La madrugada del 1 de diciembre de 1983, veinticinco militares encapuchados ingresaron a la fuerza a la vivienda de Adelina García Mendoza, ubicada en la avenida Arenales de la ciudad de Huamanga, en Ayacucho. Después de golpear a su esposo Sócimo Tenorio Prado (27), los soldados se lo llevaron. Ese fue el último día que ella lo vio con vida. Adelina tenía 20 años y una niña con quien debió salir adelante. Hoy, 37 años después de aquel trágico día, vuelve a sentir miedo. Le atemoriza la idea de volver a aquellas épocas oscuras, de persecución, abusos e impunidad. 

“El actual contexto político nos da miedo. No queremos que nuestros nietos y bisnietos lloren a sus muertos como nosotros lo hicimos en el pasado con nuestros muertos, desaparecidos, abusados y secuestrados. No queremos que hereden un estado de violencia e impunidad”, dijo a OjoPúblico García Mendoza, fundadora y representante de la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos, Desaparecidos del Perú (Anfasep). 

Al igual que García, otra de las viudas que dejó la violencia en Perú es Jakeline Valverde Trovar, una mujer que sigue exigiendo justicia para su esposo, el policía Henrry Rojas Manuel (23), asesinado por Sendero Luminoso el 07 de octubre de 1987 mientras cumplía guardia en la comisaría de Concepción, región Junín. Cuenta que a su esposo lo dinamitaron, le destrozaron  todo su cuerpo. Ella solo pudo enterrar algunos de sus restos. Entonces, Valverde tenía 22 años y una niña de apenas 1 año. 

Entre 1980 y 2000, la violencia terrorista y la violación de derechos humanos en Perú dejó más de 148 mil víctimas, una cifra superior  a todos los afectados por las dictaduras de Argentina y Chile, según el Registro Único de Víctimas (RUV). Además, hay registrados 20.329 desaparecidos, de los que solo se han hallados e identificado los restos de menos de mil personas. 

Ante el actual panorama electoral los representantes de Anfasep y otras 48 asociaciones de víctimas y organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos humanos firmaron una carta dirigida a los candidatos presidenciales Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular), quienes disputarán la segunda vuelta electoral el próximo 6 de junio. En el documento les piden comprometerse a que, en un eventual gobierno, no repetirán la violencia de los ochentas y noventas; y garantizarán que el Perú se mantendrá bajo el sistema internacional de derechos humanos.

Respeto a las políticas de reparación

Uno de los pedidos de las organizaciones firmantes de la carta enviada a los candidatos presidenciales es que se comprometan a garantizar la permanencia del Perú en el Pacto San José. Esta instancia internacional permite a las víctimas de violación de los derechos humanos buscar justicia fuera de nuestro país. Otra de las demandas es asegurar la continuidad de los procesos judiciales, como el caso de las esterilizaciones forzadas, actualmente en fase de acusación contra el expresidente Alberto Fujimori y tres exministros de Salud, incluido Alejandro Aguinaga, electo congresista por Fuerza Popular. 

Mediante dicho comunicado, las instituciones rechazan las propuestas de ambos candidatos de indultar a personas condenadas por delitos graves y violaciones a los derechos humanos. Asimismo, solicitan respetar las leyes que crean el plan integral de reparaciones, la búsqueda de personas desaparecidas y el banco de datos genéticos. 

También plantean que se fortalezca la institucionalidad de los museos donde se recuerda a las víctimas; que se profundice en los contenidos relativos al periodo de la violencia interna en el currículo escolar y que se adopten las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).

Al respecto, Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, explicó a OjoPúblico que hay preocupación porque “ambos candidatos representan ciertos riesgos” en la continuidad de la defensa de los derechos humanos. “Por un lado, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo  manifestó durante la primera vuelta su  intención de llevar a referéndum la salida del Perú del Pacto de San José. De concretarse, no permitiría a las víctimas de la violencia que accedan a la justicia en instancias supranacionales”, indicó.

REPARACIONES. Las organizaciones de derechos humanos solicitan a los candidatos presidenciales firmar acuerdos par cumplir con las indemnizaciones a las víctimas.

Foto: Andina

Al otro lado, en el caso de Keiko Fujimori, se observa el rol que desempeñó durante el periodo del conflicto interno, cuando su padre era presidente de la República, dijo Bracamonte. Añadió que a eso se suma el bloqueo que impuso mediante el Congreso de la República durante los últimos cinco años y los  casos de corrupción en los que está inmersa. 

