En los últimos seis años, Q-Medical S.A.C, una proveedora del Estado involucrada en el caso El Club de las Farmacéuticas, se adjudicó compras públicas por más de S/133 millones. La empresa dedicada a la comercialización de dispositivos médicos está vinculada a otras tres compañías de la familia Pacheco Vera: Gimedic S. A. C., Biomedical Care Representaciones S. A. C., y Medical Concept S. A. C., que en el mismo periodo han registrado ventas en conjunto por más de S/ 36 millones a distintas entidades públicas.

Como alertó OjoPúblico en un reportaje previo, estas cuatro empresas han participado en los mismos procesos de compra de dispositivos médicos, a pesar de que sus fundadores o administradores tienen estrechos vínculos familiares, recurriendo a presunta simulación de competencia. Esto ocurrió, principalmente, en etapas preparatorias de las contrataciones públicas, como la elaboración del estudio de mercado.

En esta fase, las entidades públicas solicitan cotizaciones a diferentes proveedores, para determinar el valor referencial de los ítems a adquirir y realizar ajustes de sus pedidos en función a la disponibilidad del mercado. Pero, si las compañías pertenecen a un mismo grupo empresarial, sus propuestas pueden direccionar las especificaciones técnicas y los precios referenciales del proceso.

“Si yo recojo información de empresas vinculadas, en realidad, estoy diciendo: pongan el precio. Hay un direccionamiento. También si las especificaciones técnicas del área usuaria son iguales a lo que venden estas empresas, que pertenecen a un mismo grupo”, advierte el abogado Javier Salazar Soplapuco, miembro de la Red Interamericana de Contrataciones Públicas y consultor del Banco Interamericano de Desarrollo.

En 31 procesos, entre 2015 y 2021, Q-Medical obtuvo la buena pro después de cotizar junto a otra empresa del mismo grupo".

Dos procesos de selección que involucran a las empresas del grupo Pacheco Vera permiten ejemplificar cómo funcionan los posibles direccionamientos. El primero de ellos tuvo lugar en 2018, en un estudio de mercado realizado por el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (Inen). En este, solo Q-Medical y Gimedic cotizaron un mismo producto: bolsas descartables para aspiración de fluidos. El segundo ocurrió en 2019, en una compra del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en el que participaron únicamente Q-Medical y Biomedical Care Representaciones como cotizadores del mismo producto.

En ambos, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (Osce) identificó que el estudio de mercado era deficiente, debido a que Gimedic y Biomedical Care Representaciones aseguraron contar con presentaciones que, en ese momento, no comercializaban. Así, su participación permitió definir las especificaciones técnicas, a las que solo Q-Medical terminó ajustándose. Sin embargo, en respuesta a OjoPúblico, Biomedical Care descartó haber presentado datos erróneos en el proceso en el que estuvieron involucrados.

Gracias a la alerta del Osce, los dos procesos fueron anulados. Sin embargo, eso no ocurrió en todos los casos. Luego de revisar cientos de contratos, OjoPúblico identifica ahora un total de 31 procesos, registrados entre 2015 y 2021, donde Q-Medical sí obtuvo la buena pro de las licitaciones, después de cotizar productos junto a alguna empresa del mismo grupo familiar.

En 10 de esos procesos, además, se presentaron otras dos condiciones particulares: Q-Medical fue la única postora y se registraron quejas de otros proveedores ante las entidades que convocaron el proceso de selección, por presuntos direccionamientos. Sin embargo, la mayoría de estas observaciones fueron desestimadas bajo el argumento de que no hay impedimentos en la etapa de estudio de mercado. 

Contrataciones con riesgo de direccionamiento

Los 31 procesos identificados por OjoPúblico representan licitaciones por S/ 8'878.402 durante los últimos siete años. De este total, las principales instituciones que contrataron con Q-Medical fueron, precisamente, el INSN con S/1,95 millones y el Inen con S/1,55 millones —los establecimientos donde se realizaron los estudios de mercado deficientes de 2018 y 2019—. A estos le siguen el Hospital Nacional Hipólito Unanue con S/1,07 millones y el Hospital Regional de Lambayeque con S/0,9 millones. Después de analizar cada uno de los procesos se determinó, además, que en el 58 % de casos, Q-Medical fue la única postora.

