El presidente de la República, Martín Vizcarra, acudió al Congreso de la República para presentar personalmente el proyecto de ley que declara en emergencia al Ministerio Público. El documento, que ingresó por mesa de partes, plantea conformar una Junta Transitoria de Fiscales Supremos que lidere la reestructuración gradual del referido organismo durante nueve meses, tiempo en el cual quedarán suspendidas las funciones del Fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, y de la actual Junta de Fiscales Supremos.

En este último grupo se encuentran Pablo Sánchez Velarde, Zoraida Ávalos Rivera –ambos se han manifestado en contra de las decisiones adoptadas por Chávarry– y Tomás Gálvez Villegas y Víctor Rodríguez Monteza, quienes sí respaldan al Fiscal de la Nación y además están investigados por el Caso 'Cuellos Blancos del Puerto' debido a sus nexos con César Hinostroza, hoy detenido en España.

De acuerdo con el proyecto de ley, la Junta Transitoria estaría compuesta por los Fiscales Supremos Adjuntos titulares, quienes tendrán tres días para elegir entre sus miembros al Fiscal de la Nación provisional. La autoridad que reemplazaría a Chávarry deberá cumplir con los siguientes requisitos: no estar involucrado en procesos penales, administrativos disciplinarios o investigaciones en el Congreso de la República, ni implicado en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo.

Chávarry, Gálvez ni Rodríguez podrían aspirar al cargo, pues los tres fueron incluidos en un informe de la fiscal del Callao, Sandra Castro, por presuntamente ser parte de 'Los Cuellos Blancos del Puerto', la red liderada por el destituido juez César Hinostroza. Los indicios, que se sustentan en información de colaboradores eficaces, sirvieron de base para que la procuraduría anticorrupción denuncie a los tres personajes por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y patrocinio ilegal.

Además, en el Congreso están pendientes cuatro denuncias constitucionales contra el fiscal Chávarry, tres de ellas con imputaciones por su vinculación con graves ilícitos en el extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). 

ATRIBUCIONES. Ayer, en sesión de Consejo de Ministros extraordinaria, el presidente Martín Vizcarra aprobó dicho proyecto como parte de sus atribuciones establecidas en el Artículo 107 de la Constitución.

Foto: Presidencia

La Junta Transitoria también podrá ordenar la separación temporal de los Fiscales Supremos titulares “que se encuentren involucrados en conductas graves que comprometan la dignidad del cargo o perturben el ejercicio regular de sus funciones”, hasta que culmine la emergencia declarada o se defina su situación a través de un procedimiento administrativo sancionador.

El Plan de Reestructuración y Reorganización del Ministerio Público, que deberá ser elaborado por dicho grupo, incluirá el diagnóstico de la situación organizacional, logística, carga procesal y de personal de todo el país. Tendrá facultad de proponer cambios legislativos.

Autarquía institucional

Como se sabe, ayer martes 1 de enero, Vizcarra lideró una sesión de Consejo de Ministros extraordinaria para aprobar dicho proyecto como parte de sus atribuciones establecidas en el artículo 107 de la Constitución Política, luego del anuncio realizado por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, quien removió a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez, encargados de investigar el Caso Lava Jato.

En el sustento del proyecto de ley, el Ejecutivo indicó que los hechos suscitados en el Ministerio Público atentan contra diversos mandatos constitucionales y “han desconfigurado la noción de autonomía institucional, deviniendo en una autarquía, la cual se encuentra proscrita conforme recuerda el Tribunal Constitucional”.

En este sentido, Vizcarra solicitó que el Congreso considere este proyecto de Ley para ser incluido en la agenda de la primera legislatura extraordinaria e invocó a que el mismo sea tratado con urgencia para no verse obligado a presentar una cuestión de confianza.