El Ministerio de Energía y Minas (Minem) tiene entre sus competencias impulsar procesos para evitar el avance de actividades como la minería ilegal. Sin embargo, una denuncia formal –a la que accedió OjoPúblico– acusa a la Dirección de Formalización Minera de tener vínculos con la extracción ilegal de minerales.

En abril de este año un funcionario del sector puso en conocimiento de la Oficina de Integridad Institucional —un área que previene y combate la corrupción— una serie de irregularidades en el despacho encargado de luchar contra la minería ilegal.

El documento señala la manipulación del sistema del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), la creación sin sustento de registros mineros, información falsa respecto a avances de la gestión, la omisión de funciones en resoluciones de exclusión, así como irregularidades en la contratación de una empresa para impulsar la formalización de 1.500 mineros. 

Las posibles fallas en el sector ocurren en un contexto en el que dirigentes mineros han anunciado, para el próximo 9 y 10 de setiembre, una movilización nacional para exigir la renuncia del ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho Mamani, así como pedir una nueva ampliación del Reinfo que deberá ser debatida por el Congreso presidido por Eduardo Salhuana, exabogado de mineros de la región Madre de Dios.  
 

Manipulación de datos
 

El documento al que accedió OjoPúblico detalla que el funcionario autor de la denuncia detectó dos casos en donde aparecieron inscripciones en el Reinfo vinculadas a la concesión “María Alejandra AA”, con actividades suspendidas en la región Cajamarca y que carecían de un informe técnico, así como una resolución que autorice la inscripción en el sistema digital del sector. 

Además, la denuncia señala que —luego de que los trabajadores advirtieron sobre estas irregularidades— los datos observados fueron “misteriosamente ocultados del sistema” o a los funcionarios se les “quita el acceso” a la plataforma interna del Reinfo, a pesar de que la oficina de Tecnologías de la Información se debe de encargar de “alertar de cambios en el sistema del Reinfo”. 

Otra irregularidad referida al sistema indica la inclusión de coordenadas de actividades mineras a “administrados mineros informales que no cuentan con el Reinfo”. Esto permite, de acuerdo a la denuncia, que se pueda trasladar una planta de beneficio “a cualquier lugar del Perú solamente con la manipulación del sistema de Reinfo”.

Denuncia interna del Minem señala la manipulación del sistema del Reinfo, la creación sin sustento de registros mineros, entre otros. 

En el documento se advierte que en mayo del 2022 se registró unas coordenadas en el Reinfo a favor de Julio César Ticlia Sánchez —quien figura con dos registros suspendidos y uno vigente— para una presunta actividad de exploración de carbón en la región La Libertad. Sin embargo, la denuncia recoge que esta inscripción no cuenta con un “número de expediente o solicitud ingresada al Minem” por lo que no tendría una motivación para que se haya realizado el registro.

OjoPúblico, en febrero último, reveló las inconsistencias y falta de información que maneja el sector respecto a la extracción de carbón antracita. Además, se informó que el 90% de este mineral salió de La Libertad, región desde la que se envían, al menos, 22.000 toneladas de mineral de origen ilegal al mes, según sus propias autoridades. 

En otro punto, el documento indica que a fines del 2022 hubo una aprobación de registros para autorizar 115 plantas de beneficio minero en la zona de La Rinconada, en la región Puno. Esta medida, según la denuncia, se tomó sin un sustento que respalde el pedido de la Dirección Regional de Energía y Minas de Puno. 

El único documento mencionado como parte de estas incorporaciones al Reinfo es un informe, emitido por la Dirección Regional de Minas de Puno y que señala una verificación realizada a las 115 plantas en apenas dos días. “Una diligencia de campo (...) demanda evidentemente mayor tiempo, y por experiencia es imposible realizar verificaciones en dos días. Ese informe es evidentemente sospechoso”, señala la denuncia.
 

Resultados exagerados y apoyo a mineros
 

En otro bloque de presuntas irregularidades detalladas se encuentra la información que ha brindado de forma pública la Dirección de Formalización Minera. De acuerdo a cifras internas del sector, mencionadas en la denuncia, hasta el 2023 se tuvo que 1.938 mineros que alcanzaron la formalización. Sin embargo, desde esta oficina del ministerio que maneja los datos se informó que este número superaba los 11.000 registros. 

Incluso este monto, según el documento, fue mencionado en entrevistas a medios de comunicación brindadas por el exdirector de Formalización Minera, Alberto Rojas Cortegana. Y la denuncia también indica que este número de presuntos mineros formalizados se consideró en material impreso distribuido de manera física en reuniones especializadas como el Perumin. 

IMPACTO. En los últimos años, frente a la poca supervisión del Estado, la minería ilegal se ha extendido a otras regiones de la Amazonía. 

Foto: OjoPúblico/ Aldair Mejía.

Asimismo, el escrito presentado al Minem advierte que entre 2022 y hasta parte del 2024 hubo “permisividad” para mantener a personas en el Reinfo a pesar de que tenían “faltas graves” pero que por orden del entonces director de Formalización Minera, Rojas Cortegana, no se iniciaban los procesos para los eventuales retiros del Reinfo. 

En el documento también se menciona que, en la región Arequipa, un ingeniero del ministerio que ha realizado trabajo de campo se reúne con mineros informales que han sido fiscalizados por el mismo funcionario. Y en otro viaje, en la región Apurímac, el mismo profesional se trasladó en un vehículo de propiedad de un minero informal que fue el único que no recibió sanción luego de la fiscalización recibida. 

Contrato bajo alerta

La primera irregularidad reportada en la denuncia trata sobre un contrato suscrito en 2019, por más de S/ 1’200.000, entre el Minem y la empresa Clean Technology S.A.C. De acuerdo al documento, el sector —a través de la Dirección de Formalización Minera—  pagó por este servicio pese a que la firma no había cumplido con los plazos ni las metas proyectadas. 

Esta firma debía elaborar 1.500 Instrumentos de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de Actividades de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) de la región Madre de Dios. Sin embargo, a la fecha de la denuncia no realizó “ni la cuarta parte” y de igual manera se realizó la “conformidad del pago”. 

Como consecuencia de esta presunta irregularidad, de acuerdo al documento, la Dirección Regional de Energía y Minas de Madre de Dios —a cargo de evaluar los Igafom— declaró “casi al 100%” como “en abandono”, es decir, fueron declarados desaprobados y archivados. 

Un funcionario de Energía y Minas denunció irregularidades en el despacho encargado de luchar contra la minería ilegal.

La responsabilidad en autorizar el pago de Clean Technology S.A.C., según la denuncia, recayó en Alberto Rojas Cortegana y Daniel Herrera, director de Formalización Minera y coordinador administrativo de esta oficina, respectivamente. Rojas Cortegana dejó el cargo en febrero último, pero desde marzo es experto legal de la misma oficina que condujo en el pasado. 

Clean Technology S.A.C., con actividades desde 2002 y sede en Lima, figura con una sanción impuesta por el Tribunal de Contrataciones del Estado. De acuerdo a la plataforma de proveedores del Estado, la compañía presentó “información inexacta” así como “documentos falsos o adulterados” al Tribunal, el Registro Nacional de Proveedores, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado o a la Central de Compras Públicas. 

OjoPúblico también contactó a la empresa para conocer detalles del servicio brindado así como la presunta falta de cumplimiento del contrato. Sin embargo, al cierre de esta publicación, no hubo respuesta de su parte.

Al cierre de esta publicación, el Minem no atendió las preguntas enviadas por este medio para conocer la situación de la denuncia y las medidas que tomarán respecto a lo detallado.