La emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19 ha causado un gran impacto en el diagnóstico y tratamiento de otras enfermedades, y también, en la implementación de políticas públicas orientadas a mejorar su atención. En el Perú, por ejemplo, se produjo un importante retraso en la publicación del manual de participación ciudadana en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume), el documento técnico que determina cuáles son los fármacos requeridos para atender las necesidades de salud más urgentes de la población nacional.

El último sábado, casi siete meses después de que se emitiera la Ley 31013 que aprobaba su implementación, el Ministerio de Salud presentó el proyecto de manual que regula precisamente la participación de la sociedad civil, incluidos los pacientes, organizados o no. 

El objetivo del documento es establecer las disposiciones para que los ciudadanos e instituciones formen parte del debate sobre la inclusión y exclusión de medicamentos del Pnume. Sin embargo, algunos especialistas consideran importante que se transparenten también los conflictos de interés que podrían existir en algunas organizaciones financiadas o patrocinadas por los laboratorios farmacéuticos, que buscan incorporar a sus productos dentro de ese listado de medicamentos esenciales.

Camila Gianella Malca, psicóloga y experta en salud pública, explicó que, en años anteriores, las evaluaciones técnicas de los medicamentos considerados en el petitorio eran poco transparentes. Sin embargo, señaló que ahora, de no regularse la participación ciudadana, se corre el riesgo de distorsionar el objetivo principal del mecanismo, haciendo que la toma de decisiones esté orientada a favorecer a determinadas compañías.

“Si no hay una reglamentación que obligue [a las organizaciones de pacientes] a ser transparentes en sus ingresos, a declarar cómo se financian y si están financiados directamente por farmacéuticas, se va a generar una situación compleja. Deben tener voz y participación activa, pero no debe ser una voz manipulada”, explicó Gianella Malca a OjoPúblico.

Transparentar la formulación del petitorio

El Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales (Pnume) garantiza que una serie de fármacos estén disponibles en servicios asistenciales de salud. De acuerdo a la Ley 29459, debe ser actualizado cada dos años, aunque las versiones disponibles indican retrasos constantes. La última versión fue publicada a finales de 2018 y presenta 782 medicamentos, contenidos en 32 grupos farmacoterapéuticos.

“El Pnume responde a las necesidades más urgentes en materia de salud de la población, establece racionalidad en las adquisiciones y obliga al Estado a comprar y suministrar [los medicamentos] en instituciones públicas. También, obliga a entidades privadas a recetar y prescribir estos medicamentos”, explicó el exprocurador anticorrupción Ronald Gamarra Herrera a OjoPúblico.

El Pnume responde a las necesidades más urgentes en materia de salud" dijo el exprocurador Ronald Gamarra.

Gamarra Herrera confirmó la “poca transparencia”, en la formulación del petitorio durante años previos. Por ello, considera que la colaboración de ciudadanos, de manera individual u organizada, puede evitar que se impongan intereses particulares o comerciales de los tomadores de decisión.

Jaime Delgado Zegarra, abogado y excongresista, también indicó que la intervención de la sociedad civil es importante, pero advirtió que podrían ocurrir otras situaciones que comprometan la transparencia. “Siempre hay laboratorios que están presionando para que sus medicamentos sean incorporados. A veces, utilizan a pacientes o gremios supuestamente independientes. Todo el que participe debe revelar las relaciones que pueda tener [con la industria farmacéutica]”, señaló.

La investigadora Camila Gianella destacó que el proyecto de manual haya considerado una declaración jurada de conflicto de intereses. No obstante, señaló que no hay precisión en algunos aspectos, e indicó que el documento debe tener mayor difusión.“Debe quedar claro a qué se refiere con financiamiento [tipo, porcentaje], con más preguntas. Y, [por ejemplo] en la sección de evidencias, se debe declarar si el estudio [del fármaco propuesto] ha sido financiado [por un laboratorio]”, apuntó.

Hay laboratorios que están presionando para que sus medicamentos sean incorporados", dijo Jaime Delgado.

Para Javier Llamoza Jacinto, decano del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Lima, la participación civil no se debe limitar a grupos de defensa de pacientes. En su lugar, propone que se recoja la opinión técnica de los colegios profesionales. 

“Hay que tener mucho cuidado. Existen asociaciones de pacientes que reciben financiamiento de la industria farmacéutica. No solo pasa en el Perú, pasa en todo el mundo. Muchas veces terminan siendo un mecanismo de presión para que alguna entidad adquiera una marca de medicamento”, alertó el especialista.

