“Noventa mil soles vale la vida de nuestra madre. Estamos en la clínica San Gabriel, del distrito de San Miguel, pero para internarla nos piden el pago por adelantado”. El llamado de auxilio de Helssi Buquich se hizo público en sus redes sociales el lunes 27 de julio con el fin hacer una colecta y reunir el dinero que les exigían. Su madre había tratado de vencer al coronavirus desde casa, con balones de oxígeno, porque en cada hospital o clínica al que llamaban la respuesta era la misma: no había camas.

La clínica San Gabriel, a donde fue llevada la madre de Helssi, pertenece al Grupo San Pablo y es una de las 25 empresas privadas que suscribieron el convenio con el Seguro Integral de Salud (SIS) para recibir en UCI a pacientes con Covid-19 transferidos por el Ministerio de Salud. El acuerdo -que se logró a fines de junio, luego de infructuosas negociaciones por cuatro meses- reconoce un único pago de S/55 mil por cama.

Los términos de referencia de los contratos suscritos señalan que el convenio se activa cuando un asegurado del SIS, con diagnóstico severo de Covid-19, es referido de un hospital público tras constatar que no hay camas disponibles en el sector estatal. De manera excepcional se aceptan a pacientes que no son transferidos y llegan directamente a a las clínicas en estado grave. El objetivo es estabilizar al afectado hasta que se coordine con otro establecimiento que tengan una cama libre para continuar su tratamiento.

En sus contratos las clínicas garantizan la atención solo para un máximo total de 38 pacientes en todo el país.

El Gestor de Camas -personal asignado por el Ministerio de Salud (Minsa)- es quien verifica en su sistema que no hay UCI disponible en los hospitales públicos. Luego coteja si alguna de las clínicas afiliadas liberó un cupo, y de ser así, se comunica con sus representantes, llena un formato de referencia y le envía una captura de imagen con los datos de afiliación del paciente al SIS. Con ello, la cama queda asignada.

El SIS realizó dos convocatorias para contratar servicios de camas UCI en el sector privado; la primera fue de 55 unidades, la segunda de 71, pero los compromisos firmados fueron para solo 38 pacientes. Hasta el viernes 31 de julio, eran cinco las personas atendidas en el marco del convenio; sin embargo, solo dos de ellos fueron referidos de hospitales públicos. El resto llegó directamente a la sala de emergencia de las clínicas.

GRUPO ECONÓMICO. La clínica San Gabriel pertenece al Grupo San Pablo y recibió S/10 millones en préstamos de Reactiva Perú.

Foto: Clínica San Gabriel.

No todos los cupos ofertados son tomados por las empresas de salud. El número de camas que ofrece cada clínica en su contrato depende de la disponibilidad promedio que manejan. Por ejemplo, la Clínica Internacional se adjudicó 12 servicios; mientras que el Stella Maris ofreció 2, y el resto solo uno. El SIS ya alista una tercera convocatoria para que más clínicas se sumen en Lima y otras regiones previstas. 

Mario Ríos, director de la ONG Derecho y Justicia en Salud, considera que el incremento de casos hace que el paciente SIS sea poco elegible respecto a usuarios con pólizas que tienen coberturas mayores a los S/55 mil que ofrece el Estado. “La selección es por disponibilidad de camas, pero también por criterios económicos. Todos están colapsados, el sector público y privado, pero no hay nada que impida esta selectividad. En este sentido, no resulta tan eficaz este convenio”, añadió.

La madre de Helssi no tenía SIS, y en la clínica no le explicaron la necesidad de tramitarlo para que pueda ingresar acogiéndose a la excepción de la norma. Solo le dijeron que al no haber sido referida de un hospital público, tenía que pagar. Su familia indagó e hizo los trámites, y luego de mucho esfuerzo lograron afiliarla al seguro público a la mañana siguiente y se lo comunicaron a la Clínica San Gabriel para que coordinen su traslado, pero esto no ocurrió. 

“El miércoles el Minsa nos dijo que la clínica no había reportado la necesidad de una cama. Perdieron un día. Tuve que traer a un abogado para que nos entreguen los documentos con los cuáles iniciar el trámite de hospitalización. Ahora estamos esperando una respuesta”, declaró la hija a OjoPúblico.

Ella ha presentado una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud). Su caso ayuda a entender el frágil intercambio de prestación de servicios luego del convenio y la incapacidad del Estado de sentar a una mesa al sector privado para priorizar la atención de pacientes por encima del negocio de la salud.

El papel de las aseguradoras

“El que debe buscar la cama es el financiador, no el paciente. Sus familiares no lo pueden estar paseando y perdiendo tiempo valioso, deben ir a un hospital para que desde allí se haga la referencia a una clínica que esté libre, previa verificación en el sistema. El convenio no estipula la separación de camas para pacientes SIS, pues ello sería inhumano para otro que lo necesite. Pero lo cierto es que es estamos desbordados, ya no hay camas. Se liberan con mucha lentitud”, sostiene el gerente general del Stella Maris, Carlos Joo.