Mihaly Fazekas, investigador de la Universidad de Cambridge, profesor de la Universidad de Europa Central y especialista en lucha anticorrupción, sostiene que la estructura corporativa y el historial de actividad en el mercado, advierten sobre banderas rojas de corrupción en los procesos de compras públicas. En este caso, además de los vínculos familiares entre accionistas y ejecutivos de las empresas del grupo Pacheco Vera, Q-Medical estuvo involucrada en el caso El Club de las Farmacéuticas.

En 10 procesos, Q-Medical fue la única postora y se registraron quejas de otros proveedores por presuntos direccionamientos".

Según el Ministerio Público, Q-Medical y otra empresa de Lima, Via Ayaychan S. A. C., concertaron la cotización de un producto de bioseguridad, con precios de referencia sobrevalorados, durante el estudio de mercado. Según la Guía para combatir concertaciones en las contrataciones públicas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), el acuerdo de precios puede presentarse en esta etapa inicial del proceso de selección.

Existe una amplia lista de procesos que involucran a empresas del grupo familiar Pacheco Vera, donde se replican patrones similares. En febrero de 2018, por ejemplo, el servicio de Farmacia del Hospital de Apoyo San José (HSJ), ubicado en el Callao, solicitó la compra de bolsas de aspiración de secreciones, a través de una adjudicación simplificada. Las únicas empresas que presentaron cotizaciones fueron Q-Medical y Gimedic, para las marcas Bemis y Flovac, respectivamente. El proceso se registró casi en paralelo y compartió similitudes con el anulado en el Inen.

Durante la presentación de observaciones, un proveedor advirtió al HSJ, que las especificaciones técnicas favorecían a una sola empresa en el mercado nacional, pues se ajustaban únicamente a las características de la marca Bemis, ofrecida por Q-Medical. Sin embargo, la institución respondió que el Comité de Selección había “verificado en el expediente de contrataciones la pluralidad de postores”. Finalmente, Q-Medical fue la única que presentó una propuesta durante el proceso de selección y se adjudicó la buena pro.

RIESGO.Especialistas advierten que recoger información de empresas vinculadas puede conducir a un direccionamiento de las compras públicas.

Imagen: Resumen Ejecutivo del proceso AS-SM-8-2019-INMP-1 (Seace)

El contrato fue firmado por Q-Medical el 26 de setiembre de 2018, por la compra de 2.400 unidades, a S/ 33,45 cada una. El precio de este producto, sin embargo, disminuyó hasta en S/8 en un proceso registrado solo un año después. Así, solo comparando estas dos compras, se identifica un sobreprecio de más de S/19 mil, en los productos ofertados al hospital del Callao.

En este último caso, que ocurrió en el Instituto Nacional Materno Perinatal (INMP), Biomedical Care Representaciones y Q-Medical también fueron los únicos proveedores que cotizaron bolsas desechables para secreciones. Nuevamente, Q-Medical fue la única postora y obtuvo la buena pro. El contrato se firmó en mayo de 2019, por 3.600 unidades a un valor unitario de S/25.

En este proceso, además, otra empresa interesada en participar en la contratación reportó ante el INMP el vínculo familiar. Sin embargo, la entidad respondió que, según la Ley de Contrataciones, solo está prohibida la participación de empresas del mismo grupo durante la fase de selección (presentación de ofertas), más no en las etapas preparatorias como el estudio de mercado. Esta situación ocurrió en otros ocho procesos identificados por OjoPúblico.

En más de la mitad (68 %) de los casos analizados por este medio se presentaron quejas similares de otros proveedores, por presuntos direccionamientos a favor de Q-Medical. Sin embargo, las entidades no procesaron los reclamos ni advirtieron los lazos de parentesco entre los directivos y ejecutivos de las empresas. 

En respuesta a consultas enviadas por este medio, representantes de Biomedical Care Representaciones indicaron que la relación con Q-Medical es la de un proveedor de servicios de almacenamiento de productos y dispositivos médicos. Asimismo, negaron los vínculos con la empresa Gimedic e indicaron que, desde 2018, sus representantes legales no tienen ninguna relación con Medical Concept.

¿Por qué Biomedical Care Representaciones cotizó productos y luego no se presentó como postora? De acuerdo a lo señalado por esta empresa, “cotizar no obliga o vincula a que se tenga que participar en un proceso de selección. (...) Además, la participación simultánea de Biomedical Care y Q-Medical u otras empresas del rubro, no está prohibida por la legislación y mucho menos es irregular, en tanto según la ley, solo hay impedimento si es que los postores fuesen parte de un grupo empresarial o económico”, sostuvieron. 

