Apoco más de tres semanas de cumplirse el plazo que regresaría a fojas cero el proyecto minero Tía María, tres áreas distintas del Ministerio de Energía y Minas (MEM), a cargo del abogado Francisco Ísmodes, emitieron múltiples informes que aceleraron la aprobación del último permiso que Southern Cooper necesitaba para proceder con sus operaciones de extracción de cobre en el sur del Perú. 

Documentos del sector Energía y Minas, a los que accedió Ojo-Publico.com, muestran que entre el 5 y 8 de julio se tomaron decisiones claves para el proyecto de la sucursal del Grupo México y una de las mayores productoras de cobre del mundo. Southern Cooper necesitaba que dicho ministerio le entregue la licencia de construcción antes que acabe el presente mes, cuando su Estudio de Impacto Ambiental (EIA) caducaba.

Finalmente, Southern Cooper lo logró. Hoy reconstruimos lo que ocurrió en las horas previas a que el MEM apruebe el controvertido permiso minero a realizarse en el Valle de Tambo (Islay, Arequipa). 

Observaciones y la espera de Southern

La presente historia empieza a fines de 2018. Entonces, Southern Copper estimaba haber cumplido todos los requisitos para obtener la licencia de construcción de su planta de beneficio, obra que le permitirá procesar hasta 100 mil toneladas de cobre por día. En noviembre de ese año, la compañía –después de enviar un escrito a la Dirección Técnica Minera (DTM) respondiendo las 14 observaciones hechas a su solicitud– estaba a la espera de una respuesta.

De acuerdo a las 14 observaciones de la DTM, al expediente del proyecto le faltaban planos, manuales y balances de ingeniería, información sobre las licencias para el uso de agua de mar que requerirán en sus operaciones, el estudio hidrológico de la zona del proyecto, y un análisis de la “estabilidad geoquímica del depósito de ripios”. Este último es clave para asegurar que los residuos ácidos del cobre se queden en una superficie suficientemente segura para que no filtren a la tierra.

Pero en el documento que llegó al ministerio, la minera se negaba a contestar algunas de las 14 observaciones. En su respuesta a la DTM –Escrito Nº 2868943 del 6 de noviembre del 2018– la empresa dijo: “La presentación de los requisitos y/o documentos listados son suficientes para el otorgamiento de la autorización (…) es inoportuno o inexigible que [Southern Copper] presente información sobre la autorización para la licencia de agua de mar o el estudio hídrico o la resolución de autorización para la ejecución de obras del proyecto de uso de agua de mar”.

Según la empresa, la norma de simplificación de procedimientos mineros (D.S 037-2017) los exime de presentar dichos documentos en esta etapa del proceso. 

NEGATIVA. En el documento de subsanación de las 14 observaciones, Southern se niega a entregar diversa documentación, pues dice que la ley no lo obliga en este etapa del proceso.

Foto: Captura Ojo-Publico.com.

Desde entonces, y hasta el primer bimestre del año, no hubo intercambio de oficios entre el Estado y Southern Copper. Así la situación, la fecha límite para la minera era el 31 de julio del 2019, de lo contrario el proyecto minero en Arequipa quedaría estancado. Todo parecía encaminado a ello, sin embargo, el panorama cambió en marzo último.

El 14 de ese mes, la minera remitió una carta al titular de la Dirección General de Minería (DGM), Óscar Alfredo Rodríguez Muñoz, instancia superior a la DTM, recordándole que ellos habían cumplido con absolver las observaciones, por lo que “ya se encuentran en capacidad de otorgar la autorización”. En la misiva, también se comprometen a no iniciar obras sin dialogar con los dirigentes y las autoridades de Islay, que desde el 2011 lideran las protestas contra el proyecto porque temen la contaminación de sus fuentes de agua.

El director de la DGM envió dicha carta a la Oficina General de Gestión Social del MEM mediante el memorándum 0440-2019, del 1 de abril. A través de este documento le pide que evalúe si el ofrecimiento de Southern sería de utilidad para evitar un nuevo conflicto. En dicho contexto, entre abril y junio, se intensificó la aparición de voceros de Southern en los medios, de publicidad pagada en los mismos; y empresarios y políticos opinando a favor de que la minera recibiera la licencia de construcción.

Dos fechas claves para Southern Cooper

Finalmente, el desenlace ocurrió en dos días claves: el viernes 5 y el lunes 8 de julio. La primera fecha, Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de Southern Copper, acudió a la sede del MEM para reunise con su titular, Francisco Ísmodes. Según el registro de visitas de dicho portal del Estado, el encuentro transcurrió entre las 2:08 p.m. y las 3:11 p.m. Se desconocen los detalles de dicha conversación, pero casi en simultáneo se desencadenaron una serie de procesos favorables a la minera.

