El pasado jueves 4 de julio, el Congreso aprobó, en segunda votación, el proyecto de Ley N° 6951, que limita tratados internacionales para prescribir delitos de lesa humanidad. Dos días antes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) había requerido al Estado Peruano que tome las medidas necesarias para impedir su aprobación por ir en contra del derecho al acceso a la justicia de las víctimas. 

En ese contexto, la constitucionalista y exministra de Justicia y Derechos Humanos Ana Neyra Zegarra conversó con OjoPúblico sobre las repercusiones que tendrá la aprobación de esta norma en los procesos en curso, así como la situación crítica que se avecina para el país en el escenario internacional, tras un nuevo desacato a la Corte IDH. 

Asimismo, analizó las últimas iniciativas aprobadas en el Congreso, la agudización de la crisis en el sistema de justicia y la ampliación de extradición contra el expresidente Alberto Fujimori. Puede revisar la entrevista completa en nuestro canal de YouTube o en este enlace.

Esta semana, el Congreso aprobó el proyecto de Ley N°6951, que busca prescribir delitos de lesa humanidad, pese a que la Corte IDH le había requerido al Estado peruano, y a sus tres poderes, que eviten su aprobación porque afecta el acceso a la justicia de las víctimas. ¿Cuál es su análisis sobre esta decisión del Congreso? 

Lo primero que deberíamos recordar es por qué esta ley es abiertamente inconstitucional e inconvencional y va contra los derechos humanos. Lo que esta ley está planteando es que ciertos delitos cometidos entre los años 80 y 2000 no se consideren crímenes de lesa humanidad. El impacto directo es que estos van a prescribir. 

No estamos diciendo que a estas personas se les condenó por crímenes de lesa humanidad, porque el Perú tiene pendiente todavía esa tarea de incorporar esto dentro del Código Penal. Se les ha condenado por diferentes delitos, pero el impacto en términos de proceso es que un delito que no es calificado como de lesa humanidad o que ahora, por esta ley, no puede ser calificado como lesa humanidad, entonces prescribe. ¿Qué quiere decir que prescribe? Que ya no puede ser perseguido. 

Esta ley es abiertamente inconstitucional e inconvencional y va contra los derechos humanos".

Entonces, por ejemplo, el caso Manta y Vilca, que se acaba de condenar, ha demorado 40 años en ser resuelto. Si ese caso no fuera calificado como un crimen de lesa humanidad, no se hubiera podido juzgar y, entonces, dejamos a mujeres violadas sistemáticamente por malos militares sin justicia. Y, así como ese, hay muchos casos. En OjoPúblico han hecho varios reportajes compilando los casos. 

Usted decía que esta categoría que adquieren algunas sentencias de crímenes de lesa humanidad está más ligada con la prescripción de estos casos. Ahí se abre un debate para ver qué casos se verán perjudicados. 

Creo que abrimos un espacio de debate sobre esto. (...) En el Perú tenemos una normativa según la cual las normas se aplican a partir del día siguiente de su publicación, pero hay una excepción que es la retroactividad benigna en caso de materia penal. Es decir, que si una norma penal es más beneficiosa para la persona condenada se le podría aplicar retroactivamente. 

Mi preocupación es que algunos abogados quieran utilizar esta ley incluso para revivir procesos ya concluidos, pretendiendo decir que se juzgaron fuera del plazo inicial de prescripción. (...) Y ahí vamos a tener un tercer momento de debate: qué va a hacer el Poder Judicial sobre esto. En el caso Manta y Vilca dijo expresamente que son crímenes de lesa humanidad. Entonces, yo quiero pensar que esa sala no accedería a ese pedido formulado por la defensa de los condenados ahora. 

¿El Poder Judicial podría tomar una posición contraria entendiendo que hay tratados internacionales a los cuales el Estado peruano y la justicia tienen que cumplir?

Los jueces tienen dos potestades, una que se llama control difuso y otra que se llama control de convencionalidad. El primero —control difuso— permite no aplicar una ley si la consideran inconstitucional, eso está reconocido en la Constitución. Y el control de convencionalidad se ha desarrollado en la jurisprudencia de la Corte IDH, que es lo mismo, pero en este caso si una ley eventualmente contraviene jurisprudencia de la Corte Americana de Derechos Humanos a la que estamos obligados (...).

Los jueces pueden aplicar el control difuso y el control de convencionalidad [ante la aprobación de la ley N° 6951]".

Me preocupa que la ley viene con una trampa más, que es poner aparentemente una sanción. (...) Si un juez incumple esta ley, se podría generar un procedimiento disciplinario. 

