Este domingo 6 de junio más de 25 millones de peruanos emitirán su voto en la segunda vuelta entre los candidatos Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular. Sin embargo, a tres días de la jornada electoral, se han difundido una serie de contenidos falsos para desinformar a los ciudadanos y algunos funcionarios públicos han vulnerado el reglamento de propaganda y neutralidad electoral vigente. 

Además, se han registrado acusaciones y ataques contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE), que han sido alertados por el asesor electoral del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Luis Martínez-Betanzos, quien lamentó que informaciones publicadas "irresponsablemente" busquen “erosionar la imagen de los entes electorales”. 

Estos sucesos ocurren luego de cinco semanas en las que se han difundido masivamente propagandas electorales en paneles localizados en las vías públicas de diferentes ciudades del Perú y estrategias digitales de publicistas nacionales y extranjeros, que no fueron declaradas a la ONPE, como ha reportado este medio.

En este contexto de polarización y falsas denuncias, OjoPúblico aclara las principales dudas que han ocasionado las campañas de desinformación y afirmaciones imprecisas vinculadas al proceso electoral.
 

Denuncias sobre el padrón electoral

El pasado 31 de mayo, el programa de televisión “Beto a saber”, conducido por el periodista Beto Ortiz y emitido por el canal Willax, difundió publicaciones de redes sociales donde se cuestionaba la presencia de personas fallecidas en el padrón electoral de la ONPE e insinuaba que existía la posibilidad de un eventual fraude en los comicios del domingo. Minutos después, otro medio replicó la información sin contrastar y periodistas como Milagros Leiva difundieron el contenido en sus propias redes sociales. 

Sin embargo, ONPE y otras entidades como la organización civil Transparencia aclararon en sus respectivas plataformas digitales que el listado de electores hábiles para la segunda vuelta es el mismo que el empleado en las elecciones del 11 de abril del 2021 y que este fue cerrado el 11 de abril de 2020.  

Los padrones, aclararon, se cierran un año antes de las elecciones y se aprueban con una resolución del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este caso la lista se aprobó en setiembre del año pasado. Asimismo, dos meses previos a la mencionada aprobación, se publicó un anuncio en la página de Reniec y en El Peruano, para que la ciudadanía presente tachas y observaciones al registro. 

“El padrón elaborado por Reniec contiene la relación de personas habilitadas para sufragar. En ese sentido, los fallecimientos o actualizaciones posteriores no se reflejan en el padrón electoral porque la ley lo prohíbe, pues el padrón se cierra antes”, detalló la ONPE en una nota de prensa difundida el 1 de junio. 

Al ser consultado por el tema, el politólogo Mauricio Zavaleta calificó la difusión de estos contenidos como una actitud “irresponsable” y  de “mala fe”. El especialista señaló, además, que para hablar sobre un eventual fraude se debería “tener pruebas basadas en una investigación”. 
 

DESINFORMACIÓN. En los últimos días, contenidos difundidos por redes sociales buscaron generar confusión en las personas sobre el padrón electoral que maneja ONPE 

Foto: Andina.
 

De acuerdo con Zavaleta este hecho tiene similitudes con la desinformación propagada por sectores afines a Donald Trump durante la última campaña electoral de Estados Unidos. “La agenda de acusaciones de fraude del proceso americano es algo que, finalmente, una parte de la derecha peruana termina copiando”, dijo a OjoPúblico. 

Desde la emisión del programa televisivo en el que se alertó sobre la supuesta irregularidad, diversos usuarios de redes sociales han reportado casos similares. Algunos de ellos, como hizo Milagros Leiva, compararon el registro del padrón electoral con el de vacunación contra la Covid-19. Sin embargo, este último fue creado en enero, a partir de diferentes fuentes de datos y no solo con información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la única utilizada por la ONPE.

