En este último tramo de la contienda electoral, los candidatos a la presidencia Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Pedro Castillo, de Perú Libre, han añadido promesas y profundizado otras que se mencionaban de manera genérica en los planes de gobierno que presentaron al Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Desde hace dos semanas, ambos han sumando a sus ofrecimientos un paquete de bonos, prohibiciones, exoneraciones tributarias o medidas que implican un gasto público y asistencial a futuro, los cuales han debido ser reinterpretados o corregidos por los economistas de sus respectivos equipos técnicos, Luis Carranza y Pedro Francke. 

Hace un par de semanas Pedro Castillo cambió el ideario marxista de Vladimir Cerrón, que presentó ante el JNE, por un plan denominado Perú al Bicentenario, que contempla la aplicación de una economía mixta y un Estado fiscalizador. En este documento, por ejemplo, ya no se menciona la estatización de empresas, pero sí la nacionalización de los recursos. Por el otro lado, Fuerza Popular ofrece mantener el modelo económico actual, pero bajo un enfoque de creación de bonos, créditos y subsidios impulsados desde el Estado. 

Los candidatos de Perú Libre y Fuerza Popular han sumado promesas que comprometen el gasto y deuda pública".

En el último debate presidencial realizado en Arequipa, Fujimori esbozó el mayor número de promesas económicas que, según expertos consultados, podrían generar un fuerte impacto en las cuentas fiscales. Al respecto, el exjefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Luis Arias Minaya, señala que estas acciones evidencian la improvisación de ambos candidatos, y sostuvo la aplicación de sus propuestas tendrá consecuencias en el manejo económico del país. 

“Perú Libre no tiene propuestas claras, señala renegociaciones de contratos sin explicar qué quieren revisar, contempla la nacionalización y estatismo pero, paradójicamente, muestra un respeto por el equilibrio fiscal porque no hay un derroche de propuestas expansivas de gasto o emisión desmesurada de deuda. Por el otro lado, tenemos a Fuerza Popular, donde el modelo económico no se toca y se respeta el libre mercado pero, de pronto, ha aparecido un populismo excesivo, que se caracteriza por condonar multas, otorgar bonos, una lista de dádivas”, señaló.
 

Fuerza Popular: más bonos y riesgo fiscal

En su plan de gobierno, Fuerza Popular cuestiona el alto endeudamiento al que ha llegado el país y señala que, de ganar las elecciones, uno de sus objetivos será “restaurar el equilibrio de las cuentas fiscales” en el corto plazo. “Sabemos que contamos con pocos recursos y con una economía nuevamente endeudada, por ello, esta es una propuesta realista, sin promesas demagógicas, compromisos imposibles de cumplir y más bien con la dosis de realismo y gerencia que siempre han caracterizado al Fujimorismo en el Perú”, indica.

Sin embargo, en sus presentaciones públicas de estas dos últimas semanas, Keiko Fujimori anunció dos grupos de propuestas que no estaban contempladas en el documento que presentó ante el JNE, y que contemplan subsidios con endeudamiento directo o disposición de fondos aún inexistentes.

El primero es el denominado Bono Oxígeno, que prevé un desembolso de S/ 1.807 millones, unos US$ 500 millones destinados a los deudos de la pandemia, a razón de S/ 10 mil por cada uno de los 180.764 hogares afectados. Una cifra que se desprende del nuevo cálculo de fallecidos hecho por el Ministerio de Salud (Minsa).

ANUNCIOS. Keiko Fujimori realizó más promesas en Arequipa. Allí estuvo acompañada de Álvaro Vargas Llosa y el líder de la oposición venezolana, Leopoldo López.

Foto: Andina.

El exministro de Economía del gobierno de Alan García y actual miembro del equipo técnico de Fuerza Popular, Luis Carranza, protagonizó una controversia con Fujimori respecto a la modalidad en que se concretaría esta propuesta, pues, al ser abordado por la prensa, en Arequipa, indicó que este bono se otorgaría a través de un crédito de largo plazo. Al día siguiente, Keiko Fujimori fue consultada sobre el tema e insistió en que este será un bono directo, es decir, no requiere una devolución.

