Por: Magali Estrada (Áncash), Clarys Cárdenas (Cusco), Karim Chacón (Puno), Geraldine Santos (Huánuco) y Elizabeth Salazar (Lima).

En las farmacias de los hospitales del Perú hay frases que resuenan como un mantra: “Este medicamento está agotado”, “De esta lista solo tenemos dos productos”, “No contamos con stock”. Los pacientes se retiran con sus recetas y solo tienen dos opciones: buscar los productos en boticas privadas -a un precio que, según la Defensoría del Pueblo, podría ser hasta 26 veces mayor- o abandonar su tratamiento.

La mayor parte de los fármacos que se distribuyen en los establecimientos públicos son adquiridos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), una entidad que depende del Ministerio de Salud (Minsa) y que realiza compras al por mayor y a un menor precio. Pero su labor no es exclusiva, pues las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Seguro Social y los gobiernos regionales pueden realizar licitaciones individuales cuando el producto que necesitan no fue previsto por el Cenares o consideran que lo obtendrán más rápido si lo contratan directamente, o si están ante un desabastecimiento inminente. 

No solo se adquieren fármacos, también equipos, instrumental médico e insumos, los cuales no son contemplados por el Cenares. Salvo los medicamentos que forman parte de la estrategia sanitaria nacional, los recursos con los que se financian estas compras corporativas provienen de cada región.

OjoPúblico analizó las compras de fármacos, equipos e insumos médicos que solicitaron las regiones de Áncash, Huánuco, Junín, Puno y Cusco, entre el 2015 y 2018. Los primeros hallazgos de esta serie investigativa -en el marco del Proyecto Funes, un algoritmo que analiza miles de contratos públicos en el Perú- revelan que las cinco regiones invirtieron S/ 448 millones en este rubro, el 31% de los cuales se concentró en diez laboratorios y distribuidoras que controlan la venta de productos médicos en el país y registran penalidades por incumplir los plazos de entrega.

Son empresas que tienen millonarios contratos en todo el país. Ocho de estas son de capitales nacionales: Diagnóstica Peruana, Roca, Laboratorios Americanos y Pereda Distribuidores, así como Medifarma, Instituto Quimioterápico (IQFarma), Laboratorios AC Farma y Pharmagen, subsidiarias de grupos económicos del sector salud. La lista la completan la estadounidense Nipro Medical y la brasileña Eurofarma.

Tres de estos laboratorios -Medifarma, IQFarma y AC Farma- forman parte de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales (Adifan), gremio empresarial que reúne a las principales compañías que producen medicamentos en el país y que se opone, por ejemplo, a la compra centralizada de medicamentos genéricos que acaba de aprobar el Ejecutivo a través del Decreto de Urgencia 007-2019. 

Favoritos y con penalidades

El análisis de la base de datos, que construimos con información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), revela que en las cinco regiones se firmaron 3.985 contratos para adquirir fármacos, equipos e insumos médicos entre los años 2015 y 2018. En total, se suscribieron acuerdos con 651 proveedores, pero el mayor monto de facturación se concentró en estas diez empresas: S/143 millones por la firma de 696 contratos.

La empresa que lidera este ranking -con ventas que superan los S/23,4 millones- es Pharmagen, importadora de medicamentos genéricos y subsidiaria del Grupo Corpol, un conglomerado que controla otras seis compañías del sector inmobiliario, farmacéutico y logístico en el país. Este laboratorio fue penalizado tres veces por el Minsa y Essalud con un monto total de S/1.976, por retrasar la entrega de sus productos adjudicados el 2011, 2013 y 2018.

En mayo pasado, el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), el máximo ente administrativo en esta materia, abrió una investigación en su contra por competir en una misma licitación con otra empresa de su grupo económico: OQ Pharma, presuntamente para asegurarse la buena pro y abastecer de hidrocortisona a los hospitales de Essalud durante un año.

