Durante los últimos meses los precios internacionales del aceite de palma y la exportación de estos productos desde Perú y Colombia se han incrementado. Según los expertos, este aumento –que responde a factores internacionales– acelera la presión sobre la Amazonía, pues en estos territorios se encuentran e impulsan enormes plantaciones de palma. 

La guerra de Rusia contra Ucrania (ambos importantes productores de aceite de girasol) ha impactado en el mercado internacional de aceites alimentarios, debido a la caída del abastecimiento mundial provocada por el conflicto bélico. 

Además, Indonesia, el mayor exportador de aceite de palma del mundo y responsable del 60% de la producción global, también enfrenta una importante alza de los precios para su mercado interno. Aunque un tercio de la producción de este país se destina para el consumo local, tras el aumento de la demanda provocado por la guerra, los productores optaron por exportar sus reservas al mercado internacional con el fin de beneficiarse del alza.  Los aceites vegetales aumentaron un 8,5% en marzo, con respecto a febrero, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Esta situación generó que las autoridades de Indonesia impulsaran la suspensión de la exportación de aceite de palma desde este país y se dé prioridad al mercado interno desde el 28 de abril de 2022. Aunque la medida fue revocada el pasado 23 de mayo, es probable que el impacto al mercado global se mantenga, pues en cumplimento con las reglas de Obligación del Mercado Nacional, Indonesia debe preservar 10 millones de toneladas de suministros de aceite de cocina para uso doméstico.

Así, la guerra de Rusia contra Ucrania, que inició en febrero de 2022, y las interrupciones que ha provocado en el comercio de aceites alimentarios, ha impactado en el mercado global, alcanzando a Perú y Colombia.

De acuerdo con cifras oficiales obtenidas por OjoPúblico, solo en Perú, las ventas a otros países aumentaron de 27.500 toneladas durante el primer trimestre de 2021 a 31.200 toneladas en el mismo lapso de 2022. Es decir, la exportación de aceite de palma desde Perú creció 13,45% es ese lapso; además, Países Bajos se integró a la lista de compradores en el último año, con la adquisición de más de 6.500 toneladas en los primeros tres meses: más del 20% de las ventas registradas. 

En Colombia, de acuerdo con la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), la exportación durante el primer trimestre de 2021 fue de 96 mil toneladas. En 2022, esta cifra ascendió a 198 mil toneladas en el mismo período, de acuerdo con Pierkey Herrera Taboada, coordinador del departamento de investigaciones y proyectos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) Colombia. “La patronal Fedepalma sí proyecta un aumento de producción en Colombia, pero no solo por el tema del mercado internacional, sino porque el cultivo se va a seguir expandiendo”, afirma. 

El coordinador sindical explica, también, que aunque Colombia no es el mayor surtidor del mundo, pues la mayoría de la producción es para consumo local, sí es el mayor exportador de Latinoamérica, y asegura que el crecimiento de cultivos en el país es progresivo. 

En Perú, el incremento de exportaciones podría responder también a la flexibilización de medidas de protección para los bosques, afirma Julia Urrunaga, directora en el país de Environmental Investigation Agency (EIA) en Perú. “Estamos abriendo los bosques naturales de la Amazonía peruana a los criminales ambientales. Esto incluye también, por supuesto, a aquellos que se hacen llamar inversionistas, pero que en realidad no tienen reparos en cometer delitos ambientales y violaciones de derechos indígenas y de derechos humanos”, comenta, respecto a los procesos penales que hay en este país hacia personas y empresas vinculadas al cultivo de palma. 

Los dilemas de una mayor producción

Si bien el aumento de la exportación podría parecer beneficioso para la economía de ambos países, durante la última década los cultivos de palma se han extendido sobre áreas de la Amazonía que ha deforestado y que están generando conflictos con las comunidades indígenas locales.

En Colombia, los cultivos de palma aceitera se ubican en la zona central, norte y suroriental. Los empresarios alegan que las áreas donde se desarrolla este cultivo antes eran planicies o eran usadas para otros cultivos; sin embargo, Pierkey Herrera Taboada, asegura que esto es impreciso.

“Eso es medianamente cierto. En toda la zona central y la zona norte hay un proceso casi de extinción del bosque seco tropical y está relacionado con la palma africana”, asegura y añade que esta deforestación podría alcanzar al Amazonas colombiano. “La zona última de expansión del cultivo es la zona oriental, suroriente, llanura o altillanura, donde se está afectando el ecosistema de la región, que es frontera con la selva amazónica colombiana. Prevemos pueda estar generando deforestación en la zona”.