Los especialistas en contrataciones públicas consultados por OjoPúblico consideran que esto evidencia un vacío en la norma que regula las contrataciones públicas.

Falta de regulación en las contrataciones

El abogado y especialista en contrataciones públicas, Javier Salazar Soplapuco, advierte que si bien este tipo de actuaciones no están prohibidas, van en contra del principio de libre concurrencia, que rige las contrataciones del Estado. Según este, las entidades deben promover el libre acceso y participación de los proveedores, debiendo evitar exigencias y formalidades costosas o innecesarias.

“Es una parte no regulada. No hay impedimento para recoger cotizaciones de empresas de un mismo grupo, incluso si después [una de ellas] será el único postor. Y esto hará que la información [sobre precios y especificaciones técnicas] sea fácilmente distorsionada. Ello contraviene el principio de libre concurrencia”, explica Salazar Soplapuco.

La Ley de Contrataciones señala en total 10 principios que sirven de criterio para la aplicación de la norma y su reglamento, así como para solucionar los vacíos. Por ejemplo, Marco Aurelio Montoya Lazarte, árbitro y consultor con amplia experiencia en las áreas de contrataciones de instituciones públicas, señala que el principio de integridad puede usarse para iniciar una investigación y, luego, determinar una sanción.

No hay impedimento para recoger cotizaciones de un mismo grupo, pero contraviene el principio de libre concurrencia", dijo Salazar.

Dicho principio indica que, en cualquier etapa del proceso de contratación pública, los partícipes —funcionarios, entidades, proveedores, cotizadores, entre otros— deben tener una conducta guiada por “la honestidad y veracidad, evitando cualquier práctica indebida, la misma que, en caso de producirse, debe ser comunicada a las autoridades competentes de manera directa y oportuna”.

No obstante, Montoya Lazarte, advierte la falta de sanciones por la presentación de información falsa en la etapa de indagación de mercado. “El proveedor puede engañar [diciendo] que posee algún producto durante la cotización, ya que la sanción solo ocurre cuando participas en el proceso como postor y en la ejecución contractual. Hay un vacío legal”, dijo a OjoPúblico.

Riesgos por falta de transparencia

La transparencia en las adquisiciones públicas es la base del control ciudadano. Por ello, según la Ley de Contrataciones, todas las instituciones públicas que realizan compras públicas están obligadas a registrar estos procesos en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). A pesar de ello, algunas entidades incumplen con publicar contratos que datan, incluso, de hace más de seis años.

En esta investigación OjoPúblico identificó que más del 20 % de los procesos de compra adjudicados a Q-Medical, entre los años 2015 y 2021, no cuentan con contratos disponibles en el Seace. Así, de un total de 186 procesos en los que la buena pro fue otorgada a la principal compañía del grupo familiar Pacheco Vera, 39 no disponían de estos documentos para consulta pública.

Los contratos ofrecen información sobre la descripción, cantidad, precio unitario y precio total de los productos adquiridos por las entidades públicas. Pero, además, datos sobre plazos de entrega, condiciones y modos de pago.

El proveedor puede engañar durante la cotización, ya que la sanción solo ocurre como postor", advirtió Marco Montoya.

El director ejecutivo de Proética, Samuel Rotta Castilla, considera preocupante la falta de contratos en el Seace, debido a que limita e impide el control ciudadano. “Una de las funciones del Seace es transparentar la información sobre procesos de contratación, para que pueda someterse al escrutinio público. (...) Cuando no hay transparencia, siempre hay un riesgo de corrupción”, precisa el especialista.

Asimismo, se identificó falta de transparencia en información relacionada a cotizaciones. De los 186 procesos revisados por OjoPúblico, solo 95 indican la razón social de los proveedores que presentaron estos documentos. Y, de este grupo, solo 25 adjuntaron un cuadro comparativo de los productos cotizados, con características, información sobre los proveedores y precios estimados.

Desde mediados de agosto este medio ha tratado de comunicarse con los representantes de Q-Medical y Gimedic. Sin embargo, hasta el cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta a los pedidos de entrevista. Representantes de Biomedical Care Representaciones indicaron que no brindarían declaraciones. Asimismo, OjoPúblico intentó contactarse con la compañía Medical Concept, a través de los números telefónicos y correos consignados en los registros de Osce. No obstante, ninguno se encuentra habilitado actualmente.

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