*Con información de Aramis Castro

El pasado 20 de abril, Bruno llegó hasta las instalaciones de la clínica Delgado, establecimiento de salud que forma parte de la Red AUNA y del Grupo Salud del Perú SAC. Presentaba un malestar generalizado, tos, fiebre, y por recomendación de algunos familiares, acudió a esta clínica para que le hicieran con rapidez una prueba de Covid-19. Su resultado fue positivo y solicitó internarse, pero como no tenía contratado un seguro le dijeron que antes debía pagar una garantía de S/ 25.000. “Yo tenía solo S/ 15.000, pero no me aceptaron. Por eso decidí acudir al hospital de Villa El Salvador, donde hace dos semanas me habían dicho que las pruebas se habían terminado”, recuerda. 

La clínica le cobró a Bruno (55 años) S/ 569 para que le realizaran la prueba. En el voucher que compartió con OjoPúblico se detalla: honorarios de la consulta (S/ 249.99), la toma de muestra a través de hisopado (S/ 160.00) y la prueba rápida (S/160.00). 

Hasta hace unas semanas, las pruebas solo las podía realizar el Instituto Nacional de Salud, pero de pronto la situación cambió. Una alerta de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), emitida el 23 de abril, señala que ante el incremento de casos en todo el país, "se viene otorgando autorizaciones sanitarias (registro sanitario y autorizaciones excepcionales) para la fabricación, importación y uso de productos farmacéuticos y dispositivos médicos" y que está "autorizando a las droguerías, la importación de pruebas rápidas".

Digemid ha autorizado a 135 empresas a importar y comercializar pruebas rápidas y moleculares para las clínicas.

La alerta no precisa cuándo se tomó esa decisión y cómo se están verificando la calidad de estos test. Lo cierto es que de pronto varias clínicas comenzaron a comprarlos a diferentes importadores y luego a ofrecerlos a sus clientes a precios diferentes. El documento precisa que las empresas solo pueden comercializar los test a “las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud públicas, privadas o mixtas; o a las instituciones que tengan bajo su responsabilidad a estos establecimientos”. Hasta el 30 de abril, Digemid había autorizado a 135 empresas a importar y comercializar pruebas rápidas y moleculares en todo el país.

El gremio de las clínicas privadas reconoció a OjoPúblico que durante varias semanas la compra de las pruebas de diagnóstico para el coronavirus no estuvo regulada. "No tenemos una fecha exacta de cuando aparecieron las pruebas rápidas en el mercado (para las clínicas). No estuvieron reguladas y las clínicas empezaron a comprar, pero luego Digemid alertó y reguló el tema", declaró Alejandro Langberg, presidente de la Asociación de Clínicas Particulares. Hasta el cierre de esta edición, Digemid no atendió las consultas enviadas.

En el caso de las pruebas moleculares, estas son solo recogidas por las clínicas y luego enviadas al Instituto Nacional de Salud para su análisis. Luego de la evaluación esta entidad reporta el resultado a las clínicas.

El acceso a las pruebas moleculares y rápidas expone también la desigualdad en el país. Mientras cientos de personas esperan más de un día ser atendidos por los establecimientos públicos, que en este momento se encuentran desbordados en casos y solicitudes de atención y descarte, los pacientes con más recursos pueden acudir a una clínica para que le realicen estas test.

Pero los altos precios por la realización de estas pruebas no son los únicos montos que las clínicas han implementado en sus servicios ante la pandemia, sino también el tratamiento e internamiento por la enfermedad del Covid-19. El negocio de la salud alcanza a las aseguradoras privadas.

El negocio explicado en un correo 
 

Para conocer cómo han variado los planes de salud por la pandemia, OjoPúblico accedió a los planes de varias aseguradoras en el país y las comparó. Las escalas de precios varían, como en todos los seguros, según la edad y el monto de la cobertura. En el caso de Mapfre y Rímac Seguros, los planes más simples no cubren ninguna forma de tratamiento para el Covid-19.

Si una persona de 30 años quisiera adquirir un seguro que incluya el tratamiento para esta enfermedad hasta por 50.000 soles, debería pagar 3.230 soles al año (tres veces más del plan simple). Todos los gastos que superen la cobertura deberán ser asumidos por el paciente.

