La Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso citará al alcalde Rafael López Aliaga por su plan de endeudamiento de la Municipalidad Metropolitana de Lima de hasta S/4.000 millones. Este financiamiento está previsto a ejecutarse en tres emisiones de bonos, que comprometen los impuestos vehiculares y de alcabala de los próximos 20 años. 

Junto al burgomaestre, de acuerdo a información a la que accedió OjoPúblico, también se citará a regidores del Concejo Metropolitano. Es decir, el espacio en el que se acordó el millonario plan de deuda observado por el Consejo Fiscal y la Contraloría General de la República por sus altas tasas de interés e incluir, como justificación, obras duplicadas y sin expediente técnico. 

Este órgano, integrado por 39 regidores, también aprobó una ordenanza en la que la Municipalidad Metropolitana de Lima desacata un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que, inicialmente, frenaba la deuda de la comuna por representar un riesgo fiscal para las arcas públicas. Esto fue duramente criticado por especialistas, al generar un mal precedente para otros gobiernos subnacionales. 

También citarán a regidores del Concejo Metropolitano, a la viceministra de Hacienda y a funcionarios de la Contraloría". 

Además de la controversial emisión de bonos, que, hasta ahora, suma S/2.755 millones (S/1.205 millones ejecutados en una primera emisión, y otra, de S/1.550 millones, camino a concretarse), los expertos cuestionan el retroceso del MEF. La cartera, como se recuerda, terminó por ceder a las exigencias de López Aliaga y cambió su propio mandato para permitirle al municipio endeudarse. 

Ante ello, la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso también citará a funcionarios del sector. Entre ellos al ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo; la viceministra de Hacienda, Betty Sotelo Bazán, y al director de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Carlos Vargas Medrano. 

Finalmente, según detallaron diversas fuentes del Legislativo a OjoPúblico, este grupo de trabajo convocará a funcionarios de la Contraloría General de la República para que reporten el seguimiento que están haciendo al caso. Esta entidad emitió un informe con distintas observaciones a la Municipalidad de Lima antes de que se ejecute la primera parte de la deuda, pero el municipio hizo caso omiso y continuó con la emisión de bonos. 

La citación se tramitará de oficio, con el aval del presidente de la Comisión de Fiscalización, Segundo Montalvo Cubas (Perú Libre), “debido a la urgencia del caso”, precisó una fuente del grupo de trabajo.  

Cronología del cuestionado sobrendeudamiento de Lima 

El ambicioso plan de inversiones de la gestión de Rafael López Aliaga fue aprobado en el Concejo Metropolitano. Allí, en junio de 2023, se acordó iniciar el proceso para la primera emisión de bonos por S/1.205 millones con los que, inicialmente, se buscaba financiar 42 obras de infraestructura. 

Esta primera acción encendió las alertas de la Contraloría General de la República. Un mes después, esta entidad emitió un informe previo donde observó la presencia de proyectos sin expediente técnico y más de 17 obras duplicadas. En otras palabras, proyectos que ya se habían utilizado como sustento del municipio en una deuda asumida previamente. 

Pese a ello, en diciembre del año pasado, la Municipalidad de Lima concretó la primera emisión de bonos: el dinero fue desembolsado y depositado en bancos comerciales, en lugar de la Cuenta Única del Tesoro (CUT). Algo que, según advirtió el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva Neyra, en una reciente entrevista con OjoPúblico, significó un incumplimiento a la normativa. 

El ambicioso plan de inversiones de la gestión de Rafael López Aliaga fue aprobado en el Concejo Metropolitano, en junio de 2023". 

Un mes después, en enero de este año, la municipalidad redujo los proyectos de la primera emisión de bonos de 42 a 23. No obstante, tras analizar cada una de ellas, este medio detectó que más de la mitad carece de expedientes técnicos y, en la lista, persisten cinco obras duplicadas, que ya habían sido observadas por la Contraloría. 

El Consejo Fiscal también alertó sobre una "peligrosa situación de sobrendeudamiento", que cuadruplica los ingresos corrientes de la Municipalidad de Lima, y los altos costos que arrastran esta primera parte de la deuda. Entre otras cosas, remarcó que la tasa de interés de la operación es muy alta (10,1%), lo que implica un sobrecosto de S/500 millones, que pudo evitarse si se tenía una coordinación previa con el MEF. 

A fines de febrero, a pocos días de asumir la titularidad de la cartera, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista Arbildo, publicó un decreto de urgencia para limitar la deuda del municipio limeño. Sin embargo, días después, la Municipalidad Metropolitana de Lima emitió una ordenanza de desacato al orden fiscal del MEF. Y, en paralelo, el alcalde López Aliaga exigió públicamente al Ejecutivo derogar su disposición. 

