Con la colaboración de Aramís Castro y Xilena Pinedo.

Actualización al 10 de junio del 2021, a las 5:00 pm. 

La candidata Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, ha anunciado su intención de revertir por la vía legal la tendencia en el conteo de votos que favorece a Pedro Castillo. Todo empezó el lunes con una denuncia suya de “fraude en mesa”, difundida en redes sociales y acompañada de protestas en las calles; y casi en paralelo siguió con la iniciativa de un grupo de abogados corporativos que buscó irregularidades en las actas favorables a su opositor; y ayer, finalmente, pasó a la presentación de recursos de nulidad en contra de las mesas donde ganó Perú Libre. 

Precisamente, Fujimori anunció anoche, en conferencia de prensa, el inicio de esta última etapa. El aparato legal de Fuerza Popular buscará ─en un acto que el presidente del JNE ha calificado de extraordinario porque no se ha visto en la historia reciente─ la nulidad de 802 mesas a nivel nacional, donde se registraron alrededor de 200 mil votos, según los cálculos de este partido. “Como siempre seré respetuosa de lo que determinen el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la [Oficina Nacional de Procesos Electorales] ONPE; pero, por supuesto, lo que corresponde también es [...] analizar cada uno de estos pedidos de nulidad”, dijo la lideresa fujimorista.

Keiko Fujimori afronta una eventual tercera derrota y el inicio del juicio oral en su contra por lavado.

Los alegatos de fraude y la presentación de recursos de nulidad por el entorno de Fujimori, además, ocurren solo dos días después de que la propia candidata fujimorista dijera que iba a “respetar la voluntad popular”. En las elecciones presidenciales del 2016, también ante una distancia muy corta frente a su contrincante Pedro Pablo Kuczysnki, Fujimori reconoció su derrota recién cuatro días después de realizados los comicios. En dicha oportunidad, la candidata de Fuerza Popular quedó 41 mil votos detrás de Kuczynski.

Fujimori afronta la posibilidad de una tercera derrota consecutiva en una segunda vuelta presidencial. En 2011, la candidata de Fuerza 2011 (ahora Fuerza Popular) perdió frente al postulante de Gana Perú, Ollanta Humala Tasso. En 2016, el fujimorismo volvió a perder un balotaje, esta vez frente a Kuczynski de Peruanos por el Kambio. En los comicios de este año, Fujimori pasó a una segunda disputa electoral con solo el 13,4% de los votos válidos durante la primera vuelta, después de Castillo Terrones.

Una eventual derrota de la lideresa de Fuerza Popular, por último, la obligará a ser parte del proceso de control de acusación en su contra, etapa previa a un juicio oral. Fujimori Higuchi es acusada de liderar una organización criminal y lavar dinero ilícito recibido como presunto aporte de campaña durante las elecciones del 2011 y 2016. Esta acusación es impulsada por el Equipo Especial Lava Jato, y en particular por el fiscal José Domingo Pérez Gomez. Para Fujimori Higuchi, el Ministerio Público pide 30 años de prisión.

SOLICITUD. El fiscal José Pérez Gómez ha requerido al Poder Judicial que vuelva a ordenar prisión preventiva contra Keiko Fujimori.

Foto: Andina

Precisamente, la conferencia de prensa brindada anoche ha gatillado un pedido del fiscal Pérez Gómez para que se revoque la comparecencia con restricciones en su contra, y se dicte nuevamente prisión preventiva. “Se ha advertido como hecho público y notorio que se comunica con el testigo Miguel Torres Morales”, se lee en el requerimiento al que accedió OjoPúblico. El 2020, el Poder Judicial prohibió a la candidata a comunicarse con testigos del caso, pues “el peligro de obstaculización a la investigación era patente”.

Torres Morales, quien ayer se presentó como vocero de Fuerza Popular, dijo esta mañana que “no soy testigo de aportes o el caso de aportes fraudulentos [...] he asistido a la Fiscalía en más de una oportunidad, pero para temas completamente distintos”. Nuestro medio corroboró que Torres Morales acudió a la Fiscalía en setiembre del 2020, y declaró en calidad de testigo. Además de ser preguntado sobre su labor legislativa, el acta de dicha diligencia revela que se le preguntó por su relación con Luis Mejia Lecca, extesorero del partido y también acusado por crimen organizado y lavado.