Si se quiere afiliar a un adulto mayor el precio se incrementa a S/ 20.368 al año (siete veces más al plan simple). El plan más austero, que no incluye la infección por coronavirus, alcanza los S/ 2.952.

OjoPúblico conoció que la Unidad de Salud de Mapfre incrementó en un 20% el precio del tipo de plan que cubría enfermedades epidémicas, respecto al precio que tenían antes de la pandemia. Esta tarifa, aplica para las personas que a partir de hoy decidan afiliarse a este servicio. 

Planes de seguro cubren hasta un máximo de 50.000 y 60.000 soles

“Por solicitud del Comité de Crisis, se ha realizado un cambio en la política de tarifación del producto Trébol Salud. Dada la situación actual, se ha aplicado una mayor tasa de riesgo equivalente a un ajuste del 20%, el cual aplica en general para todo cliente nuevo en el sistema que contrate este producto (...) Se trata de una modificación temporal y podría cambiar próximamente en la medida que se tenga una proyección más clara sobre el impacto real del coronavirus sobre el negocio de salud”, se menciona en un correo enviado a los trabajadores, y al que OjoPúblico tuvo acceso.

En febrero de este año, un mes antes del primer caso detectado en Perú, Samuel -quien también solicitó mantener su nombre en reserva- adquirió este plan de Mapfre. Esta semana presentó un malestar corporal y fiebre. Por eso acudió al centro clínico Sanna La Molina. Desde aquí, luego de pasar por triaje y ser derivado a una sala Covid-19, le tomaron una muestra de hisopado nasal para la prueba molecular. 

“Estoy a la espera de los resultados que tardan cuatro días porque han sido enviados al Ministerio de Salud”, señala Samuel y recuerda que tuvo que dirigirse a una clínica luego de que no le dieran una respuesta concreta cuando se comunicó a la Línea 113 del Ministerio de Salud para solicitar una prueba de descarte. Al tener en su póliza una cobertura del 70%, el paciente pagó S/134 por la atención médica y medicinas para calmar la fiebre. 

A Roberto, pese a su seguro, la Clínica le dijo que deberá pagar S/ 62.392 de los S/235.817 fijados por la atención.

Por su parte, en Rímac Seguros detallaron que la cobertura por Covid-19 y su posterior hospitalización dependerá de la clínica donde cada asegurado acuda. La cobertura será de hasta el 95% para atención hospitalaria, siempre que el tratamiento médico no supere los S/ 50.000 mensuales en clínicas como San Pablo Sede Sur, Suiza Lab Miraflores, Lima Norte y otras. Y cubriría hasta el 70% si es que el monto total estimado no supera los S/ 60.000 en clínicas como la Angloamericana, Delgado y San Felipe. Lo demás deberá pagarlo el paciente. 

Pacientes no pueden pagar

OjoPúblico consultó sobre el pago de garantías previo a la hospitalización en la Clínica Delgado a Manuel Adrián Pastor Torres, miembro del Comité de Ética de la red AUNA, que administra otras cinco clínicas en la capital, pero señaló que debido a la emergencia no iba a atender las preguntas. Señaló que esperaban hacerlo “más adelante”. 

La red AUNA, pertenece al Grupo Salud del Perú SAC, creado el 2008 por el Fondo de Inversiones Enfoca y Oncosalud. Esta corporación fue fundada por los exministros de salud apristas Luis Pinillos Ashton y Carlos Vallejos Sologuren. 

A cuatro kilómetros de la clínica Delgado, se encuentra otro establecimiento privado con atención a pacientes Covid-19. Se trata de la Clínica San Borja perteneciente a la red Sanna, un conglomerado médico creado el 2013 por el grupo Credicorp. 

En estas instalaciones, el paciente a quien identificaremos como Roberto, permaneció internado en el área de emergencia y de cuidados intensivos. El avance de su recuperación estuvo acompañada de una facturan preliminar de más de S/54.000 de los S/ 208.498 estimados por la clínica para el período del último 21 de marzo al 16 de abril, 22 días de ellos en UCI.