Los establecimientos de salud que firmaron el convenio cuentan con una persona responsable de actualizar la información de sus ambientes libres, al inicio y al cierre del día. En la práctica, esta gestión termina sujeta a la cola de pacientes con los que cuentan las 25 clínicas firmantes del convenio, así como de la demanda de usuarios con Covid-19 en las Empresas Prestadoras de Salud (EPS) con las que tienen afiliación.

Al igual que el Estado, las aseguradoras como Mapfre, Pacífico, Rímac y otros, desarrollan sus propias gestiones a fin de obtener una cama para sus pacientes críticos. Además, sus afiliados se internan directamente en la clínica cuando empiezan a presentar síntomas graves, y apenas se libera la cama, ingresan a UCI. Por ello, actualmente las camas con ventilador en las clínicas que suscribieron el convenio están copadas por pacientes afiliados a estas aseguradoras o con aquellos que cuentan con pólizas particulares.

SIN CAMAS. El convenio entre el sector público y privado es para referir pacientes que requieren camas con ventilador en UCI. 

Foto: Andina.
 

El presidente de la Asociación de Clínicas Particulares (ACP), Alejandro Langberg, señala que, además de los cinco pacientes que recibieron del SIS, han acogido a otros cinco provenientes de Essalud, en el marco de un convenio similar que se firmó con dicha entidad.

"Los pacientes que recibimos pueden ser particulares, de compañías de seguros o también del Estado. El problema es que las UCI de las clínicas, como en los hospitales públicos, están llenas, y en los establecimientos ya hay pacientes a la espera de ser ingresados. Además, tenemos personas que están siendo atendidas sin pago alguno, a la espera de que el Estado reconozca si aplica o no el intercambio prestacional. Eso provoca un enorme déficit financiero para las clínicas”, se justificó Langberg.

Para el jefe del SIS, Moisés Rosas Febres, esta situación no puede resumirse en un acto de oportunidad, de preferencia o de quien llama primero, porque se trata de una necesidad médica en la que todos los pacientes en cola son importantes. “El Decreto Legislativo 1466, que regula los contratos, establece que cada instancia tiene como prioridad sus propios pacientes. Cualquier establecimiento privado puede hacer intercambio siempre y cuando no descuiden la población que normalmente atienden”, indicó a OjoPúblico.

La demanda creciente

Según la ACP, hasta antes del convenio las 61 clínicas agremiadas lograron ampliar a 244 el número de camas UCI, pero el aumento de pacientes graves con Covid-19 ha hecho que estos se encuentran constantemente ocupados. El presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, Jesús Valverde, indicó en otra entrevista con OjoPúblico que la demanda habitual en hospitalización con ventilación mecánica cubría nueve de cada diez cupos disponibles, pero la pandemia ha sobrepasado estas cifras.

El Grupo San Pablo -que acogió a 13 de sus clínicas al programa Reactiva Perú, entre estas a la Clínica San Gabriel- respondió las consultas de OjoPúblico a través de un comunicado. En este asegura que la prioridad del internamiento en UCI se da en función a la gravedad del paciente, independientemente de quien lo derive; y que apenas llega un afiliado del seguro estatal lo comunican al Gestor de Camas.

“Cabe recordar que el convenio firmado es exclusivo para la atención de pacientes SIS y Essalud con necesidad de UCI con ventilador, referidos de un hospital, previa autorización- carta de garantía expedida, y no es válido para la hospitalización en piso. Es necesario que el SIS y Essalud actúen rápidamente accediendo a nuestros requerimientos de referencia de pacientes a sus hospitales, para que no sea necesario hacerles ningún cobro”, señalan.

La empresa también señala que en comparación con el SIS o Essalud, con "las EPS o aseguradoras, cuando se solicita una carta de garantía para la atención médica generalmente esta es enviada de inmediato". 

Al cierre de este informe, la madre de Helssi continuaba en el tópico de emergencia de la Clínica San Gabriel porque la familia no ha logrado reunir los S/90 mil para hospitalizarla en piso, pero se siguen facturando cobros diarios por la atención, los mismos que hasta el viernes ya sumaban S/10 mil.

“El miércoles el Minsa nos dijo que la iban a llevar al Hospital de Ate, pero luego explicaron que hubo una descoordinación y no había cupo. Otra persona que ingresó después fue derivado esa misma noche; no entendemos con qué criterio”, añadió la joven, que también tiene a su hermana hospitalizada en la Villa Mongrut, de Essalud, por neumonía debido al Covid-19.