Luego de que el Congreso cerrara la legislatura 2023-2024 —liderada por Alejandro Soto Reyes, de Alianza para el Progreso— aún quedan pendientes de debate en el Pleno proyectos de ley que afectan la institucionalidad y el estado de derecho. Entre ellos figuran el que propone eliminar la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el que pretende regular y fiscalizar las ONG, y el que busca la prescripción de delitos de lesa humanidad cometidos antes del 2002. 

Sobre estas iniciativas y las decisiones del Gobierno, el analista político Juan De la Puente Mejía conversó con OjoPúblico y consideró que si bien al inicio del gobierno la presidenta Dina Boluarte fue un "alivio” para el Congreso, ahora es un problema. Según señala, en la práctica, el Gobierno ha terminado y las decisiones del Congreso son ilegítimas. Esto, en su opinión, pone en riesgo las posibilidades electorales de algunos partidos políticos con miras al 2026. 

El abogado y politólogo, que acaba de publicar el libro La humanidad vigilada, también alertó sobre las consecuencias políticas y económicas que puede traer el desprestigio internacional que está acumulando el país.

El Congreso cerró su última legislatura entre comunicados e invocaciones de entidades nacionales e internacionales a frenar ciertos proyectos que podrían socavar la institucionalidad. ¿Cuál es su lectura del periodo legislativo 2023-2024?

Creo que vivimos una especie de orgía inconstitucional; es decir, violando los procedimientos del propio reglamento del Congreso, que se ha dedicado a una actividad legislativa con dos propósitos: uno, culminar la captura del Estado, que es uno de los más importantes y que une a la mayoría de grupos parlamentarios; y segundo, lograr su permanencia personalmente en el poder.

La Comisión Permanente se ha quedado a cargo de las funciones legislativas hasta el próximo 19 de julio. ¿Cómo ve este escenario, considerando que anteriormente, dentro de este mismo periodo, dicho grupo de trabajo ha aprobado objetables modificaciones? 

A pesar de que la Constitución prohíbe que un conjunto de materias sean delegadas a la Comisión Permanente, sigue siendo una especie de pseudo-Senado, una pequeña cámara política. No obstante, si nos atenemos a las presiones y a las denuncias, es mucho más ilegítimo que cualquier órgano del Congreso se aboque a aprobar decisiones (...).

Lo que opera en el Parlamento es una alianza bastante vasta. La captura del Estado reúne más consenso de parlamentarios que cogobernar con Dina Boluarte. Lo que quiero decir es que esto también se produce en el contexto de una profunda debilidad del gobierno, entonces no es que tienen las manos libres, ahora hay presión, demanda, denuncia y una mayor debilidad del gobierno, de manera que la Comisión Permanente tendría que analizar bien y bastante si es que continúa con este proceso de legislación muy desordenada y provocadora. 

La captura del Estado reúne más consenso de parlamentarios que cogobernar con Dina Boluarte".

¿Qué nuevas "sorpresas" puede traernos este Congreso en los siguientes meses, considerando que estamos cada vez más cerca a las próximas elecciones de 2026? 

Hay un grupo de leyes que han sido aprobadas en primera votación y que si bien no es usual que la segunda votación se produzca en la Comisión Permanente, el riesgo está. (...) Pero tengo la impresión de que la discusión de fondo está en cuál va a ser la estructura de la Mesa Directiva, porque de eso van a depender dos cosas: primero, si va a continuar este proceso de captura el Estado, que demanda modificaciones constitucionales. (...) El segundo está vinculado a cuánto más va a soportar el Congreso la implosión del gobierno.

Lo que se afirma es que probablemente después de noviembre, diciembre o enero, el Parlamento pueda pensar en prescindir de la presidenta [Dina] Boluarte, con la intención de producir una especie de falso adelanto electoral con un gobierno de transición. (...) Esas dos cosas —la continuidad del gobierno y la capacidad para terminar la captura del Estado— es lo que viene después del 28 julio.

¿Esta simpatía implícita entre el Congreso y Dina Boluarte podría llegar a romperse antes del 2026?

Al inicio del Gobierno de Boluarte, ella era un alivio para el Congreso, en el sentido de que su presencia y el cogobierno impedían [el adelanto de] elecciones. Pero en este momento, cuando hay una implosión —o sea, el Gobierno se está desfondando por abajo—, el Gobierno es un problema para el Congreso, porque la impopularidad del Gobierno más la impopularidad del Congreso pone en duda las posibilidades electorales de partidos que tienen bastante que perder, sobre todo Fuerza Popular (...). Por esa razón, yo creo que habría que observar cuál es el nivel de implosión que se viene. (...) La implosión es muy complicada porque paraliza sectores y hace que cualquier decisión que tome el Ejecutivo no sea suficiente, no sea acatada.

En la última encuesta de Datum Internacional, la presidenta ha registrado su aprobación más baja, con solo 5%. ¿Hay vuelta atrás sobre esto? ¿El Gobierno puede mejorar estas cifras? 

Yo creo que no. Para efectos prácticos, el Gobierno ha terminado. Así como dos o tres meses antes del fallido golpe de [Pedro] Castillo, su gobierno había concluido. Eso no significa que el Gobierno de Boluarte hoy día sea sustituido, pero ya hay muy poco que hacer. El problema no solo es la aprobación de ella, sino la de los otros, porque en un régimen político democrático, cuando cae la aprobación del gobierno, sube la aprobación de otros autores políticos y de la oposición. Aquí no. 

Para efectos prácticos, el Gobierno [de Boluarte] ha terminado".

¿Qué implica que la presidenta [Dina Boluarte], en un contexto de crisis política tan marcada, no quiera brindar entrevistas ni declarar a la prensa?

Creo que es un temor de encarar las críticas y desarrollar una relación, incluso, conflictiva con una parte de la opinión pública. Pero me preocupa más el silencio legal de la presidenta. Varias de las últimas leyes han sido aprobadas después de que el Ejecutivo dejó pasar los 15 días que señala el artículo 108 de la Constitución para promulgar, observar o [mantener] el silencio presidencial para que el Congreso promulgue [las normas]. Cada vez es más creciente el silencio presidencial (...). Otro grupo [de leyes] tiene que ver con la aprobación por insistencia.

Uno de los proyectos que despertó las alarmas internacionales es el que busca prescribir delitos por lesa humanidad. ¿Cuál es su opinión sobre esa iniciativa?

Los grandes temas que tienen que ver con el derecho internacional de derechos humanos y la conservación del sistema político como un sistema con equilibrio de poderes son cuestionados por la comunidad internacional (...). Los países que han suscrito el comunicado en relación al tema de las ONG, en su mayoría, pertenecen a la OCDE y son países con los cuales el Perú tiene relaciones hace muchas décadas, son países democráticos.

Entonces, estamos hablando de una comunidad internacional democrática —no una radical antidemocrática— que cuestiona al Gobierno y al Congreso. Recuperarse de eso va a ser muy difícil en materia política, pero en materia económica también. Clasificadores de riesgo y observadores internacionales critican la vulneración de reglas básicas, que además trajo el modelo neoliberal al Perú. 

Estamos hablando de una comunidad internacional democrática que cuestiona al Gobierno y al Congreso".

La Corte IDH convocó a una audiencia pública en la que los agentes representantes del Estado peruano tuvieron una participación cuestionable, incluso para la propia jueza de la Corte, al señalar que los casos Barrios Altos y La Cantuta no consideran delitos de lesa humanidad. ¿A qué nivel estamos llegando como país con estas intervenciones?

En eso somos una experiencia chavista para el mundo, porque ese cuestionamiento a las competencias de la Corte IDH en los últimos 20 años los ha tenido Nicaragua y Venezuela. Es curioso porque quienes dicen que profesan un programa antichavista, antiizquierdista, terminan pareciéndose bastante a esas experiencias. Esto va a continuar, pero también es cierto que el mundo va en otra dirección, porque todas las experiencias de las últimas décadas muestran que los caminos desandados al final terminan nuevamente siendo corregidos.

Yo estoy seguro de que la doctrina, la teoría y la práctica del derecho internacional de los derechos humanos va a imponerse. Pero hasta que eso suceda vamos a tener este tipo de decisiones. Por ejemplo, retirarse de la Corte IDH o la pena de muerte podrán ser [propuestas] muy populistas y tener mucha adhesión, pero eso no es sostenible en el tiempo.

¿Hace cuánto no se ha visto una situación de desprestigio internacional de esta magnitud provocada por un Congreso?

Es cierto que hace mucho tiempo no pasaba esto, pero también es cierto que a este nuevo populismo en América Latina, que se ha instalado en el Perú y que reúne a un populismo de izquierda y de derecha, no solo no le interesa el desprestigio internacional, sino que opera considerando ello, porque cree que se está enfrentando principistamente a una comunidad de valores internacionales.

En el caso de la derecha, opera bajo el principio de la batalla cultural, creen que el mundo está tomado por fuerzas malignas desde las Naciones Unidas, las Cortes, las ideas, el enfoque de género y que están peleando con un enemigo malo. Y en el caso del populismo de izquierda, es una renuncia a los valores democráticos en la idea de que el pueblo cansado e indignado puede respaldar esas medidas radicales: pena de muerte, salirse de la Corte [IDH], etc. Ellos operan sobre la base de que esa batalla contra el mundo es una batalla justa.

Entonces es un tema también ideológico. 

Absolutamente. Por eso es peligroso que se fuerce la salida del Perú de la Corte IDH, tengo la impresión que están muy cerca de lograrlo. Que el Perú salga de la Corte no es una competencia del Congreso, porque denunciar una convención, un tratado, es una función del presidente, pero quieren construir una mayoría anti-Corte, anti organismos internacionales, anti comunidad internacional democrática. Eso yo creo que es un propósito del mediano plazo y ahí se han dado la mano los populismos de izquierda y derecha.

Es peligroso que se fuerce la salida del Perú de la Corte IDH, tengo la impresión de que están muy cerca de lograrlo".

Otra de las iniciativas cuestionadas es la que busca modificar la ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) para que se ejerza mayor fiscalización a las ONG. ¿Cuál es su opinión sobre esta propuesta que motivó el pronunciamiento de 16 embajadas? 

El gobierno podría observar la ley si se aprueba, [aunque es] un poco difícil, porque ese proyecto es impulsado desde la Cancillería. He visto expresiones del canciller [Javier González-Olaechea] que simpatizan con el proyecto. Hay una parte que es profundamente peligrosa de esta ley, que lo que dice es que si un organismo internacional promueve en el mundo una actividad que en el Perú es considerada ilegal, entonces esa cooperación está prohibida y la ONG que recibe ese dinero puede ser procesada. Por ejemplo, si existe una agencia de un país que está de acuerdo con el aborto, como en el Perú el aborto está penalizado, esa cooperación está prohibida. 

El expresidente Alberto Fujimori anunció recientemente su afiliación a Fuerza Popular, aunque está impedido de postular a la presidencia según las normas electorales y la Constitución. Para usted, ¿cuál es el mensaje detrás de ello? 

Él no puede postular. La modificación constitucional que se hizo hace años deja claro que no puede postular. Ahora, siendo una persona indultada, puede hacer uso de sus derechos políticos. No está inhabilitado políticamente. Quizá la discusión no está por ese lado, sino yo lo situaría como la rearticulación del sector albertista al interior del fujimorismo.

No sé a quiénes cercanos a la señora [Keiko] Fujimori les simpatice esta afiliación, porque, más allá del hecho de que desmiente que ha salido porque está enfermo, hay un sector al interior del fujimorismo que quizá teme el retorno de Alberto Fujimori, porque tiene equipo propio, tiene personas cercanas a él y una forma de ver el país sospecho que muy distinto al equipo que está cerca de Keiko Fujimori, que es probablemente más nuevo y menos de confianza de él. Ya hoy día puede hablarse de que hay dos sectores en el fujimorismo y no sé qué actitud tomará Keiko Fujimori, pero eso se verá en el camino, porque creo que aunque Alberto Fujimori no pueda ser candidato, pugnará porque algunos cercanos a él sean candidatos tanto a senadores como a diputados.

Alberto Fujimori pugnará porque algunos cercanos a él sean candidatos".

La respuesta de la ciudadanía en las calles no es la misma que veíamos hace unos años. Para usted, ¿qué factores han influido en este cambio de reacción?

Yo pienso que el Perú sigue siendo un país insumiso. Los sectores que antes se movilizaban han sido reprimidos a sangre y fuego con el costo de decenas de muertos y esa es una marca que va a perseguir a todos los actores que no solo los cometieron, sino que los justificaron. Pero este país que ahora parece pasivo, en realidad sigue siendo insumiso. Los hombres del poder no pueden mostrarse en las calles fuera de Lima sin ser abucheados, criticados a voz en cuello. Y este país insumiso está esperando un superoutsider. Esto que parece pacífico, como derrotado y tranquilo, en realidad es una especie de espera. Yo creo que la gente se va a vengar con su voto.

Esto que parece pacífico, como derrotado, en realidad es una especie de espera. Creo que la gente se va a vengar con su voto".

¿Cómo estima que navegaremos en esta crisis con miras a las próximas elecciones en 2026?

Creo que esta crisis empezó el año 2015 con las primeras denuncias de corrupción, cuando explotó Odebrecht. El año 2026 tengo la impresión de que será un desembalse de lo acumulado en estos años, una especie de irrupción y ahí sí lo que me preocupa es este momento, este estallido populista que hay en el Perú, porque tanto la derecha como la izquierda están empezando a plantear a los peruanos en alto tono salidas radicales. El Congreso ahora mismo está llevando a cabo una parte del programa de Antauro Humala, porque Antauro Humala odia las ONG, a la Corte IDH, quiere rebajar la edad de la imputación penal. Es curioso porque hay mucha crítica a Antauro Humala, pero una parte de su espíritu está ahí. 

Como la afirmación antichavista, anti-Maduro o en contra de una nueva Constitución, que en la práctica los terminan respaldando y ejecutando propuestas afines.

Claro. Nos han dicho 20 años no me toquen la Constitución y ahora operan en una Constituyente a plazos. Es decir, ¿para qué han dicho eso si van a hacer todo lo contrario? De hecho esta crisis también es la crisis de la Constitución de 1993, pero esa es otra discusión.