Desde hace dos años el gobierno de Perú viene extendiendo los plazos para que la industria alimentaria local y extranjera cumpla con la incorporación de advertencias publicitarias en forma de octógono, en las etiquetas de alimentos y bebidas no alcohólicas procesadas, con alto contenido de azúcar, sodio, grasas saturadas y grasas trans. 

Esta medida, implementada con el fin de reducir el consumo de estas fórmulas ultraprocesadas y con ello disminuir los niveles de sobrepeso y obesidad en la población, entró en vigencia en junio de 2019, luego de haber sido discutida por varios años. Pese a ello, el gobierno del expresidente Martín Vizcarra otorgó el plazo de un año para que las empresas adecuaran sus envoltorios, a través del uso temporal de adhesivos en la parte frontal de los productos. Pero esta no fue la única ampliación. En el contexto de la pandemia de Covid-19, se estableció el uso alternativo de los stickers hasta el 30 de junio de 2021.

Desde la aplicación de la norma, distintos grupos empresariales han solicitado a las autoridades extensiones de plazos, así como el uso permanente de adhesivos en productos importados. Uno de ellos es la Cámara de Comercio de Lima (CCL), quienes a pocos días del vencimiento de la prórroga, enviaron una nueva carta al Ministerio de Salud (Minsa), diciendo que el uso de sellos fijos impactaría negativamente en el comercio de este tipo de alimentos.

“Imprimir en el etiquetado de origen va a significar que los productos importados no puedan ingresar, porque este requisito no es viable para los proveedores extranjeros”, señaló a OjoPúblico el abogado Mariano Peña Benavides, presidente del sector de Importadores de Alimentos del Gremio de Comercio Exterior de la CCL.

Este grupo está conformado por más de 20 empresas de la industria de alimentos, entre ellas el conglomerado de capitales chilenos Cencosud, uno de los grupos más importantes del sector retail en el país, a través de sus supermercados Wong y Metro. También está integrado por la empresa Yichang, dueña de las marcas de atún Florida y Compass, entre otras importadoras locales.

La semana pasada el ministro de Salud, Óscar Ugarte, dejó abierta la posibilidad de evaluar la solicitud que alcanza a los alimentos ultraprocesados que provienen del extranjero, un pedido al que asociaciones de defensa de los consumidores han mostrado total rechazo, pues ya lleva años de discusión.

Este, sin embargo, no es el único aspecto en debate. El reglamento de la Ley de Alimentación Saludable contempla una segunda fase en el uso del etiquetado de los octógonos, que implica la reducción de los parámetros del contenido de azúcar, sal y grasas; programada para setiembre del 2021. La Asociación de Exportadores (Adex), plantea la postergación de esta etapa por un año más. La posición oficial del Ministerio de Salud es que no se concederá más prórroga.

MÁS PRÓRROGAS. En junio de 2019 entró en vigencia el uso de octógonos. En dos ocasiones, el Gobierno ha extendido el plazo para el uso de adhesivos, a fin de que las empresas puedan adecuarse.

Foto: Andina

Perú fue uno de los primeros países de América Latina en implementar normas orientadas a reducir el sobrepeso y obesidad infantil. En mayo de 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, se aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable para Niños, Niñas y Adolescentes, conocida como Ley de Octógonos, por la incorporación de advertencias publicitarias con esta forma geométrica para todos los alimentos ultraprocesados. La norma, no obstante, también incluye otras medidas para la promoción de una alimentación y estilo de vida saludables.

El reglamento de la ley tardó cuatro años en publicarse; y el manual, con los parámetros de las advertencias y consideraciones publicitarias, recién estuvo disponible en junio de 2018, a pesar de la oposición del Congreso, entonces integrado en su mayoría por parlamentarios de Fuerza Popular. Este último documento entró en vigencia en junio de 2019 y obligó a los productores a presentar octógonos impresos en la cara frontal de los empaques, aunque concedió un plazo límite de seis meses en el que podían utilizar stickers como medida provisional.

Estas advertencias permiten informar al consumidor sobre aquellos aditivos cuyo consumo en exceso resultan peligrosos para la salud. “Estos son usados para hacer más fácil la producción, pero hay evidencia internacional que señala que el exceso de azúcar está relacionado con la diabetes, la sal con la hipertensión y la grasa con los infartos. Además, en países como Estados Unidos se prohíben las grasas trans en alimentos”, explica Saby Mauricio Alza, nutricionista que ocupó el cargo de decana del Colegio de Nutricionistas del Perú, durante el debate y aprobación de la norma en mención.

En junio de 2019, cuando Martín Vizcarra ya se encontraba en la presidencia, se otorgó una primera prórroga al uso de adhesivos hasta junio de 2020. Esta disposición permitió que las grandes empresas continuaran vendiendo los productos sin sellos en tiendas pequeñas, hasta agotar su stock. La siguiente extensión ocurrió un año después, en el contexto de la pandemia de Covid-19. 

Ahora los gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, Adex y EuroCámaras Perú, una asociación conformada por representantes de grupos comerciales europeos, buscan una tercera ampliación. En mayo de este año, esta última pidió extender el permiso con la excusa de evitar sobrecostos en los productos importados. Alberto Almendres, presidente de Eurocámaras, dijo entonces que el rotulado podría convertirse en un “obstáculo para el comercio bilateral”. 

Para la Cámara de Comercio de Lima (CCL), sin importar si las advertencias están impresas o si son removibles, cumplen con la función de informar a los consumidores sobre los altos contenidos de sodio, azúcares o grasas. “No tiene razón de ser que el empaque venga rotulado o impreso desde el origen con dichas advertencias, cuando la producción en el extranjero no está solamente destinada al Perú sino a otros países que no tienen dichas exigencias”, señala un comunicado de esta asociación.