Lo que no se desmintió fue lo dicho por Carranza respecto a que el Bono Oxígeno será cubierto con deuda pública. “Este primer año nuestro déficit fiscal estará cerca del 6% [del PBI] y luego caerá al 2%, en el 2026. La deuda, que está en 35,9%, se elevará al 40% del PBI y de ahí comenzará a caer (...) Brasil y Argentina están por encima del 100% de deuda, Bolivia acercándose al 70%”, señaló a RPP.

El segundo y nuevo ofrecimiento hecho por Fujimori es el incremento de costos en los programas sociales, puntualmente, duplicar la subvención económica de Pensión 65, que se otorga a los adultos mayores que están en condición de pobreza extrema, de S/250 a S/500 de manera bimestral.

De igual forma, aumentar de S/200 a S/300 el apoyo bimensual del Programa Juntos, que se entrega a personas en situación de vulnerabilidad, exclusión o extrema pobreza. Carranza señaló que estas nuevas propuestas se solventarán con un futuro y posible crecimiento económico.

Según los datos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), hasta la fecha son 679.946 los hogares afiliados al Programa Juntos y 557.043 los usuarios de Pensión 65, por lo que en estos dos segmentos Keiko Fujimori ha comprometido el desembolso de otros S/ 1.222 millones y S/ 1.671 millones respectivamente. Es decir, solo en estos tres subsidios económicos se calcula un gasto adicional de S/ 4.700 millones anuales para el fisco.

Como se indicó líneas arriba, el incremento monetario a Pensión 65 no aparece en el plan de gobierno. Aquí solo se prometía lo siguiente: “Perfeccionar la cobertura del Programa Pensión 65 con la estrategia articulada de Saberes Productivos, en donde en alianza con los gobiernos locales, se busca valorar la cultura tradicional, trasmitir el conocimiento y costumbres de los mayores a los más jóvenes y dignificar así, también a nuestros adultos mayores”. Respecto al programa Juntos, la meta oficial era promover “ una adecuada focalización” de los beneficiarios.

Solo tres de los subsidios ofrecidos por Fuerza Popular demandarán un gasto de S/ 4.700 millones al fisco".

En una de sus últimas presentaciones públicas, en Puente Piedra, la candidata también señaló que triplicará el presupuesto del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa) “para los comedores populares, vaso de leche, clubes de madres, y vamos a incluir a las ollas comunes", declaró. El ofrecimiento, nuevamente, no está en su plan oficial. El Pronaa se encuentra desactivado desde 2012, pero en su reemplazo existe Qali Warma, cuyo presupuesto actual es de S/ 1.760,5 millones, por lo que, de ganar Fuerza Popular, el Estado tendría que asignar otros S/ 3.521 millones para cubrir lo ofrecido.

Otras dos nuevas promesas que realizó Keiko Fujimori en estas semanas son la distribución del 40% del canon minero a las familias que viven en la zona de operación extractiva, y el aumento del sueldo mínimo. En noviembre de 2020, el jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, Hernando ‘Nano’ Guerra García, se manifestó en contra de este incremento porque sería caer en la demagogia. 

ECONOMÍA. El miembro del equipo de Fuerza Popular, Luis Carranza, dijo que el Bono Oxígeno sería un crédito, pero Fujimori lo corrigió y asegura que será un subsidio.

Foto: Andina.

Guerra, incluso, consideró que percibir S/ 930 al mes es “un montón de dinero para mucha gente” en el Perú. “Un economista decía: ‘aumenta el sueldo mínimo y crea desempleo’. Porque eso es lo que logras. Lo que pasa es que es bien fácil caer en la demagogia, el populismo, en el cual no queremos caer en Fuerza Popular, y decirle a la gente, las cosas como son”, dijo entonces en una entrevista con Willax.

