La compañía Obras de Ingeniería S.A.C. (Obrainsa), integrante clave del llamado Club de la Construcción –el cártel de empresas que se coludió con Odebrecht para ganar obras públicas en la última década– vivió hasta el 2017 su época de mayor apogeo financiero en casi dos décadas de existencia, logrando convertirse en parte de un grupo económico que declaró 17 subsidiarias, incluidas inmobiliarias, mineras y el legendario complejo azucarero Cayaltí con sus cinco mil hectáreas de cultivo en el norte del Perú.

Hoy, Obrainsa –integrante de un grupo constructor creado a fines de los ‘70 en Arequipa y de propiedad de la familia Tejeda– está incluida como tercero civilmente responsable en un proceso por crimen organizado a cargo del Equipo Especial del Caso Lava Jato. Además, está al borde de la quiebra al declararse insolvente, vive sometida a una junta de acreedores del Indecopi, y tiene a una de sus empresas vinculadas multada por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) debido a la compra irregular de la compañía agroindustrial Cayaltí.

Aunque no tiene el perfil de Graña & Montero, Obrainsa llegó a tener ingresos superiores a los S/400 millones el 2017, transformándose en una de las empresas más importantes de su rubro junto a Cosapi, ICCGSA y las brasileñas OAS, Andrade Gutiérrez y Queiroz Galvao. Los orígenes de dicha empresa se remontan al constructor arequipeño Pedro Tejeda Pacheco y a sus hijos Manuel Ernesto y Elard Paul Tejeda Moscoso, quienes llegaron a ser accionistas de una compañía que ganó millonarios contratos durante el gobierno de Alberto Fujimori.

"Obrainsa, una de las constructoras más importantes del país esta incluida como tercero civil responsable en un caso de crimen organizado"

Tras la caída del fujimorismo en el 2000, una comisión del Congreso incluyó a aquella constructora, SVC Ingeniería y Construcción S.A., una especie de antecesora de Obrainsa, en la lista de empresas que se coludieron con ese régimen para ganar licitaciones. Hoy, casi 20 años después, la fiscalía investiga por hechos similares a Manuel Ernesto Tejeda, quien maneja Obrainsa y una de las filiales claves del grupo, Empresa Agroindustrial Cayaltí; y a su hermano Elard Paul, prófugo luego que el Poder Judicial ordenara 18 meses de prisión preventiva en su contra por el Caso Club de la Construcción.

Al cierre de edición, Ojo-Publico.com se comunicó con Obrainsa para conocer los detalles de su proceso por lavado de dinero y de otros referidos a sus compañías vinculadas, pero no obtuvimos respuesta.

Origen y declive de Obrainsa

La debacle del grupo propietario de Obrainsa empezó en enero del 2018 cuando el Poder Judicial ordenó la captura de Elard Paul Tejeda junto a otros cuatro empresarios y un exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por tráfico de influencias y organización criminal para recibir millonarias licitaciones entre 2011 y 2014 en el gobierno de Humala. En este caso, según un colaborador eficaz, se mencionó a su hermano Manuel Ernesto Tejeda, como participante en las reuniones de dicho cártel de constructoras. 

A pedido del la Procuraduría Pública del Caso Lava Jato, la jueza María de los Ángeles Álvarez Camacho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, incluyó a Obrainsa en el proceso como tercero civil responsable. Es decir, sujeto al pago de una posible reparación económica en favor del Estado. Frente a un panorama de quiebra inminente, la empresa se sometió al año siguiente, en abril del 2019, a un Concurso Preventivo ante el Indecopi con el objetivo de renegociar su deuda en mejores términos con una Junta de Acreedores.

"En el 2000, una comisión del Congreso investigó a una de las constructoras del grupo Tejeda por sus contratos durante el régimen fujimorista"

Formalmente, Obrainsa se declaró insolvente. Para julio último, el 91% de la deuda de la empresa en el sistema financiero era calificada como Deficiente y el 9% restante como Dudosa, según un reporte crediticio de Infocorp. Sin embargo, los problemas legales que hoy tiene la familia Tejeda Moscoso no surgieron el 2017, pues parecen una constante en su historia empresarial reciente. Todo se remonta al 2002, cuando el Congreso creó una comisión para investigar los delitos económicos y financieros cometidos por el gobierno de Fujimori.

