El próximo presidente del Perú deberá enfrentar un incremento de violencia en la Amazonía, debido al avance de las actividades ilegales y a la histórica desprotección de los pueblos indígenas. Además tendrá que asumir el reto de mejorar los servicios de salud y educación en las comunidades acorraladas por la pandemia; así como plantear soluciones para la protección de sus territorios frente a los traficantes de tierras y conflictos causados por la minería informal y el avance de los cultivos ilegales de hoja de coca.

Los problemas sociales no se localizan solo en la Amazonía, también en los Andes. En las regiones andinas se registran 126 conflictos que involucran a enfrentamientos entre comunidades campesinas y compañías mineras, y otras con extractores de la minería informal. ¿Cuál es la estrategia y las propuestas de las organizaciones políticas que postulan al gobierno y Congreso de la República para enfrentar estos temas?

OjoPúblico analizó el discurso y revisó los planes de gobierno de siete partidos políticos (Acción Popular, Avanza País, Juntos por el Perú, Victoria Nacional, Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre) para conocer sus propuestas en torno a esto temas. 

En conjunto identificamos 24 propuestas sobre educación bilingüe, salud intercultural, seguridad jurídica, autogobierno, territorio y turismo. De los documentos revisados, solo Juntos por el Perú y Victoria Nacional profundizan en sus propuestas y explican cómo ejecutarán sus planes. En tanto, Fuerza Popular, Renovación Popular y Perú Libre mencionan derechos indígenas que ya son reconocidos por la legislación. Por su parte, Acción Popular no menciona a los pueblos indígenas en su plan; mientras que Avanza País los incluye desde una mirada económica. 

En nuestro país existen 55 pueblos indígenas u originarios: cuatro de ellos ubicados en los Andes y 51 en la Amazonía. De acuerdo al censo del INEI, más de 2 millones de personas viven en estas comunidades de la selva y sierra, y representan al 6,2% del total de habitantes del país.

El 70% de las propuestas que revisamos se refiere a derechos de los pueblos indígenas ya reconocidos en la Declaración de las Naciones Unidas. El otro 30% son ofrecimientos de cambios constitucionales e inversión pública en comunidades indígenas, con metas al 2026, aunque generalmente sin detallar el plan de ejecución. 

Para Ana Leyva, responsable del Programa de Derechos Colectivos y Gestión del Territorio de CooperAcción, la falta de propuestas concretas de los partidos políticos evidencia la gran deuda histórica y la desatención de los gobiernos hacia los pueblos indígenas y comunidades campesinas. "[Los partidos políticos] ven a los pueblos indígenas desde el lado económico, para explotar sus recursos. Pero no les brindan la seguridad territorial que necesitan. La falta de planteamientos claros en las propuestas es muy grave, porque acentúa la vulnerabilidad de estas poblaciones", indicó. 

Silencios y omisiones en AP, Avanza País y Fuerza Popular

Acción Popular no menciona a los pueblos indígenas ni a las comunidades campesinas a lo largo de las 26 hojas de su plan de gobierno. En 2014, cuando Jonhy Lescano era congresista, señalaba que el Perú debía ser una nación pluricultural. "La actual Constitución está muy occidentalizada. La Ley de Leyes debe promover una nación pluricultural", decía aquel año, en un foro internacional sobre Pueblos Indígenas y Cambio Climático. Sin embargo, en su actual plan de gobierno no menciona a los pueblos indígenas. OjoPúblico intentó comunicarse con los voceros del partido, pero hasta el cierre de este artículo no respondieron. 

En el caso de los planes de gobierno de Avanza País y Fuerza Popular, ambos se centran en el derecho a la propiedad territorial de las comunidades indígenas y campesinas. El partido liderado por Hernando De Soto plantea promover la formalización de la propiedad rural y de las comunidades campesinas e indígenas; y establece como meta titular el 70% de estas comunidades al 2026.

Sin embargo, no especifica cómo lo hará. El 2009, en el documental "El Misterio del Capital de los Indígenas Amazónicos", De Soto proponía la individualización del título colectivo de las comunidades, según él, "para ingresar a sus miembros a la economía del siglo XXI". 

