Desde que se recuperó la democracia —hace más de 20 años— ningún Gobierno había dudado en mantenerse en el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, señala Juan Jiménez Mayor, quien hasta diciembre de 2023 ocupó el cargo de embajador de Perú en Costa Rica. Sin embargo —añade el abogado— la situación ha cambiado. “Cuando perdamos el Sistema y comencemos a tener situaciones lesivas a nuestros derechos, nos vamos a lamentar los peruanos”.

La pretensión de retirar al Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ya no solo se concentra en el Congreso, sino ahora es una posibilidad para el Ejecutivo. “Probablemente ahora sí sería necesario evaluar todo aquello. De momento no está en la agenda, pero no veo por qué no”, señaló el 15 de julio el presidente del Consejo de Ministros (PCM), Gustavo Adrianzén Olaya.

En entrevista para OjoPúblico, Jiménez Mayor, quien también ha sido ministro de Justicia y titular de la PCM durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, señala que existe un retroceso en el respeto a los derechos humanos y un viraje del Gobierno en su postura frente al Sistema Interamericano, lo cual tendrá serias consecuencias en acceso a la justicia y otra repercusiones, incluso, económicas. 

Para el exembajador del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el modelo democrático constitucional está siendo afectado por decisiones de sectores políticos en el Congreso que buscan controlarlo todo, sin la respuesta oportuna del Ejecutivo. “Tenemos una seria afectación básicamente por el lado del Congreso y, obviamente, el Gobierno no detiene esta tendencia de desmontar una serie de instituciones que son titulares para la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia”, afirma. 

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Hace más de 10 años, cuando usted era presidente del Consejo de Ministros, el gobierno de Ollanta Humala Tasso negó uno de los pedidos de indulto para Alberto Fujimori. Esta medida, finalmente, se concretó con el actual gobierno, lo que, además, ha sido considerado como una violación al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Ahora también se habla de una supuesta candidatura que, por ley, no es posible. ¿A qué tipo de estrategia obedece esto?

Lo primero es que sorprenden los acontecimientos políticos en Perú, la realidad supera la ficción. Y, efectivamente, desde hace muchos años, hace más de 10 años, existía esta pretensión del indulto humanitario. Hay que poner el apellido de “humanitario”. En ese momento, nos tocó también denegar el pedido por una razón fundamental: el señor Fujimori no reunía los requisitos para tener un indulto humanitario, su estado de salud no era el que aparentemente se ha señalado después para este indulto que se ha planteado. 

Pero aún así los estándares interamericanos que planteó la Corte IDH, precisamente en marzo del 2018, cuando se anuló el indulto a esta persona, establecieron cuáles eran los elementos que tenía que tener un indulto para una persona condenada a graves delitos de Derechos Humanos, circunstancias en donde afectan a las víctimas (...). Nosotros nos hemos ido, ahora, en una vía distinta bajo un razonamiento supuestamente jurídico del Tribunal Constitucional que ha establecido que la Corte Interamericana por ejemplo, no tiene competencia para supervisar su propio fallos, lo cual es absolutamente falso (....).

Entonces, la historia de hoy realmente sorprende porque el origen de este tema tiene que ver con lo humanitario, con el estado de salud de una persona a la que se debe garantizar su sobrevivencia fuera del penal, pero en este caso estamos ahora con una persona que no solamente ha recuperado milagrosamente su salud —nos alegra que una persona pueda tener salud y que pueda tener vida— pero sorprende que además ahora intente, bajo esta idea de este partido político, de ser el candidato de unas elecciones que todavía son prematuras decirlas, ¿no? Porque todavía no estamos en el calendario electoral para poder definir candidaturas, pero no sabemos si es un tiro al aire, si es una posición de estrategia política frente al proceso judicial que tiene la señora [Keiko] Fujimori, si lo que busca es desviar la atención de la opinión pública. 

ANTECEDENTE. En el gobierno de Ollanta Humala, cuando Juan Jiménez era jefe del gabinete, se concluyó que Alberto Fujimori no reunía los requisitos para el indulto.

Foto: OjoPúblico / Aldaír Mejía

Dentro de esa diversidad de opciones, ¿cuál sería la más cercana a la realidad?