Según la Resolución N° 1013-2019, ambos laboratorios cuentan con el mismo domicilio legal, teléfono y correos electrónicos, incluso están listadas en la web del Grupo Corpol. “Existe suficiente evidencia [para indicar] que el adjudicatario y la empresa Pharmagen S.A.C. conforman un mismo grupo económico: el Grupo Corpol, y que pese a esto se registraron como participantes”, indica el tribunal. 

Además, el exdirectivo de Pharmagen, José Olórtegui Zamora, es el actual gerente OQ Pharma, y aparece en los Panama Papers como accionista de dos compañías offshore constituidas el 2010 por gestión del estudio de abogados Mossack Fonseca: Fullhome Rentals Limited e Inversiones Future Corporation, ambas con sede  en las Islas Vírgenes Británicas.

La abogada de OQ Pharma, Katherine Rivera Echevarría, dijo a OjoPúblico que todavía no existe un pronunciamiento definitivo del OSCE y que no existen evidencias sólidas respecto a que ambas empresas pertenecen a un mismo conglomerado. “Una empresa puede tener la misma dirección que otra. Nosotros trabajamos en un edificio con oficinas distintas y eso no acredita que seamos [parte de un mismo] grupo económico”, aseguró.

"Se suscribieron acuerdos con 651 proveedores, pero el mayor monto de facturación se concentró en diez empresas que contrataron por S/143 millones".

La segunda empresa con mayor facturación en las regiones es Medifarma S.A., dueña de 800 registros sanitarios de medicamentos en el Perú y subsidiaria del Grupo Picasso Candamo, que opera en cuatro países de América Latina. En septiembre pasado, este conglomerado empresarial -que también tiene inversiones en los sectores agrícola e inmobiliario- sumó a sus filas a Farmacéutica del Pacífico (Farpasa), una compañía del Grupo Gloria que fabrica medicamentos y productos de tocador.

Este laboratorio ocupa el segundo lugar en ventas en el rubro farmacéutico, según el ranking de Perú Top Publicaciones, y entre 2015 y 2017 fue penalizada por el Cenares con más de S/1 millón, debido al incumplimiento en los plazos de entrega de sus productos. Los registros del Ministerio de Salud indican que el 2011 esta empresa ya había sido observada 14 veces por el mismo motivo, por lo que que se le descontó S/22.201 de su contrato. 

Distribuidores inhabilitados

La aplicación de penalidades por retrasos en la distribución es una característica común en las diez empresas analizadas. Estas son registradas en el portal de Proveedores del Estado por las instituciones públicas que impulsan los contratos. Handro Fernández Huaracallo, administrador y experto en contrataciones de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa (UNSA), explicó que la penalidad es una mora que se calcula hasta por un 10% del total adjudicado, y se contabiliza por cada día de retraso en la entrega de un bien o servicio. Por eso, en algunos casos el monto es insignificante. 

ENTREGA. La distribución de medicamentos adquiridos en procesos licitados por Cenares son monitoreados hasta su llegada a almacén. El traslado a los centros de salud es rol de los gobiernos regionales.

Foto: Minsa 

Según el artículo 133 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el cobro se descuenta de manera automática del mismo contrato y su imposición puede ser justificada o anulada tras un reclamo válido. 

Por ejemplo, entre el 2018 y 2019, la importadora y comercializadora de equipos de laboratorio Diagnóstica Peruana fue amonestada tres veces por el Cenares, por un total de S/13.666, debido a demoras en la entrega de insumos adquiridos por el Hospital San Bartolomé y el Instituto Nacional de Salud del Niño, ambos ubicados en Lima. Esta compañía tiene casi copado el mercado de distribución de microcubetas y hemoglobinómetros, unos dispositivos que se usan para analizar muestras de sangre y son requeridos en los centros de salud de todo el país.

