Actualizado el 12 de octubre.

El 2018, ante el incremento de violencia e impunidad contra activistas ambientales y líderes indígenas, un grupo de países de Latinoamérica impulsó el Acuerdo de Escazú, un tratado que tiene como pilares fundamentales promover el diseño de políticas públicas para garantizar los derechos y seguridad en la región en asuntos ambientales, el acceso a la información, la participación ciudadana y acceso a la justicia.

“Hay una gran ola de violencia contra defensores y defensoras indígenas”, asegura a OjoPúblico Nadino Calapucha, de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). “A nivel global se reitera que América Latina es la región con mayor ola de violencia, desde el 2015 al 2019 se ha asesinado a defensores y defensoras de derechos humanos en, al menos, 64 países, de los cuales 6 son de la cuenca amazónica”, precisa.

Desde la Coica aseguran que en el año 2021, el 26% de asesinados con relación a la defensa del ambiente pertenecían a pueblos indígenas y el 48% de los casos (172), sucedieron en 4 países de la cuenca amazónica (Colombia, Brasil, Perú y Ecuador). Además, del total de 227 asesinatos registrados en 2020 en el mundo, un 70% fueron en este continente, señala el reporte de Global Witness, una organización no gubernamental que recopila el número de estos asesinatos desde hace 10 años.

Se trata de un documento vinculante impulsado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20) y que contiene disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Sin embargo, no todos los Estados se han hecho parte con la misma celeridad y entusiasmo del acuerdo, a pesar del aumento en los crímenes perpetrados desde entonces.

Este acuerdo no solo debe firmado por los gobiernos, sino tambien ratificados por los parlamentos. Hasta ahora, solo 13 (de 33) países han ratificado el Acuerdo que entró en vigencia el 22 de abril del 2021. Entre ellos están Argentina, Bolivia, Ecuador y México, entre otros.

A pesar de los efectos directos e indirectos de la crisis climática, hay países que han puesto en el congelador la idea de ser parte de este proceso, como Brasil, Venezuela y Paraguay, hay otros países que han vuelto a participar como Chile, el último país que ha ratificado el escrito.

El acuerdo en Chile

Chile, con el nuevo gobierno de Gabriel Boric, ha sido el último país en ratificar el Acuerdo de Escazú, modificando con esto la decisión de la anterior gestión de Sebastian Piñera. “Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo, cuya negociación partió y fue liderada por Chile y Costa Rica. Hoy enmendamos el rumbo”, dijo el presidente chileno en la presentación de la Ley para ratificar el acuerdo.

El gobierno anterior de Piñera, en su momento tildó al tratado de “ambiguo” e “impreciso” en las obligaciones a las que se comprometen los signatarios. Decían que el acuerdo exponía al país a posibles demandas internacionales por razones ambientales, y abría la puerta a que Bolivia, que reclama una salida al mar a Chile, pudiera usar tratado para reivindicar este pedido.

“La actitud del presidente Piñera, al darle la espalda al Acuerdo de Escazú pocos meses después de tomar posesión en marzo del 2018, ofreció a los detractores del acuerdo un argumento inesperado y bastante útil. ‘Vean, Chile lideró el proceso de negociación durante 5 años que culminó con el acuerdo y resulta que ni siquiera ha firmado el Acuerdo de Escazú”, comenta a OjoPúblico Nicolás Boeglin Naumovic, doctor en derecho de la Universidad de París y actual profesor de derecho internacional de la Universidad de Costa Rica.

El Acuerdo de Escazú es un instrumento de derechos humanos, no es un tratado donde Estados intercambian derechos y obligaciones.

“Este fue el primer proyecto que el gobierno de Boric envió al Congreso de Chile. Algo que es fundamental a nivel nacional e internacional, porque retoma los principios de nuestra política exterior en respeto al derecho internacional, como un compromiso con los derechos humanos y con una responsabilidad de cooperar, especialmente en el derecho del ambiente”, asegura a OjoPúblico Constance Nalegach Romero, jefa de la Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente de Chile, quien fue parte de las negociaciones que se realizaron desde 2012 y que finalizaron en el acuerdo de 2018. 

La inclusión de Chile es relevante, asegura también Magaly Ávila, directora Programa de Gobernanza Ambiental Proética del Perú, aunque no cree que esto impulse a que otros países ratifiquen o se sumen al acuerdo.

”No creemos que este buen avance del gobierno chileno, reconocido como un gobierno de izquierda, influya positivamente en la representación política peruana, que actualmente está en contra, y esta postura está vinculada sobre todo a un sector conservador de derecha y, en varios casos, a una izquierda conservadora no progresista”, dice Magaly Ávila,

En octubre de 2020, otro de los países impulsores al inicio de este mecanismo, el Congreso rechazó por mayoría ratificar el Acuerdo de Escazú. Los argumentos, fueron parecidos a los señalados por la gestión de Piñera, que se "podría poner en peligro las decisiones internas sobre los recursos naturales al ser llevadas a cortes supranacionales”.

CAMBIOS DE POSTURAS. Durante el gobierno de Piñera, Chile se negó a ratificar el acuerdo, a pesar de ser uno de los países que que lo propulsaron.

Foto: Cepal / Gobierno de Chile

Las opiniones de los que están en contra del acuerdo y que señalan que impactará en la soberanía de los países, explica Boeglin Naumovic, no son exactas. “El acuerdo busca proteger a las personas. Es un instrumento de derechos humanos, no es un tratado donde Estados intercambian derechos y obligaciones entre ellos en un texto. Algunos han intentado hacernos creer que el Artículo 19 del Acuerdo de Escazú dará lugar a demandas internacionales de un Estado contra otro, pero omiten que esta misma cláusula existe en más de 60 instrumentos internacionales y que nunca en la historia un Estado demandó a otro Estado por violar los derechos humanos contenidos en un tratado internacional”. 

