El accionista y gerente general de la empresa Construcciones y Maquinarias del Sur (Comasur), Johny Morales Herrera, envió una carta notarial a OjoPúblico el pasado 20 de junio, en referencia al artículo “Bancos prestaron S/52 millones a sospechosos en la UIF y vinculados a los Panama Papers y Lava Jato”, realizada en el contexto de nuestra cobertura periodística de Reactiva Perú, programa económico impulsado por el Ejecutivo en época de pandemia.

El reportaje identificó a un grupo de 14 empresas beneficiadas con los préstamos de este programa que, al mismo tiempo, figuran en informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Ministerio Público o el Poder Judicial. Una de las 14 citadas en el artículo es Comasur, que recibió un préstamo de S/2.1 millones del Banco Interamericano de Finanzas, en el marco de Reactiva Perú.

“[Es] imprescindible impulsar una mayor apertura de la información”, dijo la ministra de Economía.

“La imputación difamatoria de OjoPúblico no tiene ningún sustento fáctico ni legal”, dice Morales en su carta. En la misiva, Morales Herrera exige que nuestro medio se rectifique y le envíe una disculpa a su correo electrónico por la difusión del artículo. De lo contrario, indica el remitente, presentará una demanda civil y penal contra el autor del artículo y nuestro medio. 

Dicho reportaje fue elaborado en base en reportes oficiales de la UIF o documentos fiscales o judiciales del Caso Panama Papers o Lava Jato. Esta información fue cruzada luego con la base de datos de los 71 mil beneficiados del Plan Reactiva Perú, una de las cuales fue la empresa Comasur creada en Ica en 1998. Para el caso específico de dicha compañía, OjoPublico utilizó un informe de la UIF, como también se dice en el artículo.

Aquel informe de la UIF está basado en las pesquisas que realizó dicha entidad para rastrear dinero procedente de la Venezuela chavista a Perú a través de los paraísos fiscales de Panamá y las Islas Caimán. El objetivo de esa investigación, según el reporte de la UIF, fue un ciudadano peruano identificado como Carlos Lau Chung. También un grupo de empresas que fueron las receptoras finales de las transferencias de dinero de dicha persona, una de ellas fue Comasur.

La historia empezó el 2008, cuando diversos medios nacionales informaron sobre la construcción de casas en la provincia de Chincha (Ica), en base a donaciones del gobierno bolivariano de Venezuela, luego del terremoto ocurrido un año antes en dicha región. 

Según el documento financiero, el Banco de Crédito del Perú (BCP) alertó a la UIF que Lau Chung había recibido US$1.8 millones del exterior, a través de un total de 10 transferencias internacionales que despertaron sospechas por lo inusuales y su procedencia. Cuando el BCP consultó a Lau Chung, en aquella época, este les dijo que el dinero era para la construcción de un proyecto llamado Habilitación Urbana Simón Bolívar en Ica. 

SOSPECHA. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluyó a Construcciones y Maquinarias del Sur en un informe por operaciones sospechosas desde Venezuela.

Documento: UIF

Esta persona además dijo al BCP que los US$1.8 millones venían de una entidad llamada Petroquímica de Venezuela, empresa adscrita al Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería del Gobierno de Venezuela. Sin embargo, en la indagación financiera se estableció que las transferencias, en realidad, procedían de la sede en Colombia de una filial de la petrolera venezolana: Monómeros International Ltd, domiciliada en Venezuela.

Interesada en el tema, la UIF siguió la ruta del dinero utilizada por Monómeros International para transferir los US$1.8 millones al Perú. Así se estableció que dicha compañía usó las sedes de Bancolombia en Panamá y las Islas Caimán para hacer llegar los depósitos a la cuenta de Lau Chung en el BCP. El informe de la UIF detalla que la cuenta bancaria de Lau Chung fue creada un mes antes del primer depósito procedente de estos paraísos fiscales.

Una vez que los US$1.8 millones ingresaron al Perú, Lau Chung los transfirió a una segunda cuenta suya en soles en el mismo BCP. Precisamente, de esta última cuenta salió el dinero destinado a cinco beneficiarios. Uno de ellos fue Comasur de Ica, remitente de la carta notarial. Esta empresa recibió S/540 mil a través de cuatro cheques emitidos entre el 16 de mayo y el 5 de junio del 2008. En su informe, la UIF indica que Comasur aumentó su capital social el 5 de junio del 2008, es decir, el día que recibió el último depósito de Lau Chung.

En efecto, los Registros Públicos detallan que la Junta General de Comasur acordó, en dicha fecha, el aumento de su capital, pasando de S/1.4 millones a más de S/2.4 millones “por nuevos aportes en bienes dinerarios”. 

En la carta notarial enviada por Comasur a OjoPúblico, su gerente Morales Herrera acepta haber recibido los cuatro cheques de Lau Chung, objetivo de la indagación de la UIF, pero dice que los recibió en calidad de contraprestación por el servicio de pavimentación de pistas de dicha habilitación urbana en Ica. Este servicio, según el dueño de Comasur, fue ejecutado “con estricta sujeción a las normas legales, bancarias y tributarias”.

“Es inusual que un gobierno realice donaciones [...] a nombre de una persona natural", según BCP.

Aún así, la UIF consideró que la transferencia de los US$1.8 millones –que involucró a una entidad del Gobierno de Venezuela, paraísos fiscales, a un ciudadano peruano y sus movimientos bancarios en Lima e Ica– era sospechosa y debía ser investigada a nivel penal. “Es inusual que un gobierno [como el venezolano] realice donaciones para la construcción de viviendas [en Perú] a nombre de una persona natural… [Además, Lau Chung] no ha proporcionado en forma razonable el sustento documentario sobre el origen y el destino de los fondos”, llegó a decir el BCP cuando emitió su alerta inicial ante la UIF.

Como ocurre en estos casos, el informe de la UIF fue enviado a la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, según las conclusiones de aquel reporte. Por ello, OjoPúblico descarta que la difusión de un documento público del máximo ente de prevención del lavado de dinero en el país, en el contexto de la revelación de la lista de las empresas beneficiarias del Plan Reactiva Perú, implique un intento de desprestigio de Comasur de Ica.

Reactiva Perú: Transparencia
e interés público

El mismo presidente Martín Vizcarra y la ministra de Economía, María Antonieta Alva, así como la Contraloría General de la República han mostrado su gran preocupación por el destino de los créditos bancarios de un programa que tiene al Estado como aval. Luego de la serie reportajes de OjoPúblico –en base a los datos abiertos por el mismo Ejecutivo el pasado 13 de abril– Vizcarra agradeció la labor de los medios de comunicación.

“[Es] imprescindible impulsar una mayor apertura de la información”, dijo la ministra de Economía cuando hizo pública la nómina de beneficiados. Luego, puso en manos de la UIF, así como de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), las tareas de fiscalización del caso. Transparencia de los asuntos del Estado, fiscalización de los entes reguladores del sistema financiero y correcto manejo de información de interés público son componentes claves del periodismo en tiempos de crisis económica por la pandemia que vive el país.

Precisamente, este ejercicio del periodismo de investigación y transparencia se profundiza más cuando se trata de una empresa que recibe recursos públicos por sus servicios. Entre 2015 y 2018, Comasur ha tenido 13 contratos de manera individual o en consorcio con diferentes entidades del Estado (sobre todo con la Municipalidad Provincial de Ica) por un monto de S/67 millones, según el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

A continuación, publicamos la carta notarial enviada por Comasur, que dice nunca haber “tenido alguna indagación, investigación, proceso o sentencia condenatoria”: