Actualizado: 10 de mayo de 2021

Esta semana aparecieron en Lima paneles publicitarios con frases que llaman a votar “contra el comunismo”, en medio de una segunda vuelta electoral con una polarización e incertidumbre similares a la campaña del 2011. Los mensajes no mencionan a los candidatos Keiko Fujimori (Fuerza Popular) ni a Pedro Castillo (Perú Libre). Sin embargo, abogados expertos en temas electorales consultados por OjoPúblico coinciden en que se trata de propaganda política que interfiere en la campaña y cuyo financiamiento debe ser investigado, para asegurar que no colisione con el reglamento electoral. 

Dos hechos importantes diferencian el marco legal de este proceso, respecto a los comicios del 2011. Ahora la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) es la que administra la pauta electoral (los partidos no pueden contratar los espacios en medios) y el financiamiento ilegal es considerado un delito (desde el 2019). Actualmente el Código Penal sanciona la recepción de aportes prohibidos, pero también donaciones anónimas con montos superiores a las 2 UIT (S/ 8.800). 

En las elecciones del 2011 se financiaron y difundieron spots publicitarios, algunos de ellos impulsados por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), con frases como: “El Perú tiene dos opciones, o vamos hacia adelante o vamos hacia atrás”. Las investigaciones del caso Lava Jato revelarían, luego, que estos fueron pagados por una bolsa de dinero que administró el gremio de empresarios, con aportes de Odebrecht. Estas donaciones nunca fueron reportadas a las autoridades y se hicieron al margen de la ley de financiamiento de partidos. 

En la actual campaña, los mensajes que promueven “la defensa del modelo” fueron contratados por personas aún no identificadas y colocados en dos tipos de plataformas contratadas, en su mayoría, a la empresa Punto Visual: torres unipolares, instaladas en vías de alto tránsito de San Borja, Jesús María, Lince, San Martín de Porres, El Agustino, Surquillo y Chorrillos; y avisos minipolares, carteles de menor tamaño que se visualizan en bermas y avenidas secundarias.

TORRES. Los mensajes fueron colocados, en su mayoría, en dos tipos de paneles de la empresa Punto Visual: torres unipolares, como la de la foto, y minipolares, de menor dimensión.

Foto: La República

Consultado sobre el alcance de estas avisos, Ivan Lanegra, Secretario General de la Asociación Civil Transparencia, sostuvo que la ONPE está facultada para requerir información a la empresa publicitaria sobre la autoría de dichos paneles, pues debe descartar si detrás de ellos hay aportes anónimos o donaciones, directas o indirectas, de empresas privadas. Ambas situaciones están prohibidas en los artículos 66 y 125 del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, aprobado por el órgano electoral en noviembre de 2020. 

“Son mensajes con un evidente contenido político. Si bien no dicen por quién votar, inducen por quién no hacerlo ¿Es una falta? No necesariamente, pero sí es un tema que debe ser investigado para saber si se trata de aportes indirectos hechos por personas jurídicas. Además no se trata de una inversión menor. El artículo 99 de la norma permite a la ONPE pedir información a empresas para supervisar el financiamiento de las organizaciones políticas. Esa es la manera más sensata de desincentivar prácticas de este tipo”, añadió a OjoPúblico.

El citado artículo 99 del Reglamento de Financiamiento de partidos señala textualmente que: “Para la supervisión del financiamiento de las organizaciones políticas, la ONPE podrá solicitar información a entidades públicas y privadas, la cual debe asegurar bajo responsabilidad, salvo las excepciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Protección de Datos Personales”.

El costo mensual de los paneles grandes fluctúa entre los S/ 17.550 y S/ 4.914. Si son con pantalla LED, cuestan entre S/15.795 y S/19.305. 

Punto Visual es una de las compañías publicitarias más importantes del país y tiene como gerente general a Alberto de Azambuja Pasara. En 2014 él fue vinculado sentimentalmente a la entonces congresista de Gana Perú, Cenaida Uribe, quien fue acusada de ejercer presión sobre el director de un colegio público para que suscriba un contrato con la empresa de paneles.

En 2020, Punto Visual envió a la ONPE su tarifario para anuncios políticos, donde se indica que el precio mensual de cada torre unipolar fluctúa entre los S/ 17.550 y S/ 4.914, dependiendo del distrito y la zona de ubicación. Si son torres con pantalla LED, cuestan entre S/15.795 y S/19.305. 

Las escalas de cobro que fija Punto Visual para todos sus tipos de anuncios son nueve, y en el caso de minipolares, el precio varía entre S/ 1.263 y S/ 4.914. OjoPúblico se comunicó con la empresa para conocer quién contrató el servicio y, si bien indicaron que iban a devolver la llamada, esto no sucedió.

