A casi 11 meses de su instalación, cientos de sesiones y la aprobación de 499 artículos, la Convención Constitucional de Chile concluyó la etapa de discusión del contenido de la nueva Carta Magna y ha presentado su borrador. “El resultado final de todo este esfuerzo nos deja una profunda satisfacción. Logramos ponernos de acuerdo para alcanzar amplias mayorías que nos llevaron a redactar un borrador que responde a muchas de las demandas que planteamos las y los chilenos en los últimos años”, dijo a OjoPúblico la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros.

El documento –que busca reemplazar la Constitución heredada de la dictadura militar de Augusto Pinochet– tiene que pasar por una revisión final de las comisiones de “Preámbulo”, “Armonización” y de “Normas Transitorias”. Y, ese último texto, es el que será sometido a un plebiscito ratificatorio el próximo 4 de septiembre de este año.

La propuesta incluye cambios trascendentales. Entre ellos, la definición del país como un Estado plurinacional, intercultural y ecológico. Además, por primera vez, Chile reconocerá en su constitución a los pueblos y naciones indígenas Mapuche, Aymara, Rapa Nui, Lickanatay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawashkar, Yaghan y Selk´nam. 

Sin embargo, a cuatro meses de que los chilenos ratifiquen o rechacen este texto en un referéndum, los cuestionamientos, ataques y  campañas de desinformación se han incrementado.  

Un sondeo de Pulso Ciudadano difundido esta semana estima que un 44,5% de las personas rechaza la propuesta, un 27,1% la aprueba y un 27,4% no sabe.

Un largo y heterogéneo camino

“Yo estoy convencida que el proceso constitucional chileno es un hito mundial”, dice Julieta Suárez Cao, doctora en ciencia política y profesora de la Universidad Católica de Chile. Sostiene que este proceso “deja la vara alta para cualquier otro país que piense en reformar su constitución. Por el proceso democrático, súper inclusivo, con paridad de género y escaños reservados para pueblos indígenas, con mecanismos de participación ciudadana y la transparencia de los debates públicos”.

La nueva constitución se impulsó luego de las movilizaciones de octubre de 2019 que derivaron en el llamado a un “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, que fue firmado en la madrugada del 15 de noviembre entre gran parte de la clase política chilena.

Casi un año después, el 25 de octubre de 2020, la ciudadanía votó en un referéndum a favor de una nueva Constitución, y que esta se escribiera en una Convención integrada por personas elegidas para este fin, de forma paritaria y con escaños reservados a los pueblos originarios. En mayo de 2021, se eligieron a las 155 personas que integrarían la Convención. 

Pero, ponerse de acuerdo no fue fácil. Sobre todo por la heterogeneidad de sus miembros. Vanessa Hoppe, independiente y representante del distrito 21 (Región del BioBío), asegura que el ejercicio de discusión en sí mismo fue muy importante. 

Un 45,6% de las personas rechaza la propuesta, un 27,1% la aprueba y un 27,4% no sabe, según un sondeo difundido esta semana.

“Por primera vez nos estamos conociendo y reconociendo en personas que nunca se han sentido parte de esta identidad nacional y que, por otro lado, atenta contra cuestiones que están muy instaladas chilena que tienen que ver con el racismo, el clasismo, la xenofobia, lamentablemente son cuestiones que se observan el discurso de políticos de extrema derecha”, señaló la convencional a OjoPúblico.

La integrante de la Convención Constituyente cree que esta “integración” es uno de los puntos más relevantes del actual proceso constitucional chileno, porque toma en cuenta “estas distintas visiones, que nunca habían estado reflejadas en una carta constitucional, porque Chile nunca había tenido la oportunidad de crear una constitución en contexto democrático y participativo”, precisa Hoppe.

En varios países de la región se van reformando las constituciones, pero si bien el proceso chileno plantea algunas herramientas e ideas, no es un esquema podría replicarse necesariamente en otro países. Así lo cree la politóloga Julieta Suárez Cao.