La más cercana a la realidad es que nos han engatusado, o sea, nos han generado una situación que a los peruanos sorprende y que, de alguna manera implica, y no solamente en este caso, sino en una serie de elementos, un retroceso en la estructura, en la arquitectura jurídica y de respeto a los derechos humanos que tenemos en el Perú. 

¿Actualmente usted considera que hay un retroceso?

Hay un retroceso por una serie de elementos ¿verdad? Uno de ellos es, por ejemplo, la aprobación de la ley de prescripción de delitos de lesa humanidad o crímenes de derechos humanos graves que el Congreso ha aprobado y que, en este momento, está en el Poder Ejecutivo para saber si se va a promulgar o si se va a observar. 

Por esa época, también como presidente del Consejo de Ministros, usted recordaba lo que había sido el golpe de Estado de Alberto Fujimori, y decía que eso había generado un retroceso en el país, una crisis nacional e internacional que afectó la imagen del Perú y generó una crisis moral, pero que, finalmente se había recuperado la democracia. Sin embargo, ahora, esa descripción no estaría tan lejos de la actualidad, tal vez con otros personajes o nombres. ¿Realmente cree que ya se ha superado ese momento? ¿Lo que vivimos ahora también es una crisis de imagen y de moral, donde todavía la palabra Fujimori está presente?

Recuerdo que por aquellos años, hace un poco más de 10 años, yo decía, además, que en los últimos 30 años en el Perú habíamos vivido 10 años bajo la égida del fujimorismo y 10 años bajo la égida del Apra, de tal manera que nuestra generación había vivido dos gobiernos bastante polémicos por decir lo menos (...). No podemos decir que el proceso democrático peruano se encuentre maduro, se encuentre robusto. No solamente por las actuales circunstancias en donde tenemos una seria afectación, básicamente, por el lado del Congreso y obviamente el Gobierno que no detiene esta tendencia de desmontar una serie de instituciones que son tutelares para la República, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el sistema judicial en general.

Tenemos una seria afectación por el lado del Congreso y el Gobierno no detiene la tendencia de desmontar el sistema de justicia en general".

¿Hay un desmontaje de la democracia? ¿Hay un debilitamiento de los derechos humanos? ¿Cómo describiría la situación actual?

Yo creo que es una situación de arquitectura del modelo democrático constitucional que se está afectando básicamente por la decisión o por la tendencia que existe en ciertos sectores políticos en el Congreso de poder o de querer controlarlo todo. El asunto con la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sido una pugna de poder para efectos de tener la posibilidad de cierto control de la Junta para la elección o la designación del jefe de la ONPE; de poder, a través de la Junta, controlar la designación de jueces o tener una hegemonía en relación a la judicatura. 

No hay que olvidar que, en Perú, nuestro sistema judicial siempre ha sido una pieza que los políticos han querido avasallar permanentemente, porque esa es la forma, de alguna manera, de poder controlar el país. O sea, ya es clarísimo que no basta tener el Ejecutivo y el Legislativo, sino que si no tienes el control del Poder Judicial, y eso lo vimos más clarísimamente en la época de [Alberto] Fujimori, es muy difícil que puedas tener el control de las cosas en el país. 

Además del caso que involucra a Alberto Fujimori, hay más de 600 casos que, según la Fiscalía, podrían verse afectados por la iniciativa que prescribe crímenes de lesa humanidad, que está en manos del Poder Ejecutivo. ¿Cuál sería la principal consecuencia de esta decisión si es que, por lo que ha ido adelantando el Ejecutivo, recibe la luz verde del Gobierno?

Creo que hay dos escenarios: el interno y el internacional. En este último ya hay pronunciamientos de la propia Corte Interamericana [de Derechos Humanos], una medida provisional emitida el 1 de julio que ha sido simplemente rechazada con gran indignación por parte del Gobierno. Hay un tema ahí, como nota de pie de página: el primer ministro [Gustavo Adrianzén] con estas reacciones destempladas que tiene, con este siempre sentido de amargo, molesto, que suele hacer en sus conferencias de prensa, señaló (...) ante una pregunta que le formuló un periodista de que si el Perú se iba a mantener o no en el Sistema Interamericano [de DD.HH.], él dijo que por el momento el Gobierno no ha decidido nada sobre particular.