Tenemos un desacato considerado por la Corte IDH a partir del indulto al expresidente Alberto Fujimori. Este podría ser un segundo desacato después de que el Tribunal requirió no aprobar la ley que promueve la prescripción de delitos de lesa humanidad. ¿En qué situación nos pone en el ámbito internacional?

Hay algunos Estados, y el Estado peruano entre ellos, que están un poco esperanzados en la idea de que la Corte no tiene la policía que va a venir a invadir el país porque incumples una sentencia, pero no piensan en las repercusiones más allá de esto. O sea, primero lo que hace la Corte es poner esto en conocimiento de la Asamblea General de la OEA y del Consejo Permanente, que se acaba de reunir en Paraguay. Entonces, esto ya es una primera alerta que llega a los países sobre lo que está pasando en el Perú (...). 

En un escenario internacional somos vistos como personas que cometen violaciones a derechos humanos por un lado. Y, por otro lado, que el Estado no tiene ninguna voluntad de investigar estos casos, sino más bien que promueve la impunidad y esto hay que pensarlo (...).

ALERTA. "En el Congreso tenemos una agenda no progresista, eventualmente conservadora, pero además también una agenda que busca impunidad". 

Foto: Andina

Esto también tiene una repercusión en términos económicos, en el descenso de los índices de inversión, que además todo el mundo prevé que podemos bajar incluso más todavía. También tiene que ver con el estado de derecho, porque algo que no se entiende es que el tema económico está muy ligado al tema institucional (...).

Creo que nos estamos poniendo, cada vez más, en una posición en la que desde la comunidad internacional ya nos miran feo. Ya no te miran como el interlocutor válido para establecer relaciones comerciales.

En entrevista con OjoPúblico, el politólogo Juan De la Puente señaló que el Congreso está tomado una serie de medidas con la intención de forzar una salida del Perú del sistema interamericano ¿Qué opina usted al respecto?

Coincido. Me parece que están generando como un caso, sumando diferentes cuestiones, para que llegue un momento en que se diga: 'bueno, entonces ya hay que salir del sistema'. Lo que hay que recordarle incluso al gobierno, que parece que esto le resulta atractivo, es que todo lo que ha ocurrido mientras somos parte del sistema puede ser eventualmente visto por la Corte Interamericana.

Me refiero específicamente a los temas por los que es investigado este gobierno: la represión violenta de diciembre de 2022 y enero 2023. Entonces, no es que porque nos salgamos de la Corte IDH, mañana eso va a quedar impune. Eso también habría que dejarlo claro. 

Hay una intención de desprestigiar el sistema interamericano, también para darle cierta legitimidad potencial a la salida [del Perú], pero la verdad es que, si uno se pusiera realmente a analizar lo que ha hecho la Corte en estos últimos tiempos, sobre todo respecto del Perú, más bien es garantizar derechos, que muchas veces lamentablemente el Estado no ha podido garantizar. A mí me da temor la posibilidad de salir y que dejemos a personas que no consiguen justicia a nivel interno y sin posibilidad de [acudir a la] justicia internacional (...).

La justicia chilena ha aprobado ampliar la extradición contra Alberto Fujimori por cinco nuevos casos de lesa humanidad. ¿Usted cree que estos casos tienen cierta solidez para que puedan generar nuevas sentencias contra el expresidente?

Creo que en los antecedentes que tenemos de las condenas previas, sobre todo en Barrios Altos y La Cantuta, ya se ha establecido cómo funcionaba de alguna manera esa estructura en términos de lo que hizo el Grupo Colina, que además era un grupo que dependía directamente de la Presidencia [de Alberto Fujimori] y del asesor [Vladimiro Montesinos]. (...) Ya se ha establecido judicialmente la responsabilidad mediata (...) En esa lógica hay que tener en cuenta que un presidente tiene mando y comando respecto de las Fuerzas Armadas (...).

"En la comunidad internacional ya nos miran feo, ya no nos miran como un interlocutor válido para establecer relaciones comerciales".

Con respecto a las esterilizaciones forzadas, creo que es muy difícil hoy que podamos decir que no había patrones de conducta respecto de esta política de salud. No es muy complicado cuando vemos, por ejemplo, que habían hasta cuotas dadas a los médicos para aplicar una determinada cantidad de esterilizaciones, cuando tenemos tantos testimonios de mujeres que alegan que no se les dio información para practicarles esterilización específica, o cuando vemos también, por ejemplo, que el perfil de las mujeres a las cuales se les aplicaba las esterilizaciones era, más o menos, uno bien establecido: generalmente mujeres en zonas rurales, muchas veces pobres, muchas veces con hijos. (...).

