El Ministerio de la Producción (Produce) conformó un grupo de trabajo para revisar los procedimientos de muestreo de la anchoveta. Y, además, evaluar las normas que regulan la conservación y aprovechamiento sostenible de esa especie, considerada la primera pesquería del Perú.

La decisión se tomó luego de la publicación de un informe de OjoPúblico que puso en evidencia el incumplimiento por parte de, al menos, 12 pesqueras a declarar, desde el mar, el porcentaje real de extracción de anchoveta juvenil en los últimos cuatro años.

Esta práctica, además de constituir una infracción al Reglamento General de Pesca, impide al ministerio contar con información clave para cerrar zonas de pesca con alta incidencia de pequeños peces.

El incumplimiento de las empresas ha generado, también, criterios contradictorios en la Dirección de Sanciones y el Consejo de Apelación de Sanciones —la primera y la segunda instancia administrativa de Produce— al momento de resolver los casos. 

El equipo creado por Produce revisará distintas normas vinculadas a la anchoveta. Tendrá 30 días hábiles para hacerlo".

Las pesqueras y la Dirección de Sanciones del ministerio consideran que los resultados del muestreo a bordo no son comparables con los que se realizan en puerto. Con este argumento, dicha dirección ha archivado, al menos, nueve procesos sancionadores, en agosto de este año. 

Sin embargo, el Consejo de Apelación de Sanciones del mismo ministerio y el Poder Judicial sostienen que los resultados sí son equiparables. Por ello, en setiembre de este año, el primero ratificó, al menos, dos multas por la misma infracción. El segundo, mientras tanto, ha emitido dos fallos judiciales validando las sanciones de la cartera.

El 20 de setiembre pasado, cuando OjoPúblico le consultó al viceministro de Pesca y Acuicultura Jesús Barrientos Ruiz sobre las acciones que iba a tomar frente a los desencuentros entre las instancias administrativas y las sentencias del Poder Judicial, evadió el tema. Solo respondió por escrito que el “ordenamiento jurídico garantiza mínimamente la doble instancia administrativa; así como, su revisión en instancias judiciales”.

Dos días antes, Produce había emitido una resolución ministerial, mediante la cual, a propuesta del despacho del mismo viceministro, había conformado el grupo de trabajo sectorial “para la identificación de mejoras y actualización del marco normativo para la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta”. A pesar de eso, el funcionario no hizo referencia al tema. 

EVASIVAS. En setiembre, el viceministro Jesús Barrientos Ruiz evadió consultas sobre las medidas contempladas frente a los reportes de pesca incorrectos.

Foto: Produce

El grupo será de carácter temporal y estará presidido por un representante del Viceministerio de Pesca y Acuicultura. A él se sumarán uno de la Dirección General de Políticas y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura, otro de la Dirección General de Supervisión, Fiscalización y Sanción; uno más de la Dirección General de Pesca para Consumo Humano Directo e Indirecto, y otro del Instituto del Mar del Perú (Imarpe).

Estos funcionarios tendrán 30 días hábiles para evaluar las discrepancias entre la primera y la segunda instancia de la cartera. En ese mismo lapso también deberán analizar el Decreto Supremo 024-2016-Produce, que flexibilizó la pesca de anchovetas juveniles a cambio de información oportuna, y otras normas vinculadas a la sostenibilidad de la especie.

Nicholas Fromherz, abogado especializado en derecho internacional y profesor adjunto de derecho de la Universidad Lewis & Clark, en Portland (EE.UU.), se mostró optimista con la medida.

“Aconsejaría que [la evaluación] se mantuviera centrada en los problemas que el Decreto 024-2016 pretendía resolver: reducir los descartes de juveniles, facilitar el suministro de información precisa sobre la captura de juveniles y minimizar las cantidades de estas capturas. El grupo debería analizar si el decreto y otras medidas relacionadas están logrando estos objetivos”, dijo.

César Córdova, del Sindicato de Pescadores de Chimbote José Olaya Balandra, cuestionó que el equipo solo considere a Produce e Imarpe".

Juan Carlos Riveros Salcedo, biólogo y director científico de Oceana Perú, tiene una opinión similar. A su criterio es una oportunidad para superar las controversias respecto a los datos declarados desde el mar y los detectados por los fiscalizadores en puerto.

“Más del 95% de las calas analizadas entre 2019 y 2023 presentaron diferencias menores al 30% entre ambas medidas. Obviamente, el 5% restante es atípico y refleja poco cuidado o desconocimiento al hacer la medición en alta mar. Si estos errores, intencionales o no, no son sancionados, se corre el riesgo de reducir la calidad del sistema de prevención de pesca de juveniles”, advirtió.

César Córdova Ponce, asesor legal del Sindicato de Pescadores de Chimbote José Olaya Balandra, tiene una apreciación distinta. El dirigente cuestionó que el grupo contemple solo la participación de Produce e Imarpe.