Aunque sin precisar cifras exactas, Peña Benavides asegura que, en muchos casos, los costos de elaborar un etiquetado especial son elevados, debido a la poca cantidad de productos que importa el mercado peruano. Y cree que que si estos no ingresan al país podrían generar un impacto en la economía. 

GRUPOS DE PODER. Una investigación de OjoPúblico reveló que miembros de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), una férrea opositora al etiquetado con octógonos, dominaban la industria alimentaria peruana.

Fotocomposición: Jhafet Ruíz

En contraposición a los pedidos de los gremios de la industria alimentaria, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (Aspec), sostiene que el reemplazo de sellos fijos por adhesivos conlleva una serie de problemas que contravienen el principal objetivo de la Ley de Alimentación Saludable: informar correctamente a los consumidores sobre los productos que ponen en riesgo su salud.

Por ejemplo, al ser removibles, los stickers pueden ser ubicados en partes no visibles del envase o ser retirados con facilidad. Además, dificultan la capacidad de fiscalización de las entidades estatales, según indica un pronunciamiento emitido junto a otras nueve asociaciones de la sociedad civil, entre ellas, la Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) y la Red Peruana de Nutrición y Salud Integral (Nutsired).

Aspec también sostiene que permitir el uso de adhesivos en bebidas y alimentos importados procesados demuestra un trato preferente en desmedro de los productores locales. “Desalienta a los empresarios locales que sí están cumpliendo con la impresión de octógonos. Han tenido mucho tiempo para las modificaciones”, precisó el abogado y presidente de Aspec, Crisólogo Cáceres Valle.

El especialista en defensa del consumidor dijo a OjoPúblico que el Minsa no debe aceptar este pedido, debido a que es obligación de las empresas extranjeras adaptarse a la legislación local, como ocurre en otros países de América Latina. Un ejemplo de esto es el caso de Pura Vida, en el que la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos ordenó al grupo peruano Gloria a cambiar el etiquetado de sus productos por incurrir en imprecisiones. “Es inaceptable, porque implica una pérdida de soberanía. Con esa lógica, las empresas que llegan al Perú no tendrían que respetar ninguna ley”, dijo.

Saby Mauricio, directora de Nutrición Humana en la Universidad Norbert Wiener, también hizo énfasis en la posibilidad de que las empresas eludan su responsabilidad por el mal uso o retiro de los octógonos adhesivos. “La advertencia tiene que formar parte de la etiqueta, sin separarse, en una ubicación frontal por ley. ¿Qué pasa si se cae un adhesivo? La empresa puede culpar a otros. Ya han tenido suficiente tiempo para adaptarse e incluso, por pandemia, se les otorgó más [plazo]. Sino, se está vulnerando el derecho al consumidor”, indicó a OjoPúblico.

El ministro Óscar Ugarte adelantó que el Ministerio de Salud no otorgará plazos adicionales a las empresas locales. “No hay ninguna razón para que no se pueda aplicar la norma en toda su extensión”, dijo. Por lo que, de momento, el debate se ha centrado en los riesgos y beneficios de permitir a los productos importados continuar usando octógonos adhesivos. Este pedido sigue en evaluación.

Postergación de la segunda fase

El reglamento de La Ley de Alimentación Saludable también indica que 39 meses después de la aprobación del Manual de Advertencias Publicitarias se reducirán los parámetros de clasificación para alimentos y bebidas procesadas. Estos indicadores establecen límites máximos para cada uno de los aditivos que constituyen un riesgo para la salud. Esto quiere decir que, por ejemplo, si hasta ahora solo debían llevar la advertencia octogonal de “exceso de sodio” aquellos productos con más de 800 miligramos (mg) de sodio por cada 100 gramos (grs); también la deberán incorporar aquellos que contengan igual o más de 400 mg. 
 

El plazo para hacer esta modificación en el etiquetado vence el próximo 17 de setiembre. Sin embargo, según el Decreto Supremo 015-2019-SA, las empresas tendrán un plazo de seis meses (hasta finales de 2021) para usar stickers. Aún así, la Asociación de Exportadores (Adex) ha pedido al Minsa una ampliación de un año extra. “La crisis sanitaria ralentizó las ventas, por lo que las empresas aún cuentan con stocks de envoltorios con las advertencias publicitarias de acuerdo al primer periodo”, señaló en un comunicado. 

Para Saby Mauricio, es urgente que se implementen nuevos parámetros acorde a las normativas internacionales. “Necesitamos parámetros más estrictos, que garanticen que los nutrientes críticos no hagan daño al consumirlos”, indicó. Pero, además, la especialista considera necesario que se preste atención a los diferentes aspectos de la Ley de Alimentación Saludable. “El debate sobre el uso de octógonos adhesivos nos entretiene. La Ley incluye otros 10 artículos que implementar y, hasta ahora, no se han cumplido”, dijo a OjoPúblico.

La decisión de una eventual prórroga para el inicio de la segunda etapa recaerá sobre el próximo gobierno. El plan presentado por el equipo de Pedro Castillo, candidato que obtuvo la mayoría de los votos al 100% de actas contabilizadas por la ONPE, ha considerado como parte de sus propuestas la “aplicación urgente y en todos sus extremos de la Ley de Alimentación Saludable y su reglamento”. Además, plantea fortalecer el marco regulatorio e impositivo para promover hábitos saludables.

De momento, la Defensoría del Pueblo se ha pronunciado en contra de las solicitudes de importadores y además, ha pedido “que se continúe con la implementación de la segunda fase de los parámetros técnicos para el sodio, el azúcar y las grasas trans, tema que debe ser parte de la agenda primordial para el próximo gobierno”.