Tienes reportajes guardados
Durante los últimos años autoridades políticas del país han sido acusadas y sentenciadas por distintos delitos, desde enriquecimiento ilícito a narcotráfico y lavado de activos. Las cifras de la Procuraduría Anticorrupción del Ministerio de Justicia revelan que en la actualidad existen 390 investigaciones y procesos por corrupción contra gobernadores regionales, 270 a alcaldes provinciales y más de 780 contra autoridades distritales.
La Unidad de Inteligencia Financiera (que depende de la Superintendencia de Banca y Seguros) detalló que entre enero del 2007 y octubre de este año presentó 64 informes de operaciones sospechosas realizadas por funcionarios públicos de alto nivel por un monto total de US$ 722 millones.
Según los cálculos de esta entidad, de este monto alrededor de US$ 598 millones están asociados a funcionarios con delitos precedentes contra la administración pública, y US$ 89 millones, a otros vinculados al tráfico ilícito de drogas. Ello equivale al 94% del total reportado. Mientras que el 6% está asociado a delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de migrantes, minería ilegal, entre otros.
Sergio Espinosa, Superintendente Adjunto de la UIF, destaca que el 50% de estos informes corresponden a Lima; el 13% a Áncash, región del exgobernador César Álvarez, quien se encuentra con prisión preventiva investigado por corrupción desde el 2014; el 6% de los informes proviene de autoridades de Loreto; y el 3% a Ayacucho, la principal región del país en producción de clorhidrato de cocaína.
El 2015 fue el año que más informes se realizaron: 10 reportes por un monto de US$ 556 millones.
Esta información la dio a conocer Sergio Espinosa durante la presentación pública de la plataforma #FondosDePapel, un proyecto de Ojo-Publico.com que evidencia las relaciones entre los aportantes de los partidos políticos y personas investigadas por actividades delictivas.
Espinosa recordó que actualmente la UIF solo puede acceder al secreto bancario y tributario de los políticos a través de una autorización judicial, sin embargo, sostuvo que un acceso directo agilizaría la investigación a las candidaturas y agrupaciones políticas.
