Como ocurre desde hace dos décadas, las regiones del sur volvieron a votar por una de las propuestas de izquierda durante la primera vuelta de las Elecciones Generales. En Tacna, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho, Cusco y Puno el triunfo del candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, fue rotundo. Y si analizamos más en detalle cómo se voto en los principales distritos con las operaciones mineras más importantes del país, el porcentaje que alcanzó Castillo también fue ampliamente mayoritario.

Uno de los síntomas de la frágil situación del sur peruano son los conflictos sociales relacionados a las actividades extractivas. En 2020, las protestas contra la minera Antapaccay [de la compañía suiza Glencore], por ejemplo, dejaron un saldo de 12 heridos en Cusco, según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En medio de la crisis por la Covid-19 y una campaña electoral polarizada, los reclamos y el malestar de las personas que viven por años al margen de los beneficios estatales, se sienten aún más presentes.  

Guillermo Salas Carreño, antropólogo y profesor de la Maestría de Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ha estudiado durante casi las dos últimas décadas las relaciones entre actividades extractivas y las comunidades rurales de Cusco y Áncash. Para el especialista, la desatención de las demandas de los pueblos más vulnerables responde a un racismo estructural que debe ser erradicado desde el Estado: “Creer que las personas que protestan lo hacen porque son manipuladas es una expresión muy clara y obvia del racismo que está permeando las percepciones de estos conflictos”, dice. 

Es evidente el descontento de muchos peruanos y peruanas a nivel nacional, ¿cuáles considera usted que son las principales razones de este hartazgo, además de la pandemia y el panorama electoral? 

No es un descontento nuevo. El triunfo de Ollanta Humala en la elección de 2011 fue, en parte,  resultado de esa misma actitud crítica frente a lo que hemos vivido desde los ‘90, con las reformas neoliberales. Con la pandemia está mucho más claro el nivel de precariedad en el que vive la gente. Tenemos un sistema de salud y una educación que son un desastre luego de 30 años de neoliberalismo y 20 años de crecimiento sostenido. 

Hay, además, un discurso triunfalista desde el Estado, las empresas, la publicidad. Nos vienen diciendo “qué bien estamos creciendo”, “sí se puede”, “todo está progresando”, pero ese entusiasmo no se refleja para nada cuando vas a un hospital público. Eso pasaba, incluso, antes de la pandemia. Hay un desfase entre esa celebración en los medios masivos y la realidad de la gente que trabaja más de ocho horas al día, sin ningún beneficio laboral y en condiciones super duras, con un transporte público colapsado, con servicios de salud pésimos y con un sistema educativo precario. 

Eso está pasando en todo el país, pero en las regiones se siente más la falta de interés del Gobierno y de los distintos niveles del Estado. Hay una capacidad de gestión bien pobre. No solo de los gobiernos regionales, sino también del gobierno nacional para implementar medidas concretas que eleven el nivel de bienestar. 

Hay un desfase entre la celebración [del modelo] en los medios masivos y la realidad de la gente que trabaja muy duro más de ocho horas al día".

Para muchos de sus electores, el gobierno de Ollanta Humala resultó una promesa incumplida. En 2016, parte del apoyo a Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta electoral fue, en realidad, un voto contra el fujimorismo, ¿cree que estamos frente a un escenario similar? 

Humala decepcionó la esperanza de cambio. Por más que digan que fue un político de izquierda, uno ve lo que pasó en el Ministerio de Economía y Finanzas y nota una clara continuidad en el manejo económico que se hizo. Su gobierno tampoco significó un gran cambio para el sistema de salud. Sí hubo un esfuerzo para hacer una reforma educativa, pero no cambió radicalmente las condiciones. Desde el punto de vista del ciudadano común y corriente, que sufre estas condiciones de precariedad, no hubo evolución. Sin embargo, las élites económicas nunca acogieron a Humala del todo, a pesar de que su gobierno estuvo bastante alineado con los intereses de las grandes empresas.

Esa insatisfacción ciudadana la vemos bien expresada en el fenómeno Castillo. Más allá de su programa de gobierno o de su ideología, creo que la gran mayoría de la gente que vota por él lo hace porque tiene un carisma muy particular, que está encarnado en quién es como persona: es alguien que podría ser su tío, su primo, su compadre, que además habla y dice las cosas que a la gente le preocupan. Lo ven como un igual en su modo de actuar, en su trabajo, en su forma de expresarse y vestirse. No es alguien de la élite que pretende entender al pueblo, sino que es claramente alguien del pueblo y la gente se da cuenta de eso.

Usted ha estudiado algunas comunidades andinas de Áncash o Cusco en las que se realizan actividades extractivas. En todos estos años de investigación, ¿qué conflictos constantes identificó y considera que son impostergables? 

