El expresidente Alan García Pérez (69) se disparó en la cabeza tras conocer que el Sistema Nacional Anticorrupción había ordenado su detención preliminar por diez días, en el marco de una investigación por recibir presuntos pagos ilícitos de la constructora Odebrecht vinculados a la adjudicación y construcción del Metro de Lima durante su segundo mandato presidencial (2006-2011).

Hoy, en horas de la mañana, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) llegaron a la vivienda de Alan García para cumplir con la orden de detención. En estas circunstancias, el exjefe de Estado se encerró en uno de los cuartos de su casa y se autolesionó disparándose con un arma de fuego. Luego de ello fue llevado al Hospital Casimiro Ulloa (Miraflores), en donde fue sometido a operación.

El reporte de ingreso del paciente al Casimiro Ulloa indicaba "herida por proyectil de arma de fuego" en el cráneo, y que el exmandatario llegó en estado de coma al centro médico. La ministra de Salud, Zulema Tomás llegó al hospital y anunció de manera oficial que el estado del exJefe de Estado era crítico.

"La situación es grave", dijo la ministra Tomás en conferencia de prensa junto a un equipo de médicos. Uno de los encargados de la atención a García Pérez confirmó que el disparó fue en el craneo con herida de entrada y salida, y que el expresidente fue reanimado luego de sufrir tres paros cardiorespiratorios.

Sin embargo, a las 10: 20 a.m. se anunció finalmente el deceso de García desde la sede del Casimiro Ulloa.

Desenlace fatal tras medidas judiciales

La resolución judicial emitida por el juez  de investigación preparatoria Juan Carlos Sánchez Balbuena además ordenó la misma medida contra el exsecretario general de la Presidencia durante el segundo gobierno de García Pérez, Luis Nava Guibert (73), y el exvicepresidente de PetroPerú durante el mismo periodo, Miguel Atala Herrera (73), quienes están también bajo sospecha por transferencias de Odebrecht a cuentas de la offshore panameña Ammarin Investment Inc en la Banca Privada de Andorra (BPA).

La orden incluye bajo el mandato de prisión preliminar al hijo del exvicepresidente PetroPerú, Samir Atala Nemi (41); al hijo del exsecretario general de la Presidencia, José Antonio Nava Mendiola (48); al exministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo Ramírez (62); al exjefe de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, Oswaldo Plasencia Contreras (54); al expresidente de Provías Nacional, Raúl Torres Trujillo (70); y a Jorge Menacho Pérez (58), quien conformó el comité de selección del Metro de Lima.

Estas órdenes de detención preliminar –que acabaron con el fatal desenlace de García–ocurren después de que el coordinador del Equipo Especial para el Caso Lava Jato, Rafael Vela Barba, ordenara acumular la investigación contra el expresidente García Pérez, por presuntos pagos irregulares en la construcción del Metro de Lima, y las pesquisas sobre los depósitos sospechosos en el BPA vinculados a Atala Herrera y Nava Guibert.

El Ministerio Público ha establecido que Nava Guibert recibió más de US$1.3 millones, entre 2007 y 2008, desde el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a través de la offshore panameña Ammarin Investment Inc en la Banca Privada de Andorra, que estaba a nombre de Atala Herrera.

"Las transferencias bancarias realizadas por la offshore Klienfeld Services Limited [desde el Departamento de Operaciones Estructuradas a Ammarin Investment Inc] fueron destinada al codinome 'Chalan' que corresponde a la persona Luis José Nava Guibert", admitió la constructora brasileña ante el Ministerio Público, según reveló el fin de semana el portal IDL-Reporteros.

La relación entre Nava Guibert y Atala Herrera se remonta por lo menos a setiembre del 2003, cuando ambos empresarios junto al expresidente García Pérez constituyeron la organización civil Asociación Democracia Social. Atala Herrera además aportó alrededor de S/100 mil a la campaña de Nava Guibert al Parlamento Andino en 2011, a través de su empresa Intratex.

El hijo del exvicepresidente de PetroPerú, Samir Atala Nemi, incluso registró vínculos comerciales en noviembre del 2015 a través de su empresa Industrial Safety con Transportes Don Reyna, de propiedad de la familia Nava. Sobre Atala Nemi y su padre pesa actualmente una orden de impedimento de salida del país por 18 meses, a raíz de las sospechosas transferencias en BPA, que hoy se conoce fueron destinadas al exsecretario de García Pérez.

Un segundo grupo de presuntos pagos ilícitos, según las pesquisas fiscales, fueron otorgados a Nava Guibert por la compañía brasileña a través de transferencias bancarias o en efectivo, por orden del exjefe de la constructora en Perú, Jorge Simoes Barata, y del Departamento del Sector de Operaciones Estructuradas, Hilberto Mascarenhas Da Silva.

La mayoría de pagos realizados a Nava Guibert por la conocida 'división de sobornos' de Odebrecht aparecen vinculados a la carretera Interoceánica Sur,  cuyos tramos 2 y 3 fueron construidos en el Perú por las compañías Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

No es la primera vez que el abogado y empresario liberteño, que ejerció como secretario general de la Presidencia (2006 - 2011) y ministro de la Producción (2011) durante el segundo gobierno aprista, es detenido. En 1993, Nava Guibert fue apresado durante casi un año tras ser acusado de estafa como director de la quebrada empresa Mutual Perú, aunque luego el caso fue archivado.

La investigación además incluye al hijo del exsecretario general de la Presidencia, José Antonio Nava Mendiola, quien recibió casi US$500 mil dólares entre enero y octubre de 2010 bajo el seudónimo de 'Bandido' por orden del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Estos presuntos pagos ilícitos, según identificó el Equipo Especial para el Caso Lava Jato, están vinculados al proyecto Metro de Lima, ejecutado en el Perú por la constructora brasileña.

Nava Mendiola es además gerente de Transportes Don Reyna, empresa dedicada al servicio de carga pesada que dirigió su padre desde su fundación en 1995 hasta su renuncia en 2006, y que ejerció como subcontratista de Odebrecht para las obras realizadas durante el segundo gobierno de Alan García.

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