El plan de gobierno de Fuerza Popular sí incluye otra propuesta que la candidata ha desarrollado en las últimas semanas: la creación de un programa de créditos con garantía estatal, similar a Reactiva Perú, pero que se llamará "Volver a empezar". Este anuncio implica la entrega de préstamos de hasta S/ 10 mil para las micro y pequeñas empresas (Mypes) más afectadas por la pandemia, pero tendrá un periodo de gracia de hasta cinco años. En el caso de que los beneficiarios no puedan pagar la deuda, el monto será cubierto por el Tesoro Público.

Los riesgos del endeudamiento

Antes de la pandemia, Perú se mantenía en un déficit fiscal promedio del 1% de su Producto Bruto Interno (PBI). Pero, al cierre de 2020, el porcentaje se elevó a 8,9 %, el peor resultado desde finales de la década del 80. El ministro de Economía y Finanzas estima que el déficit público [que actualmente bordea el 6%] puede bajar al 4,8 % del PBI, siempre que la actividad económica del país suba alrededor del 10%.

El PBI es un indicador macroeconómico que mide el comportamiento y tamaño de la economía en un país, y se calcula en base al valor de los bienes y servicios finales producidos al año. Sin embargo, los ingresos efectivos provienen de lo que las empresas y personas tributan por sus operaciones. La recaudación tributaria nacional bordea el 14% del PBI, pero este monto se ha visto afectado durante la emergencia sanitaria.

En el país, estos ingresos ya son menores que los egresos. El Informe Anual de Deuda, que elabora el MEF como parte del análisis de presupuesto público, señala que los niveles de endeudamiento público en Perú registran un incremento progresivo desde 2013. El monto de deuda nacional e internacional se incrementó de 16% a un 26,8% del PIB el año previo a la pandemia. De acuerdo con los datos del Banco Central de Reserva (BCR), al cierre de 2020 el país llegó a acumular una deuda de 34,8% del PBI. Pero, según lo señalado por Carranza, de aplicarse el Bono Oxígeno, esta cifra subiría a 40%.

El año pasado, el Gobierno emitió bonos internacionales por por US$ 4.000 millones, a pagar en 100 años, con el fin de cubrir las necesidades de la pandemia y parte del gasto público. Es más, en febrero pasado, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, señaló que se busca realizar una nueva emisión de bonos soberanos para el mercado local y el extranjero de hasta un 40% de los US$ 10.000 millones que se necesitan para cubrir el presupuesto público.

Actualmente, el Perú mantiene una deuda interna y externa de S/248.474 millones. De ese monto, el 88,8% proviene de la colocación de bonos. El resto de la deuda peruana corresponde a financiamiento obtenido con organismos multilaterales, el Club de París y otros. 

A esto se debe añadir que existe un tope de endeudamiento. Según el artículo 2° de la Ley N° 30637, en 2019 estuvo vigente la regla macrofiscal, respecto a que “la deuda bruta total del Sector Público No Financiero no debe ser mayor al treinta (30) por ciento del Producto Bruto Interno”. En un artículo del Consejo Fiscal, una comisión técnica y autónoma del sector público, se señala que incrementar este monto tiene como consecuencia el aumento de intereses futuros y ajustes tributarios, para compensar la reducción de ingresos.

“Es importante entender hasta cuanto podría endeudarse una economía como la peruana sin comprometer su solvencia fiscal. Si un gobierno incurre en un déficit fiscal, esto implica que la deuda aumenta. Como las cuentas fiscales no se pueden mantener en déficit permanentemente, en algún momento se vuelve necesario realizar un ajuste fiscal (mediante recortes de gasto o aumentos en la recaudación) para frenar la acumulación de la deuda”, señala en dicho documento Carlos Montoro, de la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal.

PANDEMIA. En noviembre, el Estado se endeudó por 100 años con la emisión de bonos, con el fin de obtener recursos para atender la pandemia y el gasto público.

Foto: Andina.