Los límites de la propaganda electoral

La ley de financiamiento político  define como propaganda con fines electorales, a todos aquellos gastos “incurridos durante una campaña”, incluidos los efectuados a través de medios de comunicación distintos a los radiales y televisivos como (...) empresas de publicidad exterior”. Estos gastos deben ser identificados, no pueden provenir de empresas, congregaciones religiosas ni de personas condenadas por crimen organizado, lavado de activos y otros delitos. 

El reglamento electoral añade que las organizaciones políticas "no pueden recibir aportes anónimos de ningún tipo. Salvo prueba en contrario, los aportes no declarados por las organizaciones políticas se presumen de fuente prohibida". Fuerza Popular, cuya lideresa ha incluido discursos contra el comunismo en su campaña, no se ha adjudicado la autoría de los paneles. Tampoco ninguno de los otros partidos rezagados en la primera vuelta, aunque cabe indicar estos son constituidos como personas jurídicas sin fines de lucro, por lo tanto, están impedidas de hacer aportes directos.

Ivan Lanegra explica que las prohibiciones rigen para todas las agrupaciones políticas hasta que concluya el proceso electoral, es decir, hasta que se anuncien los resultados oficiales. “Si algún político hace campaña a favor de un candidato, los gastos que realice deben ser reportados ante la ONPE en su declaración final de gastos”.

TARIFAS. La empresa de publicidad exterior Punto Visual tiene una escala de cobros de acuerdo a la zona y distrito donde se instalarán sus paneles.

Fuente: ONPE.

La exministra de Justicia y especialista en Derecho Constitucional y Electoral, Ana Neyra, coincide en que la ONPE debe actuar en este caso porque el contenido de los paneles favorece a una determinada opción política. “Antes, cuando estaba permitido pagar por propaganda en radio y televisión, la ONPE pedía información sobre quién hizo la contratación. Lo mismo podría hacer ahora. La norma también establece topes en las donaciones, y es necesario ver si una sola persona ha contratado los anuncios”.

De acuerdo con Neyra, la regulación administrativa no deja claro si se puede atribuir responsabilidad a una organización política por un aporte que podría provenir de una persona, agrupación política o empresa de manera espontánea. “Podrían alegar no haber tenido control sobre esta contratación. La sanción estipulada en la norma está pensada en la organización política, no en quien hace el aporte indebido”.

Las sombras de Lava Jato en 2011 

En 2018, en el marco de las investigaciones por el Caso Lava Jato, el representante de Odebrecht, Jorge Barata, reveló al Equipo Especial de fiscales que la constructora brasileña Odebrecht había aportado US$200 mil a un grupo de empresarios para apoyar la campaña de Keiko Fujimori en 2011. Las indagaciones confirmaron que el dinero fue para una bolsa de US$2 millones que reunió la Confiep, con el fin de oponerse a la candidatura de Ollanta Humala.

En aquel entonces, el expresidente de este gremio, Roque Benavides, admitió la recaudación, pero dijo que el dinero se destinó a spots publicitarios en medios de comunicación para apoyar a la empresa privada. Estos videos tampoco mencionan el nombre de ningún candidato y, de manera similar a lo que ocurre ahora, promovían la defensa del modelo económico. La ONPE nunca detectó estos aportes.

SPOT. Este es uno de los videos anónimos que financió la Confiep en la campaña de 2011, cuando se enfrentaban Ollanta Humala y Keiko Fujimori.

Fuente: Youtube.

El Equipo Especial Lava Jato acusa a la candidata presidencial Keiko Fujimori de ser cabecilla de una organización criminal, y ha pedido 30 años de prisión para ella y otras 40 personas por el presunto delito de lavado de activos en el financiamiento de sus campañas políticas del 2011 y 2016. Según la investigación fiscal, su agrupación política recibió US$ 1,2 millones de la constructora Odebrecht, los cuales fueron canalizados a través de aportantes falsos, cuentas offshore, fraccionamientos y actividades proselitistas.

Como parte de las indagaciones, la fiscalía citó como testigos a diversos funcionarios de la ONPE, incluso al extitular de la entidad, Adolfo Castillo Meza, por una reunión que sostuvo con la candidata en 2017. Además, en la lista de 40 procesados aparece Luis Barboza Dávila, exjefe del Área de Verificación y Control de la ONPE, a quien se le acusa de emitir informes técnicos que favorecieron la rendición de cuentas de la organización.

El abogado penalista e investigador del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (Idehpucp), Rafael Chanjan, señala que ahora se cuentan con más herramientas para seguir el rastro de los aportes de campaña. “Antes no era un delito falsear información en el reporte de ingresos, era una falta administrativa. Recibir financiamiento prohibido, tampoco lo era, a menos que se llegara a demostrar que esta acción formaba parte de un lavado de activos. El panorama actual obliga a las organización a transparentar sus finanzas, pero hasta ahora no se han usado estos artículos”.