Dos semanas más tarde, el MEF cedió a estas presiones y emitió otro decreto de urgencia, con el que le permitió al alcalde continuar con su programa de deuda, pese a las advertencias. Eso se contradijo, incluso, con las declaraciones del propio ministro, quien días antes había alertado que la deuda de la comuna limeña implicaba un “riesgo para la salud fiscal, no solo del municipio, sino de todo el país”. 

DUPLICIDAD. Una de las obras observadas por la Contraloría por figurar en dos listas de solicitud de financiamiento es la ampliación de la Av. Universitaria en Carabayllo. 

Foto: OjoPúblico / Paul Vallejos

En ese contexto, el presidente del Consejo Fiscal, Carlos Oliva Neyra, exhortó en reiteradas ocasiones al ministerio para que explique el motivo de su retroceso. “Lo último que quisiéramos es un MEF débil, porque es el que tiene que ordenar la casa [el país] en lo que respecta a las finanzas públicas”, dijo, en ese momento. 

Las advertencias de la entidad encargada de cuidar las finanzas públicas del país, le costaron, a Carlos Oliva Neyra, su remoción del Consejo Fiscal por orden de la presidenta Dina Boluarte. Este hecho ha sido criticado por especialistas, congresistas y extitulares del MEF, como Luis Miguel Castilla Rubio, Alonso Segura Vasi, David Tuesta Cárdenas y Luis Arias Minaya, entre otros. 

De igual modo, se pronunciaron gremios empresariales, como la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep). La última hizo un llamado a que “se respete la independencia de esta entidad técnica, tal como lo establecen las mejores prácticas internacionales”. 

La Municipalidad de Lima ya está camino a concretar la segunda emisión de bonos por S/1.550 millones, sustentada en inversión para 12 obras públicas que no cuentan con expediente técnico. Con esta operación, ya suman S/2.755 millones de los S/4.000 millones de deuda previstos. La tercera fase todavía no tiene fecha de ejecución.  

Además del millonario plan de financiamiento vía emisión de bonos, el Concejo de la Municipalidad de Lima también acordó, en marzo pasado, pedir un préstamo de S/1.000 millones al Banco de la Nación para financiar 11 obras urbanas, que tampoco tienen expediente técnico. Siete de ellas se duplican de la lista de proyectos con los que se sustentó la segunda emisión de bonos.

“Lo que está haciendo [López Aliaga] es llevar a la municipalidad y al aparato público a un sobrendeudamiento por fuera de todo lo que se ha recomendado. Se está perdiendo de vista lo que realmente debería interesar, que es cumplir con reglas fiscales, como se venía haciendo. Estas obras ni siquiera responden a las necesidades de la ciudad”, cuestionó la politóloga Patricia Paniagua Gutiérrez.

El proceso fiscalizador del Congreso 

La citación de la Comisión de Fiscalización implica que los funcionarios den las explicaciones, en este caso, sobre la ejecución del plan de endeudamiento de S/4.000 millones pese a las advertencias de órganos técnicos. 

OjoPúblico se contactó con el presidente de este grupo de trabajo, Segundo Montalvo Cubas, a través de sus asesores, para conocer mayores detalles sobre la convocatoria. Aunque se gestionó una entrevista, la misma no se pudo concretar.

En tanto, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco Piedra explica que los funcionarios citados están en la obligación de asistir al Congreso en la fecha prevista —o en su defecto pedir la reprogramación—, pero no a responder todas las preguntas. 

Asimismo, detalla que la citación de funcionarios públicos en este grupo de trabajo del Legislativo puede determinar el inicio de una investigación. Sin embargo, al ser una comisión ordinaria, eso requiere la autorización previa del Pleno.

Según la información que reciba la Comisión de Fiscalización, se puede iniciar una investigación más profunda". 

“De acuerdo a la información que reciba la Comisión de Fiscalización, podrían evaluar si es necesario seguir ese tema o no. Si ellos ven que merece algún tipo de investigación más profunda, tienen que pedir autorización al Pleno para actuar como una comisión investigadora”, agrega. 

La politóloga Patricia Paniagua Gutiérrez señaló, por su parte, que el Congreso, como institución, tiene el deber de fiscalizar la administración pública. No obstante, recordó que el actual Legislativo está en una “alianza” con el Ejecutivo, a la que se suma la Municipalidad de Lima, en la que actúan como bloque, por subsistencia. 

“Si estuviéramos hablando de un Congreso que pusiera el interés ciudadano por encima de intereses particulares, se hubiera alertado desde la primera noticia que llegó respecto al sobrendeudamiento. Pero ha dejado transcurrir el tiempo, sin tener reacción”, añadió.