El gerente general, Víctor Chu Serrano, y la abogada de la empresa, Dery Serrano Oroya, nos recibieron en su oficina de La Molina, en Lima, donde aseguraron que es común que la entidad contratante aplique penalidades a las empresas, porque no están a salvo de imprevistos en la importación o traslado de los productos. “Una vez hasta nos robaron la mercadería”, dijo Serrano, quien destacó que, en todos los años que ofrecen el servicio, solo tengan dos de estos retrasos. Pero dijo que están apelando la imposición de una de estas penalidades.

"La penalidad es una mora que se calcula hasta por un 10% del total adjudicado. Se contabiliza por cada día de retraso en la entrega de un bien o servicio".

Otra de las empresas más favorecidas es Pereda Distribuidores, una proveedora de material médico y productos farmacéuticos que fue penalizada el 2013 con apenas S/41, por retrasar la entrega de su mercadería. Además, en agosto de este año, el Tribunal del OSCE emitió la Resolución N° 2256-2019-TCE-S2 para sancionarla en última instancia por retirarse su propuesta para el abastecimiento de medicamentos en una compra corporativa. Por este motivo, la distribuidora fue  multada con S/73.328 e inhabilitada para contratar con el Estado durante cinco meses. 

A través de un correo electrónico, la administradora de la empresa, Silvia Cogorno, confirmó la falta y la atribuyó a ''una imposibilidad jurídica que se presentó en pleno proceso de selección''. Dijo que ya cancelaron la multa y continuarán participando en otros procesos de licitación.

MEDICINAS. Los fármacos esenciales y de mayor demanda son mayoritariamente adquiridos en compras corporativas, pero los equipos e insumos médicos son licitados por cada entidad que lo requiera.

Fuente: Minsa

El cuarto lugar en este ranking lo ocupa Roca S.A.C., la principal proveedora de equipos de anestesia en las cinco regiones analizadas, y que llegó a facturar más de S/6 millones al firmar 19 de los 32 contratos de compra que se solicitaron en este periodo. En el 2013 esta empresa fue penalizada con S/39.042 por no entregar a tiempo una mesa de operaciones al Hospital de Huamanga, y este año afrontó un problema mayor: fue inhabilitada 11 meses por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presuntamente presentar información inexacta sobre equipos de cirugía laparoscópica que serían adquiridos por el Hospital Nacional Alberto Sabogal, ubicado en el Callao.

Según la resolución N° 1259-2019-TCE-S1, de mayo pasado, esta distribuidora de equipos biomédicos fue sancionada e impedida de vender productos al Estado hasta abril del 2020. El representante legal y gerente de Administración de la empresa, José Enrique Espinoza, admitió que fueron inhabilitados entre junio y julio, pero señala que apelaron el caso ante el Poder Judicial y lo ganaron.

"Los principales productos vendidos a las regiones fueron fármacos, ácido fólico, cloruro de sodio, microcubetas, instrumental y aparatos médicos, etc".

En la lista de proveedores con más contratos también encontramos a Laboratorios Americanos S.A., una empresa de medicamentos y dispositivos médicos que fue penalizada 15 veces por la Dirección Regional de Salud de Huánuco y Cenares, entre el 2016 y 2017, hasta por un total de S/34.503. Esta empresa forma parte del Grupo Ilender, de la familia Armejo Yepes, que tiene inversiones en los sectores pecuario, avícola, telecomunicaciones, agro y educación. Su gerente es el expresidente de la Cámara de Comercio de Lima José Mongilardi Fuchs, quien, a través de su secretaria, indicó a OjoPúblico que no se pronunciaría para este reportaje.

El representante de la Dirección Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas (Diremid) de Puno, Fredy Frizancho Martínez, indicó que actualmente Laboratorios Americanos S.A. no está cumpliendo con la entrega oportuna de clorfenamina, dexametasona, metamizol, y gentamicina, medicamentos indicados para pacientes que padecen de infecciones urinarias y estomacales. “El retraso se debería a constantes problemas con su máquina de embalaje final, en China. Esto generará problemas de abastecimiento en los puestos de salud hasta diciembre”, agregó.