A pesar de que su póliza con Pacífico le cubre el 75%, Roberto considera que la diferencia todavía es una cantidad imposible de pagar. El paciente de 44 años y sin otra enfermedad previa, indicó que en otro reporte preliminar entregado el 14 de abril, la clínica consideró una cobertura de 90% del total facturado, es decir, debía cancelar S/ 15.973 de los S/ 186.429 generados en el período del 21 de marzo al 10 de abril.

OjoPúblico  consultó a Susalud sobre cómo estaba fiscalizando, pero no respondieron.

La diferencia levantó las sospechas de los familiares, quienes han presentado un reclamo a la clínica sin tener hasta la fecha respuestas. El último 28 de abril, el paciente además del alta médico recibió el monto final de la facturación: le dicen que deberá pagar S/ 62.392 de los S/235.817 fijados por la atención recibida los días que permaneció en la clínica. 

Al ser consultados por el tema la oficina de gerencia comercial y márketing de la clínica indicó que sus servicios “presentan avances de cuenta en relación a los servicios que se van prestando” y que aplicaban las condiciones de las aseguradoras “que tenían convenio con su institución”.

¿Quién fiscaliza?
 

Los casos de Bruno y Roberto representan dos ejemplos sobre la atención actual de pacientes Covid-19 en clínicas privadas del Perú. En este contexto, el último 29 de abril, la Defensoría del Pueblo exhortó al Estado peruano a tomar medidas para evitar la especulación de precios en productos o insumos médicos en la actual emergencia sanitaria. “Se podría vincular este pedido a los precios altos de las clínicas. En el contexto de pandemia, varios países están fijando montos tope”, señaló Alicia Abanto Cabanillas, adjunta de la Defensoría del Pueblo.  

Por ahora no existen normas que permitan establecer límites en cobros de la atención de emergencias como sí ha ocurrido en otros países de la región. En Chile, por ejemplo, como parte de su alerta sanitaria el gobierno dispuso en uno de sus artículos que se establezca un monto máximo para el pago de productos farmacéuticos así como de la prestación de servicios de salud y servicios sanitarios. 

“Disponer el precio máximo a pagar por parte de la población general de determinados productos farmacéuticos, dispositivos médicos, elementos e insumos sanitarios, así como de prestaciones de salud”, señala el decreto. Esta medida permitió que un día después de su publicación, el 26 de marzo, se fije en unos S/ 100 (25.000 pesos chilenos) al precio a la prueba rápida para descartar el Covid-19. 

Para Alicia Abanto Cabanillas, hay dos puntos a considerar en la atención brindada por las clínicas: “Las empresas están obligadas a respetar los derechos humanos [como el acceso a la salud] y SuSalud está obligada a supervisar y rendir cuentas sobre sus intervenciones”, indicó a OjoPúblico.  

OjoPúblico envió una serie de preguntas a Superintendencia Nacional de Salud (Susalud) pero hasta el cierre de esta publicación no atendieron las consultas.

Las camas del sector privado

El Decreto Legislativo 1466 del 21 de abril establece que si una persona positiva a Covid-19 requiere ser derivado a una clínica para atenderse no hay impedimento para que acceda a este servicio siempre que exista capacidad disponible.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, indicó la semana pasada en una entrevista a un medio televisivo que el traslado de pacientes Covid-19 de hospitales públicos a clínicas ya había iniciado pero todavía no en el volumen ni velocidad que “quisieran”. OjoPúblico preguntó al presidente de la Asociación de Clínicas Particulares, Alejandro Langberg, porqué no se agilizaba el proceso y respondió que "las transferencias están muy limitadas porque la infraestructura se llena. Han habido pero no es algo que estemos manejando en el día a día".

Hasta el 1 de mayo, 26 de las 194 camas de Cuidados Intensivos pertenecientes a clínicas del país se encontraban disponibles según las cifras publicadas en la sala situacional del Ministerio de Salud. El mismo reporte indica que hasta esa fecha se reportaron 28 fallecimientos en estos establecimientos.

Cuando Bruno no pudo asegurar los S/ 25.000 que le pidieron para internarlo, dice que en la misma Clínica Delgado le dijeron “que de la puerta a la calle, si algo me pasaba o me moría, no era su responsabilidad, y cuando me fui, al salir, me hicieron firmar un documento para dejar constancia que los libraba de responsabilidad. Por mi estado de salud, no lo pude leer al detalle y tampoco me entregaron copia”, contó.