O sea, “por el momento”, lo pongo en negritas y subrayado porque ya es la primera declaración que yo escucho en los últimos 30 años, desde que hemos recuperado la democracia, que un funcionario del Poder Ejecutivo lanza una advertencia como esa. Ni siquiera el Canciller [Javier González-Olaechea] que ha tenido unas posiciones previas antes de asumir su función (...). Este anuncio de “por el momento no nos vamos a salir del Sistema” es muy grave y más aún cuando el propio primer ministro ha ido hace dos meses a San José, a Costa Rica, a la Corte. Ha tenido una reunión con la Corte Interamericana y ha manifestado todo lo contrario. Entonces, estas situaciones de fragilidad en las posiciones políticas y sobre todo en un tema tan delicado como este, es preocupante. Y bueno en relación…

IMPUNIDAD. Según Jiménez Mayor, la comunidad internacional está atenta a la decisión de Dina Boluarte sobre la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.

Foto: Andina

Hablábamos de las consecuencias del proyecto que prescribe delitos de lesa humanidad…

Y no solamente la Corte IDH, también la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y varias relatorías han planteado su preocupación, también las cadenas internacionales CNN, BBC, todas han informado sobre esto, lo cual quiere decir que los ojos del mundo están en este momento viendo al Perú y sobre todo viendo a la presidenta Dina Boluarte, para saber qué es lo que va a hacer con este proyecto, con esta autógrafa. 

Si el Ejecutivo o la presidenta Dina Boluarte promulgan esta ley, ¿qué escenarios continúan? Concretamente qué es lo que pasaría.

Bueno va a ocurrir que tengamos seguramente muchos procesos judiciales que son, cerrados, prescritos; vamos a tener señalamientos internacionales de honda preocupación, porque estamos yendo contra el tráfico de lo que es la tendencia del derecho internacional y esto va a generar alertas en todo el planeta. Entonces, para comenzar, probablemente este afán que tenemos de ingresar a la OCDE [Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico] habrá que revisarlo porque seguramente la OCDE planteará su preocupación sobre la materia .

No hay que olvidar que el consenso global no solamente es económico, de abrir fronteras, de tener comercio libre, sino también uno de los temas que aglutina a la comunidad internacional es el respeto a los derechos humanos y si esto no ocurre, pues en las alertas internacionales en materia económica también se van a dar y creo que este asunto nos tiene que preocupar (...). Como nos tiene que preocupar, también, el asunto de la pertenencia del Perú al Sistema Interamericano.

(...) Un hecho disruptivo, por ejemplo, la prescripción de delitos de lesa humanidad que genere una reacción del Sistema Interamericano contra el Estado peruano, contra el gobierno, puede seguramente animar a esta frase del primer ministro de “por el momento”. Entonces, yo vengo diciendo que tenemos un serio problema con el Congreso en general, pero en particular en el tema de derechos humanos, este asunto [salirse del Sistema de DDHH] puede ser muy peligroso. Felizmente la potestad de renunciar a un tratado internacional no la tiene el Congreso, sino el Poder Ejecutivo, la presidencia, pero la presidencia puede ser muy voluble en función de las tendencias políticas de momento y eso ya lo sabemos, que tenemos un gobierno muy débil como lo dijo el ministro [José] Arista.

Hay un retroceso en la arquitectura jurídica y de respeto a los derechos humanos en Perú". 

Además, no se ve que el Congreso y el Ejecutivo estén por caminos separados. Coinciden últimamente en muchas iniciativas y en el discurso. Si hablamos del proyecto de lesa humanidad, está la carta que envió el presidente del Congreso y la presidenta Dina Boluarte que, según usted señalaba, eran nulos porque no tenían un refrendo ministerial. Recientemente el presidente del Consejo de Ministros decía que eso era un gesto político de rechazo.

Sí, yo creo que es un error (...). Responder de esa manera no ha sido lo más adecuado. Claro, por ganar ciertos respaldos en el Congreso, seguramente, esa ha sido la motivación, pero creo que las circunstancias de plantear una respuesta con esos decibeles muy altos que planteó la presidenta [Dina Boluarte] con el presidente del Congreso no ha sido lo mejor. Al final, eso es una nota diplomática, porque es una nota dirigida a un organismo internacional que es la Corte Interamericana, que muestra un poco la posición política que tiene el país. 

