Gran parte de la sede corporativa más notoria del hoy candidato presidencial Rafael López Aliaga, un edificio de ocho pisos llamado Los Incas, en el distrito de San Isidro, está sometida a un proceso de embargo por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) para asegurar parte del pago de una deuda fiscal. Precisamente, OjoPúblico reveló ayer que ese inmueble fue blanco de una intervención en el 2001 porque en su interior operaba la oficina del Pacific Industrial Bank que lavó los millones de la red de corrupción de Vladimiro Montesinos.

OjoPúblico revisó actas del Tribunal Fiscal, documentos de los Registros Públicos y notificaciones de remates tributarios que revelan que Perú Holding de Turismo, la principal empresa que controla López Aliaga, fue el centro de múltiples fiscalizaciones tributarias. Como parte de estos procesos, el 2013 la Sunat anotó una inscripción preventiva de embargo en la partida registral del edificio Los Incas, por una multa fiscal de S/350 mil acumulados hasta ese año. Los documentos analizados contradicen la versión que el candidato ha brindado en las últimas semanas, respecto a que sus empresas no fueron notificadas de deudas tributarias hasta ahora.

Sobre las deudas de Perú Holding de Turismo, que ocasionaron el embargo de parte del edificio Los Incas, y de sus otras compañías, López Aliaga dijo a RPP: “[Las deudas no se pagaron] porque no fueron notificadas. Me notifican 25 años después que hay una deuda del 95, 97 (...) No puede ser que lo hagan público en campaña”; mientras en Panorama afirmó que “no hay notificación”, y en Latina insistió en su discurso: “Como no han sido notificados, no están contabilizados, pero estábamos al día (...) En plena campaña aparecen estos registros”. 

Según la central de riesgo de la Sunat, la principal compañía del candidato le debe al Estado Peruano más de S/7,8 millones en tributos a la fecha, monto que se encuentra en cobranza coactiva y que corresponde a múltiples expedientes de fiscalización por el pago de Impuesto a la Renta e Impuesto General a las Ventas (IGV) que se iniciaron los años 1996, 1997 y 2013. De este total, también de acuerdo al ente fiscal, S/350 mil corresponden al monto que provocó la medida cautelar contra su principal sede corporativa.

DEUDA. La central de riesgo de Sunat señala la cobranza coactiva que pesa sobre la principal compañía de López Aliaga.

Imagen: Sunat

OjoPúblico identificó uno de los dictámenes que entabló la Intendencia Regional de Lima de la Sunat en contra de Perú Holding de Turismo, el mismo que derivó en el embargo de la propiedad ubicada en el cruce de  las avenidas Los Incas y Paz Soldán, en pleno centro financiero de San Isidro. Se trata de la Resolución de Ejecución Coactiva N° 0230071501072 confirmada el 13 de diciembre de 2012 por omisiones en el pago de impuestos.

Como acción complementaria a esta resolución, la autoridad fiscal ordenó trabar un embargo por el monto de S/ 350 mil en la partida registral N° 41314567 de la Sunarp, que contempla el tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo piso, y la azotea, del mencionado inmueble, con el objetivo de asegurar el pago a futuro. La medida fue finalmente anotada en los Registros Públicos el 11 de enero de 2013.

Tras conocer la resolución coactiva, Perú Holding de Turismo reclamó a la Sunat por el inicio de las acciones tributarias. Sin embargo, ante una respuesta contraria de dicha entidad, la empresa vinculada al candidato presidencial decidió acudir al Tribunal Fiscal, ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que actúa como última instancia administrativa en este tipo de controversias. 

Según el Expediente N° 5571-2013, Perú Holding de Turismo presentó dos reclamos, en abril y mayo de aquel 2013. El objetivo de la empresa controlada por López Aliaga, en esa época, era que se declarase la nulidad de todo lo actuado bajo el argumento de que no le notificaron los actos administrativos que dieron origen a la cobranza. Un argumento que el candidato utiliza actualmente, ocho años después de aquellos hechos, frente a los medios de comunicación.

EMBARGO. El 2013, la Sunat inscribió el embargo sobre el edificio Los Incas, como parte de uno de los varios expedientes de fiscalización tributaria que inició contra Perú Holding de Turismo.

