiamiento de la sociedad española Code Consultores. Esta última centralizaba “el dinero ilícitamente obtenido” por Dijkhuizen, según las autoridades. En 2018, Negocios Generales Concorde vendió el edificio al empresario Pinto Pazos. 

Fredy Pinto “pretendió encubrir la naturaleza ilícita del Hotel Concorde” según el Poder Judicial.

“Pinto Pazos es un empresario [...] en el sector inmobiliario desde hace diez años [...] por lo que, al momento de adquirir el Hotel Concorde [...] era una persona con conocimiento especializado sobre los avatares, peligros, riesgos y exigencias legales [...] entre ellos la alta probabilidad de que ese inmueble sea objeto de un proceso de extinción de dominio”, señaló la Sala de Apelaciones. Dichos magistrados además subrayaron que Pinto Pazos sabía que existía una incautación sobre el bien, y que Dijkhuizen había sido condenado.

Por dicho motivo, la Sala de Apelaciones concluyó que Pinto Pazos “persistió en tergiversar la realidad insistiendo en que no existe nexo entre el ‘Hotel Concorde’ y el delito de lavado de activos”. Para dicho fin, según la citada sentencia, el empresario realizó “actos que buscaron darle una apariencia de realidad al título formal”, y quiso “crear artificialmente certeza con base a hechos falsos, coludiéndose con Negocios Generales Concorde”.

La sentencia de la Sala de Apelaciones, además, llamó la atención al abogado Alberto Elías Valdivia, quien ejerció la defensa de Pinto, por “haber faltado, en el ejercicio profesional, a los deberes de honradez, buena fe y la verdad de los hechos”. El escrito judicial explica que el letrado quiso atribuir “declaraciones falsas que afectan la verdad” a una de las magistradas que integraron la Sala de Apelaciones durante este proceso.

CONFIRMACIÓN. En segunda instancia, el Poder Judicial confirmó el traslado del antiguo Hotel Concorde al Estado peruano.

Documento: Poder Judicial

Estas conclusiones se suman a lo dicho por el juez Henry Chumpitaz Chumpitaz en primera instancia. En su resolución de octubre del 2020, el magistrado falló a favor del Ministerio Público, luego de concluir que Pinto Pazos no puede “ser considerado tercero de buena fe” en la compra del inmueble. “Lo que se ha pretendido es dar al negocio una apariencia de legalidad al consignar hechos no convincentes”, aseguró el juez Chumpitaz. 

Cabe resaltar que, en segunda instancia, el propio condenado Ment Floor Dijkhuizen solicitó ser incorporado en el proceso para que este sea anulado, aunque sin éxito. Según la defensa de Dijkhuizen, el condenado “habría adquirido el 2% de las acciones de la empresa Negocios Generales Concorde”. Cuando la Sala de Apelaciones solicitó la documentación al respecto, sin embargo, la gerenta general de compañía dijo que estos “no han podido ser ubicados”.

A pesar de la abundante información que sustenta la publicación de OjoPúblico sobre el caso del decomiso del inmueble de Surquillo, publicamos los argumentos enviados por Fredy Pinto Pazos en su segunda carta notarial (la primera también fue contestada).