Uno de los protagonistas de la crisis política es también el Congreso. A lo largo del periodo legislativo, se han aprobado una serie de leyes que afectan la institucionalidad y el estado de derecho. ¿Cuáles son las consecuencias a futuro para el país con estas modificaciones? 

En general, hay una intención de retroceder. Todo el tema educativo está claramente en retroceso. Hoy la Sunedu no tiene ningún poder. Sobre la calidad educativa universitaria, nada. Además, se aprueban un montón de normas que buscan tener un impacto hasta en la agenda de la educación básica regular para evitar la mención de la palabra género. Esto es una agenda altamente conservadora.

En términos ya de reforma política es triste ver como normas que se habían aprobado con un cierto objetivo, con un cierto enfoque, sin ni siquiera ponerlas en práctica, como las primarias abiertas simultáneas obligatorias, han sido quitadas. Sobre la bicameralidad, en general, ahí sí debo hacer un disclaimer: a mí la bicameralidad me parece buena. La reelección de congresistas, a pesar de lo impopular, me parece también buena, en el sentido de que buscamos cierta profesionalización en los congresistas (...). 

DEBILIDAD. Ana Neyra lamenta que el Gobierno ceda ante el Congreso. "Creo que si toma una decisión de no promulgar una norma, debe hacerlo explícito".

Foto: Presidencia de la República

Además, pienso en términos de reforma política, en la eliminación de la paridad y alternancia, lo cual es un retroceso en términos de derecho de participación de las mujeres y que incluso me atrevo a decir que el Congreso lo puede estar haciendo como un primer tubo de ensayo para, luego, querer hacerlo con todos los cargos. Y, luego, pienso también en la eliminación de los movimientos regionales. Trece regiones están dirigidas por movimientos regionales, entonces claramente lo que están haciendo es quitarse un opositor (...).

En general, tenemos una agenda no progresista, una agenda eventualmente conservadora por supuesto, pero además también una agenda que busca impunidad. 

Varias de las leyes promulgadas por el Congreso han sido por insistencia, pese a las observaciones del Ejecutivo, y otras han sido con el silencio de la presidenta. ¿Qué refleja esto del Gobierno?

Bueno, a mí me da mucha pena cuando veo que el gobierno simplemente cede, por ejemplo, en términos económicos. Ahí vemos al ministro de Economía, por ejemplo, dándole todas los recursos que pide el Congreso. (...) Tenemos un gobierno que, por otro lado, continúa con su inacción. Creo que si toma una decisión de no promulgar una norma, debe hacerlo explícito, no dejar simplemente que pase el plazo a ver qué ocurre. Hay que asumir la decisión incluso cuando se es impopular. 

Hay mucha ineficiencia en el Gobierno. No encontramos realmente la solución a los problemas centrales del país".

Por otro lado, hay mucha ineficiencia en el Gobierno, no encontramos realmente solución a los problemas centrales del país desde cuestiones más macro hasta lo más micro (...). Tenemos a ministros más bien enfocados en defender a la Presidenta o suplir su silencio, que sigue bien fuerte y que solo se detiene para criticar al periodismo (...). Entonces, creo que, por un lado, tenemos inacción y falta de decisión y, por otro lado, tenemos ineficiencia.

El TC, como máximo intérprete de la Constitución, debería salvaguardar el respeto hacia esta. Sin embargo, ha emitido sentencias y resoluciones cuestionables frente a decisiones del Congreso. ¿Cuál es su opinión sobre el rol de este tribunal?

Creo que el problema viene también con el mecanismo de elección que tenemos [de los miembros del TC]. Hay que pensar si hay que dárselo a otra entidad. Pero también está el modo como el Congreso hace el concurso. (...). Entonces, ellos eligen un perfil de personas que estén a su favor. Sin embargo, lo que deberíamos elegir en una corte constitucional es a personas que sepan de derecho constitucional y que resuelvan sobre la base de proteger la institucionalidad, los derechos y la Constitución (...).

Lamentablemente, con este Congreso se termina eligiendo a personas que quieren proteger al Congreso, casi como una especie de autarquía sin control y, por otro lado, que tiene visiones bastante conservadoras, en algún momento antiderechos, y en algún contexto, además, con una comprensión del derecho que ya no se tiene, porque entender que tenemos un poder por encima de los demás es una comprensión que ya no se tiene en ningún lado y que solo lo tiene el Congreso, y que el TC parece convalidar.