*Con la colaboración de Yurela Beraún

 

El pasado 11 de marzo se cumplieron tres años desde que la covid-19 se declaró oficialmente como una pandemia. Esta infección viral con contagios que, a la fecha, superan los 190 millones a nivel mundial develó la precariedad de los sistemas de salud y fue el escenario de uno de los escándalos internacionales sobre la inmunización irregular con dosis adicionales de vacunas experimentales.

En Perú, la vacunación secreta y por fuera del ensayo clínico —este último, a cargo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH) en colaboración con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM)— se dio a conocer el 10 de febrero del 2021, casi un año después de iniciada la emergencia sanitaria. El caso fue denominado como Vacunagate e involucró a más de 450 personas.

En ese entonces, se reveló que el protocolo aprobado por el Instituto Nacional de Salud (INS) incluía el envío de “3.200 dosis de vacuna para ser administradas voluntariamente al equipo de investigación y personal relacionado al estudio”.

Bajo ese concepto, se vacunó al expresidente de Martin Vizcarra, altos funcionarios del Ministerio de Salud (Minsa), Ministerio de Relaciones Exteriores (RR. EE.), sus familiares, médicos, jóvenes investigadores, gestores de intereses, políticos de diferentes partidos, candidatos al Congreso, empresarios y hasta al Nuncio Apostólico.

45 médicos fueron absueltos por el Colegio Médico del Perú”.

El hecho causó indignación pues se repartieron estos productos entre funcionarios públicos mientras que, en el país, 112.268 personas habían fallecido hasta la quincena de febrero de 2021. Además, se aplicaron un compuesto biológico que, para el momento de la vacunación, no había sido aprobado. Es decir, violando principios bioéticos se inocularon las dosis por fuera del ensayo, que contaba con 12.000 voluntarios.

A pesar de la gravedad del caso, dos años después, ningún médico involucrado ha sido sancionado por las instituciones del Estado. El Colegio Médico del Perú (CMP), encargado de investigar a los profesionales colegiados y que están en funciones, ha absuelto al 43% de los 105 a los que les inició un proceso, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso OjoPúblico a través de un pedido de información. Hasta fines de marzo, según explicó la organización, el resto de investigaciones estaban en trámite.

El Instituto Nacional de Salud (INS) y el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec) —a cargo de sancionar a los investigadores — también tienen procesos en trámite. Pero, hasta fines de marzo, no emitieron ninguna resolución.

VIGENTES. La universidad suspendió a los principales investigadores por un periodo de entre seis meses a un año. El mismo finalizó a mediados del 2022.

Foto: UPCH

 

La información actual evidencia que los principales investigadores del ensayo (Germán Málaga, Javier Bustos y Hugo García) siguen trabajando en sus respectivos laboratorios dentro de la UPCH.

No obstante, estos ya no aparecen en estado activo en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica (Renatyc). En tanto, los 117 médicos involucrados en el caso e identificados por OjoPúblico siguen con su colegiatura activa dentro del CMP.

En total, son siete las instituciones que abrieron investigaciones por la vacunación irregular: cinco procedimientos administrativos a cargo del CMP, INS, Concytec, Minsa y el Congreso, y dos investigaciones fiscales, iniciadas por la Fiscalía de la Nación y la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte.

 

Ningún médico sancionado por el CMP

 

OjoPúblico solicitó información al Colegio Médico del Perú, a través de la Ley de Transparencia, sobre la cantidad y los nombres de médicos investigados por la vacunación irregular en el caso Vacunagate, el estado de los procesos y la sustentación de las resoluciones.

La organización proporcionó el “listado de expedientes éticos disciplinarios tramitados en el Consejo Regional III - Lima que guardan relación con la vacuna contra la covid-19”. El documento reveló que 45 médicos fueron absueltos por el Colegio Médico del Perú, hasta finales de marzo de este año.

“Existen aún en trámite otros expedientes. No obstante, no podemos brindar a la fecha dicha información”, precisaron desde el CMP en respuesta al pedido de información, el pasado 20 de febrero. Ildaurro Aguirre, decano del Consejo Regional III de Lima, confirmó a este medio que, en total, han abierto 12 expedientes que comprenden a 105 médicos investigados.

Sin embargo, este medio determinó, a partir del análisis de la primera lista proporcionada por la UPCH, de 487 personas involucradas, que entre los implicados hay 117 médicos colegiados. Por lo que, hay 12 de estos que no han sido incluidos en la investigación del CMP.

Solamente firmé la resolución, pero fueron evaluados por la junta directiva anterior”, aclaró Ildauro Aguirre.