Desde 2019 se castiga con cárcel el financiamiento prohibido y la entrega de información falsa sobre donaciones, ingresos y gastos en las campañas políticas

Desde agosto de 2019, con la Ley 30997, se incorporaron al Código Penal dos delitos que, por primera vez, permiten sancionar el financiamiento prohibido y la entrega de información falsa sobre donaciones, ingresos y gastos en las campañas políticas. Además, se actualizó la lista de fuentes de financiamiento ilegal e incluyó entre estas a los “aportes anónimos dinerarios” superiores a las 2 UIT (S/8.800) y a empresas con sanciones penales o administrativas, entre otros.

A diferencia del reglamento electoral, la norma penal sí contempla sanciones para el que entrega el aporte ilícito. Se establecen penas de dos a cinco años de cárcel para todo aquel que, de manera directa o indirecta, “solicita, acepta, entrega o recibe aportes, donaciones, contribuciones o cualquier otro tipo de beneficio proveniente de fuente de financiamiento legalmente prohibida, conociendo o debiendo conocer su origen, en beneficio de una organización política o alianza electoral”.

La condena puede aumentar hasta ocho años de prisión si el candidato, tesorero o responsable de campaña conocían que el financiamiento provenía de una fuente prohibida, o cuando el valor del aporte es superior a las 50 UIT (S/220 mil) o se involucra al miembro de una organización criminal.

ONPE. En la campaña de 2011, el organismo electoral no detectó los gastos que hicieron empresarios de la Confiep para financiar spots publicitarios en contra del candidato Ollanta Humala. 

Foto: Andina.

Según Chanjan, los paneles que han aparecido en Lima podrían derivar en el inicio de una investigación penal de oficio, principalmente por la sospecha de que se esté incurriendo en aportes anónimos superiores a las 2 UIT. “Al término de la campaña electoral los partidos deberán entregar sus balances finales y, si no aparece allí algo relacionado a los paneles, podríamos estar ante un caso de financiamiento prohibido o falsa declaración, que se sanciona con dos a seis años de cárcel más inhabilitación”. 

“Detrás de este tipo de paneles y publicidad hay un aporte económico que beneficia directamente a alguno de los candidatos. Puede salir un ciudadano y decir que lo hizo de modo voluntario y no tiene relación política alguna, pero eso amerita una investigación”, añadió.

OjoPúblico solicitó una entrevista con personal de la ONPE sobre la pertinencia de indagar en el financiamiento de estos paneles, pero a través de su equipo de prensa nos enviaron un mensaje por escrito en el que señalaron que los temas relativos a la “propaganda electoral” son competencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Incluso citan el artículo 181 de la Ley Orgánica de Elecciones, y el artículo 4, literal O, del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Según Rafael Chanjan, el caso podría derivar en una investigación penal, por la sospecha de aportes anónimos superiores a las 2 UIT".

Sin embargo, el primero de estos se refiere a que “la propaganda electoral debe hacerse dentro de los límites que señalan las leyes” y, el segundo, define el concepto de este tipo de publicidad. Dice que es "toda acción destinada a persuadir a los electores para favorecer a una determinada organización política, candidato, lista u opción en consulta, con la finalidad de conseguir un resultado electoral”. Y que solo la pueden efectuar las organizaciones políticas o candidatos.

Ninguno hace mención a la fiscalización de fondos de campaña. Esta función sí aparece en el artículo 34 de la Ley de Organizaciones Políticas, puntualmente indica que “la verificación y el control externos de la actividad económico-financiera de las organizaciones políticas” corresponde a la ONPE, a través de la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios. Ante nuestra insistencia, esta oficina electoral se limitó a añadir que “los financiamientos de campañas son verificados y controlados a posteriori de las fechas de rendiciones de cuentas conforme la ley y reglamento”.

Notificaciones a Partidos Políticos_ONPE by OjoPúblico Periodismo de Investigación on Scribd

CARTAS. El 5 de mayo la ONPE envió comunicaciones a los 20 partidos políticos que participaron en la reciente campaña electoral.

Fuente: ONPE.

El jueves 6 de mayo, luego de esta publicación, la ONPE confirmó a OjoPúblico que se enviaron cartas a todos los partidos políticos para conocer si alguno recibió como aporte la publicidad que se refleja en dichos paneles. La solicitud se extendió a las empresas de publicidad exterior, a fin de identificar los costos y autoría de la persona natural o jurídica que realizó los contratos. Las respuestas deberán llegar la próxima semana, como parte de sus funciones de supervisión al financiamiento de las agrupaciones políticas.

La ONPE envío a OjoPúblico el listado de cartas remitidas por la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios a los tesoreros de los 20 partidos políticos que estuvieron en campaña. Se trata de misivas con fecha 5 de mayo, tres días después de que la Asociación Civil Transparencia y expertos en derecho electoral alertaran en esta nota que la publicidad en los paneles puede ser investigada bajo las normas de financiamiento político.