Entonces, dicha comisión –a cargo del fallecido Javier Diez Canseco– analizó el perfil del grupo y concluyó que los hermanos Tejeda habían sido beneficiados en licitaciones con el Estado a través de sus nexos con Carlos Núñez Barriga, viceministro de Transportes en los últimos años del gobierno de Fujimori. De acuerdo al Parlamento, los Tejeda lograron contratos con el Estado por US$71 millones a través de SVC Ingeniería y Construcción S.A., creada en 1996. Dicha empresa tenía como representante legal a Carlos Núñez Caballero, hijo del viceministro que luego sería procesado por enriquecimiento ilícito.

GRAÑA Y MONTERO. La constructora que tenía como presidente a José Graña y principal socia de Odebrecht fue la primera de su rubro en caer bajo la sospecha del Ministerio Público desde el inicio del Caso Lava Jato. Hoy su principal funcionario esta bajo colaboración eficaz.

Foto: Andina.

La comisión del Parlamento también descubrió que el exviceministro fujimorista Núñez Barriga compró en 1999 un departamento en Miraflores a una inmobiliaria de los Tejeda, pero no logró acreditar el pago del inmueble ante la comisión liderada por Diez Canseco. Luego de los hechos revelados por el grupo parlamentario, el Ministerio Público formuló cargos contra Núñez Barriga, pero no incluyó a ningún miembro de la familia Tejeda dentro de la investigación.

Al finalizar la indagación del Congreso sobre los Tejeda y SVC Ingeniería y Construcción, solo el exviceministro fujimorista resultó siendo investigado por la fiscalía. A pesar de las indagaciones, Núñez Barriga fue absuelto por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria en el 2013.

En cuanto a SVC Ingeniería y Construcción S.A., que ganó importantes contratos en el fujimorismo, no fue investigada a nivel penal y por lo tanto no fue incluida como tercero civil responsable. Aun así, la empresa entró a un procedimiento concursal preventivo en el Indecopi el 2005, como hoy ocurre con Obrainsa. Gracias a la reestructuración financiera, entonces encabezada por el abogado Gonzalo de las Casas, aquella constructora pudo seguir contratando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hasta agosto del 2012 (en el gobierno de Humala). 

Según información de Registros Públicos al 2018, dicha empresa aún se encontraba en manos de una Junta de Acreedores y sometida a una entidad liquidadora.

Una de las conclusiones de la comisión que investigó a SVC Ingeniería y Construcción S.A. fue que Elard Paul Tejeda, junto a sus hermanos Federico y Jorge, hipotecó sus bienes a favor de una offshore en Panamá: Narendra Investment. La empresa –creada en 1999, poco antes del fin del fujimorismo– tuvo como apoderados a los abogados Alberto Sparrow y Roberto Bouroncle Peralta, y como representante a Luis Fontenoy Quesada. Unos años después estas mismas personas serían los accionistas de una constructora desconocida: Obras de Ingeniería S.A (Obrainsa), fundada el 27 de noviembre del 2000.

Desde entonces, Obrainsa –especie de sucesora de SVC Ingeniería y Construcción, bajo el control de Manuel Ernesto Tejeda– inició su ascenso empresarial hasta convertirse en un holding corporativo que ganó licitaciones para la ejecución de 46 obras públicas y un grupo de proyectos en cartera por ejecutar cercano a los S/1400 millones. Antes de que el Caso Lava Jato fuera el escándalo por corrupción más importante de Latinoamérica, Obrainsa había logrado en solitario y consorciada con Odebrecht contratos por casi S/4 mil millones solo durante el gobierno de Humala.

La lista de contrataciones de Obrainsa con el Estado incluyó la construcción de la presa y el túnel trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (Peihap) valorizada en S/495 millones, y la construcción en consorcio con Odebrecht de las carreteras El Arenal-Punta Bombón (Arequipa) por S/451 millones y Negromayo-Occoruro-Pallpata-Dv.Yauri (Cusco) por S/220 millones. El primero fue abandonado, el segundo estuvo sometido a procesos arbitrales y el tercero viene siendo investigado por la Contraloría General de la República.

Así concluyeron los años de bonanza de Obrainsa.

Obrainsa, vinculadas y un futuro incierto

En una entrevista a El Comercio el 2016, Manuel Ernesto Tejeda Moscoso de Obrainsa pronosticaba un cierre del año con ventas por encima de los S/.1000 millones de soles. El empresario atribuía el éxito al proceso de diversificación que su grupo financiero había iniciado cinco años atrás y que le había permitido expandir sus fronteras hasta Bolivia. En total, su grupo económico declaró acciones en 17 compañías vinculadas hasta antes de que empezara la pesadilla del Caso Lava Jato en el Perú.