El documento proporcionado por el CMP, a través del pedido de información, detalla las resoluciones de cinco de los 12 expedientes abiertos. En los mismos se ha investigado a 45 médicos colegiados. De todos ellos, 32 fueron absueltos y sus casos están archivados, mientras los 13 restantes han sido absueltos en primera instancia y están a la espera de la resolución final que los exculpe.

Las resoluciones que absuelven a los 45 médicos siguieron un proceso interno de tres etapas dentro del CMP. En este caso, el Consejo Regional III de Lima fue el encargado de abrir los expedientes materia de procedimientos disciplinarios por el caso Vacunagate.

La Guía Normativa para Procedimientos Ético Deontológicos para los Consejos Regionales del CMP establece que las denuncias pueden ser iniciadas de oficio al tratarse de un hecho público, tal como ocurrió en este caso.

El documento indica, además, que las mismas deben ser evaluadas por el Comité de Vigilancia Ética y Deontológica. Luego, por el Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios, que finalmente emite un informe donde recomienda la absolución o sanción.

ABSUELTOS. A dos años de la vacunación secreta con Sinopharm, ningún médico ha sido sancionado por el Colegio Médico del Perú.

Foto: Andina / Juan Carlos Guzmán

 

Dicha sugerencia debe ser revisada, por último, por la junta directiva del Consejo Regional III de Lima, encargada de aprobar o denegar la misma, según lo considere.

Los expedientes del Vacunagate se abrieron en 2021 por el Consejo Regional III que, en ese entonces, estaba a cargo de Pedro Ruiz Chunga. En enero de 2022, se llevó a cabo un cambio de directivos, y el decanato de ese consejo quedó presidido por el médico Ildauro Aguirre.

En conversación con OjoPúblico, el actual decano del Consejo Regional III sostuvo que los 45 expedientes de absolución son producto del trabajo de investigación realizado por la gestión anterior y que él solo los ratificó.

“La información que enviamos son expedientes que encontramos cuando ingresé, el 8 de enero del año pasado. Cuando nosotros [la nueva gestión] entramos, encontramos que esos expedientes ya lo había visto la junta directiva anterior, sino que ellos no habían hecho la resolución. Entonces, la decisión de mi junta directiva fue hacer la resolución. Solamente firmé la resolución, pero fueron evaluados por el Comité de Ética, el Comité de Contenciosos y la junta directiva anterior”, remarcó.

 

Más de una infracción investigada

 

Los expedientes remitidos por el CMP evidencian que las investigaciones estuvieron vinculadas a seis presuntas infracciones del Código de Ética y Deontología. La primera (Sección 1, título 1, numeral 1) hace referencia a la ética y a la deontología que orienta al médico a hacer el bien y lo correcto.

La segunda (Sección 1, título 1, numeral 7) establece que el profesional debe asumir el compromiso moral de salvaguardar la honorabilidad de todos sus actos y propiciar el acceso de la población a la cobertura universal en salud. De los 45 profesionales, 34 fueron investigados por faltar a ambos numerales.

El tercer punto (Sección 2, título 1, capítulo 6, artículo 42) establece que “todo médico que investiga debe hacerlo respetando la normativa internacional y nacional”. Por presuntamente infringir este artículo se investigó a 18 médicos de los 34 que también fueron incluidos en los dos puntos anteriores por el CMP.

A pesar de la gravedad del Vacunagate, dos años después, ningún médico involucrado ha sido sancionado”.

El cuarto artículo (Sección 2, título 1, capítulo 4, artículo 37) fue por presuntamente aprovechar su condición de autoridad para obtener beneficios personales indebidos. El mismo involucró a tres médicos: Carlos Julio Castillo Solorzano, Gladys Marina Ramirez Prada y José Eduardo Gotuzzo Herencia.

Castillo Solorzano se desempeñó en el cargo de representante alterno de la ministra de Salud ante la Comisión Multisectorial para desarrollo y distribución de tratamientos y vacunas covid-19.

En tanto, Ramirez Prada, en ese entonces, era ejecutiva adjunta en el despacho viceministerial, y Gotuzzo Herencia, por su parte, fue integrante del Comité de Expertos para enfrentar la pandemia. Dichos profesionales también fueron investigados por los cuatro puntos mencionados anteriormente.

El quinto (Sección 2, título 1, capítulo 4, artículo 33), en el que se investigó a Gladys Marina Ramirez Prada y José Eduardo Gotuzzo Herencia, estuvo relacionado al principio de que “el médico no debe utilizar su posición jerárquica para imponer a sus subordinados conductas que violen los principios éticos y las normas administrativas”.

Finalmente, el sexto punto (Sección 1, título 2, numeral 5) solo compromete a Carlos Castillo Solorzano, por faltar al principio de velar porque la atención de salud se brinde sin derivar en beneficio indebido.

