En el Perú es posible que una pintora de 27 años acuda a una clínica para dar a luz a su primer hijo en una operación cesárea programada y termine forzada a un proceso de parto natural con daños irreversibles para el niño. El caso tiene nombre propio: Rosa María Rosales. En febrero del 2009, ella llegó a la clínica Hogar de la Madre sin saber todas las complicaciones que sufriría su bebe al nacer y que marcarían su vida para siempre: la primera fue que el médico encargado de atenderla, Elder Benitez López, abandonó el establecimiento sin operarla y tuvo que ser asistida por una obstetra que decidió llevar adelante un parto normal pese a que el niño tenía el cordón umbilical enredado en el cuello.

La obstetra Luz Aurora Vallejos Rojas rompió el cordón desde la base, lo que causó una severa privación de oxígeno al recién nacido. A consecuencia de esa negligencia, Joseph Dioses Rosales vino al mundo ciego y cuadraplégico, es decir que no se podía mover. Rosa María Rosales pasó los siguientes cinco años viendo agonizar a su hijo, quien finalmente falleció de un infarto en el 2014. “Era mi único hijo. Me lo arrebataron”, dijo en una entrevista a ojo-publico.com.

En ese periodo doloroso, la joven pintora llevó adelante una demanda por lesiones culposas graves contra el ginecólogo Elder Benitez, la obstetra Luz Aurora Vallejos y dos técnicas en enfermería que debieron atenderla. El 27 de diciembre del 2012, el Trigésimo Sexto Juzgado Penal de Lima solo condenó a la obstetra, quien recibió una pena de tres años de prisión suspendida y fue obligada al pago de una indemnización de 30 mil soles junto con la clínica. El resto de involucrados fue absuelto.

La obstetra Aurora Vallejos apeló el fallo, pero nueve meses después, la Sexta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos Libres confirmó la sentencia. Sin embargo, hasta ahora ninguna de las partes responsables ha cumplido con la reparación.

El caso de Rosa María Rosales es el primero de un especial con tres historias que OjoPúblico ha detectado como síntomas de la impunidad en las malas prácticas en el sistema privado de salud. Una realidad en que los perjudicados, si deciden presentar una demanda, se enfrentarán a un sistema legal que parece diseñado para proteger a los responsables. Llevar a juicio a un médico o una clínica puede generar gastos por 15 mil dólares y, si la víctima está en condiciones de asumirlos, se expone al castigo adicional de pasar hasta cinco años en trámites que no garantizan reparación alguna.

"Va a sonar duro lo que voy a decir, pero hubiera preferido que mi hijo muera (al nacer) para que no sufra durante cinco años", dice Rosa María, quien persiste en la búsqueda de justicia.

Coordinación general: Fabiola Torres. Video y fotos: Midchel Meza. Investigación periodística: José Luis Huacles. Edición: Daniel Vergara. Colaboradora: Karol Altamirano.