En 2011 la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), que agrupa a las federaciones indígenas amazónicas del Perú, expresó su desacuerdo con esta propuesta y señalaron "que reducía la importancia integral del territorio, al considerar solo el plano económico y crediticio, poniendo en riesgo  los territorios indígenas al colocarlos como un bien pasible de ser puesto en garantía a cambio de créditos". 

El plan de gobierno de Fuerza Popular, por su parte, habla de intervenciones de apoyo y de rescate de las comunidades en situación de vulnerabilidad. El objetivo es realizar intervenciones sociales que aseguren los derechos en salud, educación, reducción de la pobreza, vivienda y acceso a servicios básicos. Sin embargo, no hay detalles de cómo se piensan implementarlos. 

DESAFÍOS. El próximo presidente deberá atender la salud de los pueblos indígenas afectados por la Covid-19. 

Foto: OjoPúblico/ Sebastián Castañeda

El tema de fondo para los especialistas consultados por OjoPúblico es la falta de titulación de tierras de las comunidades indígenas. Richard Rubio, vicepresidente de Aidesep, explicó a este medio que la vulneración de sus derechos comienza "cuando no se nos permite tomar posesión de nuestra propia tierra, o tratan de individualizar las parcelas de nuestro territorio para promover la expansión de las grandes inversiones petroleras o mineras". 

Por su parte, el director del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAP), Ismael Vega, señaló que la falta de titulación es un problema grave, porque el territorio es el eje central de su organización económica, política y cultural. "Sin una adecuada titulación de su territorio surgen problemas, como el asesinato de los defensores. Se necesita mucha voluntad política para cumplir las normas, reconocer el territorio indígena y luchar contra la corrupción, que es el factor principal que retrasa el procedimiento de titulación de las comunidades", indicó.

Juntos por el Perú y Victoria Nacional 

El plan de gobierno de Juntos por el Perú apuesta por un gobierno pluricultural y propone reformas constitucionales para incorporar escaños en el Congreso de la República, destinados a los representantes de los pueblos indígenas y afrodescendientes. También busca que los profesionales indígenas puedan asumir altos cargos en la estructura del Estado. 

Otra de sus propuestas es el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas en los ámbitos económico, administrativo, político y jurídico. Al respecto, Ismael Vega, explicó que para cumplir esta promesa se debe asegurar que el Estado peruano destine recursos económicos y asistencia técnica para la creación de los gobiernos territoriales por etnias, que formarían un consejo independiente.

Juntos por el Perú también indica que creará una comisión transitoria, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, destinada exclusivamente a la titulación y georreferenciación de las comunidades indígenas y campesinas, una suerte de Organismo de la Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) indígena.

Otros ofrecimientos de dicha organización política son implementar un modelo educativo y de investigación, con la participación de las autoridades indígenas en las cuatro universidades interculturales del país: Juan Santos Atahualpa, en Junín; Quillabamba, en Cusco; Amazonía, en Ucayali y Fabiola Salazar Leguía de Bagua, en Amazonas. 

Asimismo, plantea que el 10% de la malla curricular de las carreras de salud tengan un enfoque intercultural; y fortalecer el rol del personal indígena de medicina tradicional, como parteras, chamanes, médicos tradicionales y otros.  

Por su parte, Victoria Nacional propone involucrar a las comunidades indígenas y campesinas en actividades forestales, el fomento del turismo rural comunitario e impulsar la gastronomía amazónica y andina. También promete titular el 40% de las comunidades y construir centros de asistencia técnica para el desarrollo de cadenas productivas.

Ismael Vega, director del CAAP, cuestionó que las propuestas de los candidatos no comprendan la cosmovisión indígena basada en la vida en comunidad. En ese sentido, dijo que uno de los enfoques esenciales debería ser el cierre de las brechas de pobreza. Pero ninguno de los planes de los seis candidatos que aparecen en los primeros lugares de los sondeos abordan este punto. 

En contra del Acuerdo de Escazú 

El plan de gobierno de Renovación Popular plantea para los pueblos indígenas programas que ya se encuentran establecidos actualmente, como la protección de su cultura y territorio, o el fomento de áreas naturales protegidas para que allí desarrollen sus actividades tradicionales. 