La experiencia internacional

¿Por qué es importante que las farmacéuticas declaren los pagos a los grupos de pacientes? Un artículo publicado en The Conversation en enero de 2019, expuso las conclusiones de un informe del parlamento estadounidense: entre los años 2012 y 2017, cinco fabricantes de opioides realizaron millonarios pagos a grupos de pacientes y sociedades profesionales, que se vieron reflejados en acciones claves como promocionar su uso y presionar al Congreso para cambiar la legislación a su favor.

“Los grupos de defensa de pacientes juegan un papel importante en las sociedades democráticas, dando voz a las poblaciones vulnerables (…). Sin embargo, cuando son financiados por la industria, a menudo sirven simplemente como una herramienta de marketing, promoviendo el interés corporativo. (…) Utilizar la vulnerabilidad y el sufrimiento de los pacientes como herramienta para maximizar ganancias es moralmente incorrecto.”, señaló la publicación.

Utilizar la vulnerabilidad para maximizar ganancias es moralmente incorrecto"

En el mismo sentido, un estudio desarrollado en Reino Unido entre los años 2015 y 2016 y publicado en The British Medical Journal, concluye que, en el caso del Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica de Reino Unido (NICE, por sus siglas en inglés), el 72% de las organizaciones de pacientes aceptaron financiamientos de un fabricante o productos de su competencia, en el mismo año o un año antes de participar en la evaluación de tecnologías.

“Los intereses específicos estuvieron presentes el 79% de las ocasiones en que las organizaciones de pacientes contribuyeron a evaluaciones de tecnologías sanitarias. (...) Los intereses financieros son muy frecuentes entre las organizaciones. Nice debería asegurar que los comités de toma de decisiones estén al tanto de los conflictos de intereses”, indicó el estudio.

El problema no es reciente. Años atrás, una investigación del farmacólogo clínico Andrew Herxheimer, advirtió que la mayoría de organizaciones de pacientes tienen escasos fondos, por lo que las subvenciones de empresas farmacéuticas pueden ayudarlas a crecer pero, al mismo tiempo, pueden distorsionar y tergiversar sus agendas. “Las relaciones deben ser plenamente reconocidas y abiertas”, proponía el investigador.

El caso atazanavir

En 2017, un reportaje de OjoPúblico reveló que la asociación Esperantra, que se oponía a un proyecto de ley para liberar la patente e intervenir el monopolio del antirretroviral atazanavir, integraba la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes (IAPO, por sus siglas en inglés), una red de organizaciones que entre 2011 y 2015, fue financiada con más de 3 millones 300 mil dólares por las compañías de medicamentos más influyentes del mundo.

"Con el tema del VIH ocurrió que había un medicamento que estaba patentado en el Perú y hacía que paguemos mucho más que otros países. Se pedía que se retirara la patente por interés público, pero uno de los actores que estuvo en contra de esto era una asociación de pacientes. Es un tema delicado, porque hay personas que la pasan mal y las farmacéuticas lo saben", dijo Gianella Malca a OjoPúblico.

Para entonces, el atazanavir ya figuraba en el Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales. Sin embargo, el Estado tenía un solo proveedor: la empresa Bristol Myers Squibb, que comercializaba el fármaco con el nombre de Reyataz.

Es un tema delicado, porque hay personas que la pasan mal y las farmacéuticas lo saben", precisó la investigadora Camila Gianella.

“Había un monopolio, el Estado llegó a pagar S/40 por cada tableta, que hoy se vende a S/0.50. Fueron millones en sobrecostos. Lamentablemente, a pesar de ser un medicamento esencial que estaba en el petitorio, el Estado no utilizó todos los mecanismos. Ahora, desde que venció la patente hay muchos proveedores(...). Por eso, los ciudadanos deben ser representados por comités profesionales, eso sería lo más viable”, dijo Javier Llamoza.

Por otro lado, Janeth Tenorio Mucha, químico farmacéutico con maestría en ciencias en investigación epidemiológica, destaca que la inclusión o retiro de medicamentos esenciales debe realizarse a partir de criterios científicos, especialmente en casos donde no hay consenso evidente sobre cuál es la mejor opción para tratar una enfermedad.

“La evaluación debe ser multidisciplinaria y evaluar diferentes criterios como seguridad, efectividad, costo-efectividad, además recomendaciones o guías internacionales. La labor de las asociaciones es llevar una voz, pero tiene que estar sustentada adecuadamente”, señaló.