Ayacucho, ubicado en la sierra central del Perú, es una de las regiones en donde se registran altos índices de anemia y desnutrición crónica infantil; pero también es una de las zonas con mayor cantidad de casos de corrupción en el país. En este escenario, al menos una decena de candidatos han iniciado sus campañas para reemplazar a Wilfredo Oscorima, presidente saliente del Gobierno Regional de dicha localidad.

Al cierre de edición, los sondeos en medios de Ayacucho ubicaban a Richard Prado Ramos –contador público de profesión y exalto funcionario público de dicho gobierno regional– como candidato para las elecciones de octubre. Aunque las postulaciones serán oficiales el 19 de junio, la candidatura de Prado Ramos promete ser una de las protagónicas en los próximos meses.

La campaña electoral de Prado Ramos, quien se desempeñó como exgerente general del Gobierno Regional de Ayacucho en la gestión de Oscorima, ya registra pintas en las principales avenidas de Huamanga, banderolas colgadas en las fachadas de algunas viviendas y hasta caravanas de camionetas haciendo propaganda. Desde antes de iniciar la elección, la inversión de Prado Ramos por llegar al sillón regional es evidente.

POLÉMICO. Wilfredo Oscorima, actual gobernador regional de Ayacucho, estuvo preso por corrupción aunque luego fue absuelto de los cargos. 

Foto: La República.

Prado Ramos no es un desconocido en la gestión pública ayacuchana. Mientras fue gerente del gobierno regional, entre 2013 y 2015, aprobó diversas licitaciones, algunas con observaciones técnicas evidenciadas por el Ministerio Público y otras, con presunto favorecimiento a las empresas contratadas. Una de ellas fue la que levantó más sospechas en las indagaciones fiscales que persiguen al hoy candidato. Aquí la historia.

Una contratación bajo sospecha

Todo empezó el 2013, cuando el Gobierno Regional de Ayacucho firmó la licitación con el Consorcio Santo Tomás, integrado por Dyacons S.A.C., Sigma S.A Contratistas Generales e Incorp Ingeniería y Construcción S.A.C., para la construcción del colegio emblemático San Ramón. Años más tarde, en el 2016, la última compañía fue sancionada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) por más de S/ 1,140,000.00.

El Ministerio Público encontró que los investigados, entre ellos Prado Ramos, limitaron la participación de otros postores en la convocatoria del colegio emblemático San Ramón, favoreciendo al Consorcio Santo Tomás

En 2015, tiempo después de la firma del contrato con el Consorcio Santo Tomás, la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios investigó una presunta concertación en la licitación porque no se cumplieron con todos los requisitos del proceso, según la exigencia del organo de contrataciones públicas. Por estos hechos, la Fiscalía formalizó la investigación preparatoria en junio del 2017.

En aquella investigación, el Ministerio Público denunció en calidad de autores al hoy precandidato Richard Prado Ramos; al ex gerente regional de infraestructura Mario César Pizarro Quispe; y al mismo gobernador regional Wilfredo Oscorima Nuñez. Según la fiscalía, dichos funcionarios incurrieron en delito contra la administración pública en la modalidad de colusión agravada.

El Ministerio Público, en el marco de sus indagaciones, estableció que los investigados, entre ellos Prado Ramos, limitaron la participación de otros postores en la convocatoria del colegio emblemático San Ramón, favoreciendo al Consorcio Santo Tomás, pese a que este no cumplía con las bases. Según la investigación, el proceso debió declararse desierto. 

Entre las irregularidades, el Ministerio Público destacó la aprobación de la propuesta técnica y económica del consorcio cuando las propuestas había sido entregadas fuera de plazo; y haber otorgado 92 puntos al Consorcio, en la evaluación y en la calificación de criterios, cuando sólo le correspondía 71 puntos; entre otras irregularidades.

Respecto de la investigación que registra en el Ministerio Público por el caso del colegio emblemático San Ramón, Prado señaló a Ojo-Publico.com que desconoce todo tipo de imputación. El virtual candidato agregó que no ha recibido ninguna notificación y que desconocía al fiscal encargado de las indagaciones. Sin embargo, en la resolución del caso el procesado incluso es citado a declarar.

A pesar de que el plazo para que el Ministerio Público demuestre los hechos presuntamente ilícitos venció en noviembre de 2017, todavía no se ha programado el juicio oral. Hoy, con una investigación en su contra, Prado Ramos se prepara para suceder a Oscorima, también incluido en la carpeta fiscal.

INVESTIGADO. Richard Prado mantiene una denuncia fiscal por presuntamente haber favorecido a un consorcio en el otorgamiento de una licitación.

Foto: Resolución de investigación. 

El contador que busca ser presidente regional

Prado Ramos inició su actividad política en el 2013, mientras era decano del Colegio de Contadores de Ayacucho. Desde ese cargo se pronunciaba y criticaba la primera gestión de Oscorima (2011-2014). Sorpresivamente, a fines del 2013, Prado fue elegido gerente general del gobierno regional, pero por un periodo corto. Luego de dejar el cargo, volvió a dicha entidad en el 2015.

Como se recuerda, Oscorima recibió cinco años de prisión por negociación incompatible en agravio del Estado, debido a la compra de maquinarias pesadas valorizada en S/ 20 millones. Luego de mantenerse como prófugo de la justicia, el exjefe de Prado Ramos fue detenido y enviado a prisión hasta que la Corte Suprema falló de manera sorpresiva por su absolución.

En la conversación con Ojo-Público.com, Prado Ramos rechazó cualquier tipo de nexo o cercanía con el hoy gobernador Wilfredo Oscorima. Aseguró que sus adversarios en este proceso electoral pretenden “confundir a la población con estas vinculaciones”.

Otros potenciales candidatos

Hoy, a días del cierre de inscripción de listas en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los movimientos regionales vienen definiendo a sus candidatos. Entre los personajes que también podrían participar en la pugna por el Gobierno Regional de Ayacucho figuran: el exministro de Defensa y excongresista nacionalista, José Urquizo; así como Carlos Rua Carbajal, exalcalde de Huanta e involucrado en un proceso fiscal por el delito contra el medio ambiente.

En la lista de precandidatos para el gobierno regional de Ayacucho también figuran Esperanza Rojas Gutiérrez, empresaria que participa por primera vez en la contienda; Pabel Bellido, exalcalde de la provincia de Cantagallo (2015-2018); y Edwin Bustíos Saavedra, exalcalde de la provincia Huanta (2010-2013); entre otros voceados como trascendidos, como el caso del exlegislador aprista Omar Quezada Martínez.