La organización política liderada por el candidato Rafael López Aliaga propone invertir recursos financieros para incrementar la producción agrícola orgánica de las comunidades indígenas. También promete formar indígenas como agentes de desarrollo en el sector salud, alfabetizar a los adultos y avanzar con el saneamiento rural.

No obstante, López Aliaga se ha mostrado en contra de la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado que promueve el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. El último 12 de marzo, durante un debate ecológico virtual, organizado por instituciones de la sociedad civil, indicó que está en contra de dicho acuerdo. 

Además de López Aliaga, el candidato a la segunda vicepresidencia por Renovación Popular, Jorge Montoya, integrante del grupo ultraconservador Coordinadora Republicana, también se opone a la ratificación. En junio del año pasado, cuando el tema se debatía en el Congreso, Montoya declaró que “no tiene ningún sentido que el Perú sea sometido a soberanías extranjeras para dilucidar temas que corresponden estrictamente a su desarrollo”, dijo, cuando este asunto ha sido desmentido por expertos. 

El abogado especialista en temas ambientales, César Ipenza, explicó a OjoPúblico que existe un desconocimiento de los candidatos sobre el Acuerdo de Escazú y una intención de no aprobarlo con el fin de priorizar solo las inversiones extractivas en la Amazonía y no custodiar los derechos de los líderes indígenas. “Escazú no es un acuerdo para asignar soberanía; es un tratado de derechos humanos para la defensa ambiental y de los defensores”, aseguró.

¿Qué proponen en el tema minero?

Hasta marzo de este año, la Defensoría del Pueblo registró 194 conflictos sociales, de los cuales 143 estaban activos y 51 latentes. La institución precisó que el 64% de dichos conflictos están vinculados a la minería formal. En ese sentido, ¿cómo abordan los candidatos el problema minero?

Solo las organizaciones Victoria Nacional y Juntos por el Perú hablan de la reducción de los conflictos socioambientales, a través de fondos con inversión privada para la remediación de los pasivos ambientales en las comunidades. 

Las otras organizaciones políticas (Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular) apuestan por el desarrollo de la gran minería y una convivencia con la agricultura, sin afectar los recursos hídricos, pero no mencionan cómo atender los conflictos.

El candidarto De Soto dijo en el debate electoral organizado por el Jurado Nacional de Elecciones que, en un eventual gobierno suyo, dará viabilidad a los proyectos mineros Tía María (Arequipa) y Conga (Cajamarca), porque es “necesario destrabar la economía”. Lo dijo sin mencionar que en este momento ambos proyectos aún no cuentan con la aprobación de las comunidades locales.

CONFLICTOS. En las regiones andinas se registran 126 conflictos entre comunidades campesinas y compañías mineras,. 

Foto: OjoPúblico/ Álvaro Franco

En cuanto al problema de la minería informal, el candidato de Avanza País, plantea la formalización de los mineros informales en un tiempo récord: tres meses. Recientemente, el postulante viajó a La Rinconada (uno de las principales zonas de minería informal en Puno) y en ese lugar dijo que los mineros informales son la “salvación del Perú” y pidió a las autoridades "dejarlos trabajar. 

No obstante, en su plan de gobierno no explica cómo agilizará el proceso de formalización que, como ha reportado OjoPúblico, lleva años y hasta ahora no supera el 5% en todo el país. En una entrevista con Cuarto Poder  el candidato indicó que cuenta con el voto de los mineros informales porque sus políticas de expansión de esta actividad son eficaces.

Respecto a la minería, Perú Libre plantea la nacionalización de los principales yacimientos mineros, como Yanacocha, Antamina, Toromocho, Marcona, Cuajone, Quellaveco, Toquepala y otros. Sobre la minería informal el candidato presidencial por este partido, Pedro Castillo, señala en su plan de gobierno que apostará por la formalización de la minería informal para “reducir el daño ecológico” que causa actualmente, pero no dice cómo lo logrará, al igual que Victoria Nacional que también promete formalizar  a los mineros informales. 

Por su parte, Fuerza Popular, Acción Popular y Renovación Popular no se abordan en sus planes de gobierno el problema de la minería informal que causa graves daños en la Amazonía y otras regiones del país. En cuanto a la minería informal, la especialista Ana Leyva indicó que los procesos de formalización ya están estandarizados en el Perú, pero que "no hay voluntad de formalizarse”.