Después de catorce años de haber sido congelada como una investigación preliminar y de cuatro archivos, la fiscal Marcelita del Pilar Gutiérrez Vallejos formuló hoy una denuncia penal por el caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres en el Perú que incluye entre sus responsables al expresidente Alberto Fujimori y tres de sus exministros como coautores de un programa masivo de ligadura de trompas – con métodos de captación ilegales – que causó lesiones graves a las personas entre 1996 y 2000.

El nuevo dictamen de Gutiérrez, que inicialmente se había pronunciado por el archivo parcial de la denuncia, implica que los casos de 2.166 mujeres pasarán ahora a una investigación judicial, explicó Milton Campos, abogado de Demus. 

 ACUSADO. El expresidente Fujimori y tres de sus exministros fueron incluidos en la denuncia por esterlizaciones forzadas como autores mediatos del delito.

La fiscal Marcelita Gutiérrez, la misma magistrada que calificó solo como lesiones un caso de tortura de una mujer trans por parte de policías, enmendó su fallo por orden del fiscal superior Luis Landa, quien atendió un recurso de queja de las denunciantes patrocinadas por la ONG Demus. Al resolver la queja, Landa consideró que hay elementos para considerar a Alberto Fujimori como autor mediato (con dominio del hecho) por la ligadura de trompas sin consentimiento previo realizada a un grupo de mujeres. 

Además de Fujimori, la denuncia también incluye a los exministros de Salud Marino Costa Bauer, Eduardo Yong y Alejandro Aguinaga, quien es el médico personal del expresidente, así como a otros altos funcionarios del Programa de Planificación Familiar que funcionó entre 1996 y 2000. 

DENUNCIA. La ONG Demus patrocina a las afectadas de ligaduras de trompas ilegal durante el gobierno de Alberto Fujimori.

Como se recuerda, la Defensoría del Pueblo constató que se realizaron 272.028 operaciones de ligaduras de trompas y 22.004 vasectomías en ese período. La mayoría se practicó en personas pobres, quechuahablantes y de zonas rurales, pero se desconoce cuántas se llevaron a cabo mediante presuntos engaños y coacciones. De esa cantidad, 2.166 mujeres denunciaron haber sido esterilizadas sin su consentimiento o sin ser debidamente informadas del procedimiento. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que el número de mujeres afectadas es muy alto y por lo menos una de ellas murió a consecuencia de esas prácticas.

*Más de dos mil mujeres han denunciado que fueron esterilizadas sin su consentimiento entre 1996 y 2000. /Foto: Andina.

*Noticia en desarrollo