Primera fase: Conferencia de prensa,
difusión en redes sociales y marchas

La estrategia de Fujimori inició el pasado 7 de junio, cuando la candidata junto con sus postulantes a la vicepresidencia, Luis Galarreta y Patricia Juárez, acusaron de “una serie de irregularidades” durante los comicios, y “un fraude en la mesa” por parte de Perú Libre. Los indicios presentados incluyeron, por ejemplo, videos y fotos de personeros del partido de Castillo con presuntas actas electorales marcadas a favor de él, aunque esto no quedó corroborado con las imágenes mostradas durante la conferencia de prensa.

En este acto público también se presentaron actas donde Fuerza Popular no obtuvo ningún voto, como en una de las mesas del distrito de Huarango, en Cajamarca. Sin embargo, una situación similar ocurrió en EE.UU.: en la mesa 081313 de Miami, Fujimori Higuchi obtuvo 95 votos, mientras que su contendor, ninguno. La denuncia también indicó que tres personas en Acora, Puno, eran familiares por compartir el apellido Catacora. Dichas personas han negado ser parientes y han pedido una rectificación de la candidata.

A esto se sumó un dato falso difundido en la conferencia del 7 de junio por Galarreta. Según el candidato a la vicepresidencia, Perú Libre impugnó 1.200 actas que favorecen a Fuerza Popular. Dicha información fue replicada por el periodista Carlos Paredes, quien agregó que por estos recursos se pagó S/537 mil. El equipo de verificación de OjoPúblico, sin embargo, concluyó que esta información es falsa porque, en ese momento, solo habían 494 actas con votos impugnados, por los cuales no se realiza ningún pago.

MARCHA. A la conferencia de Keiko Fujimori le siguió manifestaciones de sus simpatizantes, que programaron marchar al Jurado Nacional de Elecciones.

Foto: Fuerza Popular

La presentación de Fujimori Higuchi culminó con la difusión del hashtag “#FraudeEnMesa”; con el cuál, Fuerza Popular buscó recopilar denuncias de ciudadanos en redes sociales sobre presuntas irregularidades en los comicios del domingo. El hashtag no solo fue difundido en Twitter, sino por el programa del periodista Beto Ortiz en Willax Televisión, donde entrevistó a dos excandidatos que apoyaron a Fujimori en segunda vuelta: Rafael López Aliaga de Renovación Popular y César Acuña de Alianza para el Progreso.

Junto a la difusión de este hashtag se sumó la convocatoria de diferentes protestas en favor de la candidatura de Fujimori. Una de estas incluyó una concentración en el Campo de Marte, en Jesús María en Lima, que contó con la participación desde un estrado de la virtual congresista fujimorista Rosangella Barbarán Reyes. La marcha tenía previsto culminar en la sede del JNE, en un contexto en que su presidente, Jorge Luis Salas Arenas, ha denunciado actos de violencia en las afueras de su casa.

La convocatoria a esta marcha también fue difundida por el piloto de automóviles Mario Hart del Águila, a través de su cuenta de Instagram. La modelo y empresaria Alejandra Baigorria, por su parte, difundió un plantón ante la sede central del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, para pedir de manera ilegal que esta institución "ponga orden". Con un comunicado el Ministerio de Defensa rechazó estos llamados, y advirtió que el uso no autorizado de los emblemas del Comando tiene repercusiones legales. 

Segunda fase: Red de abogados
y actas electorales

En los últimos días, diferentes periodistas y ciudadanos advirtieron que una red de abogados se estaba organizando para revisar actas electorales favorables a Perú Libre. En estas alertas se incluyeron presuntos correos electrónicos de coordinación, y listas de enrolamiento para el grupo de trabajo que elaboraría la evidencia del presunto “fraude en mesa”. En este contexto, OjoPúblico corroboró la participación de dos abogados en estas coordinaciones, que integran importantes estudios de abogados, pero que aseguran haber trabajado a título personal.