En toda la zona central y norte de Colombia hay un proceso casi de extinción del bosque seco tropical y está relacionado con la palma africana

 

Estos cultivos, además, impactan en las fuentes acuíferas, por el agua que requieren y por los cambios generados para su riego.

En Perú, la situación por el avance de algunos cultivos de palma se agrava por incongruencias legales que benefician la explotación de las tierras. “La mayoría se han establecido sin cumplir con las normas vigentes. Incluso en casos en que autoridades del Estado aprobaron algunas operaciones, luego investigaciones judiciales demostraron que habían sido aprobadas sin cumplir con las normas y procedimientos”, expone Urrunaga.

Una serie de reportajes de OjoPúblico ha expuesto cómo algunas plantaciones y empresas vinculadas al Grupo Melka, ubicadas en Ucayali (que hoy se conocen como Ochosur P y Ochosur U), operan sin certificación ambiental, que es un requisito indispensable para que una plantación opere legalmente. Sin embargo, continúan produciendo aceite de palma y vendiéndolo. 

“Esto es un incentivo perverso para que otras empresas vengan a deforestar ilegalmente”, dice Julia Urrunaga. “Aquí las autoridades peruanas están cometiendo un grave error con nefastas consecuencias para los bosques amazónicos, para las comunidades que dependen directamente de ellos y, finalmente, para toda la humanidad que sufre los impactos del cambio climático agravado por la deforestación de los últimos bosques tropicales naturales del planeta”.

Impactos sociales y laborales

La representante de EIA  señala que en Perú existen actualmente dos procesos que pueden acelerar la explotación de tierras para la producción de aceite de palma: la creación de un grupo de trabajo para desarrollar un instrumento de gestión para la palma aceitera y un proyecto de norma que, afirma, legaliza la deforestación ilegal de la Amazonía para plantaciones de las últimas décadas.

Con respecto a la creación del Grupo de Trabajo Multisectorial, de naturaleza temporal, dependiente del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Julia Urrunaga asegura que solo se ha invitado a un sector de los productores y a una organización de sociedad civil afín a sus intereses, pero no se ha hecho una convocatoria abierta a los interesados de sociedad civil y sobre todo de los pueblos indígenas. “Un proceso de este tipo, sin participación indígena y sin consulta previa, carece de legitimidad y de legalidad”, dice.

Sobre el proyecto del Reglamento de Gestión Ambiental para el Sector Agrario y de Riego (Regasar), asegura que “uno de los aspectos más peligrosos de la norma es que, en sus disposiciones complementarias transitorias, abre la puerta de par en par para la legalización de prácticamente toda la deforestación ilegal que se ha producido a lo largo de las últimas décadas en la Amazonía para reemplazar bosques naturales con plantaciones”.

En Colombia, además del impacto ambiental, el aumento de plantaciones puede profundizar los conflictos sociales y laborales vigentes, explica Herrera Taboada. “En el país, esto aumentará la persecución social a los opositores del cultivo y a los trabajadores sindicalizados. Grandes empresarios aliados con paramilitares han generado violencia, evitando que las poblaciones se manifiesten contra el cultivo y los trabajadores luchen por sus derechos laborales”, relata.

Por ello, afirma que es “agridulce” el análisis de este escenario global. “No podemos negar que el aumento de las exportaciones y el alza de los precios a nivel internacional favorece el mercado interno, pues esto trae más recursos para las empresas, los palmicultores y la industria en general. Pese a esto, hay factores negativos, como el alto precio de los insumos agrícolas y demás, que en nuestro país no se producen en su gran mayoría y toca importarlos”.

Explica que, en el ámbito laboral, también es perjudicial para los miles de trabajadores que carecen de derechos. De acuerdo con las cifras del sindicato nacional, de los 150 mil trabajadores de empresas productoras de aceite de palma, solo 78 mil son trabajadores formales; de estos, apenas 3 mil pertenecen a sindicatos por la presión ejercida por los empresarios.

Así, mientras la disminución o restricción de la oferta de aceite de palma a nivel mundial impulsa el comercio en los mercados latinoamericanos, los bosques primarios de los países productores se ven cada vez más amenazados por una explotación desmedida e ilegal.