INCERTIDUMBRE. Una de las filiales del grupo económico Tejeda es Agroindustrial Cayaltí (Lambayeque), que hoy enfrenta graves problemas financieros al igual que Obrainsa.

Foto: Alessandra Vera. 

El grupo Tejeda –que tiene como matriz a Liz Argentis Corporation– incluye compañías inmobiliarias y constructoras (Obrainsa, OB Construction, Inmobiliaria Sacramento, Desarrollo y Edificación de Vivienda, Obrainsa Concesión Valle de Zaña, Concesión de Estacionamientos Miraflores y Peruana de Caminos); mineras (Minera Puerto Inca y Corporación Minera San Sebastián); agrícolas (Agroindustrias El Olivar, Negociación Agrícola Jayanca, Agrícola Las Norias, Empresa Agroindustrial Cayaltí e Industria Azucarera Cayaltí), eléctricas (Empresa de Generación Eléctrica Santa Ana) y otras como Ingeniería Financiera Carabaya e Intipuquio.

Al igual que Obrainsa, la matriz declarada insolvente ante el Indecopi, otras compañías del grupo iniciaron el mismo recorrido crítico. Este es el caso de la otrora legendaria Empresa Agroindustrial Cayaltí S.A.A. Ubicada en el Valle de Zaña, a una hora de Chiclayo, la histórica hacienda azucarera vive momentos de incertidumbre. Desde 2018, cuando empezó la caída del grupo, la administración de Cayaltí dispuso el desarme y traslado de la fábrica de molienda a Chiclayo, así como la venta de terrenos agrícolas para la construcción de conjuntos habitacionales donde antes crecía la caña de azúcar.

"La SMV sancionó al holding agropecuario del Grupo Tejeda por adquirir de manera indebida las acciones de la emblemática Empresa Agroindustrial Cayaltí el 2015"

Adquirida el 2015 por Intipuquio S.A, autodenominado por los Tejeda como su holding agroindustrial, Cayaltí pasó a formar parte de los activos de los hermanos con sus más de 5 mil hectáreas de cultivo. Así lo acreditan sus memorias en la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) y la Bolsa de Valores de Lima entre 2015 y 2018. El 2017, Manuel Ernesto Tejeda figuraba como presidente del Directorio de Cayaltí y su hermano Jorge Tejeda como director de la misma. El primero de ellos, como se citó anteriormente, es investigado por su participación en el Club de la Construcción.

En ese contexto, mientras los hermanos Tejada manejaban Cayaltí ocurrieron presuntos malos manejos que afectaron a la empresa. El 2018, la SMV sancionó con S/.790 mil soles a Intipuquio S.A por infracción tipificada como muy grave al comprar participación significativa en el capital en la Empresa Agroindustrial Cayaltí sin realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA). El fallo de la SMV dispuso la suspensión de los derechos de las acciones adquiridas por Intipuquio S.A. a la azucarera a partir de diciembre del 2015 y ordenó la venta en un plazo de dos meses de esas acciones en una oferta pública.

OBRAS EN EL NORTE. El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura fue uno de los proyectos más importantes en los que participó Obrainsa, antes de verse involucrado en el Caso Club de la Construcción.

Foto: Peihap.

Finalmente, en mayo del 2019, la Intendencia Regional de Sunafil en Lambayeque hizo una inspección en Cayaltí y verificó que no se acreditó el pago de remuneraciones, CTS y gratificaciones del presente año a una lista de 708 trabajadores. Ante esta situación, el Sindicato Único de Trabajadores convocó a una huelga indefinida desde julio pasado. A ello se suma la venta de terrenos de Cayaltí, según documentos remitidos a la Bolsa de Valores de Lima. El 2017, la administración de Cayaltí vendió el terreno San Ramón a Las Norias S.A.C, otra de las empresas del grupo Tejeda, por US$2.7 millones.

En diálogo con Ojo-Publico.com, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Cayaltí, Luis Santa Cruz Morales, confirmó el abandono de 550 hectáreas de dicha empresa. El trabajador –que apenas conoce los líos judiciales de Obrainsa– dijo que su gremio impidió hace pocos meses la venta de terrenos de la empresa para la construcción de viviendas.

Hoy, uno de los complejos azucareros más importantes del siglo pasado en el Perú, vive agonizante y bajo la sombra de la constructora asociada de Odebrecht, con uno de sus accionistas comprendido en una investigación por crimen organizado y el otro con una orden de prisión preventiva por los mismos hechos.