El ejemplo se da con la Convención de Aarhus (acuerdo similar al de Escazú, pero en Europa), que en más de 20 años de implementación no ha tenido nunca una controversia internacional en que los Estados se demanden unos a otros por no estar cumpliendo con sus disposiciones. Uno de los argumentos que la nueva administración chilena tomó en cuenta al asumir el gobierno.

Países que no han ratificado o firmado el Acuerdo

Entre los que aún no firmaron el acuerdo están Venezuela, Honduras, Bahamas, Barbados, República Dominicana, Trinidad y Tobago, El Salvador y Suriname.

“Actualmente es notable la falta de rendición de cuentas de las autoridades ambientales sobre sus decisiones y sobre los impactos en el ambiente de las actividades de desarrollo y de las actividades ilegales”, dice Magaly Ávila. Lo que se ve extendido en todos los países que no han firmado o ratificado esta política.

Otro país que se ha sumado al acuerdo es Colombia, que ya ratificó el acuerdo.

Los cambios de gobierno y la inestabilidad política en la región, como ocurre en Perú, han sido algunas de las causas para que algunos países no ratifiquen el acuerdo a pesar de inicialmente haberlos firmado. Ese es el caso de Perú, Belice, Brasil, Costa Rica, Dominica, Granada, Guatemala, Haití, Jamaica, Paraguay y República Dominicana.

¿Qué implica esto? Los firmantes del pacto son países que están de acuerdo con lo que se ha planteado, pero no están obligados a cumplirlo hasta que se ratifique por los mecanismos de cada Estado.

“La ratificación e implementación [del Acuerdo de Escazú] va a permitir asegurar que justamente los futuros gobiernos de turno no retrocedan en la normativa ambiental existente, sino que la fortalezcan en atención al principio de no regresión y progresividad”, sostiene Nadino Calapucha, del Coica. 

“¿Qué puede tener de malo el buscar proteger los derechos de quiénes en Perú defienden el ambiente desde sus pequeñas comunidades?”, se pregunta el abogado Nicolás Boeglin Naumovic: “En la región andina tenemos a un Perú en una posición realmente desconcertante: cuesta entender que se designe de canciller a una persona opuesta al Acuerdo de Escazú, cuando su predecesor en el cargo, Cesar Landa, es un reconocido jurista a favor de que Perú aprobara este importante acuerdo regional”, concluye.

Pero las contradicciones al interior del gobierno peruano liderado por Pedro Castillo van más allá. El ministro de Justicia peruano, Félix Chero, expresó su desacuerdo con el titular de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, quien hace unas semanas dijo que el acuerdo de Escazú no era prioritario para su gestión. Chero aseguró luego que se trata de una "posición del canciller", y que su gestión volverá a presentar el tema al Congreso.

No podemos permitir más ataques y muertes de nuestros dirigentes comunales, indígenas u originarios. Por ello, tal como lo anuncié en los consejos de ministros descentralizados, hoy se aprobó, de manera unánime, el proyecto de Ley que les brindará protección y asistencia.

— Felix Chero Medina (@FelixCheroM) May 19, 2022

Aunque la suerte de la ratificación no cambiaría, al menos en un futuro próximo. Así lo cree Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, quien dijo a OjoPúblico que “existe una tendencia desreguladora en materia ambiental, construida desde la premisa según la cual existe un antagonismo entre el desarrollo y la garantía de derechos. "Nuestras élites políticas y los lobbys empresariales consideran que el Acuerdo de Escazú –en caso de ser ratificado– generaría trabas a la actividad empresarial y afectaría sus intereses económicos”, explica.

Estos vaivenes en torno al avance de Escazú se vio también con el presidente electo de Costa Rica, Rodrigo Chaves, de la derecha política de ese país, quien ha asegurado que durante su Gobierno el país no ratificará el acuerdo que lleva como nombre la ciudad costarricense donde fue firmado, Escazú. "El sector privado debe estar tranquilo de que el Acuerdo de Escazú no está en la agenda del Gobierno", declaró el mandatario.

Ecuador es uno de los países que más ha avanzado. El 10 de agosto presentó sus avances en la “implementación del Acuerdo de Escazú” junto a la Universidad Hemisferios. Se trata de un plan enmarcado en el “Gobierno Abierto 2019-2022”, donde se asegura que se ha avanzado en el diagnóstico, de acuerdo al marco normativo e institucional vigente, así como con la integración de diversas organizaciones de la sociedad civil, academia y movimientos locales a través de un Observatorio Ambiental a nivel nacional para la co-construcción de propuestas y hoja de ruta para avanzar en este proceso.

Mar Pérez, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú, cree que el Acuerdo de Escazú no solo viene a ofrecer una forma de salvaguardar vidas, también permite una participación más activa por parte de la ciudadanía.

“La crisis climática tiene efectos cada vez más visibles en la vida cotidiana de la gente. En este contexto fortalecer la participación de la ciudadanía en decisiones sobre temas ambientales y acceder a la información y justicia en este campo se vuelve cada vez más apremiante. Sin ciudadanía ambiental no podemos hablar de una verdadera democracia. Especialmente en el actual contexto de Latinoamérica, en donde enfrentamos uno de los niveles más altos de violencia contra defensores ambientalistas a nivel global, frente a lo cual el Acuerdo de Escazú ofrece una salida”, concluye