Imagen: Sunarp

El Tribunal Fiscal encontró que dos de las órdenes de pago que fueron giradas por la Sunat a Perú Holding de Turismo presentaban enmendaduras en las fechas, por lo que quedaron invalidadas. Sin embargo, otras cuatro solicitudes, así como la misma Resolución de Cobranza Coactiva que afectó al edificio Los Incas, sí fueron comunicadas en su domicilio fiscal. Incluso presentan acuse de recibo, descartando la repetida versión del postulante sobre no haber sido notificado.

En ese sentido, el Tribunal Fiscal declaró infundado el reclamo de Perú Holding de Turismo en dicho extremo y avaló la legalidad de la medida cautelar impuesta por la Sunat. Finalmente, la controversia a nivel administrativo culminó en noviembre de 2013, fecha en que la autoridad tributaria pudo activar la cobranza en su respectivo portal de riesgo de carácter público. 

El Tribunal Fiscal confirmó que la resolución de cobranza coactiva fue notificada a la empresa, incluso cuenta  con acuse de recibo. 

Desde entonces, la restricción sobre el edificio Los Incas se mantiene hasta la fecha. De acuerdo al artículo 19 del Reglamento de Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat, el ejecutor solo puede levantar la medida “si se cancela el monto de la deuda tributaria materia de la cobranza”.

Según el Código Tributario, para llegar a una medida de embargo, el ejecutor coactivo notifica al deudor tributario indicando el detalle de las órdenes de pago y dándole siete días hábiles para subsanar, bajo la advertencia de aplicar medidas cautelares en caso se persista en el incumplimiento. 

“Un embargo [procedente de la Sunat] no pasa desapercibido. El proceso deriva en una resolución de determinación y de multa, luego de lo cual, el contribuyente tiene 20 días para oponerse, de lo contrario se emite una resolución de cobranza coactiva que se activa al séptimo día”, dijo el abogado tributarista Miguel Carrillo a OjoPúblico.

RECLAMOS. Las actas del Tribunal Fiscal anonimizan a los demandantes, por reserva tributaria, sin embargo, los números de expediente y resoluciones fiscales permiten conocer quién es el autor del reclamo: Perú Holding de Turismo.

Imagen: Tribunal Fiscal

Como revelamos ayer, la Sunat no ha sido la primera entidad pública que decidió trabar un embargo sobre el edificio Los Incas por causas tributarias. El análisis histórico de la partida registral de dicho inmueble muestra que, entre 2003 y 2011, las municipalidades de San Isidro y La Molina hicieron cinco inscripciones de este tipo por controversias en el pago de impuestos, valorizadas en poco más de S/2 millones, pero las levantaron posteriormente.

Los embargos bajo la modalidad de registro en la Sunarp no bloquean una propiedad, pero alertan a futuros socios o compradores de la existencia de un pasivo antes de concretar una transacción. Sin embargo, esto no ha impedido que la propiedad –luego de que la Sunat inscribiera la medida cautelar en la partida del inmueble Los Incas (N° 41314567)– fuera traspasada entre subsidiarias y empresas relacionadas a López Aliaga.

En 2010, Perú Holding de Turismo cedió el uso del edificio Los Incas a su compañía relacionada, Marsano Palace S.A. por un plazo de 30 años y bajo la modalidad de usufructo, la cual lo transfirió, el 2012, a Acres Sociedad Titulizadora, también vinculada al candidato.

Pero tras la orden de embargo de la Sunat, se inscribieron otros tres actos en la partida registral, entre el 2013 y el 2015: la venta del 9,5% de los derechos del edificio Los Incas a la Asociación Civil Fundación Central; la entrega fiduciaria del 88.11% de las acciones en el mismo predio a la empresa Acres Sociedad Titulizadora; y una última cesión de usufructo, esta vez a favor de Compupalace. Todas ellas son empresas relacionadas a López Aliaga.

OjoPúblico se comunicó con el candidato a través de su equipo de prensa, y de manera directa, a su teléfono celular, para conocer por qué negó la existencia de notificaciones de deuda tributaria de su empresa, y saber si pagará los S/350 mil que motivaron el embargo, pero al cierre de  edición, no respondió.

