Tras la publicación de la Ordenanza N°518/MM de la Municipalidad de Miraflores, que regula y promueve la convivencia en espacios públicos y el uso de vehículos de micromovilidad, el gerente de Desarrollo Urbano de dicho distrito, Carlos Ramírez, respondió a los cuestionamientos que suscitó la medida y como parte de sus argumentos dijo: “La ordenanza 518 no establece sanciones ni para peatones ni para ciclistas en Miraflores”.

El abogado Wilfredo Pedraza, miembro del equipo legal que defiende al expresidente Ollanta Humala, comentó en una entrevista sobre la acusación fiscal contra el exmandatario y su esposa Nadine Heredia por el presunto delito de lavado de activos y, como parte de sus argumentos, dijo lo siguiente: “Ningún funcionario de la empresa Odebrecht certifica que el dinero se haya entregado [a Humala y Heredia], excepto Barata”. Tras revisar los antecedentes del caso, OjoPúblico concluye que esta afirmación es engañosa.

Durante el último Pleno del Congreso, donde se evaluaron los avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021, la congresista Alejandra Aramayo cuestionó que no se prioricen las necesidades de este grupo etario en casos de violencia, y como parte de sus argumentos dio el siguiente dato: “Tenemos menos de 30 cámaras Gesell operativas”. Tras verificar la información oficial sobre este sistema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

La congresista Yeni Vilcatoma declaró a la prensa para explicar su pedido de crear una comisión investigadora para determinar presuntas irregularidades sobre la muerte del expresidente Alan García, y en alusión a las distintas versiones difundidas por los medios periodísticos que cubrieron el caso, señaló: “un juez puede ordenar el levantamiento del secreto profesional [de los periodistas]”.

Durante la última sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, el abogado Julio Rodríguez, defensor del ex Fiscal de la Nación Pedro Chávarry, criticó la alusión hecha por un congresista a su cliente por haber ejercido en el pasado la representación del traficante de armas James Stone Cohen, vinculado a la mafia de Vladimiro Montesinos.

El vicecontralor de Gestión Estratégica e Integridad Pública, Humberto Ramírez, alertó en una entrevista sobre la reciente sentencia emitida por el Tribunal Constitucional que declaró fundada en parte una demanda de inconstitucionalidad sobre la capacidad sancionadora de la Contraloría General de la República. En ese marco, dio el siguiente dato: “Tenemos cerca de 4.500 funcionarios o servidores sancionados de manera definitiva”. Luego de revisar el tema, OjoPúblico concluye que esta afirmación es verdadera.

El abogado César Nakazaki, actual defensor del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se refirió en una entrevista a las presuntas irregularidades que rodearon la reciente diligencia policial en la clínica donde se encuentra su cliente y a la última diligencia contra el expresidente Alan García. Como parte de sus argumentos, indicó: “Protocolos para detenciones preliminares [...] no existen”. Tras revisar los antecedentes al respecto y consultar con especialistas, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.

El secretario del expresidente Alan García, Ricardo Pinedo, comentó en una entrevista televisiva las presuntas irregularidades durante el desarrollo de la detención preliminar contra el ahora desaparecido exmandatario y cuestionó la participación de la División de Investigaciones de Alta Complejidad (Diviac) en la diligencia con los siguientes términos: “[...] solo pueden detener los efectivos de la policía judicial, así lo dice la norma”.

El jefe territorial del Cuerpo General de los Bomberos para Lima y Callao, el comandante Mario Casaretto, fue consultado sobre las medidas que podían tomarse para prevenir situaciones como el reciente incendio en Mesa Redonda.

El congresista Salvador Heresi se refirió en una entrevista a los resultados de la reciente audiencia que vio el pedido de extradición del exjuez supremo César Hinostroza en España, y afirmó lo siguiente: “[Es] muy raro que el Estado Peruano no haya tenido una defensa por parte de una persona acreditada por el Estado Peruano”. Tras revisar detalles del proceso, OjoPúblico concluye que esta afirmación es falsa.