La denuncia del comunicador de Willax, ocurrió horas después de que un grupo de expertos convocado por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) confirmó que más de 180 mil personas murieron a causa de la Covid-19 entre marzo de 2020 y mayo de 2021, una cifra casi tres veces más alta que la consignada en los registros oficiales hasta entonces. 
  
A las sugerencias de fraude y cuestionamientos al padrón electoral se sumaron, por último, una serie de publicaciones en redes sociales que acusaron a Vladimir Cerrón Rojas, fundador de Perú Libre, de tener dos números de Documento Nacional de Identidad (DNI). 

No obstante, Reniec también desmintió esto y señaló que el suspendido gobernador de Junín obtuvo un primer número de Libreta Electoral en 1988, pero el mismo fue cancelado en 1996 por cambio de domicilio. Entonces, el político obtuvo un nuevo número de DNI, el que está vigente y aparece en los actuales registros de la entidad. 

"No hay nada ni nadie que haya dañado la credibilidad de la ONPE y el JNE. Veo ataques de uno y otro lado, pero no hay fraude. El fraude electoral en cualquier país sólo lo puede organizar e instruir el Ejecutivo y aquí el Gobierno lo está gestionando de forma impecable y leal con la democracia", señaló en una entrevista a EFE, Luis Martínez-Betanzos, de PNUD.

Faltas contra la neutralidad electoral 

En esta segunda vuelta electoral algunos funcionarios públicos han quebrantado la neutralidad señalada en el “Reglamento sobre propaganda electoral, publicidad estatal y neutralidad en periodo electoral”, aprobado en setiembre de 2020. La norma precisa literalmente en uno de sus artículos que los trabajadores del Estado incurren en falta si realizan “propaganda a favor de alguna agrupación política o candidato, o campaña en su contra”.

Uno de los infractores de esta norma es César Combina Salvatierra, congresista y vocero de Alianza para el Progreso (APP), quien entre el 11 y el 14 de mayo compartió en sus redes sociales publicaciones contra la candidatura de Pedro Castillo. El legislador por Junín también ha mostrado apoyo a Keiko Fujimori. En las elecciones de 2014, como invitado de Fuerza Popular, Combina Salvatierra postuló sin éxito al gobierno regional de Junín.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro tomó conocimiento de estos hechos y, el 17 de mayo último, determinó que el legislador “vulneró las normas referidas a neutralidad en periodo electoral” y dispuso que la información sea enviada al Ministerio Público, la Contraloría y el Congreso para que estas instituciones “procedan conforme a sus atribuciones”. 

Otro congresista que en los últimos días también vulneró la neutralidad es Ricardo Burga Chuquipiondo, de Acción Popular. El parlamentario por Lima invocó a los militantes de su agrupación política a “no votar” por Perú Libre, al considerar que habían insultado la memoria de su líder Fernando Belaúnde Terry, a quien Vladimir Cerrón, fundador del partido Perú Libre, llamó “genocida”. 

En la última sesión del pleno del Congreso, Burga Chuquipiondo también asistió con la camiseta de la selección nacional de fútbol, que a su vez ha sido utilizada por Keiko Fujimori e integrantes de su entorno de campaña. 
 

Ataques al JNE y ONPE

A las mencionadas infracciones y la difusión de información falsa, se sumaron los calificativos que recibió el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, el último 14 de mayo. El conductor Beto Ortíz, de nuevo en la señal de Willax Televisión, dijo que la máxima autoridad de esta institución era un “juez rojo” y “terrorista”, por haber defendido, como abogado libre, a procesados por terrorismo.

El titular del JNE rechazó los calificativos durante una entrevista con el programa digital “Sálvese Quien Pueda” e indicó, además, que se había tergiversado información de su vida profesional. Salas Arenas también advirtió que existía la intención de atacar a la cabeza del JNE para “sostener la idea de un fraude electoral”. 