Renzo Jiménez, economista y catedrático de las universidades San Marcos y Pacífico, considera inviable añadir más deuda pública sin que se perciban efectos en la economía, sobre todo si su objetivo es financiar gastos permanentes, como el aumento presupuestal de programas sociales, o temporales como el Bono Oxígeno, pero sin promover más ingresos. Jiménez señala que, si bien el crecimiento económico se está recuperando en el país, “es improbable que regresemos tan pronto a cifras de prepandemia, como asegura Luis Carranza”. 

“La deuda pública en otros países es mucho más alta, es cierto, pero también lo son sus niveles de recaudación. No todos los sectores han vuelto a operar, entonces es irresponsable afirmar que hay caja de algo todavía inexistente. Por otro lado, extender la deuda pública al 40% del PBI, sin tener un plan concreto para aumentar la recaudación es desconcertante”, señaló.

Perú Libre: aclaraciones y créditos a Mypes

En varias oportunidades, durante sus mítines o presentaciones públicas, el candidato Castillo también ha planteado propuestas económicas que luego han tenido que ser precisadas por su equipo técnico. Por ejemplo, en el debate presidencial realizado en Arequipa, señaló que el Estado debe intervenir en el control de precios: "El mercado no puede controlar al Estado, es el Estado el que tiene que controlar a la población y a los mercados. No vamos a permitir que la inflación golpee a la mesa del pueblo", dijo. Sin embargo, luego, Pedro Francke tuvo que aclarar, en entrevistas posteriores, que se refería al “control de la inflación” para mantener los precios bajos.

De igual forma, el economista tuvo que precisar que no habrá estatizaciones y tampoco se prohibirán las importaciones, como lo señaló Castillo en varios eventos públicos. Por ejemplo, en un mitin en Huánuco, el candidato intentó moderar su discurso, pero insistió en este planteamiento.“Hay algo que se ha estigmatizado, que Pedro Castillo cerrará las inversiones, las importaciones, la frontera. Lo que hemos dicho es que el Perú no puede seguir importando los productos que el mismo pueblo tiene. Me refiero, por ejemplo, a la papa que viene de otros países”, dijo.

Al respecto, Francke tuvo que precisar que no se impedirán todas las importaciones. “No hay prohibición de importaciones, solo se frenará aquello que afecte la producción nacional. No habrá expropiaciones y estatizaciones, lo que queremos hacer es una economía popular donde puedan progresar los agricultores, los pequeños empresarios y haya empleo”, señaló en Canal N. En el plan para los primeros 100 días de Perú Libre se indica algo similar: “Se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado, en especial a confeccionistas, industria de calzado, ganaderos lecheros y otros”.

PLANES. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, se presentó este jueves con su equipo técnico para detallar algunas de sus propuestas en economía, salud y justicia.

Foto: Andina.

Durante el debate, Castillo también refirió que impulsarán una economía popular de mercados. Este modelo de gestión estaba incluido en el ideario de Vladimir Cerrón,  y contempla un Estado regulador, que apuesta por la producción interna e impulsa al Estado a crear empresa y competir con el sector privado. Sin embargo, en el documento de gestión que Perú Libre presentó como reemplazo para sus primeros 100 días de gobierno, este esquema había sido cambiado por el de una economía mixta, donde el Estado tiene un rol fiscalizador, pero las empresas privadas y el mercado son los que definen los recursos.

En este documento, denominado plan Perú al Bicentenario, se indica que el foco de la regulación estará en los monopolios y oligopolios empresariales. “Se fomentará la empresa privada. Se reconoce a los empresarios nacionales y extranjeros que invierten en el Perú, pagan sus impuestos y respetan los derechos de los trabajadores y al medio ambiente”. 

Este jueves 3 de junio, el candidato Pedro Castillo dirigió una conferencia de prensa, en compañía de su equipo técnico, donde realizó un nuevo anuncio económico: un bono de S/200 por alumno a todas las familias del país que tuvieron que realizar gastos para cubrir la conectividad de Internet, durante las clases a distancia en el primer año de pandemia. “Hagamos un esfuerzo en el escenario económico para ayudar a estos niños que han sido desligados de la realidad educativa”, dijo el candidato. 

