Esta tarde, como parte de las últimas actividades de su agenda, la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) —que llegó al Perú para recoger información sobre la situación social del país a raíz de las recientes manifestaciones— brindó una conferencia de prensa para adelantar algunos impresiones y acciones del trabajo desarrollado en el país entre el 11 y 13 de enero último. 

Esta segunda visita, que incluyó una agenda en Ayacucho, Cusco, Ica, Lima y Puno, se produjo ante el incremento de fallecidos de manera directa —41 civiles y un policía— en manifestaciones desarrolladas en diferentes ciudades del país contra el Poder Ejecutivo, Legislativo y el pedido de adelanto inmediato de elecciones generales. 

En diciembre pasado, la CIDH ya había llegado al Perú luego del fallido golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo.

Antes de brindar sus primeras declaraciones sobre la visita, el vicepresidente y relator para Perú de la CIDH, Stuardo Ralón, lamentó el fallecimiento de las personas en las protestas iniciadas en diciembre del 2022. En su introducción, el relator exhortó a que el gobierno peruano realice investigaciones serias, imparciales, en tiempo razonable por parte de fiscalías especializadas en derechos humanos. 

También solicitó que las autoridades peruanas adopten medidas para reparar de forma integral —y con un enfoque intercultural— a las personas afectadas en esta coyuntura. La CIDH consideró necesaria la "asistencia médica urgente a las personas heridas de gravedad, así como económica a favor de familiares de las personas fallecidas”.

“La protesta social y pacífica es un elemento esencial para la existencia y funcionamiento de la democracia; y es un derecho que en tiempos de crisis política puede constituirse como la única vía de participación política para comunidades que enfrentan discriminación estructural o exclusión política y social", precisó el relator en su balance.

No obstante, recordó que “el derecho de protesta demanda un especial cuidado por parte de los liderazgos para que las protestas se desarrollen de manera pacífica. Se debe hacer un esfuerzo para identificar si existen grupos de violentistas y apartados que puedan desnaturalizar las protestas para otros fines alejados con ellos y violencia extrema los actos de violencia”.

Stuardo Ralón realizó un diagnóstico general de la situación política y social peruana donde destacó los testimonios de familiares y personal médico. Los trabajadores de la salud en la región Puno denunciaron el uso de armas de fuego contra personas heridas en los hospitales. 

Un primer análisis de la CIDH consideró al deterioro generalizado del debate público. El comisionado para Perú señaló que en el país existía una "fuerte estigmatización por factores étnicos, raciales y regionales", sobre todo en el discurso de algunas autoridades para generalizar a personas indígenas y campesinas a las que califican de "terroristas", "senderistas", "indio" y "otras formas despectivas".

En otro momento de la conferencia, Ralón también indicó que la CIDH detectó una relación entre la actual "crisis institucional y el descontento social" y las "desigualdades históricas y estructurales existentes en el país". 

Como ejemplo, el comisionado mencionó el caso de los pueblos indígenas y campesinos, y su "insuficiente representación política". Y también mencionó la falta de desarrollo así como la desigualdad en el acceso a derechos económicos, socio culturales y ambientes que presentan las provincias apartadas de Lima. 

En ese sentido, según lo expuesto por el comisionado de la CIDH, la "protesta social y pacífica" significaba un derecho que podía representar "la única vía de participación política para comunidades que enfrentan discriminación estructural o exclusión política y social".

CONFLICTO. En la última semana, la región Puno registró 17 civiles y un efectivo policial fallecidos en las manifestaciones. 

Foto: OjoPúblico / Luis Javier Maguiña.
 

A la pregunta de OjoPúblico respecto al uso excesivo de la fuerza por parte de efectivos policiales y el ejército, el relator señaló que recibieron múltiples testimonios de personas y familiares de afectados que evidenciaban esta situación, pero que serán las investigaciones posteriores que determinen, por ejemplo, el origen de los proyectiles usados en contra de los manifestantes.

"Hacemos un llamado a un cese de la violencia y se dé un privilegio al diálogo. Con relación a las fuerzas de seguridad, tal como ellos nos han manifestado, [esperamos] que sea claro el actuar de acuerdo a los estándares interamericanos de legalidad y proporcionalidad", explicó. 

Como parte de su intervención, el relator Ralón también resaltó la inestabilidad política del país en el contexto de convulsión social. Además, recordó el impacto en la crisis de la figura de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente y mencionó que la reunión que tuvo esta mañana con el Legislativo se desarrolló sin contratiempos y "en un ambiente de total respeto". 

La comitiva que asistió la conferencia de prensa estuvo completada por el comisionado Joel Hernández; el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca; y la secretaria ejecutiva, María Claudia Pulido.

En una breve intervención y al ser consultado por la prensa, Pedro Vaca, relator para la Libertad de Expresión, se refirió a la violencia de efectivos policiales contra periodistas y fotorreporteros en la cobertura de las marchas. También pidió un cese en la "estigmatización" en el tratamiento de la información y que haya más empatía en el tratamiento de la información hacia las voces regionales. 

La delegación de la CIDH no brindó una fecha exacta para la presentación del informe detallado con los hallazgos de su visita, pero señalaron que lo difundirán para el conocimiento público de su trabajo realizado en el país.