La gran mayoría de conflictos con proyectos mineros no son casos en los que la gente no quiera el proyecto. En muchos de ellos se trata de obras ya establecidas o que están comenzando y la gente no quiere ser perjudicada o quiere participar de los beneficios. Me parece algo razonable, porque no hay cimentaciones del Estado para proteger, escuchar y dialogar con sus ciudadanos. 

Es lo que ha venido pasando en el Corredor Minero del Sur, que conecta a Las Bambas [Apurímac, de la minera china MMG], Espinar, Tintaya, Antapaccay [Cusco, operadas por la minera suiza Glencore] y varios proyectos que están vinculados geográficamente. Lo que vemos son declaraciones de emergencia preventivas, antes de que estallen los conflictos, y que el Estado mantiene, sin ningún problema, a toda la población sin derechos constitucionales. Esa no es la actitud de un Estado democrático, es inaceptable. 

El Estado no funciona para escuchar y atender las demandas de quienes son afectados por proyectos extractivos". 

Por otro lado, en Espinar, donde hay problemas claros de contaminación en el agua, se estaba escondiendo los resultados de los análisis de la presencia de metales pesados a la población. Y a la vez, cuando la gente protesta, vemos una violencia policial contra los manifestantes, con claras violaciones a los derechos humanos, asesinatos, criminalización de los líderes de las protestas, que pueden ser incluso autoridades elegidas en votación. 

Lo mismo con Las Bambas: hacen cambios legislativos que provocan modificaciones serias en el diseño del proyecto, pero no los consultan ni comunican a la población. En todos estos casos, vemos a un Estado que no funciona para escuchar y atender las demandas de ciudadanos que están siendo afectados por proyectos extractivos. 

La Defensoría registra que la mayoría de los conflictos sociales en Perú están relacionados, desde hace años, con actividades extractivas. ¿Por qué se han dilatado durante tanto tiempo? 

Hay muchas cosas que median el asunto. De cierta forma, esto se explica por un racismo estructural. Es decir, la geografía de Perú está racializada. De acuerdo a donde uno vive, uno tiene diferente estatus y valor como ser humano. No todos los que vivimos en este territorio valemos igual, pues ese valor está mediado por la raza y la etnicidad. 

Por ejemplo, en noviembre de 2020 murieron Inti y Bryan en Lima, ciertamente en una coyuntura muy particular. Pero el nivel de shock que provocaron esas dos muertes no es comparable con el de semanas después, cuando dos personas fueron asesinadas en Virú [Jorge Muñoz y Kanuner Rodríguez]. Si a mí me preguntan cómo se llamaban, no podría responder. O el de las personas kukamas [Wilian López Ijuma, Chemilton Flores Crispín, y Elix Ruiz Ortiz] que murieron en la Amazonía poco antes, en una estación de petróleo [Lote 95, de PetroTal]. Hay una clara diferencia entre qué muertos del sector popular son más recordados que otros. El Estado también está tratando a estas poblaciones de manera diferenciada. Quienes no tienen poder, recursos, llegada a las instituciones o a los funcionarios adecuados son postergados. Hay una debilidad institucional y, de alguna manera, en la sociedad civil. No hay una organización de comunidades indígenas como en los ‘70 o como la de los Andes de Bolivia o Ecuador. 

No creo que esta desatención se explique por una perversidad esencial del Estado, sino que es un problema sistémico de postergación. Se debe construir una institucionalidad que atienda estos problemas y entienda que son conflictos que cuestan demasiado al país. No solo a la comunidad concreta que hay que atender, sino a la sociedad en general. Si el Estado vela por el bienestar común, debe intentar combatir esta ideología de trato diferenciado a las diversas poblaciones. El combate a ese racismo tiene que estar en la agenda del Estado, se deben hacer esfuerzos para que los problemas de los más excluidos sean prioritarios. Eso es lo que está pidiendo la gente hace rato.

La paradoja de la abundancia de recursos, mientras muchas personas continúan viviendo en la pobreza.

Sí, muy claro. En Conchucos, por ejemplo, que es una zona muy pobre de Áncash, llegó Antamina, el proyecto más grande de la región y uno de los más grandes del país, pero cuando vino el canon minero a los municipios distritales, provinciales y a la región, lo que vimos fue que no tenían la capacidad para gestionar estos niveles de dinero. Hubo una explosión de corrupción a todo nivel. Eso también causa mucha frustración. 

La geografía de Perú está racializada. De acuerdo a donde uno vive, uno tiene diferente estatus y valor como ser humano".

¿Por qué considera que algunas de las protestas o manifestaciones ciudadanas se suelen calificar como “radicales”?

Hay un reclamo de cambio serio en el modelo, que creo que no da para más después de esta pandemia. Calificar ciertas situaciones de protesta como radicalismo también muestra prejuicios racistas. O cuando varios medios de comunicación, gente que influye en sus opiniones en la esfera pública, autoridades e inclusive representantes de empresas asumen que la gente protesta porque está manipulada. Eso es absolutamente insultante.

