Las recientes declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobre las vacunas candidatas contra la Covid-19, reavivaron un debate global sobre qué tan posible es alcanzar una segura y eficaz en un futuro cercano y luego garantizar su acceso para todos. “No hay solución (simple) en este momento y quizás nunca la haya”, dijo el inmunólogo etíope.

Y es que, a pesar de que hay seis proyectos de vacuna en fase tres (la última etapa de los ensayos clínicos) los especialistas recomiendan prudencia al momento de hablar de probabilidades de éxito. “Hemos entrado a la fase 3, y aunque es muy ambicioso haber llegado rápido, la fase 3 es la más difícil: casi todas las vacunas caen (en esta etapa). Hay que ser cautos”, dijo el exministro de Salud, Víctor Zamora, a OjoPúblico.

Estamos viendo que intereses nacionalistas y de farmacéuticas se anteponen a la salud pública", dijo Josefina Martorell.

Pero las cuestiones de seguridad no son las únicas limitantes cuando se plantea la existencia de una vacuna universal. Los precios, la adquisición, la producción y la distribución son grandes retos para los gobiernos, especialmente para los de rentas medias y bajas, como el Perú.

“Estamos frente al mayor desafío global de salud pública en la historia y la única manera de resolverlo es a través de la solidaridad y de la coordinación entre los distintos actores: gobiernos, farmacéuticas, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía. Pero estamos viendo que los intereses nacionalistas y de farmacéuticas se anteponen a la salud pública”, sostuvo Josefina Martorell, directora de Médicos Sin Frontera (MSF) para América del Sur, en una entrevista con OjoPúblico.

Para Martorell, la experiencia más cercana que trasluce la existencia de estos intereses, es lo sucedido con remdesivir, un medicamento usado en el tratamiento experimental contra la Covid-19 y que cuenta con la aprobación de uso de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) y otras agencias europeas.

El remdesivir es un medicamento antiviral que hace años se desarrolló para luchar contra el ébola. La patente está en manos de la compañía farmacéutica Gilead, de Estados Unidos, que ha puesto un precio comercial para su fármaco de US$2.340 por paciente. Esta droga, de acuerdo a un estudio publicado en la revista New England Journal of Medicine reduciría el tiempo de hospitalización de un paciente con Covid-19. El gobierno de Donald Trump compró de manera adelantada los lotes de producción de este fármaco.

No podemos comprar por el precio, pero tampoco por la no-disponibilidad”, dijo la directora de MSF.

“La farmacéutica Gilead llegó al acuerdo de dar licencias abiertas para los países considerados pobres, pero América Latina quedó excluido porque son países que se consideran de renta media. Por un lado, entre Estados Unidos y gobiernos europeos compraron todas las dosis y por otro, esta farmacéutica aceptó que en más de 70 países pobres se puedan fabricar genéricos. Es decir, no podemos comprar por el precio, pero tampoco por la no-disponibilidad”, explicó Martorell.

De los seis proyectos de vacuna en fases más avanzadas, dos han sido desarrolladas exclusivamente por laboratorios privados. Una de ellas, Pfizer, anunció que cada vacuna costará US$19.50 (unos S/69), pero su proyecto emplea dos dosis, por lo que el precio final sería de aproximadamente US$ 40 (S/142). Y si miramos la lista de los 28 proyectos que están en ensayos clínicos, al menos doce son desarrollados solo por compañías privadas, lo que quiere decir que las patentes podrían ser una barrera al acceso por sus precios altos. 

En general, las patentes son instrumentos que protegen legalmente a los desarrolladores de un producto ante otros fabricantes que puedan producir, usar o vender su invención. Sin embargo, esta exclusividad sobre una tecnología o producto, tiene sus límites, pues las patentes, como apuntan los especialistas de Médicos Sin Fronteras no debería ser un obstáculo para atender una emergencia sanitaria global como la actual. Y en ese contexto se habla de las licencias abiertas.

Estas licencias llamadas también voluntarias permiten que una farmacéutica conceda su patente para facilitar la producción genérica, sin exclusividad y sin regalías. En el caso de la pandemia por el brote del nuevo coronavirus, la aplicación de estos mecanismos permitiría vender una posible vacuna al precio que considere cada productor.

Si se amplía la cantidad de empresas que pueden fabricar la vacuna, habrá mayor disponibilidad”.

La directora de MSF en América del Sur plantea que, en caso se llegue a encontrar la vacuna ideal, un solo fabricante no estará en la capacidad de atender la demanda global. Por ello, propone que las licencias voluntarias sean una alternativa para contrarrestar las limitaciones en capacidad de producción y el monopolio de precios.

“La capacidad de producción debe aumentar, pero debemos asegurarnos que no se patenten las vacunas, sería una barrera para que llegue a todas las personas. Si se amplía la cantidad de empresas que pueden fabricarla, con licencias abiertas, habrá una mayor y mejor disponibilidad en el mundo”, dijo Martorell.

La representante de la organización médico-humanitaria también explicó que, en el contexto de emergencia sanitaria internacional, los gobiernos están en la capacidad de obligar a las compañías farmacéuticas a revelar cómo se financian sus investigaciones y cuáles serían los costes reales de la producción.

No puede ser que quien reciba la vacuna primero es quien la puede pagar o quien tiene un gobierno con más poder”, enfatizó.

“¿Cómo se financia las investigaciones y el desarrollo de las vacunas y medicamentos? Son el resultado de una inversión de múltiples instituciones: fondos públicos, universidades, laboratorios. Entonces pedimos que los gobiernos obliguen a las farmacéuticas a abrir sus libros y que nos muestren el costo real de las vacunas y tratamientos”, señaló a OjoPúblico.

Finalmente, Josefina Martorell indicó que hay países en América Latina con capacidad de producción, pero es importante que se mantenga la cooperación. “Tiene que existir solidaridad internacional, sobre todo entre países de esta región. Los países que puedan acceder a producir una vacuna, deberían asegurarla para todo el continente. No puede ser que quien reciba la vacuna primero es quien la puede pagar o quien tiene un gobierno con más poder”, enfatizó.