LOS INCAS. El edificio sobre el que pesa el embargo tributario sufrió diferentes traspasos de propiedad entre empresas vinculadas al mismo López Aliaga.

Foto: OjoPúblico / Ernesto Cabral

Pugna por la administración

Hasta 1995, el edificio Los Incas pertenecía a la empresa Peruval Sociedad Agente de Bolsa, controlada en aquel entonces por López Aliaga y su socio Lorenzo Sousa. En 1999 pasó a Perú Holding de Turismo, pero la posesión se oficializó en 2010, a través de una prescripción adquisitiva de dominio.

A la fecha, el edificio Los Incas, bajo embargo desde el 2013, se mantiene en pugna. Desde 1996 y 2001, la partida registral del inmueble tiene dos hipotecas vigentes, pero el 4 de marzo de 2016 se sumó una medida cautelar dictada por el 31 Juzgado Especializado en lo Civil para inscribir el litigio que mantienen Peruval S.A. y Sousa contra Perú Holding de Turismo. De acuerdo con el artículo 120 del Código Tributario, los remates por parte de la Sunat no proceden cuando un tercero interviene y acredita ser el dueño de un bien.

No solo eso. Los estados financieros consolidados de Perú Holding de Turismo revelan que el 1 de julio del 2019, el edificio también fue entregado como dación de pago a la Asociación Educación y Vivienda para Todos (Eduvit), que tiene como presidente a López Aliaga. El monto en que se cotizó el predio es de S/16,6 millones “para cancelar la deuda que mantenía con tal entidad a dicha fecha”. El acuerdo fue aprobado por el directorio, pero aún no se encuentra formalizado en Registros Públicos y se mantiene en acta notarial. 

Con esta acción, Perú Holding de Turismo se desprendió formalmente del inmueble, por lo que en su balance financiero auditado ya no lo consideran como una de sus inversiones. Generalmente, la reducción de activos afecta la contabilidad final y reduce el monto exigible de impuestos. Lo mismo sucede cuando una compañía registra pérdidas económicas al cierre del año. En el caso de Perú Holding de Turismo, OjoPúblico identificó que durante 12 años esta matriz registró millonarias pérdidas, a pesar de que indica que tiene activos estratégicos relacionados al negocio turístico en el sur andino con Belmond.

El cambio de razones sociales y direcciones fiscales, por parte de las empresas vinculadas a López Aliaga, también impacta en la correcta notificación de las obligaciones tributarias. Por ejemplo, en el expediente 8558-2013 del Tribunal Fiscal, se anuló el procedimiento coactivo N° 0230061585973 promovida por la Sunat contra Perú Holding de Turismo debido a que la diligencia se comunicó a las oficinas de la Av. Los Incas, el 4 de junio de 2012; pero una semana antes, el 30 de mayo, la empresa había cambiado su domicilio fiscal a Calle Costa Rica 160, en Jesús María. La cobranza frustrada implicaba un embargo en forma de depósito por un valor de S/835 mil sobre los bienes muebles de la compañía.

El edificio Los Incas no fue el único inmueble de Peru Holding de Turismo que fue trabado por impagos tributarios. Según el reporte de remates tributarios, un depósito ubicado en la calle Los Nogales 155, San Isidro, de propiedad de la misma empresa de López Aliaga, fue embargado en diciembre de 2013, por un valor de S/20 mil y rematado en julio del 2014. El predio está inscrito en la partida 11060141 de los Registros Públicos

Además, en la Sunarp identificamos otro embargo coactivo con inscripción vigente sobre dos estacionamientos de Perú Holding de Turismo, ubicados en la calle Country Club 190-192, en San Isidro. La medida cautelar fue inscrita por la Sunat en 2016, como consta en la partida N° 11074970 de los Registros Públicos, por un valor de S/80 mil. Mientras otras dos cocheras del mismo predio, que aparecen en la ficha registral N° 11075017, fueron embargadas por deudas fiscales en 2014, por un valor de S/40 mil. El remate no se concretó porque terceros se atribuyeron la propiedad.