El séptimo puesto es ocupado por el Instituto Quimioterápico, un laboratorio que opera bajo el nombre comercial de IQFarma y tiene como gerente general a Giuliana Peirano Castillo. Peirano Castillo es accionista de la empresa Lembrook Services, constituida en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas en 2011. La sociedad fue administrada por el estudio de abogados Mossack Fonseca, hoy investigada en Perú como una presunta organización dedicada al lavado de dinero.

INSPECCIÓN. La Defensoría del Pueblo supervisó la entrega y stock de medicamentos en diferentes regiones del Perú y encontró incumplimiento de plazos y productos vencidos.

Foto: Defensoría del Pueblo.

Le sigue Laboratorios AC Farma, una compañía que se ubica en el tercer lugar de ventas de productos farmacéuticos en el país, según Perú Top Publicaciones, y tiene sucursales en Ecuador, Chile y Argentina. Su presidente ejecutivo es Luis Alberto Arriola Delgado, miembro del Consejo Ejecutivo de Asociación de Exportadores (Adex).

Tanto IQFarma como AC Farma fueron observadas por el Ministerio de Salud por no entregar a tiempo un lote de medicamentos para el Hospital de Vitarte, el Hospital Regional Hermilio Valdizán, de Huánuco, y el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Estas empresas acumularon penalidades por S/7.214 y S/776, respectivamente.

El ranking de los laboratorios con buena estrella se completa con dos compañías extranjeras: Nipro Medical Corporation, sucursal de la estadounidense del mismo nombre que se dedica a la venta de productos médicos descartables y equipos de hemodiálisis. Y la brasileña Eurofarma Perú SAC, especializada en la fabricación de medicamentos genéricos y con participación en el mercado peruano desde hace 50 años. Este año Nipro fue penalizada con S/1.200 y Eurofarma recibió una sanción de S/108. La razón es una constante: entregar sus productos fuera del plazo. Escribimos por correo electrónico a representantes de ambas empresas para solicitar precisiones una entrevista, pero no respondieron nuestras comunicaciones.

Los principales productos vendidos a estas cinco regiones fueron fármacos, ácido fólico, cloruro de sodio, microcubetas, instrumental y aparatos médicos, algodón, alcohol, entre otros. El departamento que más dinero invirtió en estas compras fue Junín, con S/130 millones destinados a medicinas; le sigue Áncash, que adquirió bienes por S/103 millones; y Huánuco, con S/100 millones, empleados principalmente en equipos de hemodiálisis. Finalmente, Cusco destinó S/68 millones a compras en el sector salud, sobre equipos de anestesia; y Puno invirtió S/41 millones en insumos de laboratorio y medicamentos.

DATOS. El​ Ministerio de Salud (Minsa), a través del Cenares, es la entidad que lleva un registro público de las penalidades que les aplican a las empresas que pasan por sus procesos de selección.

Foto: Andina.

Fiscalización y logística

Entre mayo y junio de cada año, el Cenares publica la lista de los productos que incluirá en su compra corporativa anual de medicamentos, principalmente aquellos que son de primera necesidad y se encuentran en la estrategia sanitaria del Ministerio de Salud. Este mecanismo permite abaratar los costos de los medicamentos, pero también identificar los plazos de entrega de lo adquirido. Por eso la mayoría de las penalidades descritas contra los proveedores fueron registradas por Cenares. 

Según lo señalado en el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, el Cenares conduce el proceso hasta la firma de los contratos con las empresas, pero no decide cuánto comprar de cada medicamento. Esto es trabajo de las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), las redes de salud y los hospitales. Si  programan o calculan mal, tendrán problemas de abastecimiento. Ellos también deben garantizar el almacenamiento y traslado de los productos a los centros de salud y -si deciden impulsar sus propios procesos de compra- monitorear los plazos de entrega de sus proveedores.