En esa línea, el politólogo Mauricio Zavaleta señaló que el temor de las víctimas es que se retroceda en la implementación del plan de reparaciones, que cuenta con  una hoja de ruta para reconciliar a los deudos con el estado. 

“Hay el temor de que se retroceda en las políticas de reparaciones. [...] Lo que se pide a los candidatos es un real compromiso para cumplir con ellas y no olvidar la historia del Perú”, enfatizó. 

Mauricio Zavaleta dijo que el temor de las víctimas es que se retroceda en el plan de reparaciones".

Zavaleta señaló que, en el caso de la candidatura de Keiko Fujimori, uno de los mayores temores de las víctimas es que indulte a su padre Alberto Fujimori, sentenciado por delitos de lesa humanidad. En el caso de Castillo, aseguró el experto, el temer es la desactivación de instituciones clave, como aquellas vinculadas al sistema de justicia o la Defensoría del Pueblo.

Para evitar estas situaciones, indicó que es necesario que se trabaje adecuadamente el currículo escolar para contar a las nuevas generaciones el caos que vivió el Perú. “Asimismo, se deben fortalecer los lugares de memoria”, apuntó.

La carta rechaza la estigmatización de las víctimas que han luchado durante décadas por justicia y verdad, o de los que ejercen su derecho a la protesta. “Nos mortifica la utilización política de términos que nos recuerdan la etapa de dolor y el uso de la memoria con fines proselitistas”, remarcó Bracamonte. 

Casi cuatro décadas sin justicia

“¿Dónde está?, ¿dónde? Vivo se lo llevaron; vivo deberían devolvérmelo. Pero hasta hoy no puedo enterrarlo, no me devuelven sus restos para despedirme de él. La herida sigue abierta”, dice Adelina García. El último recuerdo que guarda de su esposo es una imagen donde aparece junto a su hija, en su casa de Huamanga. 

Los casos emblemáticos de vulneraciones  de derechos humanos durante la violencia  interna en Perú son los crímenes ocurridos en el cuartel del Ejército Los Cabitos (Ayacucho, 1983-1985) y las masacres de poblaciones enteras en las localidades de Putis y Soras (ambas también en Ayacucho, ocurridas en 1984), el arrasamiento militar en el río Huallaga (Huánuco, 1993) y la matanza en el Valle de Tsiriari en Mazamari (Junín, 1993). 

En el caso de los atentados cometidos por Sendero Luminoso está presente en el imaginario colectivo la matanza de Lucanamarca (Ayacucho, 1983), el atentado en Tarata (Lima, 1992), los coches bombas en Lima, de 1990-2020, entre otros.

Las víctimas solicitan a los candidatos no volver a repetir el episodio más trágico del Perú".

“¿Dónde están los beneficios que reciben los deudos?, ¿es justo que tengamos que hacer juicio al estado? [...] Las víctimas exigimos reparación porque se ha truncado el futuro de nuestros hijos. Las fosas comunes, los desaparecidos, todo eso duele”, señala Leonor Saire Marcavillaca, representante de la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Afectados por la Violencia Política del Perú (Conavip), viuda de Walter Rojas Vargas.

Saire Marcavillaca relata que en marzo de 1991 su esposo, que era militar, fue asesinado por el grupo terrorista Sendero Luminoso. Unos meses antes, ella  fue víctima de abuso sexual y tortura cuando estaba de guardia en el centro de salud de Pacaritambo, provincia de Paruro, en Cusco. 

“¿Por qué nos dicen que somos terroristas, a nosotros que hemos sido golpeados por Sendero Luminoso y el estado? Cómo es posible que no nos pidan perdón. Queremos que los candidatos se comprometan a no revivir los años de violencia”, pide Saire. 

La representante de más de 20 mil víctimas de la violencia interna dice que no quieren más impunidad. Solicita agilizar las reparaciones individuales y que los candidatos presidenciales se comprometan, por escrito, a no volver a repetir el episodio más trágico del Perú.

Por su parte, Adelina García, quien lleva 37 años buscando justicia para su esposo, espera que ambos postulantes presidenciales respeten los programas de reparaciones a las víctimas de la violencia, porque su reclamo es justo. “No mentimos, no hacemos apología al terrorismo”, remarca.