El primero de ellos Francisco Baldeon Vellón, abogado especializado en derecho corporativo y asociado a la firma legal Rodrigo, Elías & Medrano. Baldeon Vellón es parte de este estudio desde hace 12 años; y, según su perfil de LinkedIn, ejerce como profesor en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). “Mi intervención personal en este proceso no es motivo de ninguna declaración de mi parte [...] estoy participando a título personal”, reconoció Baldeón Vellón en conversación con nuestro medio.

"A título personal, han ayudado en la revisión [de las actas]", dijo abogado Amiel Rodriguez-Carpi.

La firma Rodrigo, Elías & Medrano fue fundada en Perú en 1965; y hoy, desde sus oficinas en Jesús María, no solo se han posicionado como uno de los estudios más importantes en temas tributarios, sino que sus miembros han estado involucrados en los intentos para frenar normas antielusivas y defender multinacionales que litigan contra el Estado peruano para evitar el pago de impuestos millonarios. Entre sus socios destaca el tributarista Sandro Fuentes Acurio, exministro de Trabajo de Alberto Fujimori.

El segundo abogado que reconoció su participación fue Bruno Amiel Rodriguez-Carpi. “Algunas personas, a título personal, han ayudado en la revisión [de las actas]”, reconoció Amiel Rodriguez-Carpi en entrevista con OjoPúblico. Como socio del estudio Miranda & Amado desde 2010, este abogado se especializa en arbitraje y derecho corporativo. En 2017, Amiel Rodriguez-Carpi fue parte del equipo que asesoró a la empresa Vinci Highways en la compra de Línea Amarilla, de anterior propiedad de dos constructoras brasileñas.  

El Estudio Miranda & Amado, por su parte, también ha asesorado a la constructora Graña y Montero (hoy bajo el nombre de Aenza y en un proceso de colaboración eficaz con la Fiscalía por el caso Lava Jato), en el marco de una demanda de arbitraje contra el Estado peruano por la suspensión del proyecto Gasoducto; y a la compañía brasileña Odebrecht en la venta de la Hidroeléctrica de Chaglla. La firma Miranda & Amado además ha asesorado a clientes chinos en la compra de la minera Las Bambas de Glencore, en Apurímac.

APORTE. De acuerdo a Iván Lanegra, presidente de la Asociación Civil Transparencia, una asesoría legal gratuita es un aporte en especies.

Foto: Andina

De acuerdo a la normativa, las personas jurídicas como las firmas legales están prohibidas de realizar aportes de campaña. La asesoría gratuita de estudios, en calidad de persona jurídica, a un partido político califica como un aporte en especie y, de acuerdo a la ley, la agrupación puede ser sancionada hasta con S/440 mil, mientras que el estudio puede recibir una multa de S/132 mil. OjoPúblico preguntó a otras dos firmas, el Estudio Muñiz y Rubio Leguía Normand, si participaron de las coordinaciones; pero, en lugar de negarlo de manera categórica, indicaron que no iban a comentar al respecto.

El presidente de la Asociación Civil Transparencia, Iván Lanegra Quispe, ha explicado en una entrevista previa a nuestro medio que un abogado, a título personal, sí puede donar su tiempo para asesorar a un partido político. “Si tú haces un servicio gratuito a un partido, donde no reciben ninguna paga, es un aporte en especie”, explicó. Estos servicios, es decir, deberán ser valorizados en los libros contables de la organización política, además de ser declarados ante la autoridad electoral al finalizar los comicios.

Nuestro medio intentó confirmar la identidad de otros 15 abogados que fueron mencionados en redes sociales como parte de este grupo de trabajo. De estos, el abogado Giancarlo Ocola Calderón de GM Legal Services confirmó que se ofreció para revisar las actas de votación, pero que no llegó a participar. Germán Gómez de la firma Rubio Leguía Normand y Diego La Rosa de CLR Abogados Corporativos colgaron el teléfono al ser consultados sobre estas coordinaciones, mientras que los otros 12 letrados no respondieron nuestras llamadas.

