Actualización: 10 de mayo - 8:15 p.m.

El hermano de la presidenta Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, y su abogado, Mateo Castañeda, fueron detenidos preliminarmente esta mañana por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias para la designación de prefectos y subprefectos en entidades estatales.

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, ordenó la medida por un plazo de 10 días, así como el allanamiento de 26 inmuebles en Lima, Cajamarca, Junín y San Martín.

Ambos fueron detenidos por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) y la División de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), como parte de la Operación Valkiria-Jericó. La orden de detención también alcanza a Jorge Luis Marreros, Noriel Chingay Salazar, Zenovia Herrera Vásquez, Jorge Chingay Salazar, Víctor Torres Merino y Edwin Walter Ugarte Nina, también presuntos integrantes de Los Waykis en la Sombra. 

Según la tesis fiscal, la red criminal de Boluarte y Castañeda buscaba copar el poder para constituir el partido Ciudadanos por el Perú". 

El Ministerio Público detalló que la medida está vinculada a hechos de instrumentalización del aparato estatal, “para obtener dádivas económicas” y condicionar “la captación de afiliados para registrar al partido Ciudadanos por el Perú”, vinculado a Nicanor Boluarte, así como “influencias ilícitas para designar funcionarios”. 

Ayer, el Gobierno de Dina Boluarte dispuso la desactivación del equipo especial de la Policía Nacional que apoyaba al Eficcop. Por esta decisión, y tras analizar una presunta relación entre dicha medida y la detención ejecutada hoy, la Fiscalía inició diligencias preliminares contra la presidenta y el ministro del Interior, Walter Ortiz, por la presunta comisión de los delitos de encubrimiento personal y abuso de autoridad. 
 

RED CRIMINAL. El hermano de la presidenta es señalado como líder de una organización criminal encargada de designar prefectos y subprefectos.

Captura: PNP

Chats y testimonios involucran a Dina Boluarte

La tesis fiscal señala que la presunta organización criminal es liderada por Nicanor Boluarte Zegarra y tiene como brazo legal a Mateo Castañeda Segovia. Este último, precisamente, habría buscado “neutralizar” las investigaciones contra el hermano de la presidenta, “ofreciendo beneficios indebidos al Coordinador General del Equipo Especial de la PNP en apoyo al Eficcop y otro miembro cercano a este”. 

Según el auto judicial de detención preliminar, Castañeda Segovia “transmitía mensajes” de la presidenta Dina Boluarte a los coordinadores policiales. Para frenar las indagaciones, el abogado de la jefa de Estado le habría ofrecido al coronel PNP Walter Lozano el ascenso al grado de general, así como protección para cualquier situación en la que se encuentre. De igual manera, sugirió beneficios para el coronel PNP Harvey Colchado. 

INFLUENCIAS. El abogado de Dina Boluarte habría sido el encargado de transmitir los mensajes de la presidenta a los coordinadores de la PNP para lograr impunidad.

Captura: OjoPúblico

Para eso, previa coordinación con el agente encubierto "Calin”, el abogado de Dina Boluarte se reunió con el agente “René”, a quien le pidió interceder con la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Eficcop, para que esta archive la investigación contra Nicanor Boluarte. Como evidencia de dicha reunión, se presentó un voucher de consumo a nombre del Estudio Castañeda & Menacho Abogados, de Castañeda Segovia.

El auto judicial detalla que el abogado “buscó obtener información que involucre en algún hecho ilícito” a la jefa de Estado, que se haya recolectado a través de procesos de colaboración eficaz, para trazar una estrategia de protección.

En el marco de la investigación del Eficcop y la Diviac, un testigo protegido declaró que, ante la negativa del agente “René” de informar sobre las actuaciones del Eficcop, la presidenta dio órdenes expresas de “buscarle la sin razón, la falta, para que le abran procesos administrativos al coronel Colchado y lo tumben”. 

De acuerdo a las investigaciones, la mandataria habría “instrumentalizado” a algunos miembros de Inspectoría General de la PNP —vinculados al control disciplinario— para restar operatividad al Eficcop. En este contexto, según la tesis fiscal, se dio la suspensión del coronel PNP Harvey Colchado como jefe de la Diviac, el pasado 13 de abril, por supuestas infracciones disciplinarias. 

¿Cómo operó la red criminal?

Según el auto judicial, la presunta organización criminal Los Waykis en la Sombra, liderada por Nicanor Boluarte, buscaba copar el poder para obtener recursos para conformar y financiar el partido político Ciudadanos por el Perú. Este, a su vez, serviría como plataforma para “mantener el poder en el aparato estatal” y tener ganancias ilícitas.

Según la Fiscalía, la red criminal estaba conformada por 22 personas y operaba en el ámbito nacional. Si bien Mateo Castañeda cumplía la función de brazo legal, la organización también contaba con coordinadores, como Zenobia Griselda Herrera Vásquez, quien gestionaba presuntos actos ilícitos en la región San Martín; y Norel Chingay Salazar, en Cajamarca. Los demás cumplían el rol de operadores.

OPERADORES. La presunta organización criminal funcionaba en el ámbito nacional con el apoyo de coordinadores en Cajamarca y San Martín.

Captura: OjoPúblico

La tesis fiscal detalla que esta presunta organización criminal empezó a operar desde el 7 de diciembre de 2022, fecha en la que Dina Boluarte asumió el cargo de presidenta de la República, tras el golpe de Estado de Pedro Castillo. 

Para lograr sus objetivos, se gestó el “grupo de confianza de Dina”, en el que, además del hermano de la presidenta, participaban Víctor Hugo Torres Merino, Edwin Ugarte Nina y Jorge Chingay Salazar, quienes habían apoyado a la mandataria durante la segunda vuelta electoral. 

Una de las primeras acciones para lograr los objetivos ilícitos —señala el auto judicial— fue la designación de Jorge Luis Ortiz Marreros como director de la Dirección de Autoridades Políticas de la Dirección General de Gobierno Interior del Ministerio del Interior.

Ese puesto clave sirvió para designar, luego, a autoridades políticas que cumplieran órdenes de Nicanor Boluarte en el nombramiento de prefectos y subprefectos en el ámbito nacional. El hermano de la presidenta ostentaba, según la Fiscalía, un “poder de facto”, otorgado por Dina Boluarte.

Así, aparecieron en la escena los operadores regionales de la presunta organización criminal: Gricelda Herrera Vásquez, persona de confianza de Nicanor Boluarte y encargada de captar a subprefectos y prefectos en la región San Martín; y Noriel Chingay Salazar, designado prefecto regional de Cajamarca.

PODER. El hermano de la presidenta ostentaba un "poder de facto", atribuido por la presidenta Dina Boluarte, según la Fiscalía.

Foto: OjoPúblico / Renato Pajuelo

A los subprefectos que habían sido nombrados, se les coaccionaba para llenar fichas de afiliación para la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú. Como evidencias, la Fiscalía presentó chats de grupos de Whatsapp —integrados por las mencionadas autoridades políticas— en los que se coordinaba la recolección de firmas.  

Además, se les cobraba diferentes sumas de dinero para favorecer económicamente a la organización criminal, para la constitución del partido político y cubrir los gastos de sus dirigentes.

COACCIÓN. En grupos de Whatsapp, se exigía a los subprefectos a cumplir con la recolección de firmas. De lo contrario, serían "sometidos a disciplina".

Captura: OjoPúblico

En el auto judicial se detalla, asimismo, que los funcionarios que no cumplían las órdenes de los coordinadores regionales o eran “incómodos” para sus objetivos eran amenazados con cesarlos de sus funciones.