Además, vivimos con el “cuco” de los terroristas, es un fantasma que moviliza a la gente y criminaliza las protestas. Cierta vez, inclusive, el representante de una empresa privada habló del “terrorismo antiminero”. Es muy irresponsable plantear esos términos con todo lo que hemos sufrido con Sendero Luminoso. Está también el “cuco” de Hugo Chávez y el comunismo internacional y no sé qué conspiraciones. 

Pensar que la gente es manipulada por actores internacionales, por terroristas locales o por comunistas que odian el progreso muestra un desprecio muy grande hacía gran parte de la población. Como si no tuvieran criterio o fueran borregos a quienes se les puede mandar que salgan a protestar. Hay un racismo que está permeando las percepciones de estos conflictos. También tiene que ver con esta sorpresa en ciertos sectores de la Lima acomodada que critican a los votantes de Castillo. Esta simplificación de que cualquier cosa es comunismo o que nos vamos a convertir en Venezuela es risible y absurda.

Hay una clara diferencia entre qué muertos del sector popular son más recordados que otros".

Según la última encuesta de Ipsos, el 54% desea un cambio moderado del modelo y el 32% un cambio radical. ¿Qué cree que está entendiendo la gente por "cambio de modelo económico"? 

Habría que hacer trabajo de campo para saberlo exactamente. Pero creo que la gente no está satisfecha con cómo han venido funcionando las cosas en todo este tiempo de crecimiento económico. No es posible que tras 20 años de auge venga esta tremenda pandemia, que no es poca cosa, pero demuestra que nuestro país no ha sido capaz de construir servicios de salud mínimamente robustos. 

En este contexto, no sorprende que la gente diga “mira ha estado entrando plata, ¿dónde se ha ido? ¿por qué no hemos estado invirtiendo en esto, que es importante?”. Yo creo que ese es el reclamo: que la bonanza debería expresarse en mejores servicios para todos. Las familias han ido mejorando sus ingresos, pero no han salido de la pobreza. Entonces, frente a cualquier eventualidad, no solo una pandemia, sino una enfermedad seria de alguien querido, la mejora se va al diablo. Todos los pequeños ahorros simplemente se destruyen porque no hay una red estatal que dé soporte. 

A propósito de un libro cuya difusión usted, ha estado apoyando, “Épicas del neoliberalismo”, ¿cuáles creen que son las grandes épicas neoliberales que están vigentes en Perú? 

Este es un libro editado por Gisela Cánepa y Leonor Lamas en cuyas charlas yo he estado participando como moderador porque formamos parte de la Maestría de Antropología Visual de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sobre las épicas del neoliberalismo, la responsabilidad del éxito o del fracaso se centra en el individuo. Existe este discurso según el cual puedes dejar de ser emprendedor para convertirte en un empresario. Puedes dejar la precariedad y volverte alguien solvente que tenga éxito económico. Esa es una forma de legitimar un momento en el que la gente está siempre en tránsito: “estás dejando de ser pobre, sigue intentando que lo vas a lograr”. Pero nunca se traduce en un cambio sustancial para la mayoría. 

Dicen “esfuérzate un poco más”, como si las personas no se estuvieran esforzando. La gente se está esforzando desde siempre en este país. También está la idea de que hay una creatividad peruana casi esencial, que los peruanos somos creativos como algo genético. Cuando en cualquier país pobre, donde no tienes recursos, debes ingeniártelas. Este discurso de la creatividad es otro sebo de culebra. Sí hay más dinero, pero está más desigualmente distribuido. 

La simplificación de que cualquier cosa es comunismo o que nos vamos a convertir en Venezuela es risible y absurda".

¿Considera viable seguir en una democracia con un modelo de libre mercado en Perú? 

Es difícil saber qué va a pasar porque tenemos demasiada incertidumbre con la pandemia. Esto tiene relación con el asunto económico porque no sabemos cuán profunda va a ser la crisis. Es claro que era y es urgente mucha más inversión estatal en salud y educación, por lo menos en cuestiones de conectividad e Internet. También debemos invertir en transporte público, el cuidado al agricultor y la seguridad alimentaria, debemos brindarle a la agricultura familiar condiciones que le permitan sostenibilidad. 

No estoy abogando por un Estado más burocrático, sino por más hospitales públicos que funcionen, enfermeras y médicos que tengan un buen respaldo económico y condiciones laborales dignas, un servicio educativo que nos sostenga y le permita a los niños de todo el país continuar con sus estudios. 

Un gobierno que no hace el esfuerzo de fortalecer esos servicios no es viable, nos va a llevar al abismo. Podría ser un Estado que combine cierto tipo de elementos de libre mercado, que podrían ser caracterizados como neoliberales. No creo que sea una cosa de blanco y negro. Tampoco pienso que podamos cambiar a otro modelo totalmente distinto al neoliberalismo porque sería una transición muy difícil, un tanto irrealizable diría.