Con información de Jonathan Hurtado

Actualización: 22 de enero

La mañana de ayer, sin la presencia de ningún fiscal, decenas de agentes policiales ingresaron con violencia a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Los agentes lanzaron bombas lacrimógenas al interior del campus, rompieron las rejas con una tanqueta y no permitieron el ingreso de abogados defensores.

Una vez dentro, detuvieron a 193 personas y las obligaron a echarse en el piso boca abajo. Habían adultos mayores, mujeres y campesinos quechuahablantes.

Al interior de la universidad –que había sido tomada el pasado 18 de enero para albergar a las diferentes delegaciones regionales que llegaron a Lima para protestar contra el gobierno– se encontraban también estudiantes, una mujer embarazada y una madre con su hija de 8 años. La policía detuvo a todos.

En las imágenes de la intervención se observan a varias decenas de policías. Un grupo de ellos ingresó incluso a la residencia universitaria, donde se encontraban varios estudiantes que grabaron la violencia policial: rompieron puertas y muebles.

Los abogados de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos denunciaron que la policía impidió el ingreso de abogados defensores. 

Dos horas después de la intervención policial, a las 11.35 a.m., el Ministerio Público emitió un comunicado en el que informó que recién en ese momento los fiscales de prevención del delito estaban acudiendo a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para verificar la legalidad de la actuación policial.

VIOLENCIA. En el campus se encontraban delegaciones de diferentes regiones que habían llegado a Lima a protestar contra el gobierno.

Foto: Renato Pajuelo

HERIDOS. Durante la intervención la policía impidió el ingreso de abogados defensores. 

Foto: Renato Pajuelo

Una horas después se confirmó que fueron 193 las personas intervenidas, 102 fueron llevados a la sede de la Dirección de investigación criminal (Dirincri), en la avenida España, y 91 a la sede de la Prefectura de Lima, sede de la Dircote. Los cargos que acusan a los detenidos es usurpación (por penoctar estos días en la universidad) y daños.

La policía no permitió ayer el ingreso de abogados incluso del Ministerio de Justicia. Oliver Moreno, defensor público de dicho ministerio, dijo que les habían dicho que no podían entrar "por temas de hacinamiento". 

La policía tampoco dejó ingresar a los integrantes de la Defensoría del Pueblo. La defensora, Eliana Revollar, sostuvo en RPP que los agentes impidieron el acceso a funcionarios de la institución.

“En un escenario tan convulso como el que estamos viviendo, nosotros consideramos que sí hubiera sido oportuno que comuniquen a los fiscales, quienes más bien, luego de haberse enterado de esta diligencia, se están constituyendo hacia la Universidad San Marcos", señaló a ese medio.

Por su parte el ministro del Interior Vicente Romero, declaró a Tv Perú que "lo primero que hacen antes de intervenir, es que ellos comunican al Ministerio Público. Como es un tema común siempre en el accionar policial comunicar inmediatamente al Ministerio Público, eso es lo que han hecho ellos. La comunicación ha sido telefónica”, agregó.

En un comunicado público, las autoridades de San Marcos informaron que la noche del 20 de enero, un grupo de personas "sustrajeron equipos de seguridad y chalecos de los miembros de seguridad, golpeándolos y botándolos de la ciudad universitaria”. Precisaron que estos hechos fueron denunciados en la comisaría local.

LO QUE QUEDÓ. La policía incautó los alimentos y otros objetos personales que los manifestantes tenían al interior de la universidad.

Foto: Renato Pajuelo

Por la tarde, decenas de manifestantes llegaron a los alrededores de la avenida España, para pedir la liberación de los estudiantes y demás detenidos en la universidad San Marcos.

Pero, solo más de 24 horas después, 192 de los 193 detenidos en la sedes de la Dirincri y la Prefectura fueron liberados. La noche del domingo, en un comunicado público, el Ministerio Público informó su liberación.

La fiscalía también informó que de los tres estudiantes que fueron intervenidos por una presunta vinculación a una organización terrorista, dos fueron liberados y una está en calidad de citado mientras duren las investigaciones.

Varios de los detenidos informaron que no les habían entregado aún su DNI y objetos personales.

Consultados sobre las pruebas halladas, el ministro del Interior, Vicente Romero, respondió que la policía había hallado alimentos, banderolas y algunas hondas.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó “su preocupación por la incursión policial, desalojo y detenciones masivas en la Universidad de San Marcos; y exhorta con urgencia al Estado a rendir cuentas sobre los hechos y garantizar la integridad y debido proceso de todas las personas”.

Entre los intervenidos, la Asociación Nacional de Periodistas, ha denunciado que hay por lo menos tres periodistas de Puno que cubrían los incidentes en San Marcos.

Estos hechos ocurren en un contexto de violenta represión policial. Ayer, una persona más falleció en Ilave, Puno. Con esta suman –desde que Dina Boluarte asumió la presidencia– 46 las personas (45 civiles y un policía) que han muerto de manera directa en las protestas. Además, otras nueve personas murieron en accidentes de tránsito y otros hechos vinculados a los bloqueos de carreteras.