Estos cuestionamientos, sin embargo, no han sido los únicos registrados contra la institución electoral. En la tarde del 3 de junio, un grupo de personas -que portaban carteles contra el “comunismo” y Salas Arenas- realizó un plantón frente a las oficinas del JNE, en Jesús María. Los asistentes llevaban una banderola del colectivo Coordinadora Perú, que en publicaciones de redes sociales muestran afinidad con la candidatura de Keiko Fujimori.

PROTESTA. A menos de tres días de la segunda vuelta, grupos de personas han  mostrado su rechazo a instituciones como el Jurado Nacional de Elecciones.  

Foto: OjoPúblico - Myriam Escalante.
 

Otro hecho que también ha estado saturado de información falsa es el papel que la ley otorga a la ONPE para investigar y fiscalizar el financiamiento en una campaña electoral. En este contexto, luego de la difusión de la campaña publicitaria “Ponte la camiseta”, en la que un grupo de futbolistas de la selección peruana mostró su apoyo a la candidata de Fuerza Popular y pedían no votar por el “comunismo”, la ONPE, a través de la gerencia de supervisión de fondos partidarios, les solicitó información a cada uno para conocer si algún partido político había financiado sus spots, difundidos en las redes sociales desde el último 17 de mayo.

Este trabajo de ONPE fue criticado por algunos periodistas deportivos como Eddie Fleischman, que calificó la medida como acoso, sin tener en cuenta el marco legal. “En cada proceso electoral hacemos la verificación de aportantes, algo que nos corresponde como ente organizador. Este es un procedimiento regular, con fines de transparencia, que se realiza con todos los partidos”, aclaró la ONPE a través de su cuenta Twitter.

Una acción similar tomó la ONPE cuando solicitó información a las compañías propietarias de los paneles publicitarios usados en Lima y regiones durante las últimas semanas con mensajes contra el comunismo.

Consultado sobre estos temas, Luis Martínez-Betanzos, asesor en temas electorales de PNUD, señaló en una entrevista con la agencia EFE que estos ataques contra las autoridades electorales le resultaban "preocupantes y peligrosos". Aunque reconoció que el sistema electoral peruano tenía problemas para “contrarrestar las noticias falsas”, remarcó que no existían riesgos de fraude. 

El papel de los observadores internacionales

En su portal, el JNE registra a 35 organizaciones entre observadores y misiones de expertos nacionales e internacionales acreditados. En total serán 150 ciudadanos y funcionarios extranjeros que vigilarán y acompañarán el proceso electoral de este domingo. De este grupo, 99 verificarán la votación en Perú, mientras 51 lo harán en sus respectivos países, con las mesas de votación instaladas en el extranjero.

En Perú los observadores llevarán un registro de incidencias de la jornada electoral, para garantizar que esta se desarrolle de manera organizada en todas su etapas. Es decir, podrán observar la instalación de las mesas de sufragio, verificar actas, ánforas y otros materiales electorales, además del escrutinio y el conteo de la votación. 

A estos observadores se han sumado delegados de la Organización de los Estados Americanos (OEA) -con actividades iniciadas desde el 3 de junio en Lima y Arequipa-, la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Comité Ecuatoriano de Derechos Humanos (Cedhus), el Observatorio Electoral de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), la Federación Interamericana de Abogados (FIA) y las embajadas de Francia, Japón, República Checa, Suecia, Países Bajos, entre otras instituciones. 

No obstante, en los últimos días dos organizaciones civiles cuestionaron que el JNE haya rechazado su acreditación como observadores internacionales.

Una de ellas fue la organización Socialistas Democráticos de América (DSA), con sede en Estados Unidos y cuyo grupo creció en un contexto de rechazo a la presidencia de Donald Trump en 2018. El 1 de junio ellos anunciaron que una delegación se encontraba rumbo a Lima para participar como observadores electorales. Sin embargo, horas más tarde dijeron que el JNE había dejado de otorgar credenciales de observadores oficiales. 