Lo que yo preguntaba era y quién es el responsable político de esa nota ¿es el canciller? ¿Es el ministro de Justicia? ¿Es el primer ministro? ¿Es todo el gabinete? No sabemos, porque nadie refrenda ese acto presidencial. (...) Si el presidente no tiene ese límite, de poder decidir por sí mismo las cosas, pues vamos a vivir momentos muy duros y creo que aquí no ha sido bien aconsejada la presidencia y creo que el Congreso debería tomar un papel y ese es otro problema, que no vemos una oposición en el Congreso que pueda generar esta reacción frente a estas actuaciones indebidas del Poder Ejecutivo.

ALINEADOS. Dina Boluarte y Alejandro Soto enviaron una carta a la Corte IDH para rechazar sus pedidos sobre la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.

Foto: Andina

¿Estamos a riesgo de entrar en la foto con Venezuela y Nicaragua?

Sin duda, porque son los países que se han retirado del sistema, y claro, son dictaduras realmente, yo he visto, yo me he entrevistado con refugiados nicaragüenses en Centroamérica y realmente es muy penoso lo que está pasando en ese país, muy penoso.

Hablamos de dictaduras en ese caso, según lo que comenta. ¿En el caso de Perú de qué hablamos?

En el caso de Perú estamos hablando de una democracia frágil que ha venido siendo afectada por una serie de eventos, todavía tenemos un Poder Judicial, que está actuando, una Fiscalía que está en una posición adecuada. Por ejemplo, en la autógrafa que busca la prescripción de delitos, la posición institucional del Estado peruano no ha sido unánime porque claro, comentas la carta de la Presidenta y el presidente del Congreso, pero hay una carta, hay una nota de la Fiscalía de la Nación de la Junta Fiscales Supremos que la rechaza (...).

Que habla de todos los riesgos y los casos perdidos …

Es correcto, y la defensa de las víctimas. Y la Fiscalía habla que esto afectaría a más de 550 personas.

Hay un problema en el gobierno de entender al país. El indicador clave es el nivel de confianza de la gente".

Pero además del presidente de Consejo de Ministros, el canciller Javier González Olaechea también mostró una postura discrepante sobre la resolución de la Corte IDH. Ha dicho que se extralimitó y que no les dieron margen a una respuesta un poco más diplomática. ¿Cree usted que hay un tipo de transformación o viraje de gobierno frente a la postura o por lo menos frente del Canciller en cuanto a la postura en torno a la presencia de Perú en el Sistema Interamericano?

Sí hay un viraje y lo puedo decir con absoluta convicción y creo que es muy preocupante que tengamos funcionarios en el Gobierno, ya no solamente en el Congreso, con esta posición. Pero ya tenemos en el gobierno los funcionarios que la tienen. (...) Es muy importante la voz que debe tener el ministro de Justicia en esta materia, porque es el que tiene que conducir las políticas públicas en este ámbito [de derechos humanos] y desafortunadamente yo no he escuchado al ministro decir nada sobre particular o si lo ha dicho, no lo ha dicho con la resonancia debida (...). Él es el que tiene la responsabilidad en esta materia, ciertamente es compartida a nivel internacional, pero el esquema de Defensa del Estado está vinculado al sector Justicia y Derechos Humanos, está ahí entonces me parece que es muy preocupante lo que está pasando.

Ahora, ¿es un viraje solo del Canciller o del Gobierno? Usted fue designado en su momento como embajador de Costa Rica, imagino que en ese entonces le habían comentado cuáles son las políticas

Sin duda, la política era no solamente que vamos a mantenernos en el sistema, sino que queremos fortalecer el sistema y lo que queríamos hacer era buscar un acercamiento con la Corte Interamericana, para que se puedan comprender ciertos elementos de lo que estaba ocurriendo en el Perú. (...). Cuando vino el indulto a Fujimori, en diciembre del año pasado, yo entendí que no tenía ya cabida en asumir una posición frente a la Corte, porque el gobierno peruano estaba precisamente negando competencias que tenía la Corte.