Tercera fase: Recursos masivos de nulidad

Anoche, Fujimori inició la tercera fase de su estrategia para revertir el voto a favor de Castillo. Junto al excongresista Miguel Torres Morales, bajo sospecha de la Fiscalía por presunto lavado en el caso Limasa, y el abogado experto en derecho electoral Julio Castiglioni Ghiglino, la lideresa de Fuerza Popular anunció la presentación masiva de recursos de nulidad contra actas de jurisdicciones donde ganó Perú Libre. “De manera sistemática, Perú Libre habría vulnerado el sistema electoral”, dijo Torres Morales.

De acuerdo a la candidata fujimorista, su partido pedirá la nulidad de 802 actas electorales, que corresponden a regiones, sobre todo, en el sur del país como Cusco, Arequipa, Moquegua y Tacna, de acuerdo al diario La República. En estas jurisdicciones, Castillo obtuvo entre 64% y 83% de los votos válidos en segunda vuelta. Fujimori asegura que en las más de 800 mesas donde se ha pedido su nulidad hay alrededor de 200 mil votos en juego. “Los insto a seguir esperando los resultados con mucha esperanza”, dijo la candidata.

"Perú Libre habría vulnerado el sistema electoral”, dijo el exlegislador Miguel Torres.

El excongresista Torres Morales, por su parte, explicó que los recursos de nulidad identifican tres presuntas irregularidades diferentes: 503 actas registran presuntas firmas falsas por parte de los miembros de mesa; en otras 132 mesas, Fuerza Popular no recibió ni un solo voto; y, por último, existen 65 casos donde los miembros de mesa comparten apellidos y, por ende, el partido político alega que son familiares, una situación prohibida por ley. Un primer grupo ya ha sido presentado por la excongresista y personera Alejandra Aramayo.

La normativa electoral detalla que estos recursos de nulidad deben ser presentados por escrito ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de la jurisdicción correspondiente, por un personero legal de Fuerza Popular, en este caso. Además, por cada solicitud presentada se debe hacer un pago de S/1.100 y adjuntar dicho comprobante ante el JEE, de lo contrario este será declarado improcedente. Para la observación de un total de 802 actas, el monto necesario por el pago de las tasas supera los S/882 mil, en base a los montos actuales.

Dichos recursos de nulidad fueron presentados anoche porque, de acuerdo a la normativa de las elecciones, el plazo máximo son tres días calendarios desde el día de los comicios. De igual manera, cada JEE tendrá un plazo máximo de tres días calendarios, que son contados desde el día siguiente a la presentación del recurso, para resolver cada solicitud. La apelación a estos resultados deben ser presentados, de nuevo, en un periodo de tres días de emitida la resolución por el JEE, y acompañado del pago de S/660 por cada apelación.

TESTIGO. El excongresita Miguel Torres declaró ante el Equipo Especial Lava Jato en calidad de testigo, sobre el caso de aportantes falsos.

Documento: Fiscalía

Solo después que estos recursos de nulidad sean resueltos en primera, y segunda instancia de ser el caso; las actas devueltas para su contabilización y finalizado el conteo, el Presidente del Jurado Nacional de Elecciones, en este caso Salas Arenas, podrá proclamar al presidente del Ejecutivo electo. “No tengan miedo, sabemos que pasamos unos momentos de incertidumbre pero confiemos”, dijo Keiko Fujimori al culminar su conferencia de anoche.

En tanto, Salas Arenas, dijo ayer en RPP que los recursos de nulidad presentados por Fuerza Popular, que sobrepasan los 800, no siguen las tendencias de las elecciones anteriores. En 2011 y 2016, en conjunto, se presentaron solo 26 solicitudes de nulidad de actas de sufragio, según el presidente del JNE. El magistrado, además, alertó que un grupo de 20 manifestantes ha ido a su hogar a insultarlo hasta en tres oportunidades. “Yo voy a permanecer firme en mi deber, eso voy a hacer”, concluyó su entrevista Salas Arenas.