Cabe precisar que, de acuerdo con la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de la Vacuna Candidata contra la covid-19, Castillo Solorzano fue identificado como el nexo entre funcionarios del Minsa y la UPCH para acceder a las dosis. A pesar de todas estas posibles faltas analizadas, los 45 investigados han sido absueltos por el organismo.

PENDIENTES. El CMP, el INS y el Concytec todavía tienen procesos en trámite para determinar la responsabilidad de los investigadores en el caso.

Foto: Andina

 

Procesos pendientes

 

El CMP es solo una de las cinco entidades que iniciaron procesos administrativos por el caso Vacunagate. OjoPúblico también solicitó información, a través de la Ley de Transparencia, sobre los procesos abiertos por el Instituto Nacional de Salud, encargado de sancionar a los investigadores a cargo del estudio: Germán Málaga, Javier Bustos y Hugo García.

El requerimiento incluyó el número de investigadores implicados, sus nombres y, de ser posible, el estado de las indagaciones y las razones detrás de dicho proceso. Sin embargo, el INS solo informó sobre el inicio de una investigación referida a la vacunación irregular “en donde se han iniciado acciones administrativas disciplinarias”.

La institución indicó, el pasado 22 de febrero, que han emitido la resolución final y están a la espera de que esta sea aprobada, por lo que su estado actual es "en trámite".

“Situación con la que, por el momento, no es posible brindar la información requerida [número de investigadores implicados, nombres y las razones detrás de la resolución adoptada], por cuanto la información contenida se encuentra dentro de la causal de excepción al ejercicio del derecho de información confidencial”, afirmaron.

OjoPúblico contactó a la institución para conocer si, desde esa fecha hasta el último 4 de abril, realizaron la aprobación de la resolución final. El área de prensa recibió la consulta, pero no proporcionó información sobre el caso hasta el cierre de este informe.

La información actual evidencia que los principales investigadores siguen trabajando en sus laboratorios de la UPCH”.

De igual modo, a través de otro pedido de acceso, este medio solicitó información al Concytec sobre las investigaciones iniciadas por el caso Vacunagate.

El Comité de Integridad Científica (CIC) del Concytec notificó que hay “tres investigadores involucrados como presuntos infractores”. Hasta fines de marzo, la investigación preliminar se encontraba en trámite.

Como en las otras entidades del Estado, no proporcionaron más información sobre los casos debido a que, a más de dos años de ocurrido el Vacunagate, aún no han resuelto las investigaciones.

“No corresponde que la Secretaría Técnica del Comité de Integridad Científica entregue la información sobre los nombres de los denunciados e información confidencial sobre el caso, siendo esta información confidencial”, señalaron desde el Concytec.

Anteriormente, dos entidades del Estado (el Minsa y el Congreso) también iniciaron indagaciones con el fin de recopilar información sobre lo ocurrido y emitir recomendaciones. El 15 de febrero de 2021, el Minsa instaló la Comisión Sectorial Investigadora de la aplicación de la Vacuna Candidata contra la covid-19 para identificar a los funcionarios estatales implicados.

Durante la indagación, la Comisión recibió tres listas de posibles vacunados irregularmente enviadas por la UPCH el 15, 17 y 23 de febrero. Además, solicitó a esa universidad, a la UNMSM y al Minsa que identificaran los miembros de sus instituciones que se inocularon en secreto.

El equipo investigador cotejó la información, identificó los duplicados y concluyó que 470 personas estuvieron implicadas en el caso. Pese a que el número exacto no se detalla en el informe final, Fernando Carbone, presidente de la comisión, precisó, en una conferencia de prensa, que 369 eran parte del equipo que desarrolló el ensayo y 101, los llamados “relacionados”.

CONTACTOS. El expresidente Martin Vizcarra y el investigador Germán Málaga recorrieron la UPCH durante el desarrollo de los ensayos clínicos con Sinopharm.

Foto: Presidencia del Perú

 

Entre estos, se encontraron a personal del Minsa (49), Relaciones Exteriores (5), familiares e invitados que no guardan ninguna relación con el grupo. El informe se derivó al resto de órganos jurisdiccionales con investigaciones en curso sobre el caso.

De igual modo, el 22 de febrero de 2021, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso inició una investigación y denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra Cornejo, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete. El 12 de julio del mismo año, el informe final fue aprobado en unanimidad por la Comisión Permanente.

El informe incluyó dos denuncias constitucionales contra el expresidente. La primera por las presuntas irregularidades durante su gestión en la negociación con Sinopharm (infracciones a los artículos 2, 7, 38, 39 y 118 de la Constitución Política). Mientras que la segunda estuvo referida a su irregular vacunación, bajo el delito de negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, colusión, cohecho pasivo impropio, así como falsa declaración en un procedimiento administrativo.

