Por Julie Turkewitz y Genevieve Glatsky*

La Comisión Nacional de la Verdad hizo el martes un llamado a una transformación amplia de las Fuerzas Armadas, que reenfoque al Ejército hacia el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional.

Las recomendaciones son parte de un extenso reporte diseñado para hacer el relato más exhaustivo hasta la fecha del prolongado y cruel conflicto interno de Colombia, que duró al menos 58 años, involucró a casi todos los sectores de la sociedad colombiana y costó cientos de miles de vidas y miles de millones de dólares estadounidenses.

El informe, supervisado por un grupo de 11 comisionados, es resultado del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo de izquierda. En la ceremonia del martes, que marcaba la publicación del reporte, los comisionados estuvieron presentes en el escenario de un teatro en Bogotá. Algunos llevaban camisetas que decían “Hay futuro si hay verdad”.

Los comisionados recibieron el mandato no solo de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por todos los participantes entre 1958 y 2016, sino también de escribir una historia extensa del modo en que el conflicto afectó los derechos sociales, económicos, políticos, culturales y medioambientales del país. Después debían emitir recomendaciones para poner al país en el rumbo de una paz duradera.

El informe pide una mayor supervisión, rendición de cuentas y una reestructuración de las fuerzas de seguridad".

La parte del informe que recomendaba reformas importantes de la Policía y el Ejército pedía una mayor supervisión y rendición de cuentas y una reestructuración de las fuerzas de seguridad del Estado que incluiría la separación de la Policía nacional del Ministerio de Defensa.

Otras propuestas sugieren trasladar, de la justicia penal militar a la civil, las violaciones de derechos humanos y los delitos cometidos por la Policía, eliminar el servicio militar obligatorio, revisar el presupuesto militar con el objetivo de reducir su tamaño, y eliminar los acuerdos entre militares y empresas privadas en zonas rurales en las que se contratan soldados para proteger a las empresas petroleras y otras entidades privadas.

También se pidió a la comisión analizar los factores que prolongaron el conflicto, entre ellos el surgimiento de los grupos paramilitares y el rápido ascenso de lo que se convertiría en una todopoderosa industria de la cocaína.

El sacerdote Francisco de Roux, presidente de la comisión, habló extensamente sobre la labor, a menudo ardua, que tardó casi cuatro años e involucró más de 14.000 entrevistas individuales y grupales, muchas de las cuales se llevaron a cabo en 28 Casas de la Verdad, que se instalaron por todo el país. Agradeció a las muchas víctimas que habían alzado la voz, “superando el miedo”, para contar sus historias.

Se propuso trasladar los casos de violaciones de derechos humanos y delitos cometidos por la Policía de la justicia penal militar a la civil".

En ocasiones, las víctimas del conflicto interrumpieron los discursos y gritaron en las tribunas y desde sus butacas pidiendo que se reconocieran las muertes de sus seres queridos o que se protegieran sus territorios.

El conflicto colombiano empezó como un enfrentamiento entre el Gobierno y las FARC, el mayor grupo rebelde del país. Con el tiempo se convirtió en una batalla compleja entre el Gobierno, las FARC, los grupos paramilitares y el Gobierno de Estados Unidos, que otorgó miles de millones de dólares en ayuda a los colombianos para ayudarles a combatir la insurgencia y el narcotráfico que la financiaba.

El conflicto dejó al país con profundas heridas que aún no sanan: se calcula que 260.000 personas fueron asesinadas, la mayoría de ellas civiles, y que más de 5 millones de personas fueron desplazadas forzosamente de sus hogares a causa de la violencia.

El informe se difundió en una ceremonia en un teatro de la capital nombrado en honor de Jorge Eliécer Gaitán, un candidato presidencial cuyo asesinato en 1948 es por lo general visto como precursor del conflicto con las FARC.

El informe de la Comisión Nacional de la Verdad fue muy crítico con el papel de Estados Unidos durante el conflicto".

La investigación fue muy crítica del papel de Estados Unidos en el conflicto. Hoy, a pesar de un esfuerzo de más de 20 años para erradicar el tráfico de cocaína colombiana, la hoja de coca, insumo de la droga, se cultiva en cantidades récord, según información de EE. UU.

El informe se produce en un momento clave para Colombia. El pasado 19 de junio, el país eligió a Gustavo Petro como su primer presidente de izquierda.

La campaña de Petro propuso temas de justicia económica y social, así como de inclusión, asuntos que el acuerdo de paz y el proceso de justicia transicional que lo acompaña también han promovido. Petro ahora enfrenta la tarea monumental de cumplir con sus promesas de cara a una sociedad profundamente dividida y una economía agobiada por una inflación elevada, un gran déficit y la pobreza crónica.

El reporte de la comisión podría ayudar en el proceso de reconstrucción, o ser utilizado para dividir más a la sociedad. La vicepresidenta electa de Petro, Francia Márquez, acudió a la ceremonia de presentación. El presidente saliente, Iván Duque, un conservador que hizo campaña contra el acuerdo de paz, no asistió.

Se calcula que 260.000 personas fueron asesinadas y que más de 5 millones fueron desplazadas forzosamente".

El padre De Roux dijo que consideraba que Petro iba a llevar a cabo las recomendaciones del reporte.

Petro subió al escenario y estrechó la mano del sacerdote, quien le entregó al presidente electo una copia del informe. El momento de solemnidad contrastaba mucho con la última gran aparición en público de Petro, cuando aceptó la presidencia rodeado del estruendo de los aplausos.

Petro le dijo a la concurrencia que creía que este informe podría ayudar a “cortar, definitivamente, los ciclos de la violencia” que el país había sufrido durante generaciones, pero que eso solo sucedería si el informe no se utilizaba como arma de venganza. Las sociedades, dijo, siempre tendrán conflictos, “pero el conflicto no puede ser sinónimo de la muerte”.

El informe no es de carácter jurídico y la comisión no adjudicará penas ni condenas. Ese proceso lo está llevando a cabo otro organismo creado por el acuerdo de paz, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz.

Más bien, con la Comisión de la Verdad se espera “establecer responsabilidades de carácter ético y político”, según los documentos de la comisión, mientras que intenta establecer una verdad en común y “contribuir a las transformaciones necesarias para sentar las bases de una paz estable y duradera”.

@2022 The New York Times Company

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*Julie Turkewitz es jefa del buró de los Andes, que cubre Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú, Surinam y Guyana. Antes de mudarse a América del Sur, fue corresponsal de temas nacionales y cubrió el oeste de Estados Unidos. @julieturkewitz