Un equipo especial del Ministerio Público allanó dos inmuebles de propiedad de la exalcaldesa de la Municipalidad de Lima, Susana Villarán, y del exgerente de esa entidad, José Miguel Castro, en el distrito de Miraflores. La intervención -liderada por el fiscal Hamilton Castro- es parte de las investigación por el presunto aporte de US$3 millones a la campaña contra la revocatoria.

Según la resolución que ordenó la intervención de las viviendas y la incautación de documentos, en el contexto de la revocatoria, José Miguel Castro se habría comunicado con el exsuperintendente de Odebrecht, Jorge Barata, para solicitarle una reunión en la Municipalidad de Lima en la que le solicitó un aporte de US$3 millones. Posteriormente, Susana Villarán -según el empresario brasileño- se comunicó por teléfono con él para insistir con el pedido.

REVOCATORIA. Jorge Barata señaló que Susana Villarán lo llamó para reiterar el pedido de aporte a su campaña.

La fiscalía sostiene que Odebrecht aceptó el pedido, pues tenía proyectos de interés en la Municipalidad, como “Rutas de Lima”. Las planillas de la División de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña incluyen pagos por US$711 mil en esta concesión.“Los hechos antes descritos permiten [concluir] que Villarán de la Puente, máxima autoridad edil, habría hipotecado su voluntad a cambio del financimaiento de su campaña “No a la revocatoria”, a favor de dos empresas que tenían interes directos y concretos con la entidad edil, con la única finalidad de continuar en el poder", señala el documento.

Jorge Barata habría coordinado con el entonces gerente de la municipalidad la forma de entrega del dinero: una parte no determinada en diferentes cuentas bacarias, otra en efectivo y US$2 millones hacia Valdemir Garreta, quien pagaría los servicios del publicista Luis Favre. Los recursos salieron de la Caja 2 de la División de Operaciones Estructuradas. Además, la fiscalía incluyó el testimonio del colaborador eficaz No. 12-2017, quien manifestó que también recibieron US$1 millón de la constructora OAS, empresa que tenía la concesión del proyecto “Vía Parque Rímac”.

CUENTAS COMPARADAS. El Ministerio Público corroboró la información otorgada por la campaña contra la revocatoria, y los contratos de publicidad en televisión y vías públicas.

La fiscalía incluyó como prueba un contrato de concesión que la Municipalidad de Lima firmó con Odebrecht por la obra “Rutas de Lima”, y una adenda con la empresa OAS, que ampliaba por diez años el plazo de concesión de la obra “Línea Amarilla”.

Del análisis de la rendición de cuentas presentado ante las autoridades electorales, se verificó que solo se declaró ingresos y gastos por S/1,6 millones, pero se calcula que los ingresos y gastos reales fueron de US$4 millones y US$3 millones respectivamente. La fiscalía sostiene que para esconder la procedencia del dinero ilícito en la rendición de cuentas, se incluyó en el registro de aportantes a personas que luego negaron haber realizado estas donaciones.

COMUNICADO. Exalcaldesa se mostró conforme con la diligencia fiscal.

A Susana Villarán y José Miguel Castro se le imputa el delito de cohecho pasivo propio y delito de lavado de activos.

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