Luego de dieciocho años el Perú actualizó la lista de países o territorios que promueven la opacidad bancaria, movimientos ilícitos y la elusión tributaria a favor de personas y empresas que deciden trasladar su dinero para no pagar impuestos u ocultar su origen. Los paraísos fiscales reconocidos por el Gobierno estaban señalados por el decreto supremo 45-2001 EF, publicado el 20 de marzo de 2001.

La lista fue actualizada por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del D.S 340-2018, que entró en vigencia desde el 1 de enero, y dispone el retiro de cuatro jurisdicciones de la condición offshore: la isla británica Alderney; las Antillas Neerlandesas, ubicadas en el Caribe; el archipiélago Madeira, de Portugal; y el país europeo de Luxemburgo.

Según la norma, no se considera como sociedad offshore a los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que precisamente lucha por la transparencia fiscal, y Luxemburgo lo es.

El 2014 este país fue protagonista de un escándalo financiero revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) conocido como “Luxemburgo Leaks” que expuso las operaciones secretas de 343 empresas transnacionales que recurrieron a su sistema bancario para evitar el pago de impuestos.

Nuevas obligaciones

En la lista se añaden cinco nuevos paraísos fiscales. Estos son Curazao, ubicado en el Caribe; la isla estadounidense de Guam; la isla Sint Maarten, perteneciente a los Países Bajos; el territorio estadounidense Samoa Americana y el país caribeño de Trinidad y Tobago. Todas estas jurisdicciones, excepto Guam, aparecen en la base de datos de Offshore Leaks que el ICIJ construyó tras obtener información de 785.000 sociedades offshores denunciadas en los casos Panama Papers, Offshore Leaks, Bahamas Leaks y Paradise Papers.

La norma define las características de un paraíso fiscal y lo denomina “país o territorio no cooperante o de nula o baja imposición”; pero también describe la existencia de otros países “de régimen fiscal preferencial”, que abiertamente han modificado sus normas tributarias para incluir beneficios o descuentos a quienes trasladen el dinero, incluso sin tener operaciones financieras en su territorio. Sin embargo, no se incluyó una lista de ellos.

IDENTIFICADAS. Cuatro nuevas jurisdicciones reconocidas por el Perú aparecen en la base de datos de paraísos fiscales reveladas en investigaciones como los Panama Papers.

Foto: ICIJ

Según el decreto 340, las empresas peruanas que realicen operaciones con estos países o con personas que estén vinculados a ellos, deberán documentar ante la Sunat las transacciones que concreten vía precios de transferencia. Esta modalidad se refiere al precio que pactan dos empresas asociadas para transferir, entre ellas mismas, sus bienes, servicios o derechos, y es usada para eludir impuestos.

Luis Moreno, coordinador de Latindadd, organización que investiga el impacto delos paraísos fiscales, destacó que el Gobierno haya decidido incluir obligaciones y conceptos sobre paraísos fiscales en nuestra norma tributaria. “Este es un paso más que establece el Perú para acercarse a la OCDE y, lamentablemente entre sus requisitos estaba retirar a Luxemburgo. Pese a ello es un avance que se norme sobre el intercambio de información y la necesidad de impulsar la transparencia fiscal”, agregó.

No hay una lista única para identificar a un territorio offshore. Según la Unión Europea (UE), solo 17 países lo serían; sin embargo, la organización Tax Justice Network realizó un estudio el 2018 y encontró 112 jurisdicciones que no cumplieron con 20 indicadores para descartar la opacidad financiera, transparencia empresarial, regulación tributaria y cooperación internacional.