VISITA. Raúl Jacob Ruisánchez, vicepresidente de Finanzas de Southern, se reunió con el ministro Ísmodes el viernes 5 de julio. El lunes 8 se aprobó la licencia a Tía María.

Foto: UCI.

Por ejemplo, aquel viernes 5 de julio, la Oficina General de Gestión Social respondió de forma positiva a la consulta realizada tres meses antes por la Dirección General de Minería. Por intermedio del informe 033-2019, dicha área opinó que el compromiso hecho por Southern Copper podría ayuda a reducir el conflicto social en Arequipa.

Antes de finalizar aquel viernes, la minera envió al ministro Ísmodes otra carta en la que, nuevamente, expresó la voluntad de no ejecutar la construcción sin un consenso social con la población de Islay. Aquel documento no fue incluido en el expediente del caso, pero fue filtrado a los medios de comunicación el lunes 8 de julio junto al rumor de que ya se había entregado la licencia para Tía María. Entonces, los voceros de prensa del MEM negaron la concesión del permiso.

El lunes 8 de julio, diferentes áreas del MEM emitieron documentos que aceleraron la entrega de la licencia esperada por Southern Copper. El primero de ellos se originó tras recibir un nuevo documento enviado por el Presidente de la minera, Óscar González Rocha. En el Escrito N° 2954666, la compañía asume formalmente su promesa de no instalar la planta de beneficio sin generar un espacio de diálogo y añade ofrecimientos para impulsar el desarrollo de Islay.

DOCUMENTOS. El mismo día que se emitió el análisis de las observaciones levantadas por Southern, se aprobó el documento en la Dirección Técnica Minera. Sucedió lo mismo en una instancia superior, la Dirección General de Minería, en donde se emitió la licencia.

Foto: Captura Ojo-Publico.com

Casi de inmediato, el director de la Dirección General de Minería (DGM), Alfredo Rodríguez, elaboró un memorándum y lo envío a la Oficina General de Gestión Social, adjuntando la nueva carta de Southern para que la añada al Informe 034-2019. Dicha oficina respondió el mismo día, redactando una actualización del informe en donde emite una opinión favorable a la empresa, y recomienda que refuerce su relación con las comunidades de las zonas de influencia del proyecto.

Entre tanto, el mismo lunes 8 de julio, en la Dirección Técnica de Minería (DTM) se redactaba la última parte del Informe 183-2019-Minem para responder el levantamiento de observaciones que entregó Southern Cooper en noviembre del 2018. El documento de 20 páginas fue firmado por los evaluadores de esta dirección, Ciro Alvarado Huamán y Eugenio Gonzáles Antúnez, quienes concluyeron que se debía otorgar la licencia a Southern Cooper.

Recomendaciones quedaron en el papel

A pesar de ser favorable a Southern Cooper, el informe 183-2019-Minem incluyó dos recomendaciones que la compañía debe subsanar en los 20 días siguientes, los cuales vencerían el 6 de agosto próximo. Primero, “entregar el estudio hidrológico de la zona del proyecto que sirvió como base del Estudio de Impacto Ambiental de Tía María”; y, el segundo, incluir en su proyecto “una capa de arcilla de baja permeabilidad de 15 cm en toda la superficie de almacenamiento del depósito de ripios” a fin de eliminar riesgos.

PENDIENTE. La licencia de Tía María se aprobó citando el informe del área de Gestión Social que se redactó el mismo día y con dos recomendaciones pendientes de cumplir en los próximos 20 días. 

Foto: Captura Ojo-Publico.com

Aquel informe clave para el proyecto Tía María fue enviado el mismo 8 de julio a su director, Herminio Morales Zapata, quien solo indicó lo siguiente: “Visto el informe que antecede y estando de acuerdo con lo opinado, elévese a la Dirección General de Minería para los fines consiguientes”. Las recomendaciones formuladas por los funcionarios del MEM, Ciro Alvarado Huamán y Eugenio Gonzáles Antúnez, solo quedaron en el papel.

Finalmente, el expediente –que incluye el informe del área de gestión social– regresó a manos de Rodríguez de la DGM, quien acabó firmando la Resolución 0328-2019-Minem-DGM/V, y aprobando el proyecto. Consultados, los voceros de la minera dijeron a Ojo-Publico.com que cumplieron los trámites exigidos por ley para este tipo de obras e indicaron que responderían los hechos puntuales que se describen en este reportaje, pero no lo hicieron hasta el cierre de edición. El MEM tampoco respondió.

La noticia de la licencia para Tía María fue comunicada al día siguiente, el martes 9 de julio, a a través de una carta enviada por Southern Copper a la prensa. El Ejecutivo, por intermedio del ministro Francisco Ísmodes, decidió esperar hasta la noche para confirmar el hecho ante la opinión pública, a pesar de que la suerte ya estaba echada para el polémico proyecto enclavado en el Valle de Tambo.