Castillo también ha realizado propuestas por fuera de su plan oficial, como compras de deudas y condonación de pagos".

En las últimas semanas, Castillo ha realizado más ofrecimientos por fuera de su plan oficial, como la compra de deudas a personas en “zozobra económica”, reducir o condonar los cobros por servicios de agua y luz, como un mecanismo de subsidio temporal y focalizado para las familias afectadas por la crisis, y, a igual que su contendora, prometió condonar las multas de transportistas. De esta lista, solo el “subsidio temporal y focalizado por servicios (agua, electricidad e internet)” estaba contemplado en el nuevo plan de gobierno.

Paula Távara, politóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), refiere que es habitual que este tipo de ofrecimientos, de ambos partidos, aparezcan en el último tramo de la campaña, cuando ya se conocen el ánimo de los electores, a diferencia de cuando se diseñan los planes de gobierno. 

“No hay una obligación de cumplir lo expuesto en los planes de gobierno, pero sí son un indicador de la promesa de gestión. Por otro lado, estas dádivas pueden tener una capacidad de captar el voto, pero cuando se vuelven excesivas pierden credibilidad y poder de convencimiento. Se deja la sensación de que se está ofreciendo solo para ganar y que no podrán cumplirlo”.

PRECISIONES. El economista y miembro del equipo de Perú Libre, Pedro Francke, ha debido hacer continuas aclaraciones a lo dicho por el candidato Pedro Castillo.

Foto: Andina.

En la conferencia de prensa de hoy, el economista y miembro del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Francke, señaló que su objetivo es promover la reactivación económica para generar un millón de empleos al cierre del año. Para ello, dijo, aplicarán tres medidas: créditos a bajas tasas de interés, dirigido a Mypes y agricultores; un programa de inversión pública y promover la producción nacional. En su plan de gobierno ya se ofrecían préstamos accesibles para promover el agro, a través de Agrobanco y el Banco de la Nación. 

“Esto es lo que nosotros llamamos una economía popular de mercados. Nuestro plan de gobierno propone no solo respetar, sino aumentar los ahorros de los trabajadores y de la población dándole mejores opciones financieras. No solo respetar la propiedad privada, sino que los negocios puedan crecer y desarrollarse generando empleo, y manteniendo la inflación bajo control (...) Nuestras propuestas incluyen un equilibrio fiscal, por eso vamos a hacer que la Sunat cobre las deudas de las grandes empresas en vez de estar gastando su tiempo persiguiendo a pequeños empresarios”, añadió.

Para el economista Luis Arias Minaya, cualquiera de las dos opciones de gobierno que se elegirán este domingo 6 de junio, tendrán consecuencias en la economía nacional. “En el caso de Perú Libre, si gane la presidencia, el principal riesgo a corto plazo va a ser la volatilidad en el tipo de cambio y en el precio de los bonos. Van a tener que mostrar quién será su ministro de Economía y ofrecer tranquilidad a los mercados. Por el otro lado, si Fuerza Popular es gobierno, una vez que empiece a aplicar su programa y deba cumplir las promesas, saltará el riesgo de que el déficit fiscal suba y las tasas de interés aumenten y eso afectará en largo plazo al país y provocará el aumento de impuestos.

Exoneraciones sin reforma tributaria

Según la información analizada por OjoPúblico, actualmente se encuentran vigentes 22 tipos de exoneraciones tributarias -sin contar con inafectaciones, devoluciones y deducciones de impuestos- que le impiden al Estado recaudar unos S/8.926 millones al año. El Marco Macroeconómico Multianual 2021-2024, elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señala que para afrontar los efectos de la pandemia se deben reducir y sustituir este tipo de beneficios fiscales por gasto público focalizado. 