En la misma línea, el pasado 21 de mayo la organización Internacional Progresista, fundada en mayo del año pasado en Estados Unidos, con el respaldo del político Bernie Sanders, presentó su solicitud para acreditarse como observadora de la segunda vuelta electoral. De acuerdo a su versión, el proceso se encontraba encaminado. Pero, el 31 de mayo alertaron en sus redes sociales que el JNE rechazó la solicitud de acreditación, aunque habían enviado los documentos solicitados y parte de su delegación ya se encontraba en territorio nacional. 

¿Por qué el JNE rechazó su pedido? En el reglamento vigente se indica que la solicitud de inscripción por parte de aquellas organizaciones que quieran participar como observadores debe realizarse, al menos, 15 días antes de las elecciones. El mismo señala, además, que las acreditaciones tienen vigencia desde la emisión hasta el final del proceso electoral. Sin embargo, no detalla si estas inscripciones pueden realizarse únicamente en las semanas previas a la primera vuelta o si también pueden replicarse frente a una eventual segunda vuelta.

De acuerdo a la resolución del JNE a la que accedió este medio, la solicitud de la organización Internacional Progresista fue rechazada por tres de los cuatro jueces que evaluaron el pedido, al considerar que la misma se realizó fuera del plazo legal. El magistrado Jorge Armando Rodríguez Vélez, el único que votó a favor de la acreditación del colectivo, consideró en su sustentación que “no podría válidamente interpretarse que dicho plazo máximo rige únicamente a las elecciones acaecidas el pasado 11 de abril”.

Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, explicó a OjoPúblico que el argumento de Rodríguez Vélez se sustentó en una “interpretación válida” del reglamento. No obstante, considera -como los tres magistrados que rechazaron la inscripción- que estas deben aprobarse para todo el proceso electoral. Es decir, para la primera y una eventual segunda vuelta y, por lo tanto, el plazo que debió primar fue el que vencía el 27 de marzo.

Renuncias en el Tribunal

A este clima de polarización, el sábado 29 de mayo, se añadió la renuncia de tres de los cinco miembros del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). El anuncio fue comunicado a través de una carta suscrita por Delia Revoredo, entonces presidenta del grupo; Gastón Soto Vallenas, hoy exvicepresidente, y la integrante accesitaria Carmen McEvoy. Solo permanecen como miembros titulares Tarcila Rivera Zea y Susana Baca de la Colina.

Este Tribunal de Honor, constituido en enero de 2021, se conformó para establecer principios y compromisos básicos que garanticen un comportamiento ético entre los políticos que participan en la campaña electoral. Desde que comenzó el proceso electoral este tribunal ha emitido 21 pronunciamientos y exhortaciones de respeto.

Uno de sus últimos pronunciamientos se publicó precisamente días antes de la triple renuncia. Los miembros exhortaron a los medios de comunicación a tener una cobertura “imparcial, neutral y equitativa de los candidatos”. 

Al momento de dejar el cargo, los exintegrantes del órgano indicaron que su decisión respondía a la “imposibilidad de poder cumplir todos los compromisos” que asumieron al aceptar su participación en el Tribunal de Honor. Asimismo expresaron que no tuvieron ni tendrían un “respaldo leal en parte del equipo de apoyo logístico” que les fue asignado por el JNE. OjoPúblico intentó comunicarse con Delia Revoredo, expresidenta del tribunal, para obtener más precisiones sobre el tema; pero no hubo respuesta de su parte hasta el cierre de este artículo. 

El 2 de junio se oficializó la incorporación de la abogada Mariela Noles Cotito, en el cargo de presidente del Tribunal de Honor del Jurado Nacional de Elecciones.

Los hechos enumerados marcan el colofón de una campaña polarizada en el país, mientras el 11,8% de los electores -según las encuestas del 30 de mayo, las últimas autorizadas para difusión según la Ley Orgánica de Elecciones- todavía no había decidido su voto entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo.