Esta tarde la jefa de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), María del Socorro Heysen, insistió en una conferencia de prensa la importancia de que el Congreso incluya en el debate del pleno la iniciativa que busca fiscalizar a las más de 600 cooperativas de ahorro y crédito que existen en el Perú. Desde el 2002, la entidad pública ha planteado proyectos para regular el sector que han sido bloqueados o rechazados en el parlamento.

En la actualidad ninguna entidad fiscaliza o siquiera lleva un registro formal de cooperativas de ahorro y crédito. La última propuesta para supervisarlas fue presentada por la SBS en abril del 2017 y plantea el registro ante la entidad supervisora de la banca peruana.

En el Vraem funcionan 190 cooperativas de ahorro y crédito

Algunas cifras encendieron las alarmas: de las 671 cooperativas identificadas por la Fenacrep (Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito), solo el 22% (151) se encuentran supervisadas y de forma voluntaria por esta entidad, de este total alrededor de 190 operan en el Vraem, la zona de mayor producción de hoja de coca.

La jefa de la SBS indicó además que desde 2007, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha enviado 40 informes a la fiscalía que involucran operaciones sospechosas en 21 cooperativas. La titular no señaló montos ni especificó las regiones que forman parte de las investigaciones, pero sí indicó que han existido casos en el sector del valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro- Vraem, una zona donde se concentra gran parte de las actividades del narcotráfico en Perú.

De las 671 cooperativas que ha identificado la Fenacrep, solo el 22% están supervisadas por ellos

Para el congresista Gino Costa, uno de los promotores del proyecto, se debe mirar más allá de la iniciativa que aguarda su debate en el Pleno. "No tiene que ver solo con las cooperativas sino también con el lavado de activos y financiamiento al terrorismo y crimen organizado", aseguró a Ojo-Publico.com.

El escenario para el debate apunta como fecha ideal hasta antes del 1 de junio, período en el que Perú cuenta con la presencia de la misión del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo que supervisa las mejoras en el control de lavados de activos en sus países miembros. El objetivo de la SBS es que el proyecto legislativo se debata y apuebe durante la visita del Gafilat. 

De aprobarse la ley, el proceso total de adecuación se tiene previsto para el 2025, año en el que se proyecta tener una supervisión directa por parte de la SBS. La Fenacrep es el organismo que agrupa a las cooperativas del país. Sin embargo, no tiene facultades para supervisar o fiscalizar las operaciones sospechosas que puedan realizar sus asociados.

A la fecha, la SBS no tiene claridad sobre el funcionamiento y usos que se le dan a las cooperativas, lo que las vuelve suceptible de lavado de dinero. En los últimos años, el caso más sonado fue el de la red delictiva de Rodolfo Orellana, en el que se denunció a la Cooperativa de Ahorro y Crédito para los Exportadores (Coopex) y la Cooperativa de Ahorro y Crédito para Emprendedores (Coopem) por estafar al Estado.

El reporte más actualizado sobre el sector data del 2014. El Ministerio de la Producción registró en un informe 208 cooperativas que forman parte de la actividad de ahorro y crédito. Esta cifra es la más alta entre los 577 cooperativas de diversos sectores económicos que registró el ministerio.

Produce registró el 2014 a 208 cooperativas de ahorro y crédito

A pesar que un sector del Congreso se ha mostrado a favor de la propuesta de la SBS, la bancada fujimorista ha planteado una nueva iniciativa. Úrsula Letona, de Fuerza Popular, propone que se cree la Superintendencia de Entidades Solidarias, y no sea la SBS el responsable de supervisar y fiscalizar a las cooperativas.  

Esta medida ha recibido críticas en el Congreso, ya que consideran que el responsable de la regulación de las cooperativas debe ser realizado por un organismo con experiencia en el sector financiero. La propuesta de Letona, presentada el 18 de mayo, se encuentra en la Comisión de Constitución y Reglamento. 

Como parte de la investigación Dineroleaks, Ojo-Publico.com identificó que algunos miembros de la familia Sánchez Paredes -grupo familiar investigado por presunto lavado de dinero del narcotráfico- solicitaron entre el 2005 y el 2007 préstamos a una cooperativa de la capital.

"Un hecho que llama a sospecha es que generalmente adquieren sus bienes con financiamiento bancario a través de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AELU, siendo personas con amplios recursos económicos", resaltó en su informe la UIF.

Los documentos filtrados explican que estas entidades -actualmente no supervisadas por la SBS- suelen ser utilizadas para introducir dinero ilícito en el sistema