Sin embargo, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo incluyen en sus discursos y planes de gobierno ofrecimientos que afectan la recaudación fiscal. Puntualmente, en materia fiscal, Fujimori anunció exoneraciones de impuestos por tres años para el sector Turismo y por dos años para las Mypes, además de un incentivo tributario para aquellas compañías que contraten por primera vez a jóvenes, y la reducción del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que se aplica al combustible.

Cabe indicar que el ISC es un tributo que se aplica para desalentar la compra de productos nocivos para la salud y el medio ambiente, como el tabaco, las bebidas alcohólicas, el diesel y otros, y desde 2018 el gremio empresarial de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) ha buscado retirarle al Ministerio de Economía la facultad de seguir aumentando este tributo.

MYPES. Los pequeños negocios han sido incluidos en las promesas de ambos candidatos, pues señalan que les facilitarán el acceso a créditos a bajo costo.

Foto: Andina.

Del mismo modo, durante semana de mayo, el candidato Pedro Castillo ofreció no cobrar impuestos a las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) por un periodo de tres años, como un incentivo para que dejen la informalidad. Una promesa que no está incluida ni en el ideario ni en el nuevo plan Perú al Bicentenario.

“Es necesario ponerse en los zapatos de los emprendedores para darle una prioridad, en un lapso de tres años, para que dejen de pagar esa contribución en el marco de la formalización (...) Vamos a exigir a la Sunat que antes de seguir a estos hombres emprendedores vayan a cobrar las deudas a las grandes empresas que le deben al país'', señaló en un mitin en el Callao.

Actualmente existen 22 tipos de exoneraciones tributarias que le impiden al Estado recaudar unos S/8.926 millones al año".

La renegociación de los contratos de estabilidad tributaria con las grandes empresas está presente también en el nuevo plan “Perú al Bicentenario” de Castillo. Este último documento no da más detalles sobre cómo se realizarán estos procesos, aunque Francke lo explicó someramente en la conferencia de este jueves. “Vamos a insistir en que nuestra riqueza mineral, que tiene un enorme valor, sea renegociada para que sirva para darle salud y educación a los niños y familias vulnerables”.

En contraparte, en el ideario de Cerrón presentado como plan de gobierno al JNE, sí se afirma cuál es el objetivo: “invertir la proporción del reparto de utilidades, 20% a favor de la transnacional y 80% a favor del Estado. Ecuador y Bolivia demostraron, bajo gobiernos de izquierda, que esto es posible y viable”.

TRIBUTOS. La recaudación en Perú bordea el 14% del PBI. Ambos candidatos ofrecen más excepciones fiscales, pero no un programa para ampliar el cobro de tributos.

Foto: Andina

En el informe para los primeros 100 días no se precisan porcentajes de recaudación, pero sí se menciona la necesidad de restringir exoneraciones de impuestos a ciertos sectores económicos, sobre todo las entregadas a empresas con conexiones en paraísos fiscales. Además, señala la creación de un nuevo impuesto a las sobreganancias y la modificación del esquema de cobro de regalías mineras en función a las ventas.

“Hay una escasa preocupación sobre la baja recaudación que tiene el Perú, que es uno de los países con las más bajas presiones tributarias de América Latina [14%]. Entonces, no se propone una reforma que aumente los ingresos y, además, se sigue perforando el sistema tributario. Entramos a una visión mercantilista del tema, y esto ya lo hemos vivido en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde y con Alberto Fujimori”, señala Arias Minaya.

En líneas generales, la experta en gestión pública y profesora asociada a la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico, Karla Gaviño, señaló que el contexto económico y sanitario demanda medidas que no impacten de manera negativa en el desempeño financiero y fiscal futuro del Perú. “La deuda no es mala en sí misma, podemos hacerlo siempre que tengamos tasas de interés adecuadas y capacidad de pago de esos compromisos. Cualquier medida de compromiso monetario a corto plazo se debe hacer teniendo en cuenta que la pandemia no está resuelta. No estamos seguros si vamos a enfrentar una tercera ola o qué más en el contexto internacional. Por eso se debe mantener la prudencia fiscal”, subrayó.