En 2018, la Contraloría supervisó 251 establecimientos de salud e identificó que el 32% de estos descartó la compra corporativa. En sus conclusiones, el órgano de control indicó que ello pone en riesgo la “obtención oportuna de los medicamentos y perjudica económicamente al Estado al comprarlos a precios superiores”. 

"Solo el 29,7% de los 3.985 contratos para comprar medicinas y equipos en Áncash, Puno, Junín, Cusco y Huánuco pasaron por los controles del Cenares".

Solo el 29,7% de los 3.985 contratos que se firmaron para comprar productos farmacéuticos en Áncash, Puno, Junín, Cusco y Huánuco pasaron por los controles del Cenares. Los demás fueron gestionados por las mismas regiones. Para el Decano del Colegio Químico Farmacéutico de Lima, Javier Llamoza, desistir de las compras corporativas suele ser perjudicial para el Estado, porque los laboratorios imponen sus propios precios y el poder de negociación de las regiones es débil- A eso se suma la falta de una red logística nacional para la distribución oportuna de los medicamentos.

Respecto a las penalidades, Llamoza explicó que existen mecanismos en la Ley de Contrataciones del Estado para ponderar con un menor puntaje a aquellos postores que tuvieron sanciones por incumplimiento. “Necesitamos una mayor competencia; por ello, abrir la opción a las compras internacionales es el camino, siempre que se tomen las previsiones para no deprimir la producción local. La actual normativa de contrataciones debe replantearse”, añadió.

INSPECCIÓN. La Contraloría supervisó 251 establecimientos de salud e identificó que el 32% de estos desistió de comprar sus fármacos e insumos a través de la compra corporativa y lideraron procesos de licitación propios.

Foto: Magali Estrada / OjoPúblico

A través de un correo electrónico, el OSCE respondió las interrogantes de OjoPúblico y precisó que cada entidad es responsable de planificar, conducir y ejecutar sus procesos de contratación. “Debe verificar que el contratista cumpla con sus obligaciones y tomar las medidas correctivas necesarias cuando eso no ocurra, como por ejemplo: aplicar las penalidades que correspondan, optar por resolver el contrato y ejecutar la garantía de fiel cumplimiento otorgada por el contratista para resarcir los daños causados por su incumplimiento, entre otras que hayan sido previstas en el contrato”, indicó la institución. Eso no impide que este organismo realice inspecciones de oficio a los acuerdos ya suscritos.

Un estudio elaborado por la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) el 2016 indica que el 30% de los usuarios que acuden a las farmacias de los centros de salud públicos no recibe todos los medicamentos que indica su receta, y que otro 10% no consigue ninguno. 

Yolanda Moncada Cáceda (60) es una de ellas. La primera semana de octubre fue llevada de emergencia al Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, en Nuevo Chimbote, Áncash, para atender una infección grave. Le indicaron dosis de Gentamicina, un antibiótico eficaz que debía recoger de manera gratuita por ser paciente afiliada al Seguro Integral de Salud (SIS), pero no lo tenían. Ni el entonces director del nosocomio, Carlos Asmat Ramírez, ni el director regional de Salud, Luis Huamaní Palomino, sabían que este medicamento faltaba en los anaqueles. Mucho menos, si se debía a un problema con los proveedores o de su propia red de distribución.

Roslin Villanueva Ramírez, coordinadora de la Defensoría del Pueblo de Chimbote, sostiene que el retraso en la entrega de fármacos genera un impacto en un derecho fundamental para la población: el acceso a la salud, sobre todo cuando se trata de tratamientos prolongados. Para un funcionario público, la demora en el abastecimiento de medicamentos representa una descoordinación administrativa; para un laboratorio implica el pago de una penalidad; pero para un paciente, significa arriesgar la salud o la vida.