En opinión del abogado una solución integral sería conformar una mesa técnica para evaluar el Decreto Supremo 024-2016, y también el Decreto Supremo 017-2011-PRODUCE, que modifica el reglamento de descartes y residuos hidrobiológicos. 

“Esta última norma es ventana legal para producir harina ilegal y nadie le presta atención. Si hay que preocuparse por la anchoveta, habría que revisar esos dos decretos supremos”, dijo.

Decreto en la mira

Desde su entrada en vigencia, en noviembre de 2016, el Decreto Supremo 024-2016-PRODUCE, que flexibilizó la pesca de anchoveta juvenil, ha sido cuestionado por pescadores y organizaciones conservacionistas. 

A mediados de setiembre, al ser consultado por OjoPúblico sobre esta norma, el viceministro Jesús Barrientos Ruiz dijo que “toda normativa merece ser revisada y evaluada permanentemente, a fin de cautelar que su vigencia atienda la realidad del sector; así como su impacto y eficiencia”.

No era la primera vez que el ministerio respondía así. En octubre de 2021, luego de que este medio demostró que las pesqueras, amparadas en dicho decreto, estaban capturando grandes cantidades de anchoveta juvenil, Produce dijo que “toda norma es susceptible de mejoras” y ofreció evaluar su impacto. 

Seis meses después, el Ejecutivo publicó un proyecto de decreto supremo que buscaba modificar la norma. En concreto, quería establecer distancias mínimas de traslado de una nave al detectar pesca de juveniles. Sin embargo, la modificación no se concretó.

El último 4 de setiembre, en una línea similar, la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Viceministerio de Pesca y Acuicultura señaló que la cartera no ha realizado un monitoreo sobre los alcances de la norma. 

Nicholas Fromherz recomendó implementar videovigilancia a bordo para evitar pesca excesiva y declaraciones incorrectas".

“A la fecha, no se advierte que, de manera reciente, se haya realizado la evaluación del impacto del Decreto Supremo N° 024-2016-PRODUCE”, se lee en el documento firmado por Jorge Maguiña Aliaga, director del área, al que accedió OjoPúblico.

El funcionario recomendó analizar dicho decreto y evaluar la directiva para la suspensión preventiva de zonas de pesca de anchoveta con alta incidencia de ejemplares juveniles. La tarea, concluyó, debía ser encomendada a un grupo de trabajo sectorial específico.

Para el abogado Nicholas Fromherz, el Decreto Supremo 024-2016 no es eficiente a la hora de desalentar la captura excesiva de anchovetas juveniles porque, por ejemplo, no obliga a las embarcaciones a buscar una nueva zona de pesca al detectar exceso de tallas menores. 

En ese sentido, recomendó implementar el monitoreo por imágenes a bordo. Esto, destacó, evitaría la pesca de juveniles y las declaraciones incorrectas. “La videovigilancia serviría como poderoso elemento disuasorio contra el muestreo fraudulento. No debemos olvidar que el Decreto 024-2016 contempla la introducción de la videovigilancia. No es una idea novedosa”, dijo.

El biólogo Juan Carlos Rivero Salcedo remarcó, por su parte, la necesidad de revisar la efectividad de los cierres preventivos y optimizar el tiempo de respuesta tras evaluar la información recolectada en la bitácora electrónica. “Es clave que este grupo de trabajo se base en la información analizada por Imarpe y que priorice la sostenibilidad del stock, antes que darle mayores facilidades a la flota que explota el recurso”, señaló a este medio.

Para Juan Carlos Rivero Salcedo, es necesario revisar la efectividad de los cierres preventivos de zonas de pesca con exceso de juveniles".

Ante el comportamiento de algunas pesqueras, Rivero Salcedo también sugirió evaluar la posibilidad de incorporar beneficios económicos para las embarcaciones que acarreen menor porcentaje de captura de juveniles o adopten sistemas modernos de videovigilancia.

Esto, añadió, debe ser complementado con un tope de tallas menores a ser extraídas por temporada. “Es cierto que, por la naturaleza dinámica de la pesquería y el crecimiento que puede ocurrir durante la temporada, no es necesariamente un número fijo (...), pero sería conveniente que Imarpe haga público este dato, que se irá ajustando a lo largo de la temporada”, indicó.

El equipo de trabajo fue oficializado menos de dos semanas después de la emisión del informe de la Dirección de Supervisión y Fiscalización del Viceministerio de Pesca y Acuicultura.

De acuerdo al artículo 5 de la resolución, su función incluirá “la optimización del marco normativo que regula la conservación y aprovechamiento sostenible del recurso anchoveta” y “la optimización del marco normativo que regula los procedimientos de supervisión, fiscalización y sanción en Pesca”.

En otras palabras, la revisión no se limita a las normas mencionadas en el documento que dio pie a la creación del equipo ni a las discrepancias entre las distintas instancias administrativas de la cartera. OjoPúblico le envió un cuestionario al viceministro Jesús Barrientos Ruiz para conocer mayores detalles, pero no respondió.