“Esta es una constitución que descentraliza y desconcentra el poder, a la vez que garantiza derechos respecto al tema económico. Creo que América Latina todavía es una región muy dependiente y los vaivenes en ese sentido vienen más de fuerzas internacionales de las democracias industrializadas y no tanto de eventos domésticos de nuestros países”, señala Suárez.

Vanessa Hoppe también es optimista del proceso de diálogo logrado hasta este momento. “Creo que lo más importante de esto es el ejercicio que estamos haciendo. Independientemente del resultado, porque esto habla de una nueva ciudadanía, que esperamos que sea también una ciudadanía que se involucre en el ejercicio de la democracia”.

Los cambios gravitantes

"Así, va naciendo una nueva Carta Fundamental en la que subyace el espíritu del nuevo Chile. Un Chile que, sobre los cimientos de décadas de esfuerzo, busca dar un paso hacia el futuro. Aquí, están los anhelos de millones de ciudadanos que transversalmente depositaron en este proceso sus sueños y esperanzas”, dijo la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, en la sesión número 106 de la institución.

El derecho a propiedad y la autonomía del Banco Central están garantizados. El texto también incluye el derecho al aborto y la muerte digna.

Uno de los cambios más importantes en esta nueva propuesta es el tipo de Estado. El que podría terminar siendo el artículo 1 de la propuesta señala que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural y ecológico. Se constituye como una República solidaria, su  democracia es paritaria y reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la  igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza".

La propuesta de Constitución expresa la libre determinación de estos pueblos y garantiza el pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. “En especial, tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras y territorios”, dice el borrador.

“Si bien es un avance, yo aún lo tomo con cautela, porque no puede quedarse en una mera declaración política o de buenas intenciones. La plurinacionalidad es mucho más que una declaración, es el contenido lo que le da ese carácter, y este está relacionado con el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Ahí todavía nosotros estamos en los primeros reconocimientos de derechos colectivos, pero nos faltan todavía algunos bien importantes”, asegura la representante del pueblo mapuche en la Convención, Rosa Catrileo.

El sistema político seguirá de forma similar al modelo actual con un régimen presidencial (con menos poder) y propone un sistema bicameral asimétrico en el poder legislativo, que estará integrado por un Congreso de Diputadas y Diputados electos proporcionalmente, y una Cámara de las Regiones –que reemplazará la Sala del Senado– en que cada una de las 16 regiones del país tendrá, al menos, 3 representantes. 

El Poder Judicial dejaría de llamarse así y la propuesta habla de un “pluralismo jurídico”. Se plantea un Sistema Nacional de Justicia integrado por la justicia vecinal, los tribunales de instancia, las cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. En paralelo, el Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los 11 pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación, coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia del resto de la ciudadanía. Será la ley la que determine los ámbitos de competencia de la justicia indígena.

Otro de los puntos claves será el ambiente, partiendo con el recurso natural más estratégico: el agua pasó de ser un bien con derecho de propiedad a ser un “bien común natural”, sobre los cuales el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas de uso temporales y con caducidad, y no concesiones o derechos que otorgan propiedad, como sucede actualmente.

El derecho a propiedad y la autonomía del Banco Central están garantizados. El texto también incluye el derecho al aborto y la muerte digna.

Para la analista Suárez Cao, la campaña de desinformación ha sido enorme, muchas veces intencionada y no siempre por grupos de extrema derecha, pero “muchas veces levantando noticias que son leídas por la industria de los medios como que podían generar este mayor interés, pero que crean un clima de opinión enrarecido y ponen en entredicho el trabajo enorme que ha hecho la Convención”.

La desinformación incluye la difusión de normas inexistentes o que nunca pasaron a ser votadas por el pleno de la Convención. El diario chileno El Mostrador revisó la fuente de alguna de estas piezas y encontró que gran parte tienen como origen organizaciones de la ultraderecha con un gran financiamiento en publicidad de redes sociales.