POSTURA. En diferentes momentos, el canciller, Javier Gonzales Olaechea y el jefe del gabinete Gustavo Adrianzén han mostrado su cuestionamientos a la Corte IDH.

Foto: Presidencia del Consejo de Ministros

En diciembre, pocos días después del indulto, usted renuncia…

Inmediatamente.

Y desde ese momento [del indulto] creo que se da esta transformación del Gobierno con relación a su postura frente al Sistema Interamericano. O, ¿desde cuándo y por qué se da ese quiebre, si es que hubo algún quiebre?

Yo creo que hay una posición desde el Congreso que está empujando esta posición. Hay cinco proyectos con 40 congresistas y más los 23 [de Fuerza Popular] que puede generar una situación tremenda, pero ahora tenemos también funcionarios del Gobierno que están en esta línea. Sin duda, la llegada del canciller Javier González es un factor, porque es una persona absolutamente contraria; la designación del representante permanente del Perú ante la OEA, el señor [José Luis] Sardón, que también es una persona absolutamente contraria a esta materia a los derechos humanos y ahora con estas posiciones políticas que están generando una cuestión absolutamente inusual. 

Hemos tenido gobiernos en el Perú, en los últimos 20 años, desde que se recuperó la democracia, en donde no hemos tenido ninguna duda de mantenernos en el sistema. Cuando me llamaron para poder desarrollar esta labor con la Corte no tenía ninguna duda que eso era así, pero hoy día a partir de estos eventos en la escena política, las cosas han cambiado y por eso creo que tenemos que tener una alerta, porque cuando perdamos el sistema y comencemos a tener situaciones lesivas a nuestros derechos nos vamos a lamentar los peruanos, no estar en el sistema. 

Nos va a costar a los peruanos reconstruir el país después de todo este tiempo, incluido [Pedro] Castillo"

¿O sea, son más críticos desde que se recuperó la democracia?

Correcto

Pero, ¿cuál sería la causa de esta postura del Gobierno? ¿Solo que está cediendo ante el Congreso? o tal vez, tiene que ver con lo que en su momento mencionó la Comisión [Interamericana de Derechos Humanos] relacionado a las muertes en las protestas contra el gobierno Dina Boluarte.

Y ahora Amnistía Internacional ha sacado un informe bastante duro. Sí, es una posibilidad que haya esa perspectiva también, pero yo creo que paulatinamente las cosas se están deteriorando en el país, paulatinamente estamos minando y creo que nos va a costar a los peruanos reconstruir el país después de todo este tiempo, incluido Castillo, o sea el presidente Castillo, que tuvo una gestión desastrosa, también nos va a costar reconstruir la gestión pública. 

El divorcio y la brecha del Gobierno con la población es muy alta y, básicamente, por decisiones equivocadas".

Mencionó al expresidente Pedro Castillo. En febrero de 2022, en una entrevista, usted identificaba cuatro problemas en la gestión en ese entonces de Castillo: la capacidad, el problema para definir el interés general, la dirección y también los valores. ¿Cree que la situación ha cambiado con la vicepresidenta que ahora es la presidenta Dina Boluarte?

Bueno, en el Perú las políticas a veces no cambian, lo que cambian son los actores. Las malas políticas digamos, porque las buenas políticas sí cambian y las destrozamos. Vino una gestión nueva y ya no queremos seguir con esa política y cambiamos. Pero sí, hay un problema en el gobierno de poder entender el país. Y el país digamos, básicamente yo diría que el indicador clave para poder demostrar lo que estoy diciendo es el nivel de confianza de la gente hacia el gobierno.

¿Cuál cree usted que es el principal problema de la gestión Boluarte?

Es una pregunta muy grande. Creo que hay muchos problemas. Está en la idea de tener mejores personas en el gabinete, pero hay un problema de fondo que es la disfuncionalidad del Gobierno con la población, el divorcio que tiene, la brecha que ha generado el gobierno con la población es muy alta y básicamente por decisiones equivocadas, la de no rendir cuentas, no haber tenido una reacción rápida con el asunto de las protestas en su momento, de no tener una decisión enérgica de poder separar la paja del trigo, y asumir responsabilidades en su momento.