En el caso de las exministras Pilar Mazzetti (Minsa) y Elizabeth Astete (RR. EE.) se atribuyeron los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y por haber incumplido los artículos 9, 38 y 39 de la Constitución.

La hipótesis del informe evidencia, además, que la donación de las 3.200 dosis candidatas a vacunas eran directamente para el Estado peruano y no para el ensayo clínico. El Congreso llegó a esa conclusión luego de encontrar comunicaciones entre representantes de Sinopharm y Hugo García Lescano, coordinador del ensayo clínico de la Universidad Cayetano Heredia.

Hay tres investigadores involucrados como presuntos infractores”, afirmó el Concytec.

Además de las cinco entidades administrativas que investigaron a los implicados, se suman dos procesos fiscales aún en curso. El 15 de febrero de 2021, la Fiscalía de la Nación inició una investigación preliminar contra el expresidente Martín Vizcarra, la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y la exministra de Relaciones Exteriores, Elizabeth Astete.

La entonces fiscal de la nación, Zoraida Ávalos, los acusó por los delitos de concusión y negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo. El caso fue declarado complejo y, a la fecha, no hay información pública actualizada.

En paralelo, el 18 de febrero de 2021, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Norte abrió una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por la presunta comisión del delito de negociación incompatible, en especial a quienes dieron las órdenes y/o autorizaciones.

OjoPúblico tuvo conocimiento de que esta investigación ha sido derivada a la Fiscalía de Lima Centro. El traslado, de acuerdo a la fuente consultada por este medio, se realizó debido a que la intención delictiva recaería en el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Minsa.

 

Los rostros del Vacunagate

 

De acuerdo con la inscripción del estudio en el Registro Peruano de Ensayos Clínicos (Repec), Germán Málaga fue el investigador principal responsable del ensayo. En ese entonces, él trabajaba en la Universidad Peruana Cayetano Heredia (UPCH), Hospital Nacional Heredia y la Clínica San Felipe, en Lima.

Luego de la vacunación irregular que lo sindicó como el principal repartidor de las dosis, poco ha cambiado. La UPCH informó, el 14 de julio de 2021, que luego del proceso realizado por la Comisión de Procesos Disciplinarios, Málaga fue suspendido por el periodo de un año.

Hoy, a más de dos años del escándalo, las páginas oficiales de la universidad aún muestran al doctor como el coordinador de la Unidad de Conocimiento y Evidencia y del Centro de Estudios Clínicos. En cuanto a su trabajo dentro de los establecimientos de salud, la Clínica San Felipe ya no lo incluye dentro de su staff médico y el Hospital Cayetano Heredia confirmó a este medio que Málaga ya no trabaja en la institución.

CUESTIONADO. El médico Germán Málaga sigue apareciendo como investigador en las páginas de la UPCH. 

Foto: El Peruano

 

Además, según la base de datos de los investigadores de Renacyt actualizada hasta el 17 de marzo, Germán Málaga ya no cuenta con un registro activo en la misma. Anteriormente, tenía la categoría más alta “Carlo Monge Medrano Nivel I”, que estuvo vigente hasta noviembre del año pasado.

El segundo investigador a cargo del ensayo fue Javier Bustos Palomino. Al igual que con Málaga, la UPCH emitió una resolución luego del análisis realizado por la Comisión de Procesos Disciplinarios. En el caso de Bustos, la institución le dio una amonestación.

Actualmente, la UPCH aún lo presenta como coordinador del Laboratorio de Diagnóstico Parasitológico. Bustos Palomino tampoco aparece en la base de datos del Renacyt. Su registro bajo la categoría “Carlo Monge Medrano Nivel II” también estuvo activo hasta noviembre de 2022.

Finalmente, el tercer investigador fue Hugo García Lescano. El recibió una suspensión por seis meses por parte de la UPCH. La misma finalizó a inicios de 2022.

Actualmente, García Lescano sigue trabajando en la institución, pues, en sus páginas oficiales, aparece como director ejecutivo del Centro de Salud Global y coordinador del Laboratorio de Inmunopatología en Neurocisticercosis de la UPCH.

Además, es médico investigador en el Laboratorio de Cisticercosis en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que depende del Minsa. Él también ha perdido su calificación como investigador bajo la categoría más alta “Carlo Monge Medrano Nivel I” dentro del Renacyt. La misma estuvo activa hasta noviembre pasado.

OjoPúblico se contactó, en reiteradas ocasiones, con el área de prensa de la UPCH y del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas para reconfirmar que la información que aparece en sus páginas web oficiales está actualizada. Sin